Una Ventana a la Libertad, autor en Runrun

Una Ventana a la Libertad

23 personas han sido recluidas en calabozos en Trujillo
Los detenidos son recluidos en los cuatro centros a cargo del Cuerpo de Policía del estado Trujillo en los municipios Valera, Escuque, Trujillo y Boconó

Unas 23 personas, una de ellas mujer, han sido detenidos y recluidos en Centros de Detención Preventiva a cargo del Cuerpo de Policía del estado Trujillo (CPET) durante los meses de octubre y noviembre. De acuerdo con la información ofrecida por este organismo a medios de comunicación, la mayoría han sido aprehendidos por funcionarios del Servicio de Investigaciones Penales, quienes laboran en una pequeña sede del sector La Beatriz en el municipio Valera.

En dicha instalación no existe el espacio necesario para mantener a los privados de libertad, quienes deben ser trasladados a las cuatro sedes disponibles en los municipios Valera (Centro de Coordinación Policial N.º 2), Escuque (Estación Policial 2.4), Trujillo (Centro de Coordinación Policial Nº1) y Boconó (Centro de Coordinación Policial Nº4).

De los 23 detenidos, 5 son por el delito de drogas, 6 por robo (uno es reincidente), 4 por corrupción, 3 (uno de ellos mujer) por abuso sexual a menores, 1 por extorsión y tenencia de arma y 1 por intento de
homicidio. Según información extraoficial, los privados son transferidos de acuerdo al delito cometido. Aquellos que han cometido abuso o violencia de género ingresan en Valera, mientras el resto va a Escuque.

La femenina, por regla, va hacía Trujillo y únicamente aquellos detenidos en Boconó, se quedan en dicha jurisdicción. Actualmente, el CPET es el organismo con mayor población de privados de libertad, solo por debajo de la Guardia Nacional Bolivariana.

Familiares de privados de libertad denuncian presuntas irregularidades en los procesos judiciales en Mérida
Denuncian que no le dan comida a los reclusos 

A las puertas del Circuito Judicial de Mérida ubicado en la avenida Las Américas de la capital andina, familiares de privados de libertad cuentan experiencias que tienen que ver con el padecimiento que representa estar preso. La mayoría prefiere no identificarse por miedo a represalias. Sin embargo, explican lo que aseguran, ocurre en el aparato del sistema judicial.

Aún cuando a mediados de 2021, por orden presidencial arrancó la Revolución del Sistema Judicial, con el el fin de acelerar los procesos para descongestionar los retenes policiales, los problemas aún siguen latentes. En Mérida, según las autoridades el hacinamiento disminuyó en un alto porcentaje. Las cifras de personas detenidas en los centros de detención preventiva de la policía estadal  redujeron drásticamente. Sin embargo, los familiares de los detenidos cuentan que los problemas continúan.

Según allegados a los detenidos y privados de libertad, la situación de quienes deben enfrentar la justicia por algún delito cometido, sufren las consecuencias de un sistema judicial que aseguran, no funciona a cabalidad.

Las quejas son múltiples y algunas de ellas tienen que ver con la ejecución de los procesos judiciales de ley a los que son sometidos quienes se encuentran tras las rejas.  “A la gente que ya cumplió condena los agarran y les dicen que tienen que cumplir otra vez condena, (…) y están pidiendo mucho dinero”, señaló una mujer a las afueras del Circuito Judicial. ” los paran y  les piden dinero”, señalan algunos familiares.

Uno de los motivos de la Revolución del Sistema Judicial fue la celeridad en los procesos. Sin embargo, familiares denuncian que el desempeño de los funcionarios que llevan a cabo los procesos no es tan rápido.  “Trabajan hasta las dos de la tarde y todas las audiencias y presos que hay” , señaló una de los familiares, haciendo referencia a la gran cantidad de audiencias pendientes.  “Imagínese pasar aquí todo diciembre, hay gente que sí hace maldades de verdad y se lo merecen, pero hay otros que los agarran”, manifestó, con la preocupación de que se acerca el fin de año y eso representa una pausa en las actividades.

