Una Ventana a la Libertad

Más de 200 privados de libertad se declaran en protesta porque no quieren que un comisario, que ya fue denunciado por maltratos, vuelva a tomar las riendas de este centro de detención 

Con gritos de “fuera, fuera, fuera”, cacerolazos y entonando el himno nacional los más de 200  privados de libertad que se encuentran recluidos en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Pata ‘e Palo de la Policía Nacional Bolivariana de Barquisimeto se alzaron contra la reasignación de un comisario jefe porque, supuestamente, viola los derechos humanos de los prisioneros y de sus familiares. 

El alzamiento de los reclusos, según fuentes internas de Pata ‘e Palo y de familiares de reos, fue catalogado por los mismos privados como pacifico e inició en horas de la mañana de este lunes 31 de julio al enterarse que al CDP llegaría a dirigirlo un comisario que fue denunciado anteriormente por diferentes irregularidades. De acuerdo a los consultados y videos que les hicieron llegar a Una Ventana a la Libertad (UVL), los presos no quieren que el funcionario Wilfredo Mujica vuelva a la dirección de la estación porque él supuestamente “los extorsiona y los maltrata”. 

“No queremos extorsiones. Mujica extorsionador, no te queremos” eran parte de los reclamos que hacían los privados de libertad desde sus celdas. Durante la protesta, varios funcionarios policiales destacados allí mediaban y pedían calma a los reclusos al mismo tiempo que redoblaban la seguridad dentro y fuera de la estación que se ubica en la muy transitada avenida Libertador de la capital y a pocos metros del principal hospital del estado Lara.

No es la primera vez que se registran denuncias contra Mujica por maltratos, abusos de poder o procederes irregulares en la custodia de los privados de libertad. En noviembre de 2022, abogados de los hermanos Avendaño Escuela, fotografías y familiares dieron a conocer públicamente el presunto castigo que recibían estos dos hombres al ser esposados pegados a una ventana, con sus brazos en alza y el uno contra el otro. En esa oportunidad, otros parientes aprovecharon para denunciar a UVL que los policías pedían dinero para ingresar alimentos, medicinas, permitir visitas, traslados a tribunales, a los baños o simplemente entregarle cartas que escribían los procesados.

Luego de esa denuncia,  el diario regional La Prensa desmintió que en la PNB de Pata ‘e Palo realizaran maltratos y el supervisor Héctor Salcedo declaró que los funcionarios no podían acceder “a los caprichos” de los presos pues todos “contaban con sus horarios y nosotros (los policías) no cobramos para llevarlos a los baños”, declaró el tercero al mando del Centro de Resguardo del detenido en Lara para esa oportunidad. 

En otra publicación de La Prensa, el comisario Mujica (el hoy señalado por los reos) explicó que en ese CDP las condiciones de los calabozos (hay aproximadamente 6 y estaban construyendo más) habían mejorado con respecto a otras gestiones. “Poco a poco se ha hecho correctivos, se ha capacitado a los funcionarios para el respeto de los derechos humanos y salud de detenidos”, comentó Mujica para el medio de comunicación citado. 

Los abogados alegan que se alteraron el orden de las pruebas

El viernes 28 de julio hubo continuación de juicio a los cinco exfuncionarios por la muerte de las 69 personas en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, y donde estaba fijado los testimoniales de dos víctimas indirectas, pero que la defensa de uno de los enjuiciados no lo permitió.

La doctora Lyli López, responsable del Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia Navas Spinola”, le dijo al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), que estaban promovidos  dos testimoniales por el Ministerio Público (MP), pero que la abogada María Elena Hernández, defensora de José Luis Rodríguez Rodríguez, se opuso.

“La doctora Hernández hizo un planteamiento, una incidencia al tribunal a los fines de que no se lograra el testimonio de las víctimas indirectas porque supuestamente se había alterado el orden de las pruebas”.

López aseguró que no es así, porque el mismo juez en audiencias pasadas exhortó al MP y a la representación de Comité de Víctima a los fines de que comparecieran estas víctimas indirectas.

La responsable del Comité de Víctimas le hace un llamado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSP), doctora Gladys Gutiérrez, y al fiscal general de la  República (FGR),  doctor Tarek Williams Saab, porque este es un caso de multiplicidad de víctimas donde perdieron la vida 69 seres humanos quemados detrás de las rejas en la Comandancia General de la Policía del Estado Carabobo.

“Fallecieron 66 presos y tres mujeres que  se encontraban pernoctando producto de la corrupción. Ya son cinco años y cuatro meses esperando se  haga justicia”, dijo.

