Cuando tachan a alguien de nacionalidad venezolana de ilegal, es bastante probable que sea una persona necesitada de protección internacional, que tiene el derecho humano a solicitar refugio
Con bastante frecuencia podemos escuchar o leer –incluso en algunos medios de comunicación social reconocidos– que cuando se hace referencia a las personas migrantes que no tienen documentos oficiales expedidos por el país receptor o de acogida, se les denomina ilegales; con toda la carga estigmatizadora, peyorativa y criminalizante que tiene esta palabra. Hay que entender que no existen personas ilegales.
Puede darse el caso de personas que no tengan documentos para una estancia regular; en ese caso se habla de que se encuentran en una situación administrativa irregular, pero no son ilegales.
Desde varios aspectos se puede explicar los motivos por los cuales es incorrecto hablar de personas ilegales.
Todas las personas tienen derechos humanos (DD. HH.)
Lo primero que debemos tener en cuenta es que todos los tratados, convenciones y declaraciones de derechos humanos tienen como base filosófica la concepción iusnaturalista del Derecho. Parten de derechos inherentes al ser humano.
En ese sentido, como señala Antonio Truyol y Sierra, estos derechos “lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados”. Eso implica que los Estados deben respetar, garantizar y satisfacer dichos derechos; que no los crean, que no se desprenden de su potestad legislativa, sino que forman parte de la naturaleza humana.
La aceptación de este carácter inherente de los DD. HH. no deja de ser controversial. Por un lado, señalar que se tienen no es suficiente y se requiere que los Estados regulen y establezcan los mecanismos institucionales, legales y jurídicos para garantizarlos. Por otro lado, están las tesis basadas en que su nacimiento obedece a un proceso histórico marcado por quienes detentan el poder en un momento dado.
Más allá de esas discusiones iusfilosóficas, lo cierto es, como se indicó, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por la mayoría de los Estados latinoamericanos los reconocen como atributos inherentes del ser humano. Esto se puede comprobar en la Convención Americana de Derechos Humanos que expresamente señala en su preámbulo que “los derechos esenciales del hombre [y de la mujer]. No nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”.
Dicho esto, queda aclarado que todos los seres humanos tienen derechos inherentes a su naturaleza humana. Y la gente no es ilegal, porque la ley es posterior al hecho de ser persona.
Así las cosas, las personas migrantes irregulares tienen los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, salvo los de contenido político que los ejercen quienes detenten la condición de ciudadanos.
Cabe destacar, no obstante que, aunque las personas migrantes no pueden ejercer los derechos a elegir y ser elegidas (salvo los casos de quienes migran regularmente y de acuerdo a lo establecido normativamente en cada país), en la actualidad se evidencian prácticas informales en las cuales participan activamente. Esto lleva a algunas corrientes a cuestionar que los derechos políticos sigan anclados a cuestiones de nacionalidad y abren un camino para que se extiendan a aquellas personas que participan en las decisiones que afectan el bienestar de donde residen. Pero todavía hay un largo camino por andar en este tema.
Esto es algo que se debe tener en cuenta cuando se quiere tachar a una persona de nacionalidad venezolana que entra a otro país sin pasaporte, o sin cumplir con los trámites de visado para una permanencia regular, como “ilegal”. Los Estados partes deben cumplir los compromisos internacionales adquiridos, establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967; además, los países latinoamericanos tienen la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 que, aunque no tiene la fuerza vinculante de un tratado, si hay una obligación moral.
La Declaración de Cartagena incluye en su conclusión tercera, dentro de la categoría de personas refugiadas, a quienes “han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Algunos países de la región han incorporado esta definición ampliada en sus legislaciones y saben que la población venezolana en movilidad entra en esta categoría. Además, conocen las condiciones de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país y saben que debería operar una protección internacional.
Antes de 2019 los mecanismos para permitir la estancia regular de personas venezolanas en los países vecinos tendían a ser más laxos. Sin embargo, a partir de 2019, Perú, Chile y Ecuador, entre otros países del continente, han implementado estrategias de securitización y controles fronterizos más rígidos, que dificultan aun más tener los documentos oficiales del país receptor y profundizan la situación de vulnerabilidad de quienes migran.
Hemos visto cómo, en el caso de Chile, el gobierno de Sebastián Piñera ha expulsado a compatriotas por no cumplir con los requisitos para una estancia regular en el país austral. Y lo ha hecho de una manera en la cual se han violado sus derechos humanos, lo que ha sido denunciado por organizaciones no gubernamentales chilenas y se evidencia de los relatos de las personas expulsadas.