Familiares deben costear todo

Allegados a otros reclusos manifestaron que los retenes temporales de la policía y otros cuerpos de seguridad no cuentan con las instalaciones adecuadas para estadía de larga data. “Los familiares tienen que traer la comida, en los retenes no hay comida”, señalaron. Además de los alimentos, también deben costear lo referente a medicinas, artículos de aseo personal e insumos necesarios para el mantenimiento de los privados de libertad”.

Solicitaron a las autoridades nacionales que se ejecuten planes que garanticen los derechos humanos de los privados de libertad, así como celeridad en los procesos judiciales. 

Criminalidad gana terreno en los Valles del Tuy ante la ausencia de planes preventivos
De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el estado Miranda se ubicó como la segunda entidad territorial más violentas del país en el año 2021, con una tasa de 64,1 víctimas por cada 100.000 habitantes

Lorenzo estuvo preso dos años en los calabozos de la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy, estado Miranda. A finales del año 2019 fue detenido por participar en un robo a mano armada dentro de una camioneta de pasajeros. Era diciembre y Lorenzo necesitaba comprar el estreno de sus dos hijos menores de edad y cubrir los gastos propios de la Navidad.

“Uno intenta educarlos bien, pero en la calle se echan a perder. Él solo estudió hasta cuarto año de bachillerato, pero después se puso rebelde y no quiso ir más al liceo. Prefirió agarrar el mal camino, antes de hacerme caso y mire las consecuencias”, dijo Clara Rodríguez, madre de Lorenzo, a Una Ventana a la Libertad (UVL).

Rodríguez estaba a las afueras de la sede del Cicpc el 6 de noviembre. Hacía la cola para entregarle a un oficial la comida de su hijo, Lorenzo. El lugar ya le era familiar. Era la segunda vez que su hijo, de 29 años, terminaba detrás de los calabozos.

“Él salió en libertad en el año 2021 y lo agarraron de nuevo robando cuando comenzaba el 2022. Su mujer lo dejó; se fue con los dos niños a Perú, pero yo no puedo abandonar a mi muchacho”, comenta Rodríguez mientras respira profundo para no llorar.

Aunque no hay cifras oficiales sobre el porcentaje de ciudadanos que reinciden una vez que abandonan la cárcel, un funcionario adscrito a un cuerpo de seguridad local, que pidió mantener su nombre en reserva, señaló que es común ver rostros conocidos en los calabozos policiales.

“Muchos de ellos regresan a casa, pasan dos semanas tranquilos, celebrando con sus familiares, y después vuelven a sus andanzas. Pareciera que no aprenden la lección”, comentó.

La socióloga Mirna Infante coincide con este funcionario en cuanto a que es común que los expresidiarios vuelvan a cometer delitos. “Son pocos los que se regeneran cuando están presos y menos aquellos que permanecen en los calabozos policiales, hacinados, en espacios reducidos, sin servicio y sin practicar ninguna otra actividad que les permita formarse”, manifestó.

Infante destaca que muchas de las personas que están inmersas en el mundo delictivo, lo ven como un medio de trabajo, porque ya se acostumbraron a esa vida.

“Entonces, al salir en libertad, se encuentran con un país en crisis, donde no hay empleo, los servicios están súper costosos, al igual que la comida, la familia está desintegrada y no existen planes que les permitan reinsertarse a la sociedad. En medio de este contexto, es más fácil volver a delinquir”, señaló.

Miranda: una de las más violentas

El estado Miranda se ha convertido en una de las zonas más peligrosas de Venezuela. De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), se ubicó como la segunda entidad territorial más violenta del país en el año 2021, con una tasa de 64,1 víctimas por cada 100.000 habitantes, después de Distrito Capital, que encabeza la lista, con una tasa de 77,9.

