En la audiencia pública del caso Capriles vs Venezuela, celebrada en la corte IDH el #7Feb, se instó a sentenciar que el
Estado venezolano violó derechos políticos, a garantías y protección judicial y a la libertad de expresión en presidenciales de 2013
Henrique Capriles estuvo representado en la audiencia en la Corte IDH por el abogado Ramón José Medina. El gobierno de Maduro no envió a ningún representante
En la audiencia pública del caso Henrique Capriles vs Venezuela, celebrada en la corte IDH el pasado 7 de febrero, se analizó la demanda contra el Estado de Venezuela por violaciones a los derechos políticos del excandidato presidencial, Henrique Capriles durante el proceso comicial extraordinario de abril de 2013, cuando se convocaron presidenciales por el fallecimiento de Hugo Chávez.
El propósito de la audiencia, como lo explicó el secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, fue «escuchar los alegatos finales del representante de la presunta víctima, así como las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre la excepción preliminar y las eventuales reparaciones del caso».
La representación de la Comisión Interamericana estuvo conformada por Erick Acuña Pereda Y Daniela Saavedra, ambos abogados asesores. Mientras que Henrique Capriles estuvo representado por el abogado Ramón José Medina, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.
Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instaron a la Corte IDH A sentenciar que el Estado venezolano violó derechos políticos, a garantías y protección judicial y a la libertad de expresión en las elecciones presidenciales de 2013. Además, el representante de Capriles denunció que en el país es una constante desde 1999 la «falta, falla y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales».
Gobierno de Maduro, cuestionado y ausente
Al inicio de la audiencia, la jueza de la Corte IDH, Nancy Hernández López, destacó que el gobierno no envió a sus representantes: «El Estado de Venezuela no acreditó a gente que los represente en esta audiencia»
Erick Acuña Pereda, especialista en Derechos Humanos en la sección de casos de la CIDH, lamentó la no comparecencia del Estado venezolano en esta audiencia y recordó que la participación activa de los Estados «permite que este tribunal realice un mejor escrutinio de los argumentos materia del proceso».
Acto seguido, Acuña Pereda comentó que la Comisión Interamericana, a través de sus diversos mecanismos de monitoreo, ha documentado y constatado «el serio deterioro de la situación político electoral en Venezuela». Como muestra de lo dicho antes, agregó que han identificado a lo largo de todos estos años represalias contra opositores, obstáculos y falta de independencia del órgano electoral.
En concreto, y sobre el proceso electoral de 2013, recordaron que el 9 de marzo de 2013 el CNE convocó a elecciones presidenciales que se celebraron el 14 de abril del mismo año. El CNE proclamó como ganador a Nicolás Maduro con 50,61% frente al 49,12% de Henrique Capriles.
El representante de la CIDH recordó que Capriles solicitó la realización de una auditoría completa de los votos alegando múltiples irregularidades en el proceso, lo cual le negaron, así como también desestimaron otros recursos que el dirigente político intentó ante el Tribunal Supremo de Justicia
«En su informe de admisibilidad y fondo, la Comisión determinó la responsabilidad internacional del Estado venezolano por la violación de derechos políticos de Capriles, por las múltiples acciones del Estado destinadas a evitar que participara en el proceso electoral en condiciones de igualdad y sin ninguna
desventaja ilegítima», recalcó Acuña Pereda.
Entre las irregularidades detectadas por la CIDH en las presidenciales de 2013 se identificó, en voz de Acuña Pereda, «el uso de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato del PSUV, Nicolás Maduro, que era entonces presidente encargado. Se evidenció igualmente el uso de bienes públicos con propósitos proselitistas, la participación directa de funcionarios públicos en campaña electoral, el manejo
desproporcionado de medios de comunicación del Estado a favor del PSUV, la presencia de militantes con identificación del PSUV en los centros de votación y la represión contra grupos opositores, entre otras irregularidades y omisiones».
La comisión también determinó la responsabilidad de Venezuela en la violación de derechos a las garantías judiciales y protección judicial de Capriles. En ese sentido, enfatizaron que los recursos presentados por la víctima «no resultaron adecuados ni efectivos para remediar las violaciones descritas» y consideraron también que la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de «abocarse de oficio y rechazar sin motivación todas las causas del proceso electoral no fue adecuadamente justificada, en desmedro del principio de imparcialidad».
Asimismo, denunciaron que las recusaciones formuladas contra la presidenta y miembros de la Sala Constitucional en el marco de estos recursos fueron declaradas inadmisibles por la propia autoridad judicial involucrada «sin considerar un análisis de los temores legítimos por la imparcialidad».
