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Los que no se rinden / Fundación de DDHH de Anzoátegui: Al lado de nuestra sede pusieron un módulo de las Faes
Desde 1992 defienden a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y a detenidos arbitrariamente 

@franzambranor

Corría el año de 1992, segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez. Un fallido golpe de Estado comandado por el a la postre mandatario Hugo Chávez hizo tambalear la democracia en febrero. De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional de la época los derechos humanos estaban amenazados. El oriente del país no era la excepción y denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias provocaron la aparición de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui. 

El director institucional de la Fundación, Alcides Magallanes, dijo que recurrieron a ayuda internacional para iniciar el proyecto.

“Entre los fundadores de este grupo había gente que estaba privada de libertad, a quienes se les estaban violando sus derechos humanos. Con la ayuda del gobierno de Dinamarca se creó la Fundación”, dijo Magallanes. 

Según la ONG Provea, los derechos humanos en Venezuela sufrieron un colapso con la llegada del chavismo al poder. Durante los 14 años de mandato de Chávez se produjeron 11.101 casos de violaciones a la integridad personal, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas.

Maduro en sus primeros seis años contabilizó 32.362 casos de atropellos a los derechos humanos, un 291% más que su predecesor.  

.¿Cuál ha sido el resultado de las gestiones de la Fundación para defender los derechos humanos en Anzoátegui? 

Alcides Magallanes: En la actualidad la fundación ha logrado que funcionarios policiales hayan sido sentenciados por ejecuciones extrajudiciales. Nos interesa ayudar a las personas que sufren privaciones ilegítimas de libertad y familiares de quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

¿La Fundación tiene ramificaciones? 

AM: Abarcamos todo lo que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en Anzoátegui, Sucre, Monagas y Nueva Esparta. Tenemos un equipo profesional entre periodistas e investigadores en las zonas norte y oeste de Venezuela.  

¿Qué otros servicios ofrecen?

AM: Cursos sobre justicia y paz. También dictamos charlas a los cuerpos policiales sobre derechos humanos y tratados internacionales del Código Orgánico Internacional. Asesoramos a todo el que esté interesado en los derechos civiles y políticos.  

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

AM: Con Cofavic, Provea y agencias internacionales. 

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? 

AM: El mayor reto es lograr que se haga justicia y denunciar a los fiscales y jueces del Ministerio Público que hayan cometido delitos.  

¿Han recibido amenazas?

AM: No hemos recibido amenazas como tal, pero al lado de nuestra sede en Barcelona instalaron un módulo de la FAES para intimidarnos.  

¿Un caso emblemático en el que hayan trabajado?

AM: En mayo de 2018, tres funcionarios policiales y un civil fueron asesinados por uniformados del CICPC. El cuarteto estaba comprando una caja de cerveza cuando los detuvieron y se los llevaron vía autopista hacia Caracas, los metieron en una finca y los ajusticiaron. Dos de los fallecidos pertenecían a la policía del estado Anzoátegui y otro era de Poliguanta. La fundación investigó y documentó el caso y en la actualidad lo tiene la Fiscalía General de la República.

¿Un testimonio?

AM: El de Luis Vásquez, quien asegura que su hermano Jorge Luis Vásquez Rojas fue ajusticiado por funcionarios de la Policía Municipal de Bolívar en el sector Maisanta del barrio El Viñedo en Barcelona el pasado jueves 21 de febrero de 2019. Los agentes argumentan que Jorge Vásquez murió en un enfrentamiento, mientras que su hermano asegura que cuando lo detuvieron estaba con vida.