En la ocurrencia de los homicidios, Distrito Capital, Miranda y Aragua se mantuvieron en los primeros tres lugares, tal y como ha sido en los últimos cinco años. Un año antes, en 2020, este mismo informe determinó que hubo 25 municipios de Venezuela y dos parroquias del Distrito Capital con una tasa de muertes violentas superior a las 100 víctimas por cada 100.000 habitantes.

5 de esos 25 municipios forman parte del estado Miranda, entre ellos, Acevedo y Andrés Bello en Barlovento, así como Paz Castillo y Tomás Lander en los Valles del Tuy. “Todos controlados por bandas delincuenciales que actúan en las áreas periurbanas”, según revela el informe.

Ausencia de política sociales y económicas

El Estado venezolano está consciente de que la violencia y las acciones delictivas ganan cada día más terreno en los Valles del Tuy. Por ello, desde el jueves 8 de septiembre hasta el domingo 11 de septiembre, se desarrolló la operación Trueno en esta subregión, con la participación de 900 funcionarios, encabezados la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Caracas para evitar la fuga de información.

La incursión dejó un saldo de 23 hombres muertos y dos funcionarios policiales detenidos por su presunta vinculación con líderes hamponiles.

En un trabajo publicado por el diario El Universal, una semana después de este operativo, el criminólogo y profesor universitario Luis Izquiel habló sobre este procedimiento y opinó que el problema de la inseguridad no se elimina desplegando a mil o a diez mil policías, sino diseñando políticas sociales y económicas.

“Más que poner autobuses para que la gente viaje a Caracas, en esas áreas deben ofrecerse fuentes de estudio, trabajo, entretenimiento, deporte, debe haber una recuperación de los espacios, formación ciudadana, atención a quienes están en riesgo. Los operativos son necesarios, pero sin políticas a corto, mediano y largo plazo, no están haciendo nada”, concluye Izquiel.

La socióloga Infante considera que el Estado venezolano ha sido tímido para enfrentar el problema de inseguridad. A su juicio no se trata solo de hacer operativos y encarcelar a quienes incumplan las leyes, sino que se requieren políticas preventivas que permitan evitar los delitos.

“Hay que entender la criminalidad, saber qué está pasando en ese mundo para determinar cómo actuar, siempre con el objetivo de diseñar planes efectivos antes de que los ciudadanos actúen al margen de la ley”, indicó Infante.

La socióloga también opina que, al aplicar buenas políticas preventivas, menos personas terminarán en una cárcel o calabozo policial y se controlará el hacinamiento. “Igualmente se minimiza el retardo procesal, porque los jueces y fiscales tendrían menos casos que atender”, destacó la profesional. 

Detenido en la Comandancia General de la Policía en Yaracuy se quitó la vida con un disparo en la cabeza
Familiares no se explica cómo tenía un arma dentro del recinto 

 

Este fin de semana autoridades confirmaron el deceso de un privado de libertad de la Comandancia General de la Policía del estado Yaracuy ubicada en San Felipe.

Versiones policiales indican que el hombre identificado como Alonso Rafael Querales de 29 años accionó el arma a las 5 am del sábado y se disparó en la sien. Murió de manera instantánea. 

Cuando los demás presos avisaron a los policías ya no había nada que hacer. 

Funcionarios del Cicpc se acercaron al recinto para levantar el cuerpo e iniciar las pesquisas. Desconocen los motivos por el cual Querales decidió suicidarse

A pesar de los testimonios de los otros reclusos, igualmente la policía científica abrió las averiguaciones pertinentes para determinar si en efecto se trató de un suicidio o si fue forzado por otra persona a hacerlo. 

Familiares de los reos dijeron este lunes no entender cómo ese privado de libertad tenía en su poder un arma de fuego si allí las visitas siguen restringidas. 

