Tres están relacionados con detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas
La investigación que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió a finales del año pasado por crímenes de lesa humanidad no es el único proceso internacional por el que las autoridades nacionales deberán preocuparse, pues en lo que va de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado cuatro demandas contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violarles las garantías fundamentales a algunos de sus ciudadanos.
Tres de los cuatro casos están relacionados con detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, mientras que el último es sobre violaciones a los derechos electorales. Estos datos comprueban lo que la Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUCH) o la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela han señalado: la libertad personal, la integridad física, el debido proceso, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales están en riesgo en el país.
El último caso
La CIDH interpuso su última demanda contra Venezuela el pasado 6 de julio, aunque apenas fue el 5 de agosto cuando hizo pública su decisión en un comunicado de prensa. Este caso se relaciona con la detención ilegal, desaparición forzada y torturas sufridas por Juan Pedro Lares Rangel, hijo mayor del quien fuera alcalde del municipio Ejido (Mérida), el opositor Omar Lares Sánchez.
Los hechos se remontan a julio de 2017, cuando la entonces máxima autoridad electa del ayuntamiento de Campo Elías almorzaba en su casa con su esposa e hijos y unos 200 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron a la residencia sin orden de allanamiento. El político logró escapar gracias a la ayuda de su hijo mayor, Juan Pedro Lares, entonces de veintitrés años.
No obstante, los funcionarios detuvieron a Juan Pedro sin que se diera información sobre su paradero. No fue sino hasta un mes después que se supo que estaba encarcelado en Caracas. Esto se hizo pese a que la Constitución, en su artículo 44, garantiza a quienes son aprehendidos bajo la sospecha de que infringieron la ley la posibilidad de comunicarse de inmediato con sus familiares y representantes, y además obliga a las autoridades a notificar a los parientes y abogados del sospechoso el lugar donde está retenido.
Ante este cuadro, la CIDH concluyó que Venezuela
«violó el derecho a la libertad personal de Juan Pedro Lares, mediante una detención ilegal y arbitraria, ya que él no fue encontrado cometiendo un delito, no existía orden en su contra, y no le informaron las razones de su detención».
Asimismo, consideró que la forma en la que fue capturado constituyó «una desaparición forzada, teniendo en cuenta que la detención fue llevada a cabo por agentes estatales de forma ilegal y arbitraria, sin incluir su nombre en el listado de detenidos y ocultando su paradero».
Como si lo antes narrado no fuera suficiente, el joven fue amenazado y maltratado por sus captores con el propósito de que les suministrara información sobre el paradero de su padre, quien logró cruzar la frontera con Colombia y allí logró refugio. Juan Pedro Lares fue liberado en 2018 por la extinta Asamblea Constituyente sin que hubiese una causa contra él y sin que se diera explicación alguna de su detención.
Mismos delitos, diferentes víctimas
El caso de Lares es una de las tres demandas por detención ilegal y tortura que la CIDH ha presentado contra Venezuela en lo que va de año. En mayo interpuso otra por la detención arbitraria y tortura que sufrió el mayor (r) del Ejército, Milton Gerardo Revilla Soto, a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), según informó el organismo en un comunicado publicado en ese mes.
Revilla Soto fue detenido en 2010 por los agentes del organismo de inteligencia y acusado por los delitos de traición a la patria y de atentar contra la seguridad y la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El oficial retirado fue aprehendido luego de que descubriera y denunciara presuntos vínculos entre las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y altos funcionarios venezolanos, lo que generó represalias en su contra por parte de las autoridades y fue pasado a retiro en el Ejército.
Durante su aprehensión, según lo que denunció a la CIDH, habría sido torturado para que confesara una supuesta relación con la periodista Patricia Poleo y el economista Orlando Ochoa.
Por su parte, en febrero la CIDH anunció en otro comunicado su decisión de demandar al Estado por el proceso que siguió contra los catorce agentes de la Policía Municipal de Chacao detenidos en 2016 por su presunta vinculación con el asesinato del exjefe de prensa de la AN y exreportero de Venezolana de Televisión (VTV), Ricardo Durán.
«En junio de 2016 se dictaron órdenes de aprehensión contra las 14 víctimas por la presunta comisión del delito de homicidio. Pasados 45 días de esta decisión, los fiscales solicitaron sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar, lo cual fue declarado procedente, y la jueza ordenó la libertad inmediata de las víctimas. A pesar de ello, las víctimas permanecieron privadas de libertad en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas».
Esto denunció el organismo al respecto, señalando uno de los tantos casos en que las boletas de excarcelación son desacatadas por los cuerpos de seguridad del Estado sin que los tribunales hagan nada al respecto.
Por burlar el voto
El último juicio que Venezuela deberá enfrentar en la Corte IDH está relacionado con las irregularidades cometidas en las elecciones presidenciales de 2013, las cuales se celebraron sobrevenidamente tras el fallecimiento del entonces presidente Hugo Chávez.
En mayo la Comisión informó que demandó al Estado por la manera como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desecharon, sin más, las peticiones del entonces candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski para auditar los votos emitidos en los comicios, en los que oficialmente Nicolás Maduro se impuso una pírrica ventaja de 1,49%.
Asimismo, el organismo continental consideró que los comicios se celebraron bajo condiciones no equitativas, lo cual no solo afectó los derechos a la participación del entonces candidato opositor, sino también a quienes lo respaldaron.