El presidente chileno que, sin ningún tipo de consideración, expulsa a personas venezolanas, es el mismo que, en febrero de 2019, estuvo presente en Cúcuta en el Live Aid Venezuela; y expresaba que estaba en ese lugar para mostrar su apoyo a la lucha de la población por sus derechos humanos y que conocía las carencias de alimentos, de medicamentos, que existían en el país.
Ese giro en el abordaje de la movilidad de las personas venezolanas obedece únicamente a visiones utilitaristas del problema. Mientras que en 2019 le resultaba útil a su gobierno esa causa en contra de Maduro y en apoyo a la población venezolana, tiempo después, por distintos motivos entre los que pueden señalarse la baja de los índices de popularidad, expulsar migrantes se convirtió en una estrategia para subir los bajos índices de apoyo a su gestión.
Las estrategias de algunos gobernantes contribuyen a que se desprenda esa aura de ilegalidad vinculada con criminalidad hacia las personas migrantes irregulares.
A ello también contribuyen las narrativas que se construyen desde algunos medios de comunicación que llenan los noticieros televisivos, las redes sociales, los periódicos impresos y digitales con información sobre los riesgos que corren los países ante la llegada masiva de migrantes.
Se proyecta la imagen de un hombre migrante como delincuente, como un peligro para el orden público del país receptor; mientras que, en el caso de la mujer migrante, se presenta en una imagen hipersexualizada vinculada con redes de prostitución y portadora de enfermedades. A ello debe agregarse que se constituyen en los chivos expiatorios a quienes se culpa y sobre quienes se proyectan problemáticas sociales. Algunas de ellas de carácter estructural, como la desigualdad y la pobreza existentes en los países latinoamericanos.
El uso electoral del tema migratorio
Durante varios lustros se ha visto cómo en el caso de Europa, en distintos países, se ha usado el tema migratorio con fines electorales. Uno de los casos que más destaca es el del partido VOX, en España, que en 2019 propuso en el Congreso que se levantara un muro en Ceuta y Melilla para evitar la “invasión migratoria”.
Este año 2021, en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid, VOX arremetió contra las personas migrantes menores de 18 años, los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), poniendo un afiche publicitario que decía «Un mena: 4700 euros al mes. Tu abuela: 426 euros de pensión/mes». Con ello pretendía denunciar supuestamente lo que se estaba gastando en estos migrantes y que generó la apertura de una investigación al partido por la instigación de delitos de odio. Lo más grave de estas acciones es que cuentan con el respaldo de una parte de la población.
Así pueden seguir los ejemplos en Italia, Francia, Austria… El discurso antiinmigrante vende y los políticos lo usan para beneficios propios, sin que les genere ninguna culpa el hecho de que contribuyan con la estigmatización y la criminalización de personas que no han cometido ningún delito.
Pero sin lugar a dudas, un caso de estudio es el discurso antiinmigratorio de Donald Trump en su campaña electoral de 2016 (y durante todo su gobierno). En esta abordó de manera recurrente el tema de la deportación de personas extranjeras, la construcción de un muro con México para detener la migración irregular, suspender el otorgamiento de visas y prohibir la entrada a Estados Unidos de personas provenientes de países con antecedentes de terrorismo. Pero no se quedó solo en la campaña electoral, sino que tres de los primeros decretos ejecutivos que firmó abordaban estos temas.
En América Latina la situación de las personas venezolanas en movilidad ha sido un tema recurrente en las elecciones. Por ejemplo, en las campañas presidenciales de Colombia y México del año 2018, el tema fue abordado haciendo hincapié, en ambos casos, en que debería evitarse que esos países se “convirtieran en otra Venezuela”; sin que les importara mucho la situación de las personas migrantes.
Pero en el caso de la campaña presidencial de Perú de 2021, país que ocupa el segundo lugar en cuanto a la población migrante venezolana con más de un millón, hemos visto que el tema ha estado marcado, tanto en el caso de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, por una idea de contención de la migración. Supuestamente para prevenir la trata de personas y en el aumento de los controles fronterizos.
Estos discursos contribuyen a la exacerbación de la xenofobia existente en algunos sectores de la población peruana contra los migrantes de nacionalidad venezolana, lo que afecta principalmente a quienes están sin documentos oficiales y además contribuye con el reforzamiento del imaginario que les considera como ilegales.
Para concluir, solo quiero dejar la idea de que nadie acepte que es ilegal porque no lo es y que tenga claro el hecho de que tiene derechos por ser persona o, parafraseando a Hannah Arendt, tiene “el derecho a tener derechos”.
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