Venezuela es, junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Brasil, uno de los países a los que la SIP ha dedicado una resolución individual al término de su reunión semestral para analizar el estado de la libertad de prensa en el continente americano
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes «la violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa» y los ataques a periodistas y medios, además de defender al diario El Nacional de una sentencia judicial que considera un «atropello».
Venezuela es, junto a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Brasil, uno de los países a los que la SIP ha dedicado una resolución individual al término de su reunión semestral para analizar el estado de la libertad de prensa en el continente americano.
La organización formada por medios de comunicación de todo el continente y basada en Miami resolvió «exigir el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente» en Venezuela.
En la resolución, la SIP se refiere a la reciente resolución del Tribuna Supremo de Justicia de Venezuela contra El Nacional que condena a ese medio a pagar el equivalente a 13,2 millones de dólares al «número dos» del chavismo, Diosdado Cabello, por una demanda por difamación.
«Es un grave atropello contra la libertad de prensa y una expoliación usando la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación y de esa manera cercenar el derecho de acceso a la información del pueblo venezolano», subraya.
En Venezuela, dice la SIP, «no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político, y el régimen continúa con su campaña sistemática para acabar con la prensa independiente».
Al afirmar que en los últimos seis meses «el régimen de Nicolás Maduro intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas y el periodismo independiente», subraya que el Gobierno venezolano cerró ocho emisoras y los medios escritos que debieron migrar al espacio digital sufren bloqueos discrecionales y puntuales a través de las empresas que ofrecen el servicio de internet.
Además, agrega, a muchos periodistas se les han iniciado investigaciones penales de parte de autoridades del Gobierno con la finalidad de «silenciarlos e intimidarlos».
Para concluir, la SIP recuerda que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece que «no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo».
En la reunión participó el editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, quien anunció que van a pelear como «guerreros» fuera y dentro de Venezuela para revertir la sentencia del Tribunal Supremo a al menos para que tenga «un costo político» para el Gobierno.
Otero explicó que el caso judicial contra El Nacional comenzó en 2015 a raíz de que el diario publicó una información previamente publicada en The Washington Street Journal y en el diario ABC de Madrid sobre una investigación abierta por un fiscal del estado de Nueva York contra Cabello por narcotráfico.
La DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.) luego ofreció una recompensa de 19 millones de dolares contra Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, por narcotráfico, dijo Otero.