Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura
El Instituto Casla de Praga denunció en su informe anual que los crímenes de lesa humanidad continúan ocurriendo en Venezuela. Entre enero de 2022 y enero de 2023, la organización evidenció que el Estado venezolano continúa realizando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura y violencia sexual.
“La represión continúa de forma sistemática contra todo aquel que se opone o protesta”, indicó el documento.
En 2022, la lista de presos políticos creció, tras las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, militares y civiles, jóvenes y activistas de derechos humanos, médicos y empleados del sector salud.
Dentro de su informe, el instituto incluyó una lista de aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe. Entre ellos destacan: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Tarek William Saab, fiscal general de la República, Carlos Terán Hurtado, director del DGCIM sede de Boleíta.
Por otro lado, el informe detalla que la población venezolana vive su día a día con la ausencia total o parcial del Estado. El Instituto denunció que la presencia de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación del Pueblo (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han hecho dueños de territorios en el interior del país, donde predomina el secuestro, los enfrentamientos entre ellos o con organismos de seguridad, ocasionando el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, trata de personas, reclutamiento de niños y jóvenes.
“La presencia de grupos paramilitares demuestra la complicidad por un lado y la incapacidad por el otro del Estado venezolano, de no tener control territorial ni intención real de poner orden”, aseguró el informe.
Ocultar la verdad a la comunidad internacional
Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas.
El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura.
Tal es el caso de las celdas que están ubicadas en los tres sótanos de la sede de la DGCIM en Boleíta. La conocida «celda de los Locos» ubicada en el sótano 2, que había sido convertida en una oficina, ha sido nuevamente habilitada, con paredes forradas de material aislante y pintada de gris y negro y con cámaras ocultas. Dos celdas ubicadas en el sótano 3, mejor conocido como «la Casa de los Sueños» fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris oscuro y negro, colocándoles WC de aluminio sin tapa, quitándole repisas y colocando cámaras enfocando todos los lugares de las celdas.
“El objetivo es utilizarlas para presos políticos que se encuentran en ese lugar, sean castigados, incomunicados, aislados completamente de ruidos y luz, y que sus gritos no sean escuchados”, denunció el informe.
Además de deshabilitar algunos espacios para torturar, el estudio indicó que el Estado venezolano apresuró juicios cuyos detenidos ya tienen entre tres y siete años esperando la audiencia preliminar o comienzo del juicio, sobornando a las víctimas para que se declararan culpables, ofreciéndoles reducción de la pena y otros supuestos beneficios, poniéndolos a grabar videos para que dijeran que no fueron torturados.
Estado venezolano perfecciona su mecanismo de tortura
El informe anual explicó que a través de nuevos testimonios y denuncias obtenidos entre enero 2022 y enero 2023, se pudo conocer la utilización sistemática de las torturas que no dejan huella física en los nuevos detenidos, así como en los que ya se encuentran en las cárceles de los organismos de seguridad.
“El gobierno muestra su talante perverso y cruel, torturando y maltratando a sus víctimas, pero cuidándose de no dejar huellas físicas”, afirmó el Instituto Casla.
De acuerdo al estudio, el Estado venezolano aplica los siguientes métodos de tortura en sus centros de detención:
Aplicación de la tortura psicológica en los organismos de seguridad: Amenazas de detención, detención o simulación de tener detenidos a familiares de personas detenidas o buscadas por el régimen, el dolor de otros detenidos en la sede de la DGCIM en Boleíta, y la del SEBIN en el Helicoide, la falta de atención médica oportuna, así como la privación de alimentos e hidratación, Privación y/o falta de privacidad absoluta de la visita familiar y las llamadas telefónicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes incluyendo a la familia.
Aplicación de la tortura blanca en los organismos de seguridad: Aislamientos de sus familiares y abogados desde 72 horas hasta seis meses; tortura visual, con el fin de impedir su capacidad visual; privación sensorial, método de tortura que implica el encierro en solitario y que tiene que ver con la restricción parcial o total de estímulos aplicada a uno o varios sentidos.
Torturas físicas: como descargas eléctricas sobre suelo o u objeto mojado, azotes en las plantas de los pies o bastinado con látigos, correas, cables o un palo, desprendimiento de uñas de las manos y/o pies, arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados, ruleta rusa y descargas eléctricas en testículos, tetillas, uñas de las manos o los pies, y costillas, atadas de pie a una columna u otro objeto fijo, ahogamiento por inmersión en pozo natural, o con utensilios para agua o bolsas plásticas llenas de agua, fracturas o heridas contundentes en el rostro que causan deformaciones permanentes o temporales, asfixias con bolsas plásticas llenas de productos químicos e inyecciones con producto desconocido.
Violencia sexual: las víctimas fueron desnudadas completamente para someterlos a largos períodos de tortura, expuestos ante los funcionarios y otras víctimas que estaban torturando al mismo tiempo. Al menos dos de ellas fueron amenazadas con violarlas.
Los señalados de torturar
Además de identificar los tratos crueles que ejecuta el Estado venezolano, el instituto identificó a aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas y testigos en las incidencias denunciadas en 2022, como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe:
- Nicolás Maduro Moros.
- Diosdado Cabello
- M/G Vladimir Padrino López
- M/G Iván Hernández Dala, Director de la DGCIM
- Tarek William Saab. Fiscal General de la República
- G/D (Ej) Carlos Terán Hurtado, director de la DGCIM Boleíta.
- Comisario Carlos Calderón Chirinos. SEBIN.
- G/B (Ej) Manuel Christopher Figuera, ex subdirector del DGCIM y exdirector del SEBIN.
- C/B (Ej) Rafael Franco Quintero. (Ej) exjefe de Investigaciones del DGCIM hasta febrero del 2020.
- Gral. Hannover Esteban Guerrero Mijares, Jefe de Investigaciones del DGCIM.
- G/D Octavio Gomez Hernandez: Director de los Servicios Penitenciarios Militares
- Cnel. Asdrubal José Brito Hernández, actual Jefe de Investigaciones del DGCIM
- Cnel. Alexander Enrique Granko Arteaga. Director de Asuntos Especiales DAE y DGCIM
- Carlos Alberto Calderón Chirinos, Oficina Superior (SEBIN)
- Comisario Angel Flores (SEBIN)
- Comisario Hemis Cermeño (SEBIN)
- Comisario Joel Cacique
- T/Navio Abel Angola, Área de Investigación y jefe del cuarto de evidencias. DGCIM, hoy dia ZOCIM Carabobo
- T/Cnel (GNB) Néstor Nepalí Blanco Hurtado, exjefe de Investigaciones del DGICIM, hoy dia ZOCIM Barinas
- Mauro Alexis Bracho. Jefe de Asuntos Penitenciarios del Mismo Ministerio en el DGCIM, Boleita.
- Cap. Jonathan Becerra, funcionario del DGCIM
- Cap. Jesús Cárdenas. DGCIM
- Ptte. Moisés Saúl Méndez Calderón, funcionario del DGCI
- Fiscal: Farib Mora
- Fiscal Dinora Bustamante
El documento reiteró que los señalados como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad por entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguen actuando libremente y sin que se conduzca una investigación por parte del Ministerio Público o la Fiscalía Militar, para identificar a los altos y medios responsables.