El hallazgo ocurrió durante las operaciones militares Autana y Roraima 2022

Los días 7, 10 y 23 de noviembre, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), general Domingo Hernández Lárez, reportó vía Twitter el hallazgo de tres fosas comunes con osamentas humanas durante incursiones militares para desmantelar campamentos mineros ilegales.

Según Hernández, estas fosas a cielo abierto estaban en yacimientos auríferos ilegales bajo el dominio de la organización criminal 3 RRR, que opera en las minas de Bolívar incluso antes de 2016.

El hallazgo ocurrió durante las operaciones militares Autana y Roraima 2022, con las que el Estado pretende desarticular grupos delincuenciales y destruir campamentos de minería ilegal que otrora trabajaron en alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM), según la declaración de mineros afectados.

Durante la incursión militar, pobladores de Tumeremo y El Callao denunciaron detenciones arbitrarias, allanamientos y desapariciones forzadas por corto tiempo. El Estado se reserva la información de cuántas personas han sido detenidas durante estas operaciones, cuantos campamentos mineros ilegales han sido destruidos, y cuánto armamento de guerra propiedad de grupos delincuenciales han sido incautados.

Es la primera vez -desde 2016, tras la masacre de Tumeremo, cuando el entonces Defensor del Pueblo Tarek William Saab reportó el hallazgo de 14 cadáveres en una fosa común- que el Estado reconoce la existencia de fosas comunes con restos humanos en los territorios mineros del sur de Bolívar.

Según el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de investigar con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia, toda muerte potencialmente ilícita causada por funcionarios del Estado o por particulares, aun cuando el Estado no pueda ser considerado responsable por no haber impedido estas muertes.

Pero hasta ahora, los organismos competentes no han revelado cuántos cuerpos han sido hallados en estas fosas, su ubicación específica y cuáles procedimientos está emprendiendo el Estado para la identificación y recuperación de restos humanos.

Esto adquiere mayor relevancia considerando que, de acuerdo con el último monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con el medio regional Correo del Caroní, al menos 90 personas vinculadas a la minería de forma directa o indirecta han desaparecido en el sur de Venezuela desde 2012.

Para el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar), el hallazgo de las fosas solo reafirma que existe un patrón de violencia inherente a la producción de oro en la Amazonía venezolana.

“Desde el 2010 se anuncian operaciones para acabar con la minería ilegal en la región, no obstante con el devenir de los años, estas se mantienen bajo la misma premisa, dejando claro su poca efectividad pero además la proliferación de otros flagelos cómo tráfico de drogas y explotación sexual, tal como la anuncia la más reciente incursión denominada Roraima”, señala el equipo.

Desde el OVV Bolívar se considera  imprescindible que a situaciones de esta naturaleza se le dé un tratamiento conforme a la legislación nacional así, como a estándares internacionales suscritos por el Estado. “Esto es, no solo anunciar la ocurrencia de los hechos denunciados, sino que la denuncia se realice por parte de los órganos competentes acompañada de los procedimientos que aplican a partir de los hallazgos”.