Fotos: Cortesía Johnny Parra

Los homicidios se han reducido entre 30 % y 45 % en casi toda Venezuela, pero en Táchira la disminución es de apenas 2,2 %. Lanzar los cadáveres al lado colombiano es una de las prácticas para ocultar los números rojos. La violencia en este estado fronterizo se mantiene intacta e incluso podría estar aumentando. La acción de una multiplicidad de grupos armados que operan en la región sería una de las causas 

@anggyp

Las noticias sobre la aparición de cadáveres en las trochas (pasos fronterizos ilegales) que conectan a Venezuela y Colombia ya son parte de la cotidianidad en el estado Táchira. El diario La Opinión de Cúcuta difunde cada hallazgo, y aunque queda claro que las víctimas son personas relacionadas con la actividad fronteriza, en la mayoría de los casos los cuerpos no son identificados. Esta violenta dinámica se ha exacerbado por las continuas restricciones impuestas por los gobiernos a los pasos legales y por la presencia de más de una veintena de grupos armados no estatales.

En 2017, Táchira ocupaba el lugar número 13 en la clasificación de los estados con más homicidios en Venezuela, en 2018 estaba en la posición 14. Pero en 2019 la violencia se incrementó, principalmente en los municipios fronterizos, y la entidad saltó sin ningún obstáculo al puesto 9 en el ranking de los estados con la tasa más alta de crímenes contra la vida, según datos del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, obtenidos de manera extraoficial por Monitor de Víctimas, mediante una filtración. 

Táchira limita con el Departamento Norte de Santander, Colombia, y ha sido permeado por diversas organizaciones criminales, como las disidencias las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Pero además, varias de sus localidades se convirtieron en refugio de algunos grupos residuales de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también identificadas como paramilitares, entre los que destaca Los Rastrojos. 

A esto se suma la llegada de los colectivos (grupos de civiles armados) venezolanos, como el Colectivo de Seguridad Fronteriza, y la presencia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional. “Hoy por hoy, los grupos armados irregulares tienen presencia en el 85% de los municipios del estado Táchira”, asegura un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) sobre Grupos Armados Irregulares en la Frontera de Táchira.

La crisis económica y el paso masivo de migrantes que huyen desesperados de sus lugares de origen en Venezuela, ha sido aprovechado por los diversos actores criminales que operan la mayoría de los 29 municipios del Táchira. Se multiplicó la actividad del contrabando, el tráfico y la trata de personas en los que participan funcionarios gubernamentales, grupos criminales y civiles, disparando las cifras de muertes violentas en sus diversos móviles: ajuste de cuentas, sicariato y ejecuciones extrajudiciales.

“La vinculación de los grupos armados irregulares en el estado Táchira ha ido en aumento, y así lo demuestran los datos que revelan que, en el primer semestre de 2019, los hechos violentos causados por éstos representan el 8%; mientras que, en el primer semestre del año en curso (2020), aumenta exponencialmente a 29%, siendo superado únicamente por las muertes por resistencia a la autoridad”, dice el documento del OVV, publicado en septiembre de 2020.

La respuesta gubernamental ha sido “el silencio” y “la ley del oeste”, expresiones muy conocidas en la entidad. No hay acciones de seguridad orientadas a controlar a la mayoría de estos grupos, solo Los Rastrojos (paramilitares) han sido prácticamente desaparecidos del territorio venezolanos. Pero ese espacio ha sido tomado por las exguerrillas del ELN, disidencias de las FARC y el Colectivo de Seguridad Fronteriza. 

Mientras, el Estado venezolano ha respondido con controles para el suministro de gasolina, venta de productos de la cesta básica, y criminalización de todos los pobladores fronterizos, lo que ha generado más muertes y rentas criminales en la región.

2017: Boom de la migración pendular

Para el 2017, ocurrieron 357 homicidios con una tasa de 28 homicidios por cada 100.000 habitantes en Táchira, mientras que la tasa nacional fue de 47 (según la misma fuente oficial). Los municipios fronterizos con más movilidad de personas, como Bolívar y García de Hevia, comenzaron a registrar más hechos de sangre debido a la profundización de la guerra entre grupos criminales que buscaban tomar poder de ciertas zonas y economías ilegales generadas por el paso de migrantes pendulares y migrantes internos que se comenzaban a concentrar en estas poblaciones.

Comparando los homicidios entre los datos de 2016 y 2017 se registró un aumento de los casos en más de 12 municipios. Entre ellos: Antonio Rómulo Costa con 50 % de los casos, Bolívar 138,9 %, Cárdenas 31,3 %, Fernández Feo 15,8 %, García de Hevia 6,3 %, Guasimos 150 %, Jáuregui del 100 %, José María Vargas 200 %, Municipio Libertad 200 %, Lobatera 500%, Michelena 75%, Panamericano 23,5% en comparación el año anterior.

