Los últimos reportes oficiales sobre el “Plan para la Igualdad y Equidad de Género” que lleva el nombre de la abuela de Hugo Chávez y tiene entre sus objetivos acabar con la violencia contra la mujer, datan de 2016.
Mientras, las cifras de feminicidio aumentan cada año y las expertas en la materia afirman que cualquier programa de gobierno de Maduro en pro de la mujer se queda “en mera retórica”
Aunque jamás se le asignó un presupuesto específico a “Mamá Rosa” y nunca presentó resultados, se le extendió hasta 2025
Un reportaje elaborado en alianza entre Runrun.es y CONNECTAS
@loremelendez
Las hermanas de Karla Stefanie Romero Quintero reclaman justicia por un crimen que “acabó con la felicidad de una familia por completo”. El 9 de mayo de 2018, dos hombres en moto asesinaron a tiros a la joven de 29 años en el estacionamiento de su casa en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira, al suroeste de Venezuela. La ex pareja de la muchacha, el teniente coronel Manuel Salvador Parra Ramírez, presuntamente ordenó el sicariato y por eso se libró una orden de captura en su contra. Pero, en lugar de ser detenido, fue ascendido y asignado a la Guardia de Honor Presidencial. Poco después, la causa contra el militar y los implicados fue sobreseída. Todo ocurrió en el país de “Mamá Rosa”, nombre del Plan para la Igualdad y Equidad de Género vigente que apunta entre sus objetivos, desde 2013, a “erradicar la violencia de género en todas sus expresiones”.
“Mamá Rosa” era el mote que el expresidente Hugo Chávez usaba para referirse a la abuela que lo crió. Con él se bautizó un programa que las expertas consultadas para esta investigación desconocen porque no hay manera de seguirle la pista: nunca se supo cuál presupuesto se le asignó, tampoco cuáles acciones se ejecutaron, todavía es un misterio el número de personas que trabajaron para implementarlo y aun más opacos son su alcance y sus resultados. Sin embargo, la poca transparencia no fue obstáculo para que extendiera su período de vigencia: en lugar de finalizar en 2019, se amplió hasta 2025, año en el que Nicolás Maduro culminará su tercer mandato como presidente de Venezuela.
Lo que sí se sabe es que “Mamá Rosa” no ha podido “erradicar” la violencia de género y mucho menos los feminicidios. La última cifra oficial de femicidios –porque el término “feminicidio” no está contemplado en el legislación venezolana- data de 2016 y arrojó que 122 mujeres habían muerto en esta circunstancia. Organizaciones no gubernamentales continuaron el monitoreo y determinaron que, apenas un año después, estos crímenes tuvieron un alza de 74%: 213 en 2017, según Cofavic,
La cifra continúa en ascenso. En 2021 el Monitor de Feminicidios contabilizó 239 y el Centro de Justicia y Paz 290.
Karla Subero, miembro del equipo jurídico de Cofavic, insistió en que el aumento de los feminicidios está “intimamente asociado a las barreras estructurales, a los mecanismos de impunidad y las debilidades del tratamiento legal de estos crímenes”. “La opacidad de la información oficial presentada es un elemento que sin duda contribuye con el mantenimiento del aumento de las cifras en materia de violencia de género, especialmente la relativa a los feminicidios”, acotó.
Para la psicóloga social y criminóloga especialista en violencia de género, Magally Huggins, en Venezuela el uso del término “‘femicidio’ es un ardid en el manejo político de las leyes para excluir al Estado de su responsabilidad en este tipo de hechos”.
“La gente tiende a verlo como un problema de pareja, pero eso es excluir la responsabilidad del Estado de prevenir, diseñar políticas públicas y organizar espacios donde las denuncias de violencia intrafamiliar sean tomadas en serio por gente formada para ello, de tal manera que uno no tenga que seguir conviviendo a riesgo de su propia vida con estas parejas”, aseveró la experta.
