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Víctor Álvarez R.

Reimposición de sanciones deja a Venezuela en la órbita de rivales geopolíticos de EE. UU.
Reimponer las sanciones mantendrá a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. Con su apoyo, Maduro juega duro y ratifica la inhabilitación de MCM

 

@victoralvarezr

La embajada de los EE. UU. en Venezuela posteó que: “En respuesta a las acciones antidemocráticas de los representantes de Maduro, Estados Unidos ha revocado el alivio de las sanciones para el sector minero de Venezuela. El alivio para los sectores de petróleo y gas venezolano se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos”.

La OFAC emitió la Licencia 43a que modifica la Licencia 43 publicada el 18 de octubre de 2023 y reimpone las sanciones que prohíben hacer negocios con la empresa estatal del oro, Minerven. Reimponer las sanciones es justamente lo que quieren los adversarios geopolíticos de EE. UU. que son aliados de Maduro, los cuales le ofrecen no dejarlo solo para preservar el control de los espacios vacíos que dejan los EE. UU. y la UE a raíz de las sanciones.

Turquía e Irán celebran la reimposición de las sanciones porque les permite ampliar su presencia en la explotación y comercialización del oro venezolano. Reimponer las sanciones mantendrá a Venezuela en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. Con su apoyo, Maduro juega duro y ratifica la inhabilitación de MCM.

La oposición pide elecciones libres y el gobierno pide elecciones libres de sanciones. Si en abril se reimponen las sanciones petroleras, se le dará al régimen el argumento perfecto para posponer las elecciones. Maduro ya pasó sus días más difíciles de aislamiento internacional, encontró nuevos aliados que lo ayudarán a resistir las sanciones. Lograr unas elecciones competitivas obliga a pensar en medidas más efectivas.

La estrategia tiene que ser ofrecer incentivos para mejorar las condiciones electorales a fin de realizar unos comicios a tono con los estándares internacionales. Esta es una estrategia más inteligente y eficaz que apelar nuevamente a la política del garrote que no dio resultados para forzar un cambio en el mando político. Si la habilitación de MCM no se convierte en un punto de honor y la Administración Biden ratifica que “el enfoque estadounidense es en un proceso que restaure la democracia y no en un candidato particular”, entonces será posible mejorar la amplia gama de condiciones electorales incluidas en el Acuerdo de Barbados, tales como:

  • Anuncio de la fecha definitiva para las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
  • Actualizar y depurar el registro electoral permanente (REP) nacional e internacionalmente.
  • Jornadas de inscripción y establecimiento de puntos de inscripción/actualización.
  • Operativos de cedulación en todo el país.
  • Auditorías, observación internacional y acompañamiento de observadores locales.
  • Cese a la persecución y violencia política.
  • Compromiso con un discurso y clima político favorable al desarrollo en paz del proceso electoral.
  • Respetar y cumplir el marco legal electoral y decisiones del CNE.
  • Garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión de los candidatos. 
  • Reconocimiento del derecho de los actores a disponer de mecanismos de financiamiento.
  • Equilibrio en medios de comunicación nacionales y cobertura electoral por medios internacionales.
  • Promover a todos los candidatos y partidos a que cumplan con los requisitos de ley. 
  • Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales.

Si la revisión anunciada por el Departamento de Estado encuentra en la mejora de las condiciones electorales antes mencionadas los contrapesos necesarios para mantener la flexibilización de las sanciones, EE. UU. seguirá comprando el petróleo venezolano a precios de mercado y así Maduro no necesitará los auxilios financieros de Rusia, China, Irán o Turquía. Pero con la reimposición de las sanciones, Venezuela es lanzada nuevamente a los brazos de los enemigos geopolíticos de EE. UU.

Según las encuestas, MCM tiene una intención de voto superior al 50 %. Un sucesor escogido por ella preservaría una intención de voto cercana al 40%. Un candidato con este nivel de respaldo sería una opción triunfadora frente a la candidatura de Nicolás Maduro, que apenas registra una aceptación de 25 %.

El TSJ habilitó a otros precandidatos que tienen ambiciones personales, a quienes el propio gobierno les puede financiar sus campañas para dividir el voto opositor y de paso montar la escena de unas elecciones con muchos competidores. Con menos del 25 % de respaldo de la candidatura oficialista, cualquier precandidato con ambiciones presidencialistas se puede sentir capaz de ganar, si logra pescar suficientes votos en el 75 % de electores descontentos con el gobierno.

El oficialismo tratará de impedir la inscripción de cualquier candidato al que las encuestas le atribuyan probabilidad de ganar. Esto advierte que la lista de potenciales inhabilitados puede aumentar.

En Nicaragua, Daniel Ortega inhabilitó a los 7 candidatos que registraban un respaldo ganador en las encuestas, pero compitieron contra él 6 candidatos zancudos, el equivalente a lo que en Venezuela se denominan alacranes. Eran parte de la comparsa electoral que contribuyeron a dispersar el voto opositor, pero ninguno representaba una verdadera amenaza.

Tengamos en cuenta que en unas elecciones donde no hay segunda vuelta, gana la mayor de las minorías. Por lo tanto, cabe la probabilidad de que con apenas el 25 % de respaldo y una oposición dividida que llame a la abstención, Maduro puede resultar electo en unos comicios con unas condiciones electorales básicas, cuyo resultado pueda ser reconocido nacional e internacionalmente.

A fin de que un eventual triunfo suyo sea reconocido por la Casa Blanca y se levanten definitivamente las sanciones, a Maduro le interesa que las presidenciales en Venezuela se realicen antes de las de EE. UU. Con Joe Biden reelecto, Maduro podrá conjurar la amenaza de Donald Trump en la Casa Blanca, quien no lo reconocería como presidente de Venezuela. La flexibilización de las sanciones contribuiría a mejorar las condiciones económicas y sociales del país, lo cual aliviaría la incesante migración venezolana que genera problemas internos en los EE. UU.

En este escenario, Biden podrá capitalizar electoralmente el mérito de haber resuelto el conflicto venezolano, recuperado para el mercado estadounidense el petróleo que Pdvsa vende en los mercados asiáticos, mostrar avances en la solución del problema migratorio, y haber alejado la amenaza rusa, china e iraní del hemisferio.

Mientras no se defina cuál es el candidato que la Plataforma Unitaria (PU) puede inscribir en el CNE, el gobierno ganará tiempo y maniobrará para provocar más divisiones y la abstención que necesita para convertir en mayoría su precario apoyo electoral.

MCM insiste en mantener su candidatura hasta el final. Dice que “sin mi candidatura, no habrá elecciones libres” y sus seguidores le hacen coro: “o es MCM o no es nadie”. Otros dirigentes de la PU como el gobernador de Barinas, Sergio Garrido, afirman que “No nos detendremos por María Corina, si no es ella buscaremos otro candidato”.

La inhabilitación de MCM ratificada por el TSJ alienta la tesis de que la PU no debe seguir perdiendo tiempo y esperar hasta el último día de inscripción para anunciar al nuevo candidato. Se corre el riesgo de que el CNE anuncie la fecha de elecciones para mitad de año y fije un lapso muy corto para inscribir las candidaturas. Esto dejaría a los partidos de la PU sin tiempo para escoger una candidatura de consenso que pueda inscribir en las presidenciales de 2024.

Aferrarse a una candidatura que no puede correr en la carrera presidencial es poner en peligro lo que sí se puede lograr: capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno para lograr un cambio en el mando político del país por la vía electoral y pacífica.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
 
Condiciones electorales: necesarias más no suficiente
Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas

 

@victoralvarezr

Los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno. Si la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas ni alternabilidad en el mando político.