 En 60 % de los casos se manejó como hipótesis de los homicidios el ajuste de cuentas, 20 % de los homicidios quedó “por determinar” la causa, 10% fue registrado como sicariato y el 10 % restante se atribuye al robo el móvil del crimen.

 En 2017 los homicidios ocurrieron con mayor frecuencia los días sábados, domingos y miércoles.  90 % fue perpetrado con armas de fuego.

 En el municipio Independencia se registró un aumento de 100 % en los casos de resistencia a la autoridad, que son los homicidios cometidos por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. El incremento en este delito fue similar en el municipio Antonio Rómulo Costa 100 %, mientras que Ayacucho reportó el aumento más drástico con 350 %.

 2018: Aumento de violencia en municipios de  frontera

 Para el 2018, las cifras oficiales indican que se registraron 277 los homicidios, y la región ocupó la posición 14 de la escala nacional, con una tasa de 22 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional fue de 33. Sin embargo, se evidencia un cambio en los sitios donde ocurrieron las muertes. Cuatro de los municipios fronterizos (García de Hevia, Ayacucho, Lobatera, Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdanet) pasaron a ocupar los primeros cinco lugares con más homicidios, junto a la capital tachirense.

El municipio con mayor número de homicidios para el 2018 fue Ayacucho con 46 casos, 16,9 %. El segundo lugar lo ocupó el municipio García de Hevia con 42 homicidios, 16,2 %; San Cristóbal tuvo 33 casos, 12,7 %; Pedro María Ureña 32 homicidios, lo que representó 10%; y Bolívar con 22 casos, representado en 8,5 %.

Para este año 100 % de los hechos fueron perpetrados utilizando armas de fuego. Las hipótesis que se manejaron fueron sicariato con 22, 2%, por determinar 22,2%, ajustes de cuenta 22,22%, crimen de género 22,2, robo 11,1 %. Además los hechos ocurrieron con más frecuencia en más días de la semana: jueves, viernes, domingo, lunes y martes.

Además se originaron asesinatos en importantes porcentajes los siete días de la semana, pero en mayor medida los días miércoles con el 18,8 % de los crímenes sucedidos en estos días. Incluso en el rango horario se nota un incremento de los hechos horas diurnas durante las 12 del mediodía a las 5:00 de la tarde en un 25,3 % y de 6:00 am a 12 del mediodía con el 23,2 %.

La frontera se ha visto colmada de miles de personas en condiciones de vulnerabilidad provenientes del centro del país, decenas encontraron oportunidad en el paso de mercancías de un país a otro, mientras que muchos otros han sido captados por las bandas criminales, que se aprovechan de su desesperación económica. 

Para el profesor e investigador de la Especialidad de Estudios Fronterizos de la Universidad de Los Andes, Francisco Sánchez, el incremento de la violencia y homicidios en el margen fronterizo en cierta medida se debe al desplazamiento de personas provenientes de otras regiones hacia los municipios del Táchira. Algunas de estas personas ingresan a este ecosistema criminal sin control, en busca de mecanismos de supervivencia. 

También la crisis económica del país ha generado una especie de migración de grupos delictivos de las zonas urbanas hacia las zonas fronterizas donde se desarrollan actividades de crimen organizado más rentables, como la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas.

Adicionalmente se conformaron nuevos grupos binacionales, como la organización La Línea que surgió en el 2018. Esto ha ido empeorando la guerra por el control de los pasos informales que son utilizados incluso por estas organizaciones para el tráfico y trata de personas, el contrabando de todo tipo de mercancía y para el narcotráfico.

Se ampliaron las oportunidades para delinquir y las trochas se han convertido en los principales enclaves para el desarrollo de las actividades ilegales.

El salto a la posición 9

En 2019 se reportaron 271 homicidios en Táchira. Aunque hubo una disminución respecto a 2018, la reducción fue de apenas 2,2 %, muy baja si se compara con entidades como Carabobo, Miranda y Distrito Capital donde los homicidios se han reducido entre 30 % y 45 %. Además no hay certeza de que estas cifras realmente registren todos los crímenes ocurridos dentro del territorio tachirense.

La tasa en Táchira fue de 21 homicidios por 100.000 habitantes, con un detalle llamativo, por primera vez en los últimos cinco años era similar a la tasa nacional que también fue de 21, según la data del observatorio del Ministerio de Relaciones Interiores. 

Cinco municipios concentran más de 50 % de los homicidios. Tres de ellos son fronterizos: Pedro María Ureña pasó a ser la jurisdicción más violenta con 61 homicidios, lo que representa 22,5 % de los asesinatos; el municipio Ayacucho con 31 asesinatos, que representan 11, 4 %; y García de Hevia con 30 homicidios, 11,1 % de los casos. Los otros dos municipios son San Cristóbal, que concentró 34 hechos de sangre, para 12,5 % y Fernández Feo.