Una abuela socialista-feminista
El anuncio del Plan Mamá Rosa ocurrió en septiembre de 2013 en un acto conducido por Maduro, que además tuvo como invitado al autor de “Las venas abiertas de América Latina”, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien sentenció ese día que “la nueva Venezuela” tendría que ser “parida en la igualdad de géneros”.
En esa jornada, Maduro anunció tres medidas “en el marco del esfuerzo general contra la violencia de género”, con resultados que aún hoy se desconocen: la creación de comités de equidad e igualdad de género en cada Consejo Comunal (organizaciones comunitarias, que suelen ser conformadas por chavistas, que ejecutan las políticas públicas en el plano hiperlocal); la incorporación de “Mamá Rosa” en los proyectos municipales de las alcaldías y el inicio de una campaña en medios de comunicación contra la violencia de género.
“Quien agrede por su superioridad y fuerza física para someter a una mujer en cualquier circunstancia, se está degradando como ser humano, se degrada como ser humano, pasa a otro estado de la involución humana, los hombres tienen que entender eso, que anidan en sí antivalores del machismo”, afirmó en esa ocasión Maduro, quien en varias oportunidades ha asegurado que su gobierno es “feminista”.
Meses antes de aquella presentación, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género hizo circular un spot publicitario para convocar a las mujeres del país a debatir el contenido del programa que redactó Virginia Aguirre, investigadora académica especializada en temas de género y responsable de los dos documentos antecesores: ‘Plan de Igualdad para las Mujeres, Venezuela 2004-2009“ y “Plan de Igualdad para las Mujeres Juana Ramírez ‘La Avanzadora’ (2009-2013)”.
En efecto, dentro de la presentación se subraya que “Mamá Rosa” es en parte resultado de las discusiones de “colectivos de hombres y mujeres acerca de los avances y los desafíos para lograr la igualdad de género” y que está dirigido a continuar la “construcción de la patria-matria socialista-feminista”. Aguirre fue contactada para esta investigación, pero nunca concedió la entrevista que le fue solicitada. Lo que sí aseguró es que “Mamá Rosa” era una plan de avanzada en toda la región.
En medio de esas discusiones, el entonces gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, hermano del fallecido expresidente, recordó al mandatario y a su abuela, y aseguró que “Mamá Rosa” era el “reconocimiento a la mujer luchadora, solidaria, amorosa”, que es como él concibe a todas las mujeres venezolanas.
Esas palabras de Adán Chávez, que también están incluidas dentro de la presentación del plan, se enlazan con un apartado del programa que pretende explicar a las abuelas desde la “noción de género”: “La abuela es el rostro preocupado y marcado porque entiende que su tarea en la vida de sus hijas e hijos no ha terminado, continúa con los nietos. Los ojos de la abuela encierran las alegrías y las tristezas, la ternura, la dureza y la experiencia como mujer, en las soledades y en la compañía. Es la mujer que ha acumulado las dificultades que ha impuesto el sistema patriarcal, expresado en los diferentes grupos de mujeres: urbanas, campesinas, afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de las que realiza un trabajo remunerado en la producción económica y las que realiza un trabajo no remunerado de reproducción social”. Y más adelante completa: “Existen muy pocas investigaciones que den explicación sobre el papel social e histórico que juegan las mujeres que ya han criado y que nuevamente deben volver a criar. Sin embargo, aun cuando estamos conscientes del desgaste que han sufrido las abuelas, queremos hacer énfasis en los valores, en la historia, los sentimientos y la conciencia de clase que inculcó Mamá Rosa en el Comandante Chávez, convirtiéndolo en un hombre que fue valiente en reconocer que no podía existir socialismo sin feminismo”.
“Mamá Rosa” es un plan integral con dos objetivos históricos: “Erradicar el patriarcado como expresión del sistema de opresión capitalista”; y “construir el socialismo-feminista”, de los cuales se desprenden cinco objetivos estratégicos que abarcan aspectos políticos-ideológicos, económicos, sociales, culturales y hasta ambientales.