Abogados de alemana detenida en Apure piden celeridad procesal y medida humanitaria tras el debilitamiento de la salud mental
Katharina Maichle fue detenida en septiembre de 2021 por presunto tráfico de drogas

 

La  información fue dada a conocer por la defensa jurídica de la ciudadana alemana  Katharina Maichle, quien detenida durante horas de la madrugada del 11 diciembre de 2021,  junto a su pareja Roeny Pacheco,  en  el municipio fronterizo José Antonio Páez en  Apure por presuntamente cometer el delito de tráfico de drogas durante la fiscalización de una unidad transporte público, procedente de Bogotá, Colombia, con destino a la ciudad de Caracas, Venezuela.

Gonzalo González, abogado de este caso denuncia retardo en la  emisión de la sentencia   definitiva motivada del caso, la falta de tutela por parte del tribunal de los derechos constitucionales del derecho a la salud. Por cuánto, por segunda ocasión exige ante la organización Una Ventana a la Libertad (UVL) una medida humanitaria para la detenida, tras el debilitamiento de su salud mental debido a las condiciones de reclusión.

En tal sentido, la defensa rechaza que hasta el momento, el Tribunal de Guasdualito en Apure, luego de dictar la sentencia, no haya  emitido  el fallo  motivado donde esta instancia jurídica  debe explicar de forma extensa todo el contenido de su  razonamiento jurídico  aplicado en este caso  para decidir condenar a los acusados de tráfico de drogas.

“Inferimos que esto no ha ocurrido por el absurdo de todo lo que pasó en la actividad de los testigos y demás, el tribunal ha visto muy complicado emitir un  razonamiento sobre esa causa“, apuntó.

Por otra parte, González,  solicitan a las autoridades competentes una medida humanitaria para la  joven de 28 años, quien asegura presenta problemas de salud mental  graves debido a las malas condiciones de reclusión en el Comando de la Guardia Nacional en Totumito, municipio Páez en Apure.

“La joven presenta problemas de salud antes de ser privada de libertad. Sin embargo, luego de su detención y de la sentencia condenatoria se agrava aún más, porque la muchacha pudo apreciar con sus propios sentidos que se dejó constancia de su inocencia, a través de las contradicciones que quedaron palmarias durante el juicio, los testigos eran absolutamente contradictorios. ¿Quién fue que halló droga?,  ¿Dónde hallaron la droga?,  ¿Cómo fue que el supuesto perro antidroga encontraron los bienes?,  Sí, ¿Había o no artículos personales en el lugar de detención?, porque  se están denunciando el hurto de los bienes de la pareja. Esto es como un castillo de naipes, cuándo uno interroga debidamente, se cae la mentira”, dijo el jurista.

Relata González, que la joven alemana es inocente y pudo apreciar durante la audiencia las  contradicciones  generadas en este  caso por lo cual  considera como  correcta su absolución.

“Presentaron pruebas absolutamente anormales, testimonios contradictorios, alguno inclusive dejan constancia de las manipulaciones que hubo. Son violaciones al debido proceso  y a los derechos constitucionales más básicos”, argumentó.

González, manifiesta que en un país de primer mundo se hubiera generado la nulidad de todo el proceso. “Se violó la cadena de custodia,  al no retener el supuesto vehículo donde iba la droga, al no  haber procesado el supuesto maletín, bolso,  donde iba la droga, al no  hacer fijación fotográfica del caso. Al no  haber hecho lo correcto, obviamente  se generaría la nulidad de todo”, apunta.

Por deficiencias en infraestructura de los calabozos de Trujillo policía traslada a privadas de libertad
Hay filtraciones, poca iluminación y presencia de ratas

 

Familiares de mujeres detenidas en el Centro de Coordinación Policial Nº1, conocido como Retén Nº10, informaron a Una Ventana a la Libertad, que las autoridades encargadas de la institución realizaron un descongestionamiento de la población encarcelada. Esto se debe a que existen deficiencias en la infraestructura, donde están ubicados los calabozos femeninos.

