Organizaciones de carácter humanitario son criminalizadas en Venezuela - Runrun
Organizaciones de carácter humanitario son criminalizadas en Venezuela
En el último año al menos seis organizaciones humanitarias en Venezuela han sido víctimas de patrones que criminalizan y obstaculizan el ejercicio de sus labores 

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana y los defensores y las defensoras de derechos humanos hoy ejercen su labor en medio de un contexto de múltiples obstáculos, amenazas, criminalización y represión por parte del régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de que el ordenamiento jurídico venezolano, y más precisamente la Constitución en su artículo 326, establece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil en la promoción progresiva de los derechos humanos, nos encontramos en el terreno con un espacio cívico reprimido que de ninguna manera responde a lo que debe ser un entorno propicio, democrático y seguro para que la sociedad civil se organice, desarrolle y actúe de forma libre e independiente.

El entorno de restricciones bajo las cuales se desarrollan las organizaciones de la sociedad civil representa una amenaza a la autonomía y al ejercicio de las libertades fundamentales que determinan su funcionamiento, como es la libertad de asociación, reunión, manifestación pacífica, la libertad de expresión y el derecho de participación.

Lo anterior, no solo contradice lo establecido en la norma suprema del ordenamiento jurídico, sino que además constituye un incumplimiento a las obligaciones internacionales de proteger, respetar y garantizar derechos, comprometiendo no solo la operatividad de las organizaciones sino también la libertad, integridad e incluso la vida de las personas que forman parte de las mismas.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), se han documentado en el pasado cómo a través del ejercicio del control de los poderes públicos, el régimen aplica y perfecciona patrones de criminalización contra la labor de las organizaciones de la sociedad civil a través de prácticas como allanamientos de las sedes de trabajo, detenciones arbitrarias, campañas y discursos de desacreditación haciendo uso de los medios públicos, incluso los del Estado al servicio de la población, además de los obstáculos para el registro legal y las continuas amenazas sobre el acceso a la cooperación internacional.

Es necesario destacar que la criminalización de la cooperación internacional contradice el compromiso de los Estados establecido en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que determina la obligación de los Estados de hacer uso del máximo de los recursos disponibles, e incluso recibir asistencia internacional, para dar plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Esta obligación cobra especial importancia en el contexto de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela y que requiere con urgencia de la cooperación internacional para que la sociedad civil continúe su labor a favor de la protección de los derechos humanos de los venezolanos.

En medio de la emergencia humanitaria compleja que existe en Venezuela y del rol fundamental que tienen las organizaciones humanitarias quienes a través de la asistencia que prestan se convierten en mitigadoras de los efectos de esta aguda crisis, alivian el sufrimiento de los venezolanos e incluso salvan vidas, están siendo duramente perseguidas, y la política de Estado parece estar dirigida al recrudecimiento de la criminalización de las organizaciones humanitarias. En efecto, debemos señalar al menos a seis organizaciones víctimas:

Azul Positivo, Organización de la sociedad civil orientada hacia la prevención del VIH y la promoción de la salud sexual. Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de la organización Azul Positivo, por su parte, el Tribunal 4to de Control del estado Zulia dictó privativa preventiva de libertad a cinco trabajadores acusados por los delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Convite, una organización que trabaja por la defensa de los derechos sociales de todos los venezolanos. Funcionarios policiales allanaron la sede de la organización, confiscaron equipos y computadoras, y retuvieron a su director en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Alimenta la Solidaridad, alimenta a miles de niños y niñas en Venezuela frente a la crisis alimentaria. Funcionarios allanaron la sede de la organización y congelaron sus cuentas bancarias.

Acción Solidaria, es una organización humanitaria que suministra medicamentos a personas con enfermedades crónicas. Funcionarios de las FAES allanaron la sede de la organización y detuvieron al personal que se encontraba en ella.

Manos Amigas por la Vida, es una fundación que se dedica a la atención, asesoría y defensa de los derechos humanos de las personas con VIH. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanaron su sede violentando las cerraduras del lugar, confiscaron medicamentos y alimentos y llevaron a cabo detenciones a miembros del equipo de trabajo..

Prepara Familia, una organización que se dedica a la asistencia, acompañamiento y defensa de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados o con patologías crónicas. Funcionarios allanaron la sede de la organización sin ninguna orden judicial Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 6 de agosto de 2020 la resolución 42/2020 mediante la cual amplió las medidas cautelares a favor de Katherine Martínez, directora de la organización, por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya advertía con preocupación en su informe de julio de 2019 la criminalización a la que son sometidas los defensores y las defensoras de derechos humanos en Venezuela, siendo víctimas de campañas de difamación, intimidación, hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias.

Del mismo modo, en el mes de abril de 2020, relatores de procedimientos especiales de las Naciones Unidas alertaban su preocupación, en el contexto de la emergencia sanitaria declarada el 13 de marzo de 2020, por lo que parecía ser un aumento de la estigmatización, los ataques y la criminalización de los defensores de los derechos humanos en Venezuela.

Por su parte, y más recientemente, expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, instaron al régimen venezolano a poner fin a la represión contra las organizaciones de la sociedad civil afirmando que “desde noviembre de 2020 Venezuela ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil, a las voces disidentes y a los defensores de los derechos humanos, y esto debe terminar”.

El Estado debe facilitar, garantizar y respetar un entorno propio para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos en Venezuela y cesar la política sistemática de criminalización contra los defensores y las defensoras de derechos humanos.