Presos hacinados en un calabozo de Polisalias, en Altos Mirandinos, estado Miranda. Foto en el pódcast Voces del desamparo.
Después de 4 meses de que la covid-19 llegara a Venezuela sin que se hubiesen reportado casos de privados de libertad con esta terrible enfermedad, comenzamos a ver la aparición de esta pandemia en centros de reclusión en Venezuela.
Habíamos advertido muchas veces, desde este espacio, de los peligros que representa la llegada del coronavirus tanto a las cárceles como a los centros de detención preventiva. Era imposible cumplir con las medidas básicas para evitar la propagación de la enfermedad por el grave hacinamiento que existe en estos sitios. A esta situación se suma la falta de higiene y enfermedades preexistentes como la tuberculosis y la desnutrición, que ya ocurre desde hace varios años.
Riesgo de contagio masivo
Igualmente, a pesar de las innumerables recomendaciones que se han hecho desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la única medida que ha tomado el Estado venezolano, es suspender las visitas de familiares y el otorgamiento de unas cuantas medidas sustitutivas a la prisión. Algunas bajo una medida algo turbia que existe en el Código Orgánico Penitenciario llamada Régimen de Confianza Tutelado, a la que, en mi opinión, le están dando una aplicación diferente a la estipulada en la norma.
Dijimos en artículos anteriores que la llegada de la covid-19 a nuestras cárceles sería una gran tragedia porque las posibilidades de contagiar en forma masiva a los demás presos eran evidentes. Principalmente por el hacinamiento extremo que vivimos en las cárceles y centros de detención preventiva, que impide que las medidas de prevención como el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y el uso del tapabocas sean imposibles de cumplir.
42 casos de presos con covid-19
Al momento de escribir estas líneas tenemos 42 casos confirmados por autoridades regionales de los estados Miranda, Lara y Nueva Esparta.
El primer caso de un preso contagiado con coronavirus en la entidad larense se detectó el 22 de junio en un comando vial de la Policía de Lara que se ubica en Tintorero, municipio Jiménez. Específicamente en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana que comunica a Lara con los estados Zulia y Trujillo. Dicho caso fue anunciado por la gobernadora del estado, Carmen Meléndez. El segundo caso lo dio a conocer Meléndez el pasado 30 de junio en un programa radial que tiene. Se encuentra en un CDP de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el peaje Jacinto Lara del municipio Torres, frontera con Zulia.
El día 15 de julio, la alcaldesa del municipio Guaicaipuro, Wisely Álvarez, indicó que hay 4 reclusos contagiados en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda. Mientras que en la cárcel de Ramo Verde hay uno. En ese recinto se encuentran privados de libertad un número importante de los presos políticos de Venezuela. Esto nos da una cifra de 5 reclusos con covid-19 en el estado Miranda.
Los últimos casos de covid-19 de reclusos en Venezuela las dio a conocer el representante del régimen de Nicolás Maduro en Nueva Esparta, Dante Rivas. El vocero informó el pasado sábado 25 de julio, a través de sus redes sociales, que 35 reclusos dieron positivos a COVID-19 en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicado en el sector Sabanamar de Porlamar, municipio Mariño.
Síntomas sin despistaje
Aun y cuando en los reportes que dan diariamente diversos representantes del régimen, nunca han hablado de esto. Estas cifras, sin embargo, se basan en declaraciones de voceros autorizados.
Quiero finalizar expresando mi preocupación por esto: en los últimos días en las cárceles de Lara, Carabobo y Miranda han ocurrido varias muertes causadas por tuberculosis y desnutrición. Igualmente, en diferentes centros de detención preventiva del país se han reportado cuadros febriles y problemas respiratorios. Sin embargo, a muy pocos se les ha practicado la prueba para determinar si hay más presos con covid-19.
Mientras no se atienda a los reclusos en Venezuela y se les practique la prueba de despistaje será muy difícil determinar cuántos tienen la enfermedad o no. Lo cierto es que ya llegó y lamentablemente creo que para quedarse.
Es responsabilidad del régimen garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos y la salud es uno de estos. En las manos de sus funcionarios está la solución.
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