Pareciera, entonces, que los acuerdos parciales de Barbados deben ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna, no solo de la oposición, sino también de los que están en el gobierno, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

En el proyecto Pedagogía económica y electoral iniciaremos un ciclo de conversaciones con importantes e influyentes voces de la opinión pública nacional sobre lo que debería ser un pacto de convivencia pacífica. Les invitaremos a reflexionar y conversar sobre las claves para lograr una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano, a partir de los siguientes temas:

  1. ¿Cuáles serían los principios rectores de un acuerdo de gobernabilidad en el que los actores en pugna dejen de verse como enemigos y pasen a ser aliados en un gran proyecto de reconstrucción nacional?
  2. ¿Cuál sería el marco del pacto de convivencia pacífica y sus componentes, a qué deberían comprometerse las partes en conflicto, qué derechos y garantías deben reconocerse mutuamente y qué amenazas deben dejar de hacerse?
  3. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia transicional? ¿Qué violaciones de derechos y delitos cometidos por el gobierno, la oposición o los organismos del Estado pueden amnistiarse y cuáles no? ¿Quiénes pudieran ser favorecidos y quiénes no?
  4. ¿Cómo se designaría en ese pacto el alto mando de la FANB, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional?
  5. ¿Es viable y conveniente la conformación de un Gobierno de coalición entre gobierno y oposición que contribuya a la gobernabilidad poselectoral? ¿Cuáles serían los criterios para conformar ese gobierno?
  6. ¿Cómo tratar las recompensas del Departamento de Justicia de EE. UU., las sanciones personales de la OFAC, la investigación en la Corte Penal Internacional y los casos en la justicia venezolana contra dirigentes de la oposición?
  7. ¿Cómo se debería proceder para acordar la reinstitucionalización, autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República?
  8. ¿Quiénes negocian y firman el pacto y cuál sería su forma legal? ¿Debería constitucionalizarse?
  9. ¿Cuál es el papel de EE. UU. y la comunidad Internacional para facilitar ese proceso y para contribuir a que se cumplan los acuerdos?
  10. ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes? ¿Qué otros aspectos claves no pueden faltar en un pacto de convivencia pacífica?

En los comentarios, puedes sugerir a cuáles líderes políticos, económicos, sociales, militares o de la Iglesia te gustaría escuchar para conocer su visión sobre lo que debería contener un pacto de convivencia pacífica para Venezuela.

Te invitamos a suscribirte al canal YouTube de Pedagogía económica y electoral y activar las notificaciones para que recibas las conversaciones que iremos publicando semanalmente. 

https://www.youtube.com/@pedagogiaeconomicayelectoral/videos

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CITGO puede pagar repatriación de 50 000 migrantes venezolanos en EE. UU.
En las negociaciones entre la Casa Blanca y Miraflores, la OFAC puede extender la licencia que impide actuar contra Citgo y prohibir el remate de sus acciones a cambio de financiar la repatriación de migrantes venezolanos en EE. UU.

 

@victoralvarezr

La Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación que presentó la directiva ad hoc de Pdvsa sobre la decisión de la Corte de Delaware que reconoció a Citgo como alter ego de Venezuela y permite a los acreedores de la República cobrar con cargo a Citgo los pagos por indemnizaciones y otras deudas, tales como el Bono 2020 de Pdvsa que se emitió con una garantía del 50,1 % de las acciones de Citgo; la minera Cristallex que pretende cobrarse con el remate de Citgo la indemnización que reclama por la expropiación de la mina de Las Cristinas, y otros acreedores cuyos reclamos superan el valor de Citgo.

En marzo de 2023, el juez Leonard Stark, de Delaware, aprobó el remate de Citgo para pagar a los acreedores. El remate de Citgo para pagar deudas tiene su origen en equivocadas decisiones gubernamentales de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo. El litigio entre Crystallex y la República de Venezuela surge en 2008 cuando se expropió la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar. Crystallex llevó el caso al Centro International de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) cuyo Tribunal de Arbitraje dictó en 2016 una sentencia que favoreció a Crystallex con una indemnización inicial de $ 1400 millones, monto que debía pagar la República (no Citgo) como compensación por los daños y perjuicios generados a la minera.

El gobierno de Maduro consideró desmesurada la indemnización y no la pagó. En 2018 Crystallex trasladó el caso a una Corte en Delaware y demandó el pago con cargo a las acciones de Citgo. Tres años luego, en 2021, el Tribunal aprobó la venta de acciones de PDV Holding (cuyo único activo son las acciones de Citgo), para pagar a Crystallex la indemnización que reclama a la República.

¿En qué consiste el principio del alter ego?

Pdvsa y Citgo nunca tuvieron negocios con Crystallex. El litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela, pero el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. En EE. UU. no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del dueño, toda vez que legalmente son dos entidades distintas y separadas. Por lo tanto, ni las deudas por nacionalizaciones ni los laudos contra la República deberían cobrarse con cargo a Citgo porque son figuras jurídicas distintas. Citgo formalmente es propiedad de Pdvsa y no de la República.

Sin embargo, la República de Venezuela cuando estuvo representada en EE. UU. por el interinato utilizó fondos de Citgo y dio base para que el juez sentenciara que República y Pdvsa–Citgo son un mismo patrimonio contra el cual se podían cobrar las indemnizaciones y deudas que reclama Cristallex, los tenedores del Bono 2020 y otros acreedores cuyos reclamos al Estado venezolano superan ampliamente el valor de Citgo.

La sentencia firmada por el juez Leonard Stark de la Corte de Delaware dice que: «Los actos del Gobierno de Guaidó son los actos pertinentes para el análisis del alter ego porque el Gobierno de Guaidó es reconocido por Estados Unidos como el gobierno legítimo de Venezuela.» La apelación fue presentada por la directiva ad hoc de Pdvsa designada por el gobierno interino de Juan Guaidó porque es la que representa a Citgo ante los tribunales estadounidenses. Pero la Corte Suprema acaba de rechazar esta apelación y así el remate de Citgo se llevará a cabo una vez que a mitad de año se venza la prohibición de rematar Citgo dictada por la OFAC.

Las demandas contra la República tienen su origen en las de expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo, mientras que el remate de sus acciones para pagar esas deudas fue facilitado por el mal manejo de los recursos de Citgo para financiar el interinato. La Corte estadounidense encontró evidencias para determinar la aplicación del alter ego, según el cual se identifica como un solo patrimonio, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela como el patrimonio de Pdvsa–Citgo y sentenció el remate de las acciones para pagar las indemnizaciones y deudas que tiene el Estado venezolano con sus acreedores, a los cuales Citgo no debe nada.

Destinar ganancias de Citgo a financiar repatriación de migrantes venezolanos en EE. UU.

Las opciones para salvar la compañía más importante que Venezuela tiene en el exterior son cada vez más limitadas. En el marco de las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, la OFAC puede extender la licencia que impide actuar contra de Citgo y prohibir el remate de sus acciones a cambio de destinar las ganancias de Citgo a financiar la repatriación de migrantes venezolanos en EE. UU. que quieren regresar para reconstruir su vida en el país que los vio nacer.

El costo social del conflicto venezolano es distinto al de otros países latinoamericanos que pagaron la violencia política y la confrontación armada con un trágico saldo de centenares de miles de perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos y muertos. En Venezuela las víctimas más numerosas del conflicto han sido los más de 7 millones de migrantes que sufrieron un acelerado deterioro de sus condiciones de vida, debido a los errores de la política económica que causaron la contracción de la economía, la destrucción de empleos y una persistente inflación que disolvió el poder adquisitivo de los hogares.

Esta problemática fue agravada por la confrontación política, la crisis de gobernabilidad y el impacto de las sanciones económicas. La ruta violenta e insurreccional para forzar un cambio en el mando político y las sanciones agravaron la crisis que tiene entre sus principales víctimas a la incesante migración de venezolanos azotados por el desempleo, los bajos salarios, la pobreza y la exclusión social.

La mayoría de los migrantes venezolanos está en condiciones ilegales, sufre la discriminación y xenofobia por la competencia laboral que representan para los trabajadores locales, y por la presión que ejercen sobre los servicios públicos y sociales. Esto genera creciente tensiones con los países en los que se concentra la migración venezolana. Donald Trump promete una deportación masiva de inmigrantes sin papeles si es reelegido presidente, los acusa de “envenenar la sangre de EE. UU.”.

Una solución digna para los migrantes venezolanos debe ocupar un lugar prioritario en las negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores.

En el marco de las presidenciales de 2024 en EE. UU., a la Administración Biden le conviene abrir una válvula de escape para aliviar la presión de los migrantes, y el gobierno de Nicolás Maduro está obligado a ofrecer incentivos para la repatriación de migrantes venezolanos de diferente calificación técnica y profesional que apenas sobreviven desempeñando otros oficios, pero el país los necesita para su reconstrucción.

Los millones de migrantes venezolanos son el equivalente a los desplazados por el conflicto en otros países, a quienes se les adjudicaron tierras y otorgaron créditos y asistencia técnica para facilitar su repatriación y reinserción productiva. Muchos de ellos estarían dispuestos a regresar si encuentran incentivos para trabajar, reconstruir sus condiciones de vida y sostener sus familias. La reparación de daños a los migrantes es clave para el reencuentro y la reconciliación nacional.

En 2022 Citgo generó ganancias por $ 2800 millones y en 2023 reportará ganancias semejantes. Actualmente tiene en caja más de $1400 millones. Las negociaciones entre Washington y Caracas pueden acordar que la OFAC proteja a CITGO del remate siempre y cuando sus ganancias se destinen a la repatriación de migrantes venezolanos en EE. UU., financiando los siguientes incentivos:

  • Asignación de 500 $/mensual por migrante (costo de la canasta alimentaria) para la repatriación de 50.000 migrantes (50 x 12 x 50.000 = $ 300 millones)
  • Créditos en condiciones preferenciales de montos, plazos y garantías para la adquisición de taxis y otros emprendimientos productivos.
  • Adjudicación en condiciones preferenciales de un porcentaje de acciones de CITGO y otras empresas públicas que pasen a cotizar en la Bolsa de Valores.
  • Préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda y subvenciones para equipamiento del hogar.
  • Becas para hijos de migrantes en educación primaria, media y superior.
  • Seguro de hospitalización y cirugía.
  • Exoneración de impuestos sobre la renta por tres años.

El problema de la migración venezolana tiene solución. Lo que hace falta es voluntad política.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

 
Homenaje a Pedro Nikken ¡La paz como paradigma de la política!
En palabras de Pedro Nikken, “la paz que no es apaciguamiento sino genuina conquista de la esperanza”

 

@victoralvarezr

Conversaciones con la hija de Pedro Nikken, Claudia Nikken

Como dijo el poeta, “la muerte no es verdad cuando se ha hecho bien la obra de la vida, la muerte no llega con ese viaje sino con el olvido”. A cuatro años de su sorpresiva partida, aquel 9 de diciembre de 2019, queremos rendir un sincero y sentido homenaje a Pedro Nikken, un hombre de bien, un hombre de paz, comprometido con las buenas causas de la vida, promotor del reencuentro y la reconciliación.

En 1968 se graduó de abogado en la UCAB, en 1973 terminó una especialización en Derecho Privado en la Universidad de París, en 1977 obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Carabobo y en 2017 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Buenos Aires.

Fue profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, director de su Escuela de Derecho entre 1975-76 y decano entre 1978-81. Entre 1980-1989 se desempeñó como como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual llegó presidir entre los años 1983-1985.

Desde 1996 fue miembro de la Comisión Internacional de Juristas. En 2008 pasó a integrar su Comité Ejecutivo, en 2009 fue electo vicepresidente y entre 2011-2013 se desempeñó como su presidente. Y para coronar esta exitosa carrera fue designado como miembro honorario vitalicio.

Sin lugar a dudas, Pedro Nikken fue un brillante jurista venezolano que consagró su vida a la defensa de los derechos humanos y a la creación y fortalecimiento de una institucionalidad nacional e internacional que los protegiera.

Su obra es amplia, rigurosa y hoy está más vigente que nunca: 6 libros publicados de su exclusiva autoría, 3 libros en colaboración con otros autores, y más de 65 artículos en revistas científicas y arbitradas. Entre sus libros se destaca La protección internacional de los derechos humanos: su desarrollo progresivo, publicado en Madrid en 1987.

Para este homenaje, hubiésemos podido recurrir a las nuevas herramientas de la inteligencia artificial y preguntar sobre el legado de Pedro Nikken para propiciar el reencuentro y la reconciliación de una sociedad dividida, polarizada y en conflicto. Pero preferimos invitar a su hija, Claudia Nikken, quien no dudó en aceptar esta invitación de la iniciativa Pedagogía Económica y Electoral para rendir un homenaje a su padre. Por este motivo, hoy estaremos conversando con ella sobre la vigencia del pensamiento y legado del Dr. Pedro Nikken.

VENGO A HABLAR SOBRE LA PAZ

(VAR) Estimada Claudia, ante todo muchas gracias por acompañarnos en este sincero y sentido homenaje que queremos rendirle a tu papá, al cumplirse 4 años de su sorpresivo y anticipado viaje.

En el conflicto armado en El Salvador, Pedro Nikken fue asesor jurídico del secretario feneral de las Naciones Unidas para las negociaciones de paz. Aquel conflicto que dejó miles de muertos le reveló a tu padre que la negociación política es la mejor alternativa frente a los conflictos armados.

Para su incorporación como Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas presentó el trabajo La construcción de la paz sobre los derechos humanos y las lecciones que pueden recibirse de la acción de las Naciones Unidas, en pos de la terminación de los conflictos armados que asolaron América Central. Y en su discurso dijo: “Vengo a hablar sobre la paz. Sobre la paz resultante de la guerra. Sobre la paz que no es apaciguamiento sino genuina conquista de la esperanza; y cuando esa conquista se edifica sobre un propósito mancomunado de recuperar para un pueblo la justicia, la libertad y, sobre todo, la dignidad, la paz es paradigma de la política”.

Tu papá fue un hombre comprometido con los valores humanos del reencuentro, el perdón y la reconciliación. A la luz de su experiencia como experto independiente de las Naciones Unidas en los Procesos de Paz de Centroamérica: ¿Qué es lo que las partes en conflicto se pueden perdonar mutuamente para lograr la paz? ¿Qué deben exigir y en qué deben ceder para lograr el reencuentro y la reconciliación? ¿Cuáles son las principales lecciones y aprendizajes de esos procesos de paz que acompañó, facilitó y documentó tu papá?

(Claudia Nikken) Primero que nada, Víctor, te agradezco a ti por este homenaje a la memoria de mi padre, oportuno no solo por la fecha, sino especialmente por el momento histórico.

Me haces una serie de preguntas que no son de fácil respuesta en corto tiempo. Voy a tratar de responderlas en bloque, con base en una premisa inicial:

A partir de la obra de mi padre, la escrita y la manifestada en sus acciones para poner fin a cualquier conflicto, las partes tienen que comenzar por reconocer, primero, que el conflicto existe; luego, las causas que dieron origen al conflicto y la responsabilidad de cada una en ello y, por supuesto, sus consecuencias. Sin eso, es muy difícil, si no imposible, determinar fuera de lo inmediato qué pueden perdonarse las partes mutuamente; o qué deben exigir o ceder para lograr el reencuentro o la reconciliación.

Pedro Nikken subrayó que, en Centroamérica, particularmente en El Salvador y Guatemala, los procesos de paz tuvieron como centro la dignidad de la persona humana. Desde allí, con el propósito de atacar las causas de la guerra en cada uno de esos países, se transitó un camino que pasaba por la consolidación de las instituciones democráticas, para llegar al fortalecimiento de los medios para garantizar y respetar los derechos humanos, lo que necesariamente suponía la erradicación de las prácticas que atentaron contra los mismos.

En ese proceso fue fundamental el establecimiento y puesta en marcha, incluso antes de la firma del acuerdo final, de mecanismos especiales o transitorios, arraigados en la comunidad internacional, para la protección de los derechos humanos y la investigación de sus violaciones. Esto, sobre la base de un acuerdo entre las partes, pero también de la aceptación y el auspicio institucional de esos mecanismos por parte del gobierno.

También fue fundamental el establecimiento de mecanismos especiales para el esclarecimiento del pasado. Eso, según Pedro Nikken, es un hito inexcusable en el camino hacia la reconciliación nacional.

Al final, los procesos centroamericanos muestran que lo que determina la viabilidad de un proceso de paz y reconciliación son la verdad y la justicia. Desde allí todo puede construirse.

LA NEGOCIACIÓN ES VIABLE CUANDO SE HACE DE BUENA FE

(VAR) A Pedro Nikken una y otra vez lo escuchamos argumentar que siempre debía negociarse un acuerdo antes y no después de la tragedia de los muertos, dolor y afanes de venganza que deja un conflicto violento, bien sea por causas políticas, étnicas o sociales. Pero advertía que la negociación solo es viable cuando se hace de buena fe entre las partes y es acompañada con los mecanismos que permitan garantizar la plena ejecución de los acuerdos alcanzados. En la obra de Pedro Nikken, ¿cómo documenta y caracteriza él la buena fe de las partes en conflicto y cuáles serían esos mecanismos que pueden permitir y asegurar el cumplimiento fiel de los acuerdos?

(Claudia Nikken) La negociación puede definirse como el esfuerzo para alcanzar un acuerdo entre dos o más partes, teniendo todas ellas el derecho a decir no, el derecho a “vetar”.

Entendido eso, una negociación de buena fe, más allá de partir de la voluntad de alcanzar un acuerdo, comienza por reconocer el derecho a decir NO, el propio (que no se está obligado a aceptar nada); y el de la otra parte (que no está obligada aceptar lo que se le propone).

De ese modo, el NO deja de percibirse como intransigencia y, además, se traza la vía para la apertura y la honestidad en las conversaciones y en los planteamientos. Eso ayuda, además, a dejar atrás las suspensiones, los síes condicionales y las variaciones de una opinión no convencida. En el caso de los conflictos centroamericanos, la manifestación de la buena fe de las partes puede verse inicialmente en dos tiempos. 

Primero, tras reconocer que no pudieron establecer útilmente una negociación directa, las partes mostraron su buena fe al aceptar la facilitación del proceso por las Naciones Unidas.

Luego, cuando reconocieron que la facilitación no era suficiente para llegar a acuerdos, otra muy clara y relevante manifestación de buena fe fue aceptar la intervención de las Naciones Unidas como mediadora.  Las partes dejaron de presentarse mutuamente propuestas y de discutirlas, entregándolas al mediador, quien trataba de conciliarlas y traducirlas en un documento, que luego discutía con cada una por separado, hilando con ellas las soluciones que terminaron constituyendo el acuerdo de paz.

En cuanto a los mecanismos que puedan permitir y asegurar el cumplimiento fiel de los acuerdos, habría que decir, primero, que ninguno es infalible y; luego, que no existe una única respuesta correcta.

En el caso centroamericano se definieron mecanismos de seguimiento y verificación dentro del proceso, externos a la institucionalidad del Estado y; además, mecanismos producto del proceso dentro de la institucionalidad estatal.

Primero, el facilitador-mediador se constituyó también como verificador de los acuerdos, acompañado de lo que se llamó el grupo de “países amigos”.

Luego, las reformas acordadas para el fortalecimiento institucional, indispensable para la garantía de los derechos humanos, fueron traducidas en derecho, incluyendo la creación de instituciones especiales para la ejecución de acuerdos específicos, como la Comisión de la Verdad en El Salvador.

PRINCIPALES APORTES DE PEDRO NIKKEN

(VAR) El legado de Pedro Nikken es muy amplio. Internacionalmente son muy reconocidos sus aportes teóricos para elaborar los fundamentos filosóficos, jurídicos y deontológicos de las negociaciones de paz. Pero Pedro Nikken también fue un miembro muy activo de la sociedad civil venezolana y de organizaciones no gubernamentales para la defensa de los derechos civiles y políticos. En el contenido de su obra, ¿cuáles son sus principales aportes en relación con los preceptos éticos y morales que están llamados a sustentar las normas y deberes de conducta que hacen viable las negociaciones y acuerdos para la convivencia pacífica?

(Claudia Nikken) Cuando se produce un conflicto político, sea este más o menos violento, siempre vamos a encontrar que su origen está en que una de las partes considera que la otra no tiene los mismos derechos.  Esa diferenciación, que puede ser más o menos profunda, más o menos general, termina por afectar y hasta anular la dignidad del ser humano.

Por eso, creo que el principal aporte de mi padre a la definición de los preceptos éticos y morales que hacen viables las negociaciones y acuerdos para la convivencia pacífica es haber puesto la dignidad de la persona humana como objetivo medular.

No hay que olvidar que en su obra aparece invariablemente, como constatación que, cito:

La emergencia en la historia de los derechos humanos como institución jurídica pasa por un intrincado tránsito del pensamiento filosófico, moral y, sobre todo, político a la praxis jurídica, cuyo escenario y cuyo catalizador han sido invariablemente luchas sociales contra el despotismo y contra la opresión, en búsqueda de la dignidad, de la libertad y de la justicia, incluida la justicia social”.

Ese tránsito, agrego, hace visible la estrechísima vinculación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cito de nuevo:

No solo por la premisa ética que impide distinguir entre el sufrimiento humano que proviene del despotismo de aquel que se origina en la explotación y en la injusticia, sino porque la ofensa masiva a los derechos sociales entraña serios riesgos para el goce de los derechos individuales y de las libertades fundamentales”.

Entonces, un proceso de negociación que persiga poner fin a un conflicto político debe comenzar por el reconocimiento del otro como igual en derechos; trátese de “la otra parte”, o bien, en general, de cada uno de los individuos que se ven afectados por el conflicto. En consecuencia, ese proceso tendría que perseguir, según corresponda, el establecimiento o el fortalecimiento de instituciones capaces de asegurar a todo ser humano el goce y ejercicio de esos derechos, así como su garantía.

Para Pedro Nikken, la democracia es el mejor régimen político para alcanzar ese fin. Para él, cito, “Vivir en democracia no es solamente un derecho de cada hombre, sino un imperativo social. La democracia es también el nuevo nombre de la paz”.

En sus palabras, “la paz que no es apaciguamiento sino genuina conquista de la esperanza”; “de una conquista que se edifique] sobre el propósito mancomunado de recuperar para un pueblo la justicia, la libertad y, sobre todo, la dignidad”; “la paz como paradigma de la política”.

En ese sentido, al estudiar los casos de El Salvador y Guatemala, mi padre afirmó que:

La construcción del modelo de sociedad diseñado en las negociaciones de paz se traduce en lograr progresos sólidos, sustanciales e irreversibles en el respeto y garantía de los derechos humanos (…).  No se trata solo de elegir gobernantes sino de democratizar la sociedad y de incorporar a todos los sectores de la población al progreso social (…) El cumplimiento de los acuerdos no es solo una obligación que compromete la honra de las partes, sino el camino para llegar hacia esa sociedad. Quienes llegaron a las negociaciones como enemigos militares salieron de ellas como aliados políticos en una obra común de dimensión histórica, que ya no les pertenece enteramente, sino que es patrimonio de sus pueblos y, en cierta medida, de la humanidad entera, que puede contemplar el precedente de una acción concertada (…) para transformar la sociedad en paz”.

En definitiva, de acuerdo con su pensamiento, un proceso que persiga poner fin a un conflicto político tendría que permitir que adversarios, incluso enemigos, se conviertan en aliados en un proyecto nacional, determinado no por el mero cese de la violencia, sino por una profunda transformación institucional, que requiere, entre otras, una reforma judicial para que la impunidad deje de ser la regla. De nuevo, en palabras de mi padre:

“Solo cuando se [haya] descubierto la verdad y se haya puesto fin a la impunidad (…), se estará en condición de otorgar el perdón de los responsables y alcanzar una verdadera reconciliación”.

LOS ACUERDOS PARCIALES

(VAR) Con frecuencia, los procesos de negociación se basan en el principio de “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. La prioridad que suele dársele a los intereses políticos, subordina las prioridades sociales y esto impide llegar a acuerdos parciales para atender problemas urgentes de la gente.

A la luz de su experiencia en los procesos de paz en Centroamérica, Pedro Nikken observó que los acuerdos se fueron logrando poco a poco y eran gradualmente refrendados por el Congreso y la Presidencia de la República. Para garantizar su irreversibilidad, se acordaron reformas constitucionales y se aprobaron leyes y decretos. Recuerdo que una de las últimas convocatorias que nos hizo Pedro Nikken a quienes trabajamos por la paz desde los espacios de la sociedad civil, fue para comenzar a construir desde las bases pequeños acuerdos que le hicieran saber a las élites en pugna que los asuntos que involucran la vida de la gente no pueden esperar y que hay un país que interpela y emplaza al liderazgo político a ponerse de acuerdo.

A la luz de su gran experiencia: ¿qué hubiese recomendado tu papá para que las partes en conflicto logren acuerdos parciales que prioricen –por encima de sus intereses políticos– los problemas urgentes de la sociedad, sin otras condiciones que pongan en peligro su plena ejecución?

(Claudia Nikken) El escenario político venezolano es muy complejo, por eso hoy está más que vigente la necesidad de que el país interpele y emplace al liderazgo a ponerse de acuerdo. Para eso, atendiendo a la invitación de mi padre, las bases podrían construir pequeños acuerdos que hagan saber a las partes que los asuntos que involucran la vida de la gente no pueden esperar. Al final, los acuerdos son para la gente.

Con relación a eso, es necesario recordar que el Memorando de Entendimiento de agosto de 2021 prevé la creación de un mecanismo que asegure la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación. Aunque la Mesa de Negociación está en deuda con eso, los actores sociales pueden (y deben) organizarse y actuar. Pero también tienen que ponerse de acuerdo.

Por otro lado, ese mismo memorando autoriza a las partes a alcanzar acuerdos parciales. De hecho, se han producido cinco. Entre esos, hace un año se firmó el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano que, justamente, tiene por objeto la atención de necesidades urgentes de la gente: salud, alimentación, educación, electricidad…

Allí se convino la creación de un fideicomiso, con dinero venezolano “congelado” en el extranjero, a ser administrado y ejecutado por Naciones Unidas, como tercero de buena fe. En esa condición, la de tercero de buena fe, las Naciones Unidas se han encargado de que el fondo se constituya de manera tal que sea efectivamente ejecutable y que, por lo mismo, el acuerdo se ejecute. Ojalá lo veamos pronto.

Para la ejecución de otros acuerdos tempranos, los ya existentes o los que estén por venir, en mucho se requerirá la modificación de regulaciones reglamentarias o legislativas, e incluso constitucionales. Si no se produjeran las modificaciones necesarias, sería difícil, si no imposible, exigir su cumplimiento e irreversibilidad.

Vale decir que la presión de la sociedad es indispensable para llevar a las partes a alcanzar y, sobre todo, a cumplir los acuerdos, incluso existiendo mecanismos sofisticados para su verificación y garantía. 

PACTO DE CONVIVENCIA

(VAR) Estimada Claudia, en países con gobiernos autoritarios que se aferran al poder, los acuerdos para mejorar las condiciones electorales son necesarios para la oposición, pero no son suficientes para el gobierno de turno, si la eventual derrota se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas. En esos casos, pareciera que los acuerdos sobre condiciones electorales deberían complementarse con un pacto de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos de los actores en pugna. Solo así se podrían convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica. De lo contrario, quienes estén en el gobierno se aferrarán al poder.

A la luz de la experiencia de Pedro Nikken acompañando negociaciones y acuerdos de paz: ¿cuáles son las claves de un pacto de convivencia pacífica? ¿A qué deberían comprometerse las partes en conflicto? ¿Qué derechos y garantías deberían reconocerse mutuamente? ¿Qué amenazas deberían dejar de hacerse? ¿Quiénes lo negocian y cuál sería el formato de ese pacto? ¿Cuáles serían los mecanismos para hacerle seguimiento y quiénes serían los garantes?

(Claudia Nikken) Cuando se lleva adelante un proceso de negociación política que parte de la existencia de un conflicto entre quienes ejercen el gobierno de manera autoritaria y quienes se oponen a esa forma de hacer gobierno, lo lógico es que las partes sean el gobierno y quienes le hacen oposición. Es relativamente fácil deducir quién representa los intereses del gobierno, pero no lo es necesariamente con respecto los opositores. Quien represente sus intereses tiene que ser un actor incuestionable del conflicto y, por lo mismo, lo que acuerde y su cumplimiento debe tener un alcance tal que sea posible poner fin a sus causas y remediar sus consecuencias. 

En definitiva, deberían negociar el pacto de convivencia quienes reconocen la existencia del conflicto; las causas que le dan origen y su responsabilidad en ello y; las consecuencias de ese conflicto.

Entendiendo que, como es natural, parte de esa negociación debe ser el establecimiento de condiciones electorales que faciliten la alternabilidad, en contrapartida tienen que acordarse condiciones para hacer oposición, con independencia de quién resulte ganador. En El Salvador, por ejemplo, el FMLN solo alcanzó a ser gobierno en 2009 y lo ha sido únicamente dos veces desde la firma del acuerdo de paz en 1992; según se dice, no por causa del incumplimiento del acuerdo, sino por su falta de estrategia electoral y su pugnacidad interna.

En todo caso, un pacto de convivencia pacífica como el que se enuncia en la pregunta debe partir de la cesación de las hostilidades mutuas, entendiendo como tales las que así hayan determinado las partes, lo que incluye cualquier amenaza de reiniciarlas.

Además, hay que considerar que un conflicto político que derive del ejercicio autoritario del poder implica hechos que no solo son contrarios a derecho, sino que han causado daños concretos a personas o grupos de personas, al patrimonio público o a la sociedad en general. Esos hechos pueden haber sido cometidos por quienes detentan el poder o por quienes hacen oposición. Entonces, una parte esencial del acuerdo de convivencia debe perseguir el establecimiento de las responsabilidades derivadas de esos hechos y la reparación de los daños causados; lo que no necesariamente implica persecuciones penales o civiles. Se han aceptado diversas formas de reparación para dar solución a las consecuencias de conflictos de la más variada naturaleza, compatibles, entre otras cosas, con las obligaciones internacionales asumidas por los Estados en materia de derechos humanos.

¿Cómo se da seguimiento y se garantiza el cumplimiento de semejante acuerdo? No hay una única respuesta correcta. Sin embargo, lo fundamental es que el acuerdo sea jurídicamente exigible y que la sociedad lo haga suyo.

Por eso, como dijo Pedro Nikken, el acuerdo no podría limitarse a poner fin al conflicto, sino que debe concebirse como empresa nacional para construir una nueva sociedad de la cual se erradiquen las causas profundas de ese conflicto, y en la que se garantice que no se reproducirán: ¡la paz como paradigma de la política!

