Dos periodistas asesinados, violencia, detenciones arbitrarias y amenazas en contra de periodistas venezolanos, denunció la SIP en una conferencia virtual
“Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal a periodistas venezolanos tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora”, recoge un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que se celebra de forma virtual.
Además, el reporte destaca que “no hay dónde reclamar por esos atropellos porque los organismos oficiales están cerrados”.
El informe también alerta de que los militares y los policías “impiden la libre circulación de los periodistas”, por ello, las unidades móviles y los reporteros son secuestrados o atacados.
“Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud”, destaca el informe de la SIP.
Según el informe, la fuerza pública y los grupos paraestatales tiene como objetivo “crear miedo y zozobra entre los periodistas”.
“Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias” en este 2020, subrayan.
Dos periodistas asesinados, detenciones y amenazas
El reporte de la SIP recordó que el 21 de agosto “fueron asesinados Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV” en estado Zulia, fronterizo con Colombia, “durante un presunto operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.
El 23 de agosto, el director de Guacamaya TV, Franklin Torres, aseguró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que una comisión policial “entró a la sede el canal de forma violenta y luego de los asesinatos, decomisó todos los equipos de la planta televisiva”.
El “Informe Sombra” sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, publicado en julio pasado e incluido en el reporte de la SIP, también “denuncia el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura”.
El informe de la SIP recoge una serie de amenazas y detenciones a periodistas que se produjeron en los últimos meses en Venezuela.
Entre ellas están las recibidas por el periodista Luis Gonzalo Pérez, quien, el 1 de abril, “recibió amenazas en su teléfono de seis números distintos que mencionaban a su familia y su dirección”.
Otro periodista, Darvinson Rojas, fue detenido durante 12 días entre marzo y abril por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de COVID-19. Posteriormente, fue liberado con medidas cautelares.
El informe de la SIP recuerda que, el 7 de abril, la periodista Mayerlin Villanueva y el fotógrafo Luis Cobaría, del diario La Prensa del estado Tachira, fueron detenidos durante cuatro horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) “cuando intentaban acceder al cuerpo de bomberos” en la localidad fronteriza de San Antonio.
El 15 de abril, el periodista Arnaldo Sumoza fue detenido en el céntrico estado Guárico cuando grababa una protesta por falta de agua. El 6 de mayo, tras cinco meses y 16 días detenida en la sede de la DGCIM, fue excarcelada Ana Belén Tovar, gerente de Venmedios.
También en junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y a Marco Antoima por “el supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales”.
El último caso documentado es el del Correo del Caroní, un periódico regional del amazónico estado Bolívar, cuyo director, David Natera, fue arrestado durante horas el pasado 12 de octubre y su casa allanada.
*Con información de EFE
