Más de 35 millones de dólares serán destinados a proyectos de financiamiento de atención social
Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) aprobaron el reglamento para el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, donde se contemplan 7 presupuestos para distintos proyectos.
Cuando se aprobó la Ley se estableció que el límite máximo de recursos será de 80 millones de dólares, que estaría disponible en cuentas venezolanas en el exterior.
Igualmente se indicó que la junta administradora Ad-hoc del Banco Central de Venezuela podrá transferir recursos a la República para la ejecución de los gastos que contempla la ley.
En el informe sobre el reglamento, presentado por la Comisión de Finanzas de la AN, se aprobó un presupuesto de 4.529.229 dólares para proyectos de seguridad y defensa de la democracia. 35.930.960 millones de dólares serán destinados a proyectos de financiamiento de gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria referida a riesgos vitales.
Luego se aprobaron 5.547.625 dólares para proyecto de fortalecimiento de las comunicaciones, derecho a la información y lucha contra la censura. 8.830.336 dólares para el fortalecimiento de relaciones internacionales y servicios exteriores, con el objeto de ampliar el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia venezolana.
14.000.000 dólares para el fortalecimiento del Poder Legislativo nacional y la protección social de sus integrantes. También aprobaron 1.986.000 dólares para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría especial y el Poder Judicial.
Por último se destinarán 9.203.540 dólares para costos de implementación del presupuesto especial.
Control y vigilancia
En la Ley del Fondo Especial, aprobado el 4 de marzo por la AN, se estableció la designación de un Consejo de Administración del Gasto, integrado por Alejandro Plaz Castillo, Yon Goicoechea, Gustavo Marcano, Eva Hurtado y Fernando Javier Blasi.
“Este Consejo tendrá entre sus atribuciones revisar los requerimientos de las instituciones legitimas que conforman el poder público nacional, los reunirá y decidirá lo que procede de acuerdo a esta ley”, se lee en el artículo 7.
En el artículo 8 establece que las labores de tesorería podrán ser administradas o supervisadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de un Convenio de Asistencia Técnica que será suscrito por el presidente encargado, Juan Guaidó y que tendrá que ser aprobado por la Asamblea Nacional.
Igualmente el Contralor Especial designado por el Parlamento hará el control fiscal posterior a la ejecución del gasto, aplicando cuando sea procedente lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal.