Según el último registro del Observatorio Venezolano de la Sociedad Civil (OVSC), al 31 de diciembre de 2022, había 6.270 ONG registradas en Venezuela
Foto: Defiende Venezuela
El pasado viernes, 19 de enero, la Fundación Universitas llevó a cabo una conferencia online sobre el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines. Un proyecto que, de ser aprobado, cambiaría la realidad de las ONG en Venezuela.
Julio Pérez Graterol, coordinador de Fundación Universitas, fue el encargado de introducir a los dos ponentes: Fernando Fernández, profesor universitario de derecho penal, y la abogada Laura Louza, fundadora de la ONG Acceso a la Justicia.
La presentación de los ponentes se centró en analizar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 23 de enero de 2023.
Fernández mencionó que esta ley constituye una «nueva herramienta de guerra jurídica contra el espacio cívico».
Militarización de las ONG
«Existe una ley del 2014 (Ley de registro y alistamiento para la defensa de la nación) que, conjuntamente con el proyecto, establece que las ONG se inscriban en un padrón de características similares al de las personas naturales que se alistan en la recluta», comentó Fernández.
El abogado precisó que las ONG incluyen a cientos de personas que se asocian para hacer una serie de actividades de forma altruistas.
En su opinión, este proyecto de ley militarizaría a las ONG, convirtiendo a estas organizaciones no gubernamentales en instituciones del Estado. «Todas las ONG tendrían que llenar ese padrón y enlistarse en el Ministerio de la Defensa», apuntó el profesor.
Asimismo, señalo que esto traería «consecuencias nefastas» para la sociedad civil, porque además de militarizarlas las haría de derecho público.
Fernández también describió qué pasaría si las ONG no se enlistan en esta suerte de padrón militar. «Al no enlistarse se declara inexistente la ONG, una coacción totalmente inaceptable e inexplicable», agregó.
Declaración jurada de bienes
El abogado recordó que esta ley de fiscalización de las ONG también les exige a los miembros de la ONG «realizar una declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la república».
Se trata, entonces, de la violación de los derechos humanos, tanto cívicos, políticos, como sociales, económicos y culturales, consagrados en el artículo 5 de los pactos internacionales de la ONU (pacto de civiles y políticos, y el de derechos sociales económicos y culturales).
«Nuestra aspiración es que haya una reflexión sobre el tema. Y que simplemente se detenga (…). Esto no puede llevarse a una ley definitiva. Violaría la constitución. Violaría el artículo 5. E impediría que la sociedad civil pueda ayudar al estado», concluyó Fernández.
¿Qué registros pide la ley de fiscalización para las ONG?
En cuanto a los registros que el proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, la ONG Acceso a la Justicia los resume en cuatro puntos:
- Primer registro: debe solicitarse ante el Saren. Se obtiene solo cuando la vicepresidencia de la República haya emitido la resolución respectiva.
- Segundo registro: debe ser renovadO cada año ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
- Tercer registro: es ante la Contraloría General de la República para presentar declaración jurada de patrimonio. Se exige a las organizaciones y a sus directivos, administrador y personal.
- Cuarto registro: se concreta ante el Registro de Defensa Integral de la Nación. Se le exige a las organizaciones y su personal. Es, como denuncian, un «registro militar».
Viola leyes internacionales
«La hemos llamado Ley anti-sociedad, porque va en contra del derecho de la libertad de asociación y contra cualquier forma de asociación sin fines de lucro», así comenzó su ponencia Laura Louza, fundadora de Acceso a la Justicia.
La también abogada clarificó a cuáles organizaciones afectaría esta ley, entre las que se encuentran asociaciones civiles, fundaciones, corporaciones de fundaciones o asociaciones, entre otras. Pero, aseveró que no aplica para gremios empresariales, sindicatos, partidos políticos, empresas o la iglesia.
Louza explicó que este proyecto de ley establece que las ONG, desde el momento que entran en vigencia, tienen aproximadamente un año para registrarse.
Comentó que es el Ejecutivo Nacional quien, a través de la vicepresidencia de la República, va a autorizar el funcionamiento de la ONG. Si no se cumple el registro en el lapso correspondiente, «la organización no existe, es decir, le quita la calidad jurídica».
«Esto viola todas las normas que existen en el país, incluso la constitución».
Este accionar es «completamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes en Venezuela», afirmó Louza, quien agregó que los actos que se realizan deben registrarse, pero no ameritan la autorización del Estado.
¿El adiós de las ONG en Venezuela?
La abogada Louza describió qué pasaría con las ONG si este proyecto de ley fuese aprobado en Venezuela: «No hay manera de funcionar. Tendríamos que cerrar», lamentó.
Asimismo, apuntó que la exigencia de una declaración jurada del patrimonio de todos los empleados y de la ONG es una medida innecesaria. Ya que no se manejan recursos públicos, sino privados.
«Solo los funcionarios públicos son obligados a presentar declaración jurada de patrimonio. No las personas privadas. Eso es algo bastante disruptivo», agregó.
Aseguró que este proyecto de ley es un mecanismo de disuasión, lo que provocaría que nadie quiera trabajar con las asociaciones o con una asociación. Sin mencionar que, de ser aprobada, las organizaciones deberían adecuar sus estatutos a las exigencias de esta ley.
«Cacería de brujas»
La abogada hizo hincapié en que la iniciativa del gobierno contra las ONG no tiene ninguna justificación veraz.
«No hay un riesgo de lavado de capitales, no hay riesgo de financiamiento de terrorismo. No se entiende por qué esa fijación con las organizaciones», expresó Louza, al tiempo que opinó que desatará una «cacería de brujas».
También, mencionó lo perjudicial de este proyecto de ley para la cultura y las iniciativas sociales, ya que se sostienen gracias a las ONG.
Louza aseveró que, incluso criticar a la gestión del gobierno sería suficiente motivo para desintegrar la asociación civil. La ponente hizo un paralelismo con la ley en Nicaragua que acabó con las ONG.
Conclusiones de la conferencia
Finalmente, los ponentes mencionaron que el ejecutivo podría establecer controles para la supervisión, inspección, control y sanción de las organizaciones sin fines de lucro. Advirtieron de lo grave que es que el ejecutivo reglamente algo que no se debe reglamentar según la constitución.
«Aquí no hay tribunales adonde ir, adonde pedir un amparo. Esto te pone en una situación de indefensión. Porque lo normal sería introducir un amparo. Pero vaya a usted a saber qué va a decir el TSJ», recordó Louza.
Finalmente, se hizo un balance de lo que significa en la práctica que no haya separación de poderes en un país.