De acuerdo a los declarantes, quienes prefieren resguardar su identidad, el comandante del Cuerpo de Policía del estado Trujillo (Cepet), inspeccionó el centro y consiguió serias fallas en el área de las celdas y los lugares comunes. Algunas de estas irregularidades mencionadas son: filtraciones a causa de la humedad, necesidad de remodelación, poca iluminación y presencia de ratas.

Estas fallas, según manifestaron privadas de libertad a sus seres queridos, pone en riesgo la salud de las féminas en procesos penales. En consecuencia, de un total de 11 privadas que había a principio de este 2022, solo quedan 5 recluidas en este retén. La mayoría, con sentencias firmes, recibieron traslados al penal del estado Lara.

En lo sucesivo, explicaron los declarantes, las autoridades mantendrán un número bajo de detenidas. 

Tres mujeres murieron en los calabozos de Policarabobo
Las damas estaba con los reos en la tragedia ocurrida el 28 de marzo de 2018

 

En la continuación del juicio que se les sigue a los cinco exfuncionarios de la Policía de Carabobo por la muerte de 69 personas quemadas en los calabozos de este ente de seguridad del Estado, una de las anatomopatólogas reveló que son tres las mujeres las que figuran entre las víctimas, y no dos como se venía informando.

La doctora Lyli López,  en un contacto con el equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), informó que la médico anatomopatóloga Icelda Bracho en el debate de juicio el miércoles 19 de octubre “fue quien practicó la autopsia número 698-2018 y afirmó que efectivamente se trataba de una mujer, un cuerpo aún por identificar y que era de contextura atlética, mestiza con ojos oscuros”.

Esto indica ahora, que de las 69 víctimas que murieron quemadas en los calabozos de la Comandancia General de la Policía estadal fueron 66 privados de libertad y tres mujeres que pernoctaban en el lugar cuando se suscitó la tragedia.

López, quien es la representante legal del “Comité de Víctimas Indirecta del Caso Navas Spinola”, aseveró “que es  fundamental informar que el número de víctimas de mujeres que antes eran dos, ahora ascienden a tres”.

La presencia de estas ciudadanas que perdieron la vida el día de la tragedia ocurrida el 28 de marzo de 2018, “demuestra el grado de corrupción  que se registraba en este organismo policial”, apuntó López.

Por otra parte, les recordó a las víctimas indirectas que la continuación del juicio está pautada para las 10:00 de la mañana del viernes 28 de octubre de 2022, cuando se cumplirán exactamente cuatro años y siete meses de haber ocurrido esta lamentable tragedia.

Cabe recordar, que por la muerte de ahora, 66 presos y las tres mujeres que pernoctaban en la Comandancia General de la Policía de Carabobo, son enjuiciados  los exfuncionarios José Luis Rodríguez Ramírez, José Antonio Carrera Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y  Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

Recapturan a cuatro de los reos evadidos en Barinas
Uno de ellos sigue prófugo de la justicia 

 

Funcionarios de diversos cuerpos de seguridad del Estado, lograron la recaptura de cuatro de los cinco hombres evadidos el pasado 12 de octubre, de los calabozos del Puesto de Atención Ciudadana (PAC) La Caramuca, municipio Barinas, estado homólogo de Los Llanos Occidentales de Venezuela. 

En una nota de prensa enviada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comandante de Zona para el Orden Interno N°33, GB Alexander José Narváez Malavé, indicó que fueron aprehendidos  Keyvin Deans, Edwin Fontecha, Víctor Rivero y Danny González. Mientras que continúa la búsqueda de Ángel Fernández Bequiz Colmenares.

En la recaptura de los fugados intervinieron funcionarios de la GNB, Policía Nacional Bolivariana (PNB) , Cuerpo de Policía del estado Barinas (CPEB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Batallón de Caribes y Milicia Nacional Bolivariana.