Para abordar el tema que nos afecta hoy en nuestro país, debemos referirnos a sus antecedentes en nuestro continente. En cuanto al tutelaje, América Latina ha conocido dos periodos: el colonial, en el que el sistema de castas y el control de la Corona española sobre las Indias funcionaron bajo la idea de una tutela paternalista sobre los pueblos indígenas, considerados incapaces de autogobernarse; esta cuestión se resolvió con las guerras de independencia del siglo XIX, durante las cuales el Libertador Simón Bolívar y otros próceres del continente desalojaron definitivamente a los ejércitos españoles.
Dos siglos de tutelaje en la región
El segundo periodo tuvo su basamento en la Doctrina Monroe (1823): bajo el lema “América para los americanos”, Estados Unidos estableció una esfera de influencia que, con los años, justificó acciones políticas y económicas, las cuales se reconocieron en el siglo XX como notorias intervenciones en Cuba, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana.
Destacan los casos de un tutelaje extremo: Nicaragua, ocupada militarmente durante dos décadas (1912-1933), y Cuba, convertida desde su fundación, mediante la aplicación de la Enmienda Platt (1901-1933), en una república neocolonial controlada militarmente, así como en su capacidad financiera y en su política exterior, control que quedó inserto incluso en su Constitución.
De potencia libertadora a nación en ruinas
Por tanto, cuando nos adentramos en nuestra historia de 200 años sin tutelaje alguno, abordamos un pasado glorioso: una nación cuya acción en el siglo XIX liberó a cinco naciones, siendo su ejército libertador la insignia del Nuevo Mundo a nivel global, para luego convertirse, en el siglo XX, gracias al petróleo, en la principal fuente de energía mundial ante los conflictos del Medio Oriente. Al mismo tiempo, Venezuela era un oasis en una región plagada de dictaduras y de pobreza extrema, al cual migraban millones de desamparados al ver a nuestro país como la tierra prometida.
La historia nos tendió una emboscada, reconocida en las consecuencias de la gestión del régimen chavomadurista, cuyo perverso ejercicio derivó en un país en ruinas: prostituyó sus instituciones públicas, redujo su economía a un nivel de mera supervivencia y generó una precariedad extrema en la población, lo cual provocó la estampida de más de nueve millones de sus habitantes. De esta manera, esta nación inerme fue el caldo de cultivo del protectorado implantado hoy en la otrora tierra de gracia.
Las paradojas del protectorado actual
En tan solo nueve meses de tutelaje, resaltan las paradojas de un contexto que impone una nueva relación de mando, al decidirse desde Washington las fases de la reconstrucción nacional, incluso cuando habrá elecciones a los diferentes poderes públicos, aun cuando nuestra Constitución establece la soberanía del voto y el control de los bienes nacionales por el Estado.
Así también se negocia nuestro petróleo hasta por cien años con una compañía fantasma en nombre de la república, que le otorga gratuitamente el 35 % de las acciones al país interventor y le entrega el 20 % de la reserva petrolera nacional —de aproximadamente 65 000 millones de BD— al precio de costo, sin el cobro de regalías e impuestos, obsequiándole a la dictadura un balón de oxígeno aun cuando esta utilizó, a lo largo del siglo XXI, el petróleo entregando nuestra soberanía como ofrenda a regímenes dictatoriales.
Para colmo de males, nuestra patria refleja un país extraído del realismo mágico, donde a un presidente electo legalmente se le califica para apresarlo mediante carteles de “se busca” en aeropuertos nacionales, entre tanto quienes gobiernan están solicitados por la justicia norteamericana con recompensas de 25 millones de dólares, y quien usurpó la presidencia permanece preso en Brooklyn bajo una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Legitimidad al revés, migrantes sin patria
En esa dirección, se reconoce como “respetable presidenta” a quien encarna la continuidad de una dictadura abominable y saqueadora y a quien no elegirían ni para una junta de condominio; entre tanto, se desconoce al ciudadano Edmundo González como presidente electo constitucionalmente en julio de 2024 y se le limita la presencia física a la líder de este proceso, en el caso de MCM.
Por otra parte, sus ciudadanos son perseguidos y deportados de EE. UU., aunque la situación ha empeorado en Venezuela luego de los terremotos del 24 de junio, limitando al extremo las solicitudes de asilo y suspendiendo la permanencia legal con el TPS. Cabe destacar que hasta la oposición ha olvidado a estos migrantes, que los asimila a un daño colateral para mantener la relación amistosa con el protector.
Esta razia contra sus ciudadanos se extiende a otros países de América Latina, cuyos gobiernos discriminan a nuestros connacionales, aun cuando Venezuela recibió migrantes de todos estos países el siglo pasado, quienes acudían indefensos solicitando protección ante dictaduras en algunos países y por la extrema pobreza en otros.
El camino de vuelta a la soberanía
En definitiva, es una mancha, una humillación a nuestra historia de nación libertadora, que reclama el restablecimiento de nuestro orden constitucional y que se restaure nuestro poder soberano para decidir nuestro destino: ningún país en el mundo tiene la facultad de decidir por nosotros.
El restablecimiento del Estado de derecho comienza con el retorno del presidente electo Edmundo González y de MCM, a la cabeza de un gobierno de emergencia nacional, que organice la convocatoria inmediata a elecciones a la Asamblea Nacional y a la presidencia de la república.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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