La CIDH también determinó que el Estado vulneró la libertad de expresión de Capriles, tras comentar que se le impuso una multa por supuestamente ofender al Poder Judicial
El abogado de la CIDH reveló que este informe de admisibilidad y fondo sobre el caso fue consignado ante el Estado venezolano el 28 de enero de 2022, y le otorgaron dos meses para el cumplimiento de las recomendaciones.
Daniela Saavedra, abogada de la Sección de Casos de la CIDH, destacó que el Estado venezolano debe adoptar medidas reales que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de sus ciudadanos.
«La suma de todos los elementos señalados permiten concluir que tanto las omisiones como las acciones deliberadas del Estado venezolano constituyeron una afectación al derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país en el marco de comicios electorales de 2013 en perjuicio de Henrique Capriles. La comisión solicita a la Corte que declare al Estado responsable por la violación del derecho establecido en el artículo 23 de la Convención Americana».
Este artículo se refiere a los derechos políticos de los que deben gozar todos los ciudadanos, «de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
Los abogados de la comisión interamericana también pidieron a la Corte IDH sentenciar la responsabilidad del Estado venezolano por la violación a derechos a garantías judiciales, protección judicial y derecho a la libertad de expresión de Capriles. También, exhortaron a que se apliquen medidas de indemnización y reparación al excandidato presidencial.
Respecto a la garantía de no repetición, la CIDH insistió en el que el Estado venezolano debe adoptar medidas que garanticen «la igualdad de candidaturas, salvaguardando la obtención de ventajas indebidas por el uso de recursos y bienes públicos» y recordaron a la Corte IDH que cualquier sentencia que emitan sobre el caso será «sumamente importante» en el marco del debilitamiento democrático en Venezuela para asegurar «un necesario proceso de reconfiguración de la institucionalidad y que los procesos electorales se desarrollen garantizando la igualdad de todos los candidatos, así como la relevancia del desarrollo de elecciones auténticas y libres».
Piden señalamiento preciso contra el Estado
El abogado Ramón José Medina, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y en representación de Capriles, destacó al inició de su intervención que esperan que no solo queden en evidencia las violaciones a derechos políticos en el proceso electoral de 2013, sino que también «una normativa que dependa de una decisión de la corte pueda ser introducida en Venezuela de nuevo como un requisito fundamental para aplicación de las leyes en competencia electoral».
Al mismo tiempo, recordó que en Venezuela desde 1999 se han vivido «serios conflictos con la aplicación de normas constitucionales».
«La intención del gobierno ha sido conculcar las instituciones, que han sido tomadas por representantes del partido del gobierno. Tanto en el TSJ como el CNE, o el Poder Moral, sus funcionarios son personeros abiertamente afectos al gobierno o han sido funcionarios o miembros activos del partido del gobierno, lo que evita la aplicación racional de la legislación venezolana y hace que el Estado de Derecho no exista en el país», denunció.
Respecto al 2013, recordó que la postulación de Maduro fue inconstitucional, porque ejercía doble cargo como presidente encargado tras la muerte de Chávez y también como vicepresidente de la República. «Él no podía ser postulado para las elecciones, pero el TSJ se valió de un artilugio, y utilizó un argumento de que no se había juramentado como lo ordena la Constitución porque había continuidad administrativa y no lo ameritaba, lo que trajo como consecuencia la convocatoria atropellada de elecciones siendo el propio Maduro el candidato a la presidencia».
Destacó que también que el triunfo de Maduro fue proclamado pese a las «múltiples irregularidades» del proceso que denunciaron oportunamente y que enlistó: acortamiento del lapso de campaña, presencia excesiva del gobierno en medios públicos y privados, padrón electoral desactualizado, cierre de fronteras con cinco días de anticipación a la elección, voto asistido que violó el principio del voto secreto, propaganda electoral oficialista en centro de votación con presencia de partidarios de gobierno, uso de recursos públicos para impulsar candidatura oficialista, abocamiento de oficio de la Sala Constitucional para conocer los recursos que había admitido la Sala Electoral cuando se presentaron, vinculación política de rectores del CNE con el gobierno (cuatro provenían de cargos públicos en el gobierno), desproporción en la multa a Capriles y violación al derecho a garantías judiciales de Capriles, entre otras.
Medina lamentó el retraso en las decisiones tanto de la comisión como de la corte por las limitaciones que tienen y que entienden «perfectamente». No obstante, destacó que es vital que haya un «señalamiento preciso de la falta, falla y evasiones de las disposiciones legales en los procesos electorales de Venezuela, que ha sido una constante desde 1999 hasta acá».