La violencia de género es el objetivo 3.6 del plan y cuenta con 13 líneas de acción que contemplan desde el fortalecimiento y coordinación de instituciones y sistemas de protección a la mujer, pasando por otorgar enfoque de género y sensibilización a quienes trabajan en la aplicación de misiones y programas vinculados al área de seguridad, hasta la realización de campañas contra la violencia de género y el impulso de investigaciones en esta materia. Llama la atención que en ninguna parte del contenido de “Mamá Rosa” aparezca la palabra ‘femicidio’ y que ni siquiera se detallen las cifras de mujeres asesinadas por ser mujeres.
“Mamá Rosa”, la cuestionada
La coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres de la región andina, Yolima Arellano, recordó que Chávez aseguró varias veces que su gobierno era “feminista”. Maduro ha hecho lo propio, así como otros funcionarios públicos. Sin embargo, en cualquiera de estas administraciones, “el accionar es todo lo contrario”, señaló la también abogada y activista, quien se apoyó en diversos documentos de organizaciones internacionales para enfatizar cómo los funcionarios han ignorado por completo cualquier sugerencia hecha sobre sus políticas para proteger a la mujer.
Así rememoró que en noviembre de 2014, cuando tenía poco más de un año de haber sido lanzada, “Mamá Rosa” recibió las primeras observaciones de parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
En el informe “Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela”, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer indicó que a pesar de que en el país se habían creado diversas instituciones para promover los derechos de la mujer, todavía faltaban “mecanismos eficaces para elaborar, aplicar y supervisar las políticas y los programas pertinentes”. Para el equipo, era necesario que se hiciera una evaluación adecuada al Plan Juana Ramírez la Avanzadora (2009-2013) para que se formulara ”Mamá Rosa”. Por eso, encomendó al Estado que se cerciorara de que el nuevo plan abordara “todas las esferas de la Convención”, incluyera indicadores mensurables, un calendario y un mecanismo de supervisión, además de que se le asignaran recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para su aplicación.
En el mismo documento, el Comité también pidió que se examinara el programa y se incluyera como prioridad “la eliminación de las actitudes patriarcales y los estereotipos que discriminan a la mujer”.
Además, envió una serie de recomendaciones vinculadas a la violencia contra la mujer, tras considerar que estaba muy extendida y que podría ir en aumento. Así, instó al Estado a trabajar en la creación de un sistema de estadísticas que incluya el tipo de violencia, relación entre autores víctimas, número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y reparaciones; la aprobación de un plan nacional de acción de violencia contra la mujer; la elaboración del reglamento de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como la revisión de la definición de feminicidio, y no femicidio, en la reforma de esta legislación para que se ajuste a las normas internacionales, esto es, que incluya la responsabilidad del Estado cuando lo amerite; y el fortalecimiento de programas de asistencia a las víctimas, así como de los servicios de apoyo (albergues, que hasta la fecha se habían creado solo seis en todo el país).
El Estado venezolano no respondió ante tales recomendaciones en 2018, como correspondía, sino que en un informe presentado ante el Comité en 2021 (Noveno informe periódico que la República Bolivariana de Venezuela debía presentar en 2018 en virtud del artículo 18 de la Convención) anunció que el plan “Mamá Rosa” “fue revisado, actualizado y ampliado en 2018 para su implementación en el periodo 2019-2025”. Sin embargo, esta decisión nunca se hizo pública, y por eso hay empleados dentro del Ministerio de la Mujer que afirmaron a esta investigación que el programa solo estuvo vigente hasta 2019.
Venezuela también aseguró en ese documento que “el seguimiento del Plan Mamá Rosa se realiza mediante la contraloría social, los mecanismos institucionales del Ministerio de la Mujer y la rendición de cuentas y contraloría del Ejecutivo Nacional en planes, programas y proyectos”. Pero activistas de derechos de las mujeres, como Arellano, confirmaron que a lo largo del tiempo ha sido imposible rastrear las acciones del programa. “Eso es puro discurso, es un discurso oficial, una narrativa que ellos crean ante esos organismos para decir que sí están cumpliendo”, sentenció.
