Consorven instó a celebrar una consulta nacional que permita dar «pasos firmes» hacia la reforma del Código Penal venezolano, para que este garantice a las personas con discapacidad un debido proceso y una legítima defensa
Denuncian que los derechos de las personas con discapacidad son vulnerados cuando acuden a entes de justicia y no cuentan con accesibilidad física ni comunicacional
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) denunció que los derechos de las personas con discapacidad son vulnerados cuando estas acuden a entes de justicia y no cuentan con accesibilidad física ni comunicacional.
Consorven hizo un estudio documental en el que revisaron las condiciones de acceso y participación de las personas con discapacidad en la administración de justicia en Venezuela.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló que han acompañado jurídicamente a personas con discapacidad intelectual y psicosocial, “quienes han sido injustamente privadas de libertad por las autoridades venezolanas».
Añadió que esto se ha hecho en violación de artículos de convenciones internacionales, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y otras normativas vigentes en el país.
Derecho a la justicia en igualdad de condiciones
De Gouveia se refirió al artículo 13 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece que los Estados Parte deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás ciudadanos.
Esto se debe cumplir incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de este sector de la población.
Con base a la experiencia de las denuncias que ha recibido Consorven, De Gouveia recomendó al Estado venezolano incrementar los esfuerzos para garantizar la accesibilidad física, a la comunicación y a la información en los recintos de administración de justicia.
También, consideró importante diseñar un plan nacional de capacitación y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se dirija especialmente a servidores públicos, profesionales del sistema de justicia y otros.
Finalmente, hizo un llamado a realizar una consulta nacional con personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en discapacidad, “para dar pasos firmes hacia la reforma del Código Penal venezolano y que este garantice a las personas con discapacidad un debido proceso y una legítima defensa frente a los órganos administradores de la justicia».
De igual forma, piden reformar la Ley de Intérpretes Públicos para que se permita a ellos «servir como oficiales auxiliares de justicia”.