(Escuche la conversación completa en el link https://t1p.de/7t0qj)

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Análisis del “Procedimiento para revisar las inhabilitaciones”
En los puntos de Barbados sobre las inhabilitaciones, subyace el argumento para mantener la inhabilitación de todo aquel que haya solicitado sanciones económicas contra Venezuela

 

@victoralvarezr

El gobierno y la oposición finalmente se pusieron de acuerdo en el “Procedimiento para la revisión de las medidas de inhabilitación” que impide a varios precandidatos postularse a las presidenciales 2024. A través de la red social X, la Embajada de Noruega en México informó que: “Como facilitador del Proceso de Diálogo y Negociación de Venezuela, confirmó la recepción del procedimiento, conforme al Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”.

El paso que se ha dado es una señal de la voluntad de las partes de seguir trabajando en torno a las condiciones electorales que regirán las presidenciales de 2024 y las megaelecciones de 2025, y despeja temporalmente la amenaza de reactivar las sanciones que hizo el gobierno de EE. UU., en caso de que no se definiera un proceso y plazos precisos antes del fin de noviembre.

Del 1 al 15 de diciembre de 2023, “Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar”.

Posteriormente, “La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad y eficiencia recogidos en la Constitución«. El Procedimiento dice que “Los interesados asumen el compromiso de acatar, en el marco de la Constitución, la decisión del TSJ que emane de ese recurso”. Huelga decir que en Venezuela se cuestiona la autonomía de los poderes públicos.

En la demanda presentada y en declaraciones públicas, los interesados se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del TSJ”. Adicionalmente, indica que cada uno de los interesados asume el compromiso de:

  • Respetar la Constitución y las leyes.
  • Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución.
  • Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.
  • Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

En estos cuatro puntos subyace el argumento para mantener, e incluso extender, la inhabilitación de todo aquel precandidato o precandidata que haya solicitado sanciones económicas contra Venezuela, invocado una intervención militar externa a través del TIAR, promovido nacional e internacionalmente el reconocimiento de un gobierno paralelo, apoyado el intento de golpe militar, respaldado la prolongación de funciones de la Asamblea Nacional 2015-2020 y haberse pronunciado a favor del aislamiento internacional, la máxima presión y la amenaza creíble contra Venezuela. Estas son acciones que el oficialismo considera como violencia política y traición a la patria y seguramente serán utilizadas como razones para insistir en la pérdida de derechos políticos y mantener las inhabilitaciones.

En el discurso de MCM suelen escucharse con frecuencia afirmaciones como estas:

  • “Venezuela está secuestrada por un narcorrégimen”
  • “Estamos gobernados por una banda de criminales”
  • “Hay quienes quieren lavarle la cara a un criminal como Maduro”
  • “Maduro, te quiero vivo para que enfrentes a la justicia”.
  • “Desplazar a la tiranía. Eso quiere decir el Hasta el Final”.
  • “El régimen está débil y aterrado”
  • “Una negociación sólo para la salida de Maduro”.

Su narrativa radical y amenazante le cierra las vías para inscribirse como candidata en el CNE. Maduro no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenaza con convertirse en su verdugo. No quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales. Tratará de impedir que la bola de nieve de la primaria presidencial siga creciendo y se transforme en una indetenible avalancha que lo barra en las presidenciales de 2024.

Si el PSUV pierde las presidenciales de 2024 puede perderlo todo. Teme no poder aguantar la euforia triunfalista de la oposición, ser barrido en las parlamentarias y perder la mayoría de gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales. El oficialismo sabe que en las presidenciales de 2024 se juega su sobrevivencia y por eso no se descarta una megaelección que le permita desplegar toda su maquinaria electoral bajo el lema: o nos salvamos todos o no se salva ninguno.

¿Le entregará el chavismo el poder a María Corina Machado si ella gana las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para celebrar unas elecciones competitivas y facilitar la alternabilidad en el poder por la vía pacífica y electoral?

El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita vender el petróleo a precios de mercado y recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.

La solución electoral y pacífica del conflicto venezolano –que haga posible una alternancia en el poder sin revanchismos y afanes de venganza– tiene que ser pactada antes con el chavismo, al cual se le deben dar garantías y confianza de que no será perseguido, enjuiciado ni encarcelado. Solo así entregarán el poder. Para no dinamitar los acuerdos de Barbados y lograr que estos finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.

De allí la necesidad de completar el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales con un pacto de convivencia pacífica que garantice los derechos políticos del perdedor. Este puede ser el paso clave que finalmente permita el avance hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano.

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Pacto de convivencia: la clave para una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano
El oficialismo no va a convocar unas elecciones competitivas que puede perder, si esto desemboca en una ola de persecuciones, juicios y cárcel para Maduro y su gobierno

 

@victoralvarezr

La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones económicas. El oficialismo no va a convocar unas elecciones competitivas que puede perder, si esto desemboca en una ola de persecuciones, juicios y cárcel para Maduro y su gobierno. Si no se reducen los costos de salida, el oficialismo se aferrará al poder y en Venezuela no habrá elecciones competitivas, ni alternabilidad en el mando político.

El chavismo no va a dejar correr en la carrera presidencial a quien lo amenace con convertirse en su verdugo. Esto explica la arriesgada apuesta del gobierno de suspender los efectos de la primaria presidencial de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura presidencial de María Corina Machado, a riesgo de que la OFAC reactive las sanciones.

Si su derrota electoral se convierte en un calvario, el gobierno hará todo lo posible a través de los poderes públicos que controla para inducir la división y abstención de la oposición, y así convertir en mayoría su precario apoyo electoral.

Un acuerdo para mejorar las condiciones electorales es necesario para la oposición, pero no es suficiente para el gobierno. Si no cesan las recompensas y amenazas de persecución judicial contra Maduro y otros dirigentes del oficialismo, el chavismo se aferrará al poder para evitar que su derrota electoral se convierta en una tragedia.

Por lo tanto, la clave para convocar unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en el poder, radica en la rehabilitación de los candidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, a cambio de un pacto de convivencia pacífica que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos de los actores políticos en pugna, incluyendo a los líderes de la oposición que eventualmente serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria por haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitado sanciones económicas contra Venezuela y haber invocado una intervención externa a través del TIAR.

Los Acuerdos Parciales de Barbados son necesarios, pero no suficientes y tienen que ser complementados con un acuerdo de convivencia pacífica que contribuya a desradicalizar el discurso de la polarización y violencia políticas que se puede agravar al calor de la campaña electoral. A fin de avanzar hacia una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano que permita la alternancia en el poder, es necesario comenzar a generar una matriz de opinión nacional e internacional favorable a un pacto de convivencia pacífica, que garantice el respeto a los derechos políticos de todos y evite que un cambio en el poder desencadene una ola de retaliaciones y persecuciones que empujen al país hacia una espiral de violencia política que luego sea difícil de controlar y detener.

Un pacto de convivencia pacífica es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados.

En este sentido, quien finalmente quede en la oposición está llamado a ofrecer un respaldo crítico y propositivo a las medidas urgentes y drásticas que se requieren, en vez de atizar un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.

Un pacto de convivencia pacífica es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el actual gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar, en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y de la remoción anticipada del presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo tiene que dejar gobernar, en vez de promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.

Un pacto de convivencia pacífica es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y cooperación entre los poderes públicos, para asegurar el respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral, y ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías–, que quedarán bajo el control del chavismo.

Un pacto de convivencia pacífica debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.

Un pacto de convivencia pacífica pasa por una reforma constitucional para que el expresidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos durante un período de diez años o incluso vitalicio. Se trata de bajar los costos de salida –sin amenazas de persecuciones, juicios y cárcel– para que el chavismo esté dispuesto a medirse en unas elecciones competitivas que faciliten la alternabilidad en poder por la vía electoral y pacífica.