“Las organizaciones autónomas que inciden en los derechos de las mujeres no han sido convocadas a la realización de eventos desarrollados con estos fines, ni se ha obtenido información oficial referente a la evaluación de los planes señalados en la recomendación. En el Plan 2013-2019 no existe un presupuesto que especifique la utilización de los recursos financieros por partida, y para la fecha de elaboración de este informe se desconoce su rendición de cuentas; por otra parte, ante la ausencia de políticas de igualdad, así como de medidas afirmativas y de la transversalización del enfoque de género en los planes, proyectos y programas, esto se quedan en mera retórica”, indicó el informe especial “Situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas a la luz de las recomendaciones de la CEDAW”, redactado por Arellano y publicado por Provea este 2022.
En ese documento también se reclama que la capacitación de los funcionarios en materia de derechos a las mujeres no se cumple a cabalidad porque las víctimas que han denunciado violaciones a sus derechos ante ONGs venezolanas afirmaron haber sido revictimizadas, no recibir la atención o asesoría que necesitaban, o estar en medio de procesos judiciales con “retardo procesal, violación al debido proceso, sobreseimientos e impunidad”.
No solo el Comité de la CEDAW hizo recomendaciones sobre “Mamá Rosa” y el tratamiento de la violencia de género en el país. En una recopilación de información hecha en noviembre de 2021 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presentada a propósito del Examen Periódico Universal (EPU) se detalló que “el equipo de las Naciones Unidas en el país recomendó a la República Bolivariana de Venezuela elaborar un reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una evaluación del Plan Nacional para la Igualdad de Género Mamá Rosa 2013-2019. El ACNUR formuló una recomendación similar”.
Pero nada de esto se llevó a cabo y esto lo advirtieron las ONG en enero de 2022 en una hoja informativa del 3er ciclo del EPU titulada “Derechos de las mujeres y las niñas”, que contenía las contribuciones de la sociedad civil. Allí se reiteró que Venezuela no cumplió con las recomendaciones de la CEDAW y que desconoció “abiertamente” los consejos y lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH) basadas en la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
“Aunque en el Poder Legislativo se encuentra en discusión una reforma a dicha Ley (la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia), las fallas se derivan de la falta de voluntad política para su implementación, la falta de asignación de un presupuesto adecuado y el desmantelamiento de las instituciones clave establecidas en la Ley para combatir la VCM, además de la falta de tipificación de delitos como la sextorsión”, destacó el documento.
Las organizaciones apuntaron que las consecuencias de todos estos incumplimientos han empeorado la situación del acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, que se evidencia en la falta de capacitación de los funcionarios y en “la utilización de graves estereotipos ante la presentación de denuncias por parte de las víctimas”.
Además, se recalcó que Venezuela era uno de los países en la región con las tasas más altas de feminicidio y que “no visibiliza ni garantiza el acceso a la publicación de estadísticas oficiales” sobre violencia contra la mujer. Se subrayó que no hay medidas preventivas efectivas, coordinadas y adecuadas proteger a las víctimas y que “no existen casas de abrigo con las condiciones mínimas de funcionamiento”.
Cristina Ciordia, coordinadora de redes y activismo del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) –que a través de su Observatorio Digital de Femicidios ha documentado desde 2020 el aumento progresivo de estos delitos- indicó que la organización ha detectado la existencia de 20 casas de abrigo en todo el país, cuando debería haber al menos una en cada uno de los 335 municipios del país.
“Promulgar una ley, aprobarla, discutirla, hacerle modificaciones y no garantizar ni fondos ni formaciones para poderla aplicar (…) no hacer campañas de formación para que las mujeres conozcan sus derechos, no formar a jueces ni a policías en materia de derechos de la mujer o para las nuevas leyes en materia de género, no poner fondos para casas de acogida ni hacer de conocimiento público dónde están cada uno de estos espacios para que las mujeres puedan acudir si temen por sus vidas y las de sus familias. Todas estas son responsabilidades del Estado y son responsabilidades con las que el gobierno se ha llenado la boca al decir que cumple (con las mujeres) por tener estas leyes. Pero sin aplicabilidad, la ley es letra muerta”, señaló Ciordia.
