La ausencia de control estatal permite que armas de alto calibre y capacidad de construcción caigan en manos de bandas criminales
Rocío San Miguel cree que se confirma la hipótesis de que Venezuela es un país en el que se ha comprado y fabricado un arsenal importante de armas
Más de 22.000 municiones fueron incautadas durante el operativo que desplegaron las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro en la Cota 905 y sus adyacencias durante al menos tres días con el propósito de capturar a “el Koki” y sus aliados.
En el marco de ese operativo, se incautaron dos tipos de granadas: una que se dispara desde fusiles y dos granadas de mano M26. Estas últimas han sido utilizadas en diversos ataques a sedes policiales en distintos puntos del país durante los últimos cinco años.
Verónica Zubillaga, integrante de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), dijo a Tal Cual que, según un seguimiento hecho a reportes de prensa desde 2016 hasta agosto de 2018, 36 personas resultaron muertas y 24 heridas por la manipulación de granadas.
La socióloga explicó que las granadas son un objeto muy difícil de contrabandear y que investigaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre desarme han concluido que el uso de estos artefactos por organizaciones delincuenciales está vinculado generalmente a fugas de las instancias estatales.
“Se da la exportación nacional de granadas y, luego, en las industrias militares, sea por negligencia o por corrupción, es que llegan a estos contextos distintos. Lo señalamos nosotros en algunos trabajos”, apunta.
También, recordó que desde el año 2012 la propia Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme admitió que la Policía Nacional Bolivariana halló municiones provenientes de la Compañía Anónima Venezuela de Industrias Militares (Cavim) en pesquisas sobre muertes violentas en barrios
Por ello, ve con preocupación que no se haya tomado correctivos desde entonces para evitar sucesos como los recientemente ocurridos en la Cota 905.
Investigación creíble y transparente
Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, estima importante que se solicite apoyo a la Organización de Naciones Unidas para investigar el decomiso de armas de alto calibre y capacidad de destrucción en manos de grupos criminales en Venezuela.
Opinó que esta realidad confirma la hipótesis de que Venezuela es un país en el que se ha comprado y fabricado un arsenal importante de armas.
Considera que una investigación creíble permitirá constatar primero, si aumentó la cifra de armas en manos de grupos criminales; y segundo, identificar las rutas y canales por las que estas armas y municiones caen en manos de las bandas.
La analista militar trae a colación otro detalle importante: en el país no hay un control democrático sobre la producción e importación de armas y municiones, lo que dificulta cualquier investigación seria.
“No tenemos ningún mecanismo de transparencia y de seguridad democrática que nos permita señalar que estas armas no provienen de la Fuerza Armada Nacional por vía de entrega o por vía de hurto o robo. Es decir, por cualquiera de las vías. Ese es el problema que tenemos”, detalla.
Con información de Tal Cual. Para leer la nota completa, haga clic acá.