La profesional del derecho también informó que se agregó una prueba documental (proctólogo de autopsia), se citó a la anatomopatóloga y que la continuación del juicio se fijó para las 10:00 de la mañana del viernes 4 de agosto.

Continúan las amenazas

La doctora Lyli López acudió el jueves 27 de julio ante la sede de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Carabobo a los fines de imponerse de una medida de protección acordada por el Tribunal y solicitada por el MP en virtud de las sistemáticas amenazas que ha recibido por el caso de los 69 muertos el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo.

“Fui beneficiada por una medida de protección tramitada por ante el Ministerio Público del Estado Carabobo y acordada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Carabobo en virtud de las sistemáticas amenazas que he recibido luego que el juez de Juicio 5, Dr. Rafael Sánchez Moreno, en plena sala le dijo a la fiscal 35 que conjuntamente conmigo organizáramos la comparecencia de las víctimas indirectas en el juicio y de allí me empezaron a llamar amenazándome y siguiéndome”.

Incluso, este viernes 28 de julio la amenazaron: “De hecho, el día de hoy lo volvieron hacer. Sin embargo seguimos en la búsqueda de justicia y en la defensa de los derechos humanos, la verdad siempre sale a la luz pública y tarde o temprano se hará justicia”, acotó López.

En julio la cárcel Fénix ha sumado los últimos muertos en la región larense el más reciente era un recluso de Aragua

A 11 fallecidos ascendió la cantidad de privados de libertad que han perdido la vida en el estado Lara en lo que va de 2023. Los últimos dos se registraron en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada al norte de Barquisimeto, y ocurrieron en menos de 15 días según los ingresos a la morgue del hospital central Antonio María Pineda. 

El 11 de julio se registró la muerte de un hombre de aproximadamente 45 años. El ingreso del cadáver se hizo en la sala patológica sin ningún tipo de identificación y, según pudo conocer Una Ventana a la Libertad, la causa de muerte fue tuberculosis. Once días después, específicamente, el 22 de julio fue llevado a la morgue otro cuerpo proveniente también de Fénix. 

El segundo fallecido quedó identificado como Carlos José Batista de 38 años de edad quien tenía complicaciones respiratorias asociadas a la tuberculosis. Supuestamente, en Fénix se agravó su estado de salud y murió. Se pudo conocer que este hombre tenía dos años de haber ingresado a la comunidad penitenciaria luego de ser trasladado desde Maracay. 

Con Batista sería el sexto hombre que muere en Fénix en lo que va de 2023 según los registros que suma UVL.  

Rechazan la cancelación de visitas de sus familiares

La tarde de este martes 25 de julio se registró un motín en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta. Un grupo de internos se alzó para rechazar la cancelación de visitas de sus familiares a raíz de la fuga de siete reclusos la madrugada del domingo.

Una de las versiones que circuló en redes sociales es que se escucharon detonaciones por arma de fuego en el interior de los calabozos y que cinco policías fueron sometidos por los privados de libertad.

Al centro de detención preventiva, también conocido como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, llegaron comisiones del Ministerio de Interior y Justicia y de la Dirección de Investigaciones Penales (DIEP) de la Policía Nacional. 

Los accesos a la PNB de Boleíta están restringidos debido al fuerte despliegue policial.

Supuestamente, en medio de las negociaciones los reclusos han solicitado tener wifi y salir a la calle de vez en cuando, informó el periodista Eligio Rojas en redes sociales.

La PNB de Boleíta es el calabozo policial que registra más hacinamiento en el Área Metropolitana de Caracas. En la actualidad casi mil internos están en esta comisaría. 

Todas las semanas deben colaborar con un dólar para pagar un camión cisterna de 10 mil litros

Los familiares de los privados de libertad del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la GNB en Santa Ana, en la isla de Margarita, aseguraron que la crisis que viven con el suministro de agua es fuerte. Todas las semanas deben colaborar con un dólar americano, para pagar un camión cisterna de 10 mil litros.

Arelys Marcano, familiar, aseguró que aunque un dólar parece poco, con este dejan de comprar sardinas o harina de maíz, para la comida.

“El agua se demora en llegar a la base hasta un mes y pico, eso es demasiado. Nadie tiene capacidad para almacenar agua tantos días y menos un calabozo con ese gentío adentro. Todas las semanas se tiene que dar un dólar, que se podría usar para comida”.