Venezuela necesita un pacto de convivencia pacífica como expresión de un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la nación venezolana, a fin de retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.

Te invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía económica y electoral

* Director del Proyecto Pedagogía Económica y Electoral

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¿Cuál es el impacto geopolítico de flexibilizar las sanciones?
La Administración Biden se plantea alejar a Miraflores de los negocios con el Kremlin y reducir la influencia rusa en Venezuela que no es solo comercial sino también militar y geopolítica

 

@victoralvarezr

A raíz de las sanciones económicas de EE. UU., la relación entre Venezuela y Rusia pasó de la esfera comercial a la dimensión energética, militar y geopolítica. Lejos de quedar aislados, los países sancionados por EE. UU. y UE se juntan y estrechan sus lazos de cooperación para contrarrestar el efecto negativo de las sanciones. Esto genera efectos geopolíticos que no fueron calculados por los sancionadores estadounidenses y europeos.

Los vínculos comerciales y militares entre Rusia y Venezuela se acentuaron a raíz del veto impuesto por EE. UU. a la venta de repuestos para la flota de aviones F-16, y del bloqueo a la venta de lanchas de vigilancia costera por parte de España por incluir dispositivos hechos en EE. UU. Al perder estos proveedores, Venezuela buscó sustitutos y compró 24 aviones caza rusos modelo Su-30Mk2 Sukhoi para sustituir a los F-16; 100.000 fusiles Ak-103 Kalashnikov, sistemas antimisiles S-300, 50 helicópteros, tanques de guerra y anunció la instalación de una fábrica de fusiles rusos en Venezuela.

Lo que empezó como una relación comercial para la adquisición de equipo militar, a la larga se transformó en una relación geopolítica. El acercamiento del gobierno ruso a países en la zona de influencia de EE. UU. se interpreta como la respuesta geopolítica del Kremlin por el ingreso a la OTAN de países vecinos que tienen frontera con Rusia. En el marco del conflicto Rusia-Ucrania, el Kremlin le subió el volumen a su desafío a Occidente. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró que –si aumenta el cerco de la OTAN contra Rusia– no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia estableciera una infraestructura militar en Cuba y Venezuela.

De hecho, Rusia y Venezuela han ejecutado maniobras militares navales a una distancia de 20–50 millas de las costas venezolanas. En la operación combinada Ven-Rus participaron buques rusos junto a fragatas venezolanas. En diciembre de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Las implicaciones geopolíticas de esta relación comercial–militar se amplían con la creciente presencia rusa en la actividad petrolera y gasífera en Venezuela, que tradicionalmente han tenido como destino los mercados estadounidenses y europeos. Venezuela y Rusia firmaron convenios para la certificación de reservas en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) con miras a la explotación de petróleo por parte de empresas rusas como Gazprom, Rosneft y Lukoil que han participado en proyectos de gas y en la exploración y explotación de crudos en la plataforma submarina del Delta del Orinoco y en la FPO.

Rusia ha incursionado en la industria petrolera venezolana a través de empresas mixtas como: Petromiranda, Petromonagas, Petrovictoria, Petroperijá y Boquerón.

¿Cuál es el impacto geopolítico de flexibilizar las sanciones, por Víctor Álvarez R.
Empresas mixtas Venezuela-Rusia en la faja petrolífera del Orinoco.

Guerras en Europa y Medio Oriente renuevan interés de EE. UU. por Venezuela

En 2019, cuando se aplicaron las sanciones petroleras a Pdvsa, a las empresas estadounidenses –o de otros países con intereses en EE. UU.– se les prohibió tener vínculos comerciales con Pdvsa. Desde entonces, el petróleo venezolano se vende a través de intermediarios con descuentos de hasta 40 %. Adicionalmente, hay que pagar fletes más caros por la distancia de los mercados asiáticos y por el riesgo que representa transportar los crudos de Pdvsa.

El petróleo venezolano fue sustituido en el mercado estadounidense por el petróleo ruso. Pero, con la invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo ruso también fue sancionado. Por los gastos que ocasiona la guerra contra Ucrania, Rusia no tiene la misma capacidad financiera para auxiliar a sus aliados. Para alejar a Nicolás Maduro de Vladimir Putin, la Casa Blanca endurece las sanciones contra Rusia y flexibiliza las sanciones a Venezuela. Esto permitirá a Pdvsa vender sin descuento en EE. UU. el petróleo que remata en los mercados asiáticos. Si Pdvsa logra vender la misma cantidad de petróleo a los precios actuales, obtendrá $ 4000 millones adicionales. Así, la Casa Blanca se plantea alejar a Miraflores de los auxilios comerciales y financieros rusos.

Recordemos que la relación entre la Casa Blanca y Miraflores se interrumpió en enero de 2019 con el reconocimiento del interinato de Guaidó. Pero después de varios años de máxima presión, la estrategia de sanciones, gobierno dual y presión diplomática para forzar un cambio en el mando político en Venezuela no funcionó, el interinato se disolvió y Nicolás Maduro luce afianzado al poder.

Como el incumplimiento de los acuerdos de México se debió a la imposibilidad de los negociadores de la oposición de flexibilizar las sanciones y devolver los activos bloqueados, al ser asuntos que solo pueden ser decididos por el gobierno estadounidense, a fin de recuperar el suministro del petróleo venezolano y alejar a Maduro de Putin, la Casa Blanca decidió negociar con quien tiene el control del petróleo venezolano y gestionar directamente su relación con Miraflores y no ya a través de la Plataforma Unitaria.

En una demostración de hiperrealismo político, dos gobiernos antagónicos empiezan a reconocerse, encuentran puntos de interés común y ahora construyen acuerdos de mutuo beneficio que tendrán importantes efectos geopolíticos y económicos.

Flexibilizar sanciones tiene más importancia geopolítica para EE. UU. que para Venezuela

Con la prolongación de la guerra en Europa y el escalamiento del conflicto bélico en el Medio Oriente, se acentúa la presión al alza en los precios de los hidrocarburos, cuestión que ha obligado a EE. UU. a repensar y recalcular las sanciones contra el petróleo y gas venezolanos. De cara a las Presidenciales de 2024 en EE. UU., la Administración Biden necesita evitar el costo electoral que puede generar el alza en los precios de los combustibles y la energía. Como el petróleo venezolano puede contribuir a este objetivo, la OFAC flexibiliza las sanciones y abre nuevamente el mercado estadounidense a los crudos de Pdvsa.

A la Administración Biden también le interesa capitalizar el mérito de haber alejado la amenaza rusa del hemisferio y haber recuperado para Occidente el petróleo venezolano que se remata en los mercados asiáticos. La licencia general 44 de la OFAC (LG 44) autoriza a las empresas mixtas en las que participa Chevron, así como con otros socios privados de Pdvsa a reactivar la producción y extracción de petróleo y sus derivados, así como la importación de insumos necesarios para incrementar la producción de petróleo para ser exportado a EE. UU. Pero la LG 44 excluye a Rusia al decir claramente: “Esta licencia no autoriza la disposición de bienes y servicios, inversiones y cualquier transacción de compañías con sede en Rusia o empresas mixtas con entidades de la Federación Rusa”.

De esta forma, la Administración Biden no solo se plantea conjurar la amenaza de un shock de precios de los combustibles y la energía en EE. UU., también se propone reorientar los crudos venezolanos hacia Occidente, alejar a Miraflores de los negocios con el Kremlin y reducir la influencia rusa en Venezuela que, como ya hemos explicado, no es solo comercial sino también militar y geopolítica.

Te invitamos a escuchar y compartir el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía económica y electoral:

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Impacto económico de flexibilizar sanciones es mayor en EEUU que en Venezuela
Los acuerdos directos entre EEUU y Venezuela representan un acto de pragmatismo entre dos gobiernos que necesitan entenderse.

