En medio del conflicto armado que se desarrolla a ambos lados de la frontera colombo-venezolana desde el inició de 2022, y que ha dejado más de 30 muertos, destaca el homicidio de José Urbina
El activista y comunicador popular fue asesinado luego de ser amenazado por un teniente coronel de la GNB, a quien denunció por encabezar una ola de detenciones arbitrarias en busca de presuntos miembros de una categoría criminal denominada por Nicolás Maduro como «Tancol»
Este homicidio guarda similitud con los casos de José Odreman (2014) y Dorancelys Tocuyo Martínez (2021)
El dirigente José Urbina fue asesinado de varios disparos la noche del 10 de enero en la localidad de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo del estado Apure, luego de denunciar en un video que había sido amenazado públicamente por el teniente coronel Ramón Sánchez, comandante de la Guardia Nacional en esa localidad.
Urbina era comunicador popular en la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, líder social y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y había cuestionado una serie de detenciones arbitrarias contra habitantes de Puerto Páez que calificó como «falsos positivos» y que fueron ordenadas por Sánchez.
El activista y comunicador acusó al militar de detener a personas inocentes con el argumento de que eran miembros de grupos «Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia (Tancol)», una categoría creada por el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2021 para identificar a supuestos criminales colombianos, los cuales históricamente han sido conocidos como guerrilleros (ELN), exguerrilleros (Disidencias de las FARC y FARC Segunda Marquetalia) y narcotraficantes.
En principio, se dijo que José Urbina, quien militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había sido asesinado justamente por miembros de estos grupos armados no estatales que operan entre Apure y Arauca (Colombia), en medio del sangriento enfrentamiento que vienen librando desde finales de diciembre de 2021 y comienzos de 2022 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero el martes 11 de enero comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a Urbina advertir sobre la amenaza que había recibido del militar.
Aunque todavía no hay certeza sobre el móvil y los responsables del crimen ocurrido en un territorio marcado por el conflicto, la denuncia y el posterior asesinato del líder social guarda similitud con otros dos homicidios ocurridos en Venezuela en 2014 y 2021, donde las víctimas alertaron que sus vidas corrían peligro al ser amenazados por funcionarios gubernamentales.
En Venezuela ni videos, ni declaraciones públicas te salvan
Urbina no es la primera persona que hace una denuncia y, antes de ser asesinada, responsabiliza a funcionarios públicos por lo que le pueda ocurrir.
Tal fue el caso de José Odreman, líder del colectivo Frente 5 de Marzo, que fue asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 7 de octubre de 2014, luego de haber responsabilizado en una transmisión de televisión a Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por cualquier cosa que le pudiera ocurrir.
De acuerdo a Runrun.es, el 7 de octubre la policía científica, con sus efectivos de la Brigada de Acciones Especiales, ingresaron a la residencia Manfredir para hacer un allanamiento. Allí fue asesinado Carmelo Chávez, de 34 años de edad y miembro del colectivo Frente 5 de Marzo.
Tras el asesinato, José Odreman declaró que el joven era el vigilante y había sido ejecutado mientras dormía. Odreman rechazó el allanamiento, pidió al ministro Rodríguez Torres, que cesara el ataque contra los movimientos sociales y realizó el señalamiento público contra el funcionario.
Momentos después, en medio de un supuesto enfrentamiento con la policía, José Odreman fue ejecutado por uno de los jefes de la policía judicial, como fue captado en un video doméstico.
Un segundo caso similar fue el Dorancelys del Valle Tocuyo Martínez, una mujer residente del municipio El Callao en el estado Bolívar, quien fue asesinada cinco días después de denunciar piblicamente al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado por irregularidades relacionadas con el uso del nuevo billete de 50.000 bolívares.
El señalamiento de Tocuyo Martínez fue grabado mientras la mujer lideraba una protesta el 24 de mayo de 2021, en la que también señalaba al alcalde de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado, mientras que los habitantes pasaban hambre.
La mujer advirtió que si la mataban era responsabilidad del alcalde. Según La República, Tocuyo fue encontrada sin vida el 1 de junio de 2021.
Semejanzas o coincidencias
Es importante destacar que en todos estos casos hay varias similitudes:
José Urbina, José Odreman y Dorancelys Tocuyo eran líderes sociales, denunciaron públicamente lo que consideraban atropellos cometidos por las autoridades contra personas de su entorno o de sus comunidades, mencionando incluso con nombre y apellido a los funcionarios a quienes consideraban responsables.
En los casos de Urbina y Odreman las denuncias estaban relacionadas con violaciones de derechos humanos, como lo son las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. También, ambas víctimas estuvieron políticamente vinculadas al chavismo.
En los tres casos los denunciantes alertaron sobre el riesgo que corrían sus vidas luego de hacer públicos los señalamientos contra los funcionarios. Sus declaraciones y advertencias quedaron registradas en videos y declaraciones televisadas que circularon en las redes sociales donde apuntaban hacía figuras del Gobierno. Todos mencionaron a quienes consideraron podrían ser sus potenciales victimarios. Sin embargo, esto no impidió que fueran asesinados.
Los casos de Odreman y Tocuyo están impunes, o al menos, los señalados por las víctimas no fueron considerados sospechosos, ni fueron investigados. El exministro Rodríguez Torres está en prisión pero por razones políticas.
En el caso de Urbina, la posibilidad de que se haga justicia parece lejana en un estado donde desde hace más de un año se libra una batalla entre grupos criminales, entre las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y donde los casos de “falsos positivos” son cada vez más comunes.