Las expertas consultadas coinciden en que nunca, desde el chavismo, ha habido intenciones de proteger a la mujer.
“Uno ve que las respuestas del Estado se limitan a dar cifras y decir que tienen tribunales en tales estados, que no son todos, y así se van por las ramas. Entonces, no hay voluntad política real del Estado en trabajar el tema, no hay políticas de prevención, las políticas de atención que hay no está funcionando como deberían porque las mujeres que son víctimas le dicen a uno que van a la policía y los funcionarios no conocen la ley, no están sensibilizados y pasa con todos, no hay un reglamento de la ley entonces cada funcionario aplica la ley como le parece, no hay un protocolo de cómo recibir las denuncias”, reclamó Arellano.
Sin cuentas para “Mamá Rosa”
Para conocer lo poco que se sabe oficialmente de “Mamá Rosa” y su presupuesto, hay que revisar los registros anuales que el Ministerio para la Mujer presentaba ante la Asamblea Nacional desde que comenzó el plan en 2013. Este ejercicio permite ver que nunca hubo una asignación de tareas o recursos para el programa, sino que todas las acciones del Ministerio iban enmarcadas en este. Tampoco hubo un presupuesto concreto para todas las actividades vinculadas a la atención a las víctimas de violencia de género y la prevención de este flagelo.
La Memoria y cuenta del año 2013 del Ministerio definió a “Mamá Rosa” como “el instrumento específico para guiar las políticas públicas del Estado Venezolano, en función de la despatriarcalización progresiva de la sociedad venezolana”. En ese mismo documento se enumeraron las 47 asambleas de discusión, en las cuales supuestamente participaron más de 12 mil personas, y 11 informes que se derivaron de estas para que el plan fuese aprobado. Sin embargo, no hay rastro de la inversión financiera que cubrió estas actividades.
Aunque no existe un presupuesto específico para cubrir todas las actividades vinculadas a “erradicar” la violencia de género, hubo un dos proyectos del Instituto Nacional de la Mujer, dependiente del Ministerio, en los que sí se expuso la inversión. En ninguno se ejecutó por completo el monto asignado. Ese es el caso del “Desarrollo de acciones para atender integralmente a las mujeres víctimas de violencia y prevenir la violencia de género”, que llegó a un monto ejecutado de Bs. 37.474.290 (USD 5,948,300, al cambio oficial de la época), que representó 88% de lo destinado para este fin. La ejecución física fue de 322%, según el documento. Lo mismo ocurrió con el proyecto “Defensa y atención jurídica a las mujeres en situación de vulnerabilidad para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales”, en el cual se ejecutó solo 53% de lo asignado: Bs. 7.112.488 (USD 1,128,966). El porcentaje de ejecución física llegó a 211.
Al año siguiente, según la Memoria y Cuenta 2014, siguieron las acciones de municipalización de “Mamá Rosa”, pero se invirtió menos de lo que se había destinado en los proyectos contra la violencia de género. Para el “Impulso al ejercicio y defensa de los derechos sociales de las mujeres y de la población vulnerable, con enfoque generacional, de etnia y clase”, se ejecutaron Bs. 20.006.709,59 (USD 1,770,505), que representan 74% de lo que originalmente estaba presupuestado. Mientras que para la “Prevención Integral y atención de las mujeres en situación de violencia por razones de género”, en el que se incluyó la atención a las víctimas y la formación de funcionarios públicos, se ejecutaron Bs 148.709.886,83 (USD 13,160,166), 67% de lo asignado para la meta, con un avance físico de 168%. Casi 26 mil personas fueron beneficiadas por el plan. Pero, cuando se mira el detalle de la cifra, se aprecia que menos de 1.000 mujeres recibieron atención al ser víctimas de violencia por esta vía y solo 130 recibieron albergue.