Para Anna María Rondón, criminóloga y representante del Observatorio Venezolano de Violencia Capítulo Táchira, lo primero que hay que tener en cuenta es que la región está en frontera con Colombia y esa característica la diferencia del resto de los estados del país. Explica que en los últimos años la criminalidad relacionada con homicidios está caracterizada por lo que ocurre en los pasos fronterizos ilegales.

 De acuerdo al seguimiento de la experta, las muertes en las trochas son los móviles que vienen ocurriendo con mayor frecuencia y es lo que se viene observando del 2016 al 2019 con la escalada de los hechos de sangre en las jurisdicciones más cercana al margen fronterizo.

Para 2020 se comienzan a ver muertes al estilo de los carteles mexicanos como decapitaciones en áreas limítrofes por ende aumentaron las diversas formas de ejecución de homicidios. La información oficial indica que en 77 % de los casos de las muertes se usaron armas de fuego y en 11,9 utilizaron armas blancas. 

La experta señala que es una región donde ocurre una cantidad importante de sicariatos, pero en 2019 se notó una disminución con los homicidios relacionados a unos delitos más comunes como robo o por motivos pasionales. El móvil que se manejó en el 70 % de los casos fue ajuste de cuentas, mientras que 9,5 % de los casos quedó en el estatus “por determinar”. El 6,5 % de las muertes se produjo por robo y 5,6 por riña. Un 4,4 % de los homicidios fue por causa de robo de vehículo, 2,4% fue violencia de género, 0,8 % por sicariato y 0,4 % por robo frustrado.

Entre 2019 y 2020 decenas de cadáveres de personas asesinadas en municipios del estado Táchira (Venezuela) han sido arrojados a territorio colombiano. La acción, que ha desconcertado a las autoridades de Colombia, ha motivado incluso la elaboración de algunos reportajes e investigaciones por parte de organización de la sociedad civil y medios colombianos sobre las masacres en las trochas. 

“Las trochas entre Venezuela y Colombia se han convertido en el escenario de muchas muertes violentas, en su mayoría de venezolanos que se encuentran con alguno de los grupos armados que controlan esa zona. Muchas veces estas personas son asesinadas en Venezuela y sus cuerpos arrastrados a territorio colombiano para que alguien los recoja. Pueden pasar varias horas en el suelo antes de que la policía llegue”, dice una publicación que reproduce Frontera Viva. 

Se estima que gran parte de los victimarios  son hombres entre 17 años y 28 años. Y las víctimas son en su mayoría hombres, añade Rondón, por lo general son personas que utilizan los pasos fronterizos. 

Se suma la resistencia a la autoridad

Desde 2017 se evidenció un incremento importante de los homicidios por “resistencia a la autoridad”, detalla Anna María Rondón, aunque las cifras oficiales muestran los contrario.

 “Difícilmente pasa un mes en el estado Táchira sin que ocurran homicidios de esta índole. La aparición de las FAES (Fuerza de Acciones Especiales) también tuvo un significado importante en este sentido”, expuso la experta.

La llegada de la FAES a comienzos de 2018 estuvo acompañada de la designación de Freddy Bernal como protector de Táchira, quien ha liderado muchos procedimientos de este cuerpo de seguridad, en particular la persecución a Los Rastrojos.

Rondón refiere que el Táchira está frente a un Estado arbitrario, que poco guarda la integridad física ni respeta los convenios internacionales de derechos humanos. En el primer semestre de 2020, el monitoreo de prensa arroja que se han registrado 41 casos de homicidios a manos de policías y militares, la misma cifra que reportaba el observatorio del Ministerio de Relaciones Interiores para octubre de 2019, lo supone un aumento en estos casos de “resistencia a la autoridad”.

La experta también considera que en el fondo hay cierto grado de indefensión de los cuerpos policiales frente a las grupos criminales que se mueven en la región. “Hay estructuras criminales que tienen mejores armas que los funcionarios. Entonces enfrentarlos es algo prácticamente inútil y matarlos representa beneficios más inmediatos, es el razonamiento de las autoridades. El Estado no cree en su propia capacidad para resocializar, en su propia capacidad para hacer justicia”, argumentó.

Ante este escenario no se observan posibles mejoras en la situación de violencia homicida en Táchira. Mientras más se incrementan los controles en los municipios fronterizos más aumentan las oportunidades para grupos armados que controlan las zonas, aumentan los ingresos en los pasos informales, surgen nuevas estructuras delincuenciales, las existentes se fortalecen y se diversifican las rentas criminales.