Las acciones que tomó Venezuela de asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) parecieran ir en dirección contraria a lo que el soberano decidió en el referéndum consultivo sobre el Esequibo, una consulta que el gobierno promovió como la panacea para zanjar el conflicto histórico con Guyana.
El 3 de diciembre del 2023 se celebró una consulta -de carácter no vinculante- sobre el Esequibo, donde el gobierno de Nicolás Maduro hizo cinco preguntas a la población referentes al conflicto con Guyana sobre ese territorio.
Aquel referéndum, según consideraron expertos, lo que buscaba era sacudir la apatía y movilizar la conexión con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya anteriormente había intentado lo mismo en el año 2015, precisamente en un ambiente preelectoral. Según cifras de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), participaron – supuestamente- más de 10 millones de venezolanos en esa consulta comicial por el Esequibo.
Ese evento generó una gran campaña mediática por parte del gobierno y hasta incluyó la celebración de un megaconcierto en Caracas. Y más allá de no ser vinculante, no quedó en nada.
En la consulta se plantearon cinco interrogantes a los venezolanos: la primera era si rechazaban la línea impuesta por el Laudo Arbitral de París de 1989, que el gobierno afirma, «pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba». La segunda buscaba ratificar el apoyo ciudadano alA cuerdo de Ginebra de 1966 «como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba».
En la tercera, le planteaban a los venezolanas manifestar su acuerdo «con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba» . Por su parte, la cuarta pregunta se orientaba a marcar la oposición contra las pretensiones de Guyana «de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?», mientras que en la quinta, el ciudadano manifestaría su aprobación o no a la creación del estado Guayana Esequiba.
Regalitos después del ‘toma y dame’
Después que Nicolás Maduro utilizó numerosos descalificativos contra Irfaan Ali, presidente de Guyana, en el marco de la escalada de tensión y guerra de micrófonos por el Esequibo, ambos mandatarios se reunieron y hasta se dieron obsequios.
El pasado 1 de marzo, Nicolás Maduro y Irfaan Ali intercambiaron regalos y se desearon «paz y amor» durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
En ese saludo, estuvo presente el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que ejerce de interlocutor entre Caracas y Georgetown, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Ali le obsequió a Maduro un ron caribeño, que el gobernante venezolano agradeció con un «buenísimo» y a continuación dijo: «Yo también te tengo un regalo». El presente de Maduro para Ali era una caja con «puros productos hechos en Venezuela».
Silencio rotundo durante más de tres meses
Luego de realizarse el referéndum consultivo sobre el Esequibo, los poderes del Estado anunciaron diferentes acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área y la extracción de sus riquezas.
A finales de diciembre, Nicolás Maduro ordenó el inicio de un “despliegue militar” como respuesta ante la llegada de un buque de guerra de Reino Unido a las costas de Guyana. Hasta la fecha, se desconoce qué pasó con ese despliegue. No se habló más al respecto.
Según dijo Maduro en ese momento, casi 5.700 efectivos militares participarían en la primera fase de estos ejercicios militares.
Pero además, no hubo menciones a la orden presidencial de expulsar en tres meses a las empresas que allí operan con el permiso de Guyana, pues las compañías siguen operando allí con normalidad.
Esas escasas declaraciones del gobierno en torno al «derecho» de Venezuela sobre el territorio, se hicieron sin comentarios a todos los planes anunciados o los recursos que se gastaron en la operación.
Lo único que se supo es que el pasado 3 de abril Maduro promulgó la «Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo», cuya discusión había estado paralizada desde el 9 de enero y que contempla, entre otros puntos polémicos, prohibir optar a cargos públicos a personas que hayan apoyado la posición de Guyana, o que adopten «directa o indirectamente, conductas que favorezcan o respalden la posición de despojo de Guyana, de su gobierno, o de las trasnacionales como Exxom Mobil», advirtió Nicolás Maduro.
No reconocen la jurisdicción de la CIJ, pero le entregan documentos
Pese a que el gobierno de Venezuela insiste en que el Esequibo «le pertenece», todavía no ha podido poner un pie en dicho territorio. En cambio, Guyana sí espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, a pesar del rechazo de Caracas a esta vía.
Una de las preguntas que se hizo a la población consultaba a los venezolanos si estaban de acuerdo con la «posición histórica» de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la CIJ.
«¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?», era lo que decía textualmente la tercera pregunta.
Aun cuando el propio gobierno afirmó en su pregunta que no reconoce la jurisdicción de este organismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió este 8 de abril a la Corte para entregar documentación que prueba los derechos que tiene Venezuela sobre el Esequibo.
«Hemos venido acompañados de nuestra gente. Hemos entregado un documento histórico con la verdad de Venezuela que es un país reconocido por cumplir los acuerdos internacionales», señaló Rodríguez quien, sin embargó, ratificó que Venezuela «nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado. El laudo criminal de 1899 fue un fraude».