La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos y poner fin a las persecuciones
En una reciente entrevista con el periodista Leopoldo Castillo en su programa El ciudadano, al consejero político de María Corina Machado, Carlos Blanco, le preguntaron: ¿María Corina Machado está dispuesta a negociar con Nicolás Maduro?: “La respuesta es sí, para unas elecciones libres y limpias con María Corina como candidata, en el marco del cese de la represión que se ha incrementado brutalmente en las últimas semanas”.
Con la decisión del TSJ que ratifica la inhabilitación de María Corina Machado y la escalada de autos de detención contra dirigentes de la oposición, el cumplimiento de los Acuerdos Parciales de Barbados está cuestionado y esto puede desembocar en una reimposición de las sanciones petroleras. Si algo dejan claro estas tensiones es que los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.
Pareciera, entonces, que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder. Los mejores estrategas se preparan para los peores escenarios, pero el chavismo no quiere ni siquiera imaginarse fuera del poder si eso significa quedar expuestos a una ola de persecuciones, juicios y condenas.
Sin garantías políticas de no persecución, el oficialismo no va a dejar que lo metan en la autopista sin retorno de unas elecciones competitivas que puede perder. Si al entregar el poder se desata una cacería de brujas en su contra, buscará excusas y pretextos para salirse de los acuerdos político-electorales firmados en Barbados.
Por eso juega duro y tensa la soga, aun a riesgo de que reimpongan las sanciones. De ser el caso podrá argumentar que –con sanciones– no hay condiciones para unas elecciones libres y así justificar cualquier decisión extrema que tome en torno al proceso electoral y sus participantes. Paradójicamente, el oficialismo necesita la reactivación de las sanciones para no tener que medirse en buena lid, perder las elecciones y verse obligado a entregar el poder, sin ningún tipo de garantías previamente pactadas. A la cárcel no quieren ir y por eso prefieren permanecer en el poder.
Pero los decisores en EE. UU. y la UE no consideran esta lógica y le siguen dando excusas y pretextos a un gobierno que –con sanciones y amenazas–, se aferrará cada vez más al poder. EE. UU. cayó en la provocación de las inhabilitaciones y desplegó un discurso de ultimátum y reimposición de las sanciones del cual ahora le resultará muy difícil salir. Para no desdecirse van a tener que revocar la licencia general 44, pero lo van a hacer protegiendo los intereses de las petroleras estadounidenses como Chevron.
La reimposición de las sanciones le permitirá al gobierno de Maduro capitalizar electoralmente su retórica antiimperialista para reconquistar y movilizar a sus seguidores descontentos. A todas estas, los aliados de Maduro –que son rivales geopolíticos de EE. UU– celebrarán este retroceso y le brindarán apoyo para que pueda ganar las elecciones.
En este contexto, es clave la mediación internacional para que se mantenga el diálogo y la negociación, incluyendo los nuevos temas de las garantías políticas para los rivales en pugna, sobre todo para quien resulte perdedor en las elecciones. Pero ante la resistencia del chavismo a tocar el tema en caso de perder, la iniciativa de pactar las garantías políticas de no persecución tiene que venir desde EE. UU. y la UE. Para empezar, habría que eliminar las recompensas. Es un tema difícil porque las reacciones son desmesuradas y quién se atreve a plantearlo corre el riesgo de pagar unos costos reputacionales muy altos. Por eso se le saca el cuerpo al tema, pero no se puede seguir evadiendo. De lo contrario, en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el poder.
La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano tiene que contemplar la amnistía por delitos políticos y poner fin a las persecuciones, juicios y encarcelamientos a los líderes de la oposición acusados de traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, formado parte del TSJ en el exilio, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la AN-2015-2020 y por haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. En un pacto de convivencia pacífica estos delitos políticos tienen que ser amnistiados.
En América Latina, el caso chileno es paradigmático para demostrar que a través de la negociación de garantías políticas es posible poner fin a una férrea dictadura y recuperar la democracia. Pinochet y los militares chilenos se comprometieron a reconocer el resultado de las elecciones y hacer posible la alternabilidad en el poder, a cambio de garantías de no persecución. La transición chilena a la democracia tuvo que bajar los costos de salida de los gobernantes salientes y dejar a un lado las amenazas de persecuciones, juicios y cárcel. De lo contrario, Chile no habría recuperado la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.
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