La investigación de la Fiscalía de la CPI está detenida desde abril, cuando el gobierno pidió al alto tribunal «abstenerse formalmente» de la misma «en favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela»
Un informe presentado este 20 de septiembre por una misión de las Naciones Unidas (ONU), en el que denuncia que jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición, abona la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), manifestaron dos ONG.
El director de la organización Acceso a la Justicia, Ali Daniels, aseguró que se trata de un «riguroso» informe que aporta «insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía» de la CPI, ya que «pone de manifiesto» que en Venezuela «no se investigan las cadenas de mando», debido a que en esos hechos «están involucradas las más altas instancias del Estado».
La misión de la ONU, que asegura haber documentado los casos de 173 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en centros de servicios de inteligencia, señaló que «el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel (…) fueron los artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria para reprimir a la disidencia».
La tortura forma parte de un plan
A juicio de la abogada Sara Fernández, el informe muestra que la tortura en Venezuela «no es un hecho aislado, (sino que) forma parte de un plan delineado por altos funcionarios del gobierno».
Señaló, en una actividad de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, que el informe «deja un número importante de evidencias e indicios que pueden ser utilizados» por la Fiscalía de la CPI «para ver en qué medida estos funcionarios estuvieron involucrados en el modus operandi».
La investigación de la Fiscalía de la CPI está detenida desde abril, cuando el gobierno pidió al alto tribunal «abstenerse formalmente» de la misma «en favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales competentes de Venezuela».
El fiscal de la CPI, Karim Khan, decidió ese mes solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares del organismo la reanudación de la investigación.
Datos clave del informe
A través de su cuenta de Twitter, Acceso a la Justicia divulgó algunos de los aspectos fundamentales recogidos en el informe:
Organismos de inteligencia del Estado venezolano funcionan como estructuras eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde altos niveles de gobierno para reprimir la disidencia.
La misión detalla las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos. Así mismo, insta a las autoridades a que investiguen sus responsabilidades y las juzguen en consecuencia.
La misión destaca, además, la situación en el estado de Bolívar donde actores estatales y no estatales han cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, en zonas de extracción de oro.
La misión reunió las conclusiones de ambos estudios en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia. Además, analizó los expedientes judiciales y otros documentos relacionados con los casos.
La misión destacó el papel de los 2 servicios de inteligencia del Estado -la Dgcim y Sebin- en la comisión de violaciones de los DDHH desde 2014. La Misión determinó que algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
Destaca que tanto el Sebin como la Dgcim hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos, y precisa que las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni proporcionado reparaciones a las víctimas.
La misión señala que las violaciones y los crímenes del Sebin y la Dgcim continúan hasta hoy. Se mantienen los mismos patrones y prácticas, apuntando que varios de los funcionarios investigados siguen trabajando para estos organismos y algunos han sido ascendidos.
La misión también afirmó que sigue siendo motivo de preocupación las reformas legales e institucionales implementadas desde el año pasado. Dichas preocupaciones, a decir de la Misión, obedecen a que no han abordado «las graves deficiencias del sistema de justicia».
Con información de EFE