Asimismo, los familiares reseñaron que esa agua es solo para aseo personal y limpieza, ya que no la pueden consumir. La mayoría de las personas llevan agua hervida desde sus hogares para el consumo de cada preso.

“Yo cargo dos veces a la semana con botellones de cinco litros de agua hervida, para evitar que se enferme mi hijo. Por consumir agua sin tratamiento le han dado diarreas en el pasado y eso es una gastadera adicional. La mayoría no tenemos ese dólar sobrando, pero no hay opción”, dijo Yulielsy Zambrano.

Los allegados de los presos del CDP de la GNB en Santa Ana destacaron que el dinero que sobra, es para la compra de productos de limpieza para los baños y los calabozos.

Diputados del Consejo Legislativo del Estado Barinas (Cleb), acordaron solicitar al tribunal 2do de control de San Fernando, estado Apure, bajo la responsabilidad de la abogada Rosmary Torres, celeridad para la liberación de Misael Erasmo Sánchez Mora, joven discapacitado detenido el 14 de julio en la alcabala de Santa Bárbara, estado Barinas. 

El legislador César Cadenas, se reunió con sus colegas parlamentarios Norelys Ramírez, Nizar Askoul, Emiliannys Rojas y Juan Melero,  por el bloque unitario, y posteriormente, con la presidenta del Consejo Legislativo; Desirée Contreras y Maigualida Santana, del bloque oficialista, a quienes expuso la situación de Sánchez Mora, quien presenta parálisis cerebral y retardo cognitivo, que le impiden valerse por sí mismo y ya tiene  12 días privado de su libertad. 

El caso

Misael Erasmo Sánchez Mora, quien no puede valerse por sí mismo y fue detenido  en una alcabala del municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas, está acusado, según arroja el Sistema de Información Policial (Sipol), como presunto responsable de un homicidio cometido en el estado Apure. 

De acuerdo a parientes de Sánchez Mora, de 34 años de edad,  tras verificar los datos, hay inconsistencias con el número de cédula, no obstante, el joven discapacitado continúa detenido y no ha habido forma de lograr su liberación, caso contenido en el expediente número 21873-2017 del tribunal 2do de control de San Fernando, estado Apure,

Los legisladores de la fracción de la unidad y el oficialismo en Barinas, se comprometieron a hacer todos los contactos pertinentes para esclarecer el caso.

El CDP colinda con la unidad educativa Fe y Alegría, el mejor punto de visión al patio de los detenidos 

Tras el suceso acaecido en el Centro de Atención al Detenido de la PNB-La Morita en Aragua, donde unos 104 internos masculinos mantuvieron como rehén a cuatro funcionarios policiales, muchos son los cambios que la comunidad exige para una institución que en el pasado era de resguardo comunal y que actualmente mantiene en vilo a los habitantes de sectores aledaños.

Esta queja esta elevada principalmente por docentes y personal directivo de instituciones cercanas, recordando que, en la parte posterior de este CDP, funciona la unidad educativa Fe y Alegría. Principal punto de visión con el patio donde se encuentran los detenidos.

Claudio Pérez, es docente y director de la UE José Francisco Torrealba, ubicada en la calle Andrés Eloy Blanco número 4 de La Morita II, ubicada a una cuadra del Centro de Reclusión, Insiste en que no es la primera vez que ocurren motines, también se han presentado fuga de internos, y temor ha crecido con el actuar de quienes allí están detenidos, “tenemos niños cerca, y lo que ellos hicieron frustro la celebración de fin de año escolar de los pequeños porque debimos suspender todo por miedo a un desenlace fatal”.

Pérez asegura que el pasado este comando funcionaba solo como un punto policial, “pero de repente trajeron la idea de hacer unas paredes allí y meter detenidos. Actualmente ambas instituciones educativas están en su periodo vacacional, pero solicitan a la autoridad que compete la remoción del mismo, antes de que inicie el nuevo año académico, esto para el mes de septiembre.

Para finalizar, el directivo recordó que la magistrada del TSJ, Fanny Marqués. Fue pieza clave en la resolución del conflicto. Pero le preocupa la advertencia de los detenidos quienes no permitirán ser nuevamente víctimas de abusos policiales.

Sometieron a un custodio y huyeron en un vehículo

La madrugada de este domingo 23 de julio siete reclusos se fugaron de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, también conocidos como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana. 

El hecho se registró aproximadamente a las 4 am cuando los internos sometieron a un custodio, lo despojaron de su arma de fuego, una pistola Beretta, y, tras tener el control, huyeron en un vehículo Ford, modelo Fiesta, color azul.