Inamujer aseguró que la Defensoría Nacional de los Derechos de la mujer atendió a 9.368 mujeres víctimas de violencia machista, 401 recibieron labores de acompañamiento, y orientó a más de 12 mil en la defensa de sus derechos. Más de 80 mil recibieron talleres y participaron en jornadas de sensibilización sobre el tema. Para estos fines se destinaron Bs 37.172.673,26 (USD 3,289,617), pero solo se ejecutó 58%, que equivale a Bs 21.486.717,59 (USD 1,901,479). Para ese año, el Ministerio Público reportó 111.829 casos de violencia de género, con 39.948 delitos de violencia física y 31.853 de violencia psicológica.
En la Memoria y cuenta de 2015, continuó la municipalización de “Mamá Rosa”, entre otras acciones de institucionalización del plan. Para ese año, Inamujer incluyó el proyecto “Defensa Jurídica de los Derechos de las Mujeres”, con el que orientó a 23.741 personas. De este número, 14.405 fueron mujeres víctimas de la violencia. Todo el proyecto requirió una inversión de Bs. 79.680.978 (USD 2,007,583), lo que equivale a 59% de lo que se había presupuestado. En el proyecto “Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres”, se señaló que hubo 32.801 personas atendidas y prevenidas, pero realmente solo 1.253 personas recibieron orientación psicológica y psiquiátrica, 3.546 fueron orientadas por el servicio del 0800 MUJERES sobre cómo denunciar a su agresor, y 96 fueron enviadas a las casas de abrigo. El costo del proyecto completo fue de Bs. 108.827.574 (USD 17,274,218), 84% de lo que se había destinado para este fin. El resto de los beneficiados fueron personas que participaron en talleres y reuniones para prevenir la violencia o recibieron dípticos y material informativo sobre el tema.
En este mismo documento, se dio cuenta de algunas acciones previstas por Inamujer para 2016, como el proyecto “Defensa Jurídica Integral de los Derechos de las Mujeres”, que contaría con un presupuesto de Bs. 103.076.380 (USD 16,361,330) y la meta de 18.100 personas atendidas. Otra de las acciones previstas era el “Fortalecimiento de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, al que se le asignaron Bs. 188.468.549 (USD 2,995,642) para que se atendiera al menos a 19.141 personas. En este apartado estaba previsto costear las casas de abrigo.
Como casi todas las instituciones del Estado venezolano, el Ministerio de la Mujer dejó de dar cuentas públicamente en 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) en desacato. A partir de ese año, las “Memorias y cuentas” se entregaron ante instituciones como el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente. De “Mamá Rosa”, oficialmente, no se supo nada más.
En la calle, los feminicidios continúan y las causas recaen, según las expertas consultadas, sobre la naturalización de la violencia machista que impera en una sociedad patriarcal como la venezolana, pasando por la discriminación de la mujer y el no reconocimiento de sus derechos hasta en la creciente impunidad.
“Las mujeres van a denunciar y las ruletean (las hacen ir de una instancia a otra), las revictimizan. Cuando se trata de delitos de tipo sexual, recae sobre las mujeres la presentación de las pruebas y las mujeres se agotan, desisten de mantenerse en el caso y luego los casos son sobreseídos o les dan una pena que no les corresponde”, apuntó Arellano.
Para Subero, “la opacidad institucional que prevalece en los casos de feminicidio en Venezuela configuran un fuero de impunidad que impide reconocer con certeza los alcances de los planes y políticas públicas que formalmente están dirigidos a evitar y erradicar este fenómeno”. Añadió que el marco normativo no se aplica y que las deficiencias estructurales de las instituciones se suman al funcionamiento también deficiente del sistema de justicia.
“Venezuela está convertida en una mujer embarazada, adentro de su útero estamos todas y todos, pero el líquido amniótico es violencia. Flotamos y nos nutrimos de la violencia en cualquiera de sus formas de expresión. Aquí cualquier cosa puede pasar”, remató Huggins.
