Elementos básicos como guantes, yelcos, tapabocas, reactivos (inconstantes) para los exámenes de laboratorio son hoy una necesidad tanto para el personal de salud como para los familiares de los niños, niñas y adolescentes que acuden por alguna problemática de salud o que esperan un trasplante
Una infraestructura estable, pero sin los insumos necesarios para atender a los pacientes, esto es en la actualidad uno de los considerados más importantes hospitales pediátricos que tiene Venezuela: El Hospital de Niños José Manuel de los Ríos (J. M. de los Ríos).
Elementos básicos como guantes, yelcos, tapabocas, reactivos (inconstantes) para los exámenes de laboratorio, son hoy una necesidad tanto para el personal de salud como para los familiares de los niños, niñas y adolescentes que acuden por alguna problemática de salud o que esperan un trasplante, pero también que garanticen sus derechos. Víctimas del sistema de salud en crisis que tiene Venezuela.
El J. M. de los Ríos también era un hospital de renombre porque realizaban trasplantes; sin embargo, lo único que hay en los pasillos y cuartos del lugar en la actualidad, son niños, niñas y adolescentes a la espera de insumos, exámenes, trasplantes y una respuesta por parte del Estado.
“Ya estamos en 2023, en este momento tenemos 25 niños del servicio de Hematología, del J. M. de los Ríos, sin ninguna respuesta y 14 jóvenes esperando que tampoco han tenido la respuesta oportuna que requieren”, denunció Katherine Martínez, abogada y directora de la organización no gubernamental Prepara Familia.
El 1 de junio se cumplieron seis años de la suspensión del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos y en medio de un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja donde el Estado no garantiza los medicamentos antirrechazo o inmunosupresores, al menos 79 niños, niñas y adolescentes murieron en el servicio de Nefrología a la espera de trasplantes, según la ONG.
“En el año 2014 cuando Fundavene, adscrito al Ministerio de Salud, empezó a fallar en el tema de trasplantes, se vio una abrupta caída de los mismos. En consecuencia para 2017, la misma Fundavene envía una carta a las unidades de trasplantes del país donde anuncia que ellos no pueden continuar con la garantía de los inmunosupresores, que son los medicamentos antirechazo. Era provisional, pero ya llevan seis años. Ha sido una situación fuerte y muy delicada, que merece la atención de la comunidad nacional e internacional porque se requieren los trasplantes. En 2022 el Estado comenzó a realizar algunas intervenciones de vivo a vivo que requiere tener un familiar compatible para que pueda donar el órgano. Estas operaciones nunca estuvieron suspendidas, se suspendió fue el oficio al no poseer los medicamentos antirechazo. Se hicieron algunos en clínicas privadas por costos de 75 mil dólares aproximadamente, pero en los hospitales públicos comenzaron a hacer algunos en el Hospital de El Paraíso, en el Hospital Militar, inclusive el J. M.de los Ríos pudo hacer uno en 2022, pero fueron casos excepcionales donde habían familiares compatibles e igualmente nos preocupamos porque es un riesgo si no se tiene el tratamiento y los medicamentos necesarios”, insistió Martínez.
La administración de Nicolás Maduro dio una esperanza para los NNA en noviembre del 2021, cuando anunciaron que reactivarían el proceso de trasplantes de médula en el Hospital Domingo Luciani y en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Desde 2022 las operaciones se realizan de vivo a vivo, pero aún no se ha reactivado el trasplante de cadáver a vivo. La causa de la suspensión de los trasplantes es que el Estado no puede garantizar los medicamentos antirechazo o inmunosupresores.
“El J. M. de los Ríos, centro de referencia nacional, que sigue recibiendo niños de todo el país, tiene servicios que tienen mucho tiempo cerrados, como el de Terapia intensiva, Cardiología, Neurología y a la fecha no se han rehabilitado. Además de eso hay una situación grave con el servicio de Imagenología, servicios de laboratorio, casi todas las pruebas que los niños necesitan deben hacerse por fuera. Ninguna de estas situaciones ha cambiado y esto es lo básico”, dijo la abogada.
Martínez relató que el servicio de Hematología tiene ocho meses con el aire acondicionado dañado. “Eso es gravísimo porque es un área que recibe entre 350 y 500 pacientes mensuales, es donde se realiza el postgrado de hematología pediátrica y que es el único en el país. Adicionalmente los niños vienen de todas partes a recibir tratamiento oncológico. Allí tienen un pequeño quirófano donde realizan aspirado de médula, biopsias, y sin aire acondicionado es complicado. Estamos hablando de la garantía del derecho a la vida y la salud en el hospital, que no podemos decir se ha logrado”.
En 2021 un grupo de jóvenes relató para el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cómo eran sus vivencias en el país, en medio de la crisis, pero también en el hospital. En medio de la sesión un joven declaró que cuando uno de sus compañeros moría, siempre pensaban que serían los próximos.
Los niños, niñas y adolescentes del servicio de Nefrología están amparados por medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2018. Estas medidas instan al Estado venezolano a adoptar acciones necesarias para garantizar su vida, integridad personal y salud, pero aún no se han cumplido.
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, según señala el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Katherine Martínez dice que el Estado debe hacer una inversión importante en materia de salud, aunque este culpe a las sanciones de no poder hacerlo. La abogada dijo que el Estado solo hace promesas y mientras tanto los niños, niñas y adolescentes, siguen muriendo.
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