Denuncian que en las cuatro intervenciones de penales en el último mes no tiene ninguna información de parte del Estado sobre el impacto a los privados de libertad y sus familiares
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), advirtió que el hacinamiento en los centros penitenciarios del país puede superar el 300 % de su capacidad debido a las recientes intervenciones militares de la «Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro» en distintas cárceles a nivel nacional.
En una entrevista a Radio Fe y Alegría el 3 de noviembre, Prado aseveró que el operativo puede convertirse en un «desastre» para el sistema penitenciario del país, ya que no existe una estructura para albergar a los privados de libertad afectados por la clausura de cárceles «por reparaciones» o sus intervenciones militares con la intención de sacar a los cabecillas delincuenciales, conocidos como «pranes».
Advierte que la Operación no ha podido lograr su cometido, entre varias razones, porque existen niveles «de complicidad» que van desde el Ministerio del Poder Popular Penitenciario, la Guardia Nacional Bolivariana, el juez de ejecución hasta el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Bajo la inacción de estos actores, se extiende el pranato con prácticas como el pago de impuestos a la población carcelaria. «Estos pranes cobran un impuesto al que denominan ‘la causa’ que consiste en pechar con 5, 10 o 15 dólares semanales a los reos», explicó Prado.
OVP: el Estado «oculta» cifras de hacinamiento
Los cuerpos de seguridad del Estado han tomado cuatro centros penitenciarios desde septiembre hasta la fecha de publicación de esta nota. Las cárceles de Tocorón (en el estado Aragua), de Tocuyito (en Carabobo), de Puente Ayala (en Anzoátegui) y de La Pica (en Monagas) fueron intervenidas por varios cuerpos de seguridad del Estado bajo la coordinación del vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos.
El operativo más reciente fue en La Pica, el 3 de noviembre. Pero todos los operativos cumplen el mismo patrón: no se pudo encontrar al pran de los centros penitenciarios, las principales figuras que el Estado busca.
El OVP documentó que «el régimen de Nicolás Maduro oculta las cifras sobre estas muertes (en el contexto de las intervenciones a los centros penitenciarios)», donde algunos casos niegan a los familiares de los privados de libertad a ver los cadáveres o confirmar su paradero.
«Desde nuestra organización estamos informando a los organismos internacionales sobre lo ocurrido en estas cárceles», reitera en una nota de prensa la ONG.
Prado también denunció que el Estado no brinda información sobre el paradero de los pranes, así como los gastos que se dan en cada intervención militar.
«¿Cuántos homicidios realizaron?, ¿cuántos hirieron y extorsionaron?, ¿cuántos secuestros dirigieron desde las cárceles?», son algunas de las preguntas que el director del OVP considera que debe responder el Estado respecto a todas las cabecillas de las bandas que operan dentro de las cárceles.