 

@victoralvarezr

Con la prolongación de la guerra en Ucrania y el escalamiento del conflicto bélico en el Medio Oriente, se acentúa la presión al alza en los precios del petróleo, cuestión que ha obligado a EEUU a recalcular las sanciones petroleras contra Venezuela. De cara a las presidenciales de 2024 en EEUU, la Administración Biden necesita evitar el costo electoral que puede generar el alza en los precios de los combustibles y la energía. Como el petróleo venezolano puede contribuir a este objetivo, la OFAC flexibiliza las sanciones y abre nuevamente el mercado estadounidense a los crudos de Pdvsa.

Pero la Administración Biden no solo se plantea conjurar la amenaza de un shock de precios de los combustibles y la energía en EEUU que pueda poner en peligro su reelección, también se propone reorientar los crudos venezolanos hacia occidente, alejar a Miraflores de los negocios con el Kremlin y reducir la influencia rusa en Venezuela, que ya no es solo comercial sino también militar y geopolítica. De hecho, en la licencia de la OFAC Rusia queda por fuera: “Esta licencia no autoriza la disposición de bienes y servicios, inversiones y cualquier transacción de compañías con sede en Rusia o empresas mixtas con entidades de la Federación Rusa”.

Con la flexibilización de las sanciones, Pdvsa recibirá mayores ingresos por la misma cantidad de petróleo y esto alejará al gobierno venezolano de los auxilios comerciales y financieros rusos.

Recordemos que los crudos venezolanos se venden con ruinosos descuentos en los mercados asiáticos y, sin sanciones, pueden ser colocados a precios de mercado en EEUU. Si Pdvsa logra vender la misma cantidad de petróleo a los precios actuales, esto generará $ 4000 millones adicionales para alimentar el mercado cambiario, estabilizar el dólar, bajar la inflación e importar bienes y servicios esenciales para reimpulsar la economía en pleno año electoral.

Los acuerdos directos entre EEUU y Venezuela representan un acto de pragmatismo entre dos gobiernos que necesitan entenderse. Pero como la posibilidad real de lograrlo iba más allá del poder de decisión de los negociadores de la oposición –que no tienen atribuciones para decidir sobre sanciones, desbloqueo de fondos, ni acceso a los mercados petroleros internacionales–, la Casa Blanca decidió gestionar directamente con Miraflores el alcance de los acuerdos petroleros.

En un acto de hiperrealismo político, dos gobiernos antagónicos encontraron puntos de interés común y lograron una serie de acuerdos con efectos económicos y geopolíticos que no se pueden poner en peligro por la diatriba política. Para bajarle el volumen al escándalo desatado a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de suspender los efectos de la primaria presidencial, la propia María Corina Machado (MCM) –ahora líder y candidata de la Plataforma Unitaria–, se encargó de silenciar el escándalo al declarar: “el Tribunal puede decir lo que le la gana, pero el hecho fáctico está allí y es irreversible, de modo que no creo que se ha violado el Acuerdo de Barbados, el régimen está presionando y tensando la liga pero al acuerdo aún no se ha roto”.

Los acuerdos petroleros están guiados por objetivos de interés común entre Washington y Caracas. Al reabrir el mercado estadounidense al petróleo venezolano, queda alineado el interés de la Casa Blanca de asegurar un suministro estable de petróleo, con el interés de Miraflores de vender ese petróleo sin los ruinosos descuentos que tiene que conceder en los mercados asiáticos. Al menos tres impactos se derivan de este acuerdo: 

  1. Venezuela vende petróleo a precios de mercado y aumenta su ingreso en divisas.
  2. EEUU recupera el suministro de petróleo venezolano y alivia la presión interna sobre los precios.
  3. Se reorientan los crudos venezolanos hacia Occidente y se aleja la amenaza rusa del hemisferio.

La Administración Biden ha otorgado por seis meses licencias específicas y generales para que Chevron y otras compañías estadounidenses aumenten la extracción de crudos venezolanos con destino al mercado estadounidense. Chevron es socia de Pdvsa en cuatro empresas mixtas que, antes de las sanciones, llegaron a producir más de 200 MBPD. Tiene una capacidad instalada superior que no ha podido aprovechar plenamente debido a las sanciones y que le permitiría surtir hasta 400 MBPD al mercado de EEUU. Pero seis meses no son suficientes para aumentar la producción de Pdvsa, debido al deterioro que presenta la infraestructura de la industria petrolera nacional. En el corto plazo, el verdadero beneficiado será Chevron, que sí está en capacidad financiera, logística y operativa para aumentar la producción en las empresas mixtas donde participa.

Los costos políticos-electorales de no cuidar el acuerdo

En el análisis costo-beneficio de los acuerdos, los partidarios de mantener las sanciones argumentan que una negociación petrolera con el gobierno de Maduro tendrá altos costos políticos para Biden. Desde otra perspectiva, quienes cuestionan los efectos colaterales de las sanciones sobre la economía y la sociedad argumentan que el beneficio de estos acuerdos consiste en evitar los costos electorales en las presidenciales de noviembre 2024, al evitar el impacto de los precios del petróleo en los precios de la gasolina, la energía y el costo de la vida de los electores estadounidenses.

Para conjurar esta amenaza, la licencia general 44 de la OFAC (LG 44) autoriza a las empresas mixtas en las que participa Chevron, así como con otros socios privados (con la excepción de Rusia) a reactivar la producción y extracción de petróleo y sus derivados, la compra e importación de insumos necesarios para realizar las actividades anteriores. En el caso de las empresas mixtas en las que participa Chevron, la exportación de ese petróleo será única y exclusivamente a EEUU, con un derecho preferente a favor de Chevron.

El impacto positivo en la economía de EEUU de flexibilizar las sanciones no se limita solo al sector petrolero y energético. La Licencia General 3I y 9H levantan las prohibiciones para la reventa de bonos de deuda externa emitidos por la República o Pdvsa antes de 2017. En adelante, los tenedores estadounidenses de esos bonos podrán transarlos y esto contribuirá a recuperar su valor real.

La Licencia General 43 autoriza las transacciones de la empresa estatal Minerven, que estaba vendiendo oro con descuento en Turquía y mercados asiáticos. Con precios de mercado, EEEUU puede ser el destino de unas ventas de oro que, según el Informe del Oro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) podrían llegar a 75 toneladas por año, por un valor superior a los $ 4400 millones.

La LG 44 autoriza el suministro de bienes y servicios relacionados, entre ellos el suministro de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, razón por la cual los exportadores estadounidenses de plantas, transformadores y conductores eléctricos; bombas de agua, compresores, equipos de telecomunicaciones, etc. podrán recuperar sus negocios en Venezuela.

Por si fuera poco, para contrarrestar el efecto electoral de Trump –que promete una deportación masiva de inmigrantes ilegales– la OFAC también autorizó a Conviasa para realizar vuelos de repatriación de migrantes desde cualquier punto del hemisferio occidental. Como la capacidad de Conviasa es insuficiente, esto abre una oportunidad para la reapertura de los vuelos de empresas aéreas estadounidenses hacia y desde Venezuela.

La generosidad de las seis licencias de la OFAC que flexibilizan ampliamente el régimen de prohibiciones revela el gran interés que tiene EEUU de evitar los riesgos electorales y poner fin a los graves daños que han ocasionado la aplicación y prolongación de las sanciones sobre intereses económicos estadounidenses.

Por todas las razones antes expuestas, queda claro que reactivar las sanciones tendría un impacto económico y electoral mayor en EEUU que en la propia Venezuela. Consciente de esto, y presionados por sus aliados y rivales geopolíticos de EEUU que temen ser desplazados si las negociaciones entre la Casa Blanca y Miraflores avanzan, el oficialismo juega duro con la maniobra de suspender los efectos de la primaria de la Plataforma Unitaria y de negarse a inscribir la candidatura de MCM en las presidenciales de 2024.

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