El documento publicado este lunes por la oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclama al Estado su inacción ante la minería ilegal, los ‘sindicatos’ mineros, los derrames petroleros y el impacto de sus políticas sobre los aborígenes venezolanos
@loremelendez
En su más reciente informe, la oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, cuestionó la violación de derechos ambientales y de los pueblos indígenas en Venezuela, los cuales se han visto afectados por la minería ilegal, la acción de las bandas armadas y los constantes derrames petroleros.
El documento, titulado “Situación de los derechos humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela”, está basado en las observaciones hechas por la oficina de Bachelet entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. A través de dos apartados, la institución reclama desde el incumplimiento de las leyes por parte del propio Estado, hasta la inacción ante las amenazas que ambiente e indígenas reciben por igual. Aquí siete claves para entender las alertas hechas por la ONU a la administración de Nicolás Maduro.
Marco legal de adorno
El documento subraya que aunque los derechos ambientales están consagrados en el marco legal venezolano como “derechos constitucionales” y establecen “obligaciones específicas del Estado en materia de protección ambiental, transparencia, participación, fiscalización, reparación y formas específicas de responsabilidad penal por daños ambientales”, el Estado y sus instituciones incumplen lo que parece solo estar en el papel.
“Informes de la sociedad civil indican una falta de aplicación de las normas ambientales, de rendición de cuentas públicas, y de reparación de los daños ambientales, en particular en las industrias petrolera y minera”, se lee en el informe de Bachelet.
¿Y Escazú?
El ACNUDH insta a Venezuela a firmar y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el acuerdo de Escazú, que entró en vigor el pasado 22 de abril de 2021 y que ha sido aprobado por 24 países. Venezuela está entre las cinco naciones de la región que no participan en la iniciativa. Para Bachelet, es imperativo que el país se sume.
Arco Minero, otra vez
Aunque no es la primera vez que se menciona en un informe, la oficina de Bachelet también expresó preocupación por la situación de los derechos humanos en los más de 113 mil kilómetros que ocupa el Arco Minero del Orinoco.
Acerca del tema, se hace una mención especial sobre el riesgo de los pueblos indígenas ante la minería, ya que el ACNUDH recibió más denuncias de muertes y amenazas contra líderes aborígenes en estas zonas por parte de los grupos armados conocidos como ‘sindicatos’. “Por ejemplo, el 5 de abril, en la ‘Mina 49’ en Yapacana (estado Amazonas), un hombre indígena Jivi habría sido muerto por grupos no estatales que operan la mina (…) Las muertes y las denuncias de amenazas deben ser investigadas de forma independiente, y los autores deben ser llevados ante la justicia”, recalca.
El documento también revela que tiene información sobre la participación de agentes del Estado que hacen parte de las operaciones de la minería ilegal junto con los ‘sindicatos’.
En el informe se subraya que, al respecto, ya la ONU hizo recomendaciones al Estado venezolano para que se acabara con la falta de transparencia de empresas públicas que llevan a cabo operaciones en la zona, y que se dieran a conocer los procesos de participación y consulta, estudios de impacto ambiental y sociocultural, y las acciones públicas “para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras”. Pero estos problemas persisten y, por eso, vuelve a señalar la necesidad de que el marco regulatorio ambiental se aplique en la zona.
Indígenas cercados
El ACNUDH insiste en que la expansión de la minería ilegal, impulsada de acuerdo con expertos y organizaciones no gubernamentales, con la creación del Arco Minero del Orinoco, ha impactado negativamente sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, en particular sobre sus derechos sobre la tierra y los recursos de estas, sus derechos ambientales, a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. Si bien la actuación de los grupos armados mantiene en zozobra a los aborígenes y trastoca sus estilos de vida, el reclamo del organismo se dirige más bien al Estado y al hecho de no acordar y aprobar junto con las comunidades la explotación de los territorios que ocupan.
La oficina de Bachelet exige a la administración de Maduro que cumpla con “la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, de buena fe y a través de sus propias instituciones y representantes legítimos, para la adopción o aplicación de cualquier decisión, actividad o medida que pueda afectarlos”.
La deuda de la demarcación
A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en vigencia desde 1999, estableció que para 2001 ya debían haberse demarcado todos los territorios indígenas, la realidad es que 20 años después esa meta, apenas se ha alcanzado en 15%, mientras que el Gobierno solo ha entregado 102 títulos de propiedad y hábitat a los pueblos aborígenes que corresponden a 3,22% del territorio nacional. Así lo reporta el documento de la ONU, que además critica la demora excesiva de las respuestas de entes oficiales hacia las solicitudes de autodemarcación y expedición de títulos, también incluidas en la carta magna. “En un caso, la respuesta oficial de la Procuraduría General de la República ha estado pendiente por más de 15 años, cuando el plazo legal aplicable es de 30 días”, resalta el informe.
“La demarcación justa y eficaz de los territorios indígenas es un derecho y un requisito para el pleno disfrute de otros derechos humanos de los pueblos indígenas. Debe realizarse sin demora, de forma transparente y participativa, y con las autoridades indígenas legítimas”, sostiene el documento.
En el apartado de las recomendaciones, el ACNUDH pide al Estado la adopción de medidas que permitan actuar con celeridad en el reconocimiento de todos los territorios indígenas y derechos colectivos a la tierra, con énfasis en las iniciativas de autodemarcación.
No más derrames
Otra de las denuncias contenidas en el informe se refiere al aumento de los vertidos accidentales de hidrocarburos en Venezuela que se registra desde 2014. “El ACNUDH recibió alegaciones de derrames de petróleo en ríos, lagos y zonas costeras, muchas de ellas protegidas, como el Parque Nacional Morrocoy y el Refugio de Vida Silvestre del Cuare. Entidades públicas habrían actuado para contener los impactos y reparar los daños, dentro de los recursos disponible”, dice en el escrito.
¡LO LOGRAMOS! #URGENTE En este momento Michelle Bachelet expone ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra nuestra denuncia sobre los derrames petroleros de la refinería El Palito (Carabobo) y la reserva de Cuare (Falcon) en Venezuela #HRC48 pic.twitter.com/7SxTX6ytlq
— Gabriel Samuel Cabrera Perozo (@GaboCabreraVzla) September 13, 2021
Para la oficina de Bachelet, es “imperativo” que la administración de Maduro se asegure de implementar el marco regulatorio ambiental sobre la industria petrolera y que informe cómo lo hace efectivo.
El aporte
La oficina de Bachelet destaca que en este período colaboró con la Defensoría del Pueblo para evaluar y capacitar a la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, “a fin de mejorar su capacidad para prevenir eficazmente la tortura y malos tratos”.
La misma institución “ofreció capacitaciones virtuales a la Defensoría del Pueblo sobre temas específicos, como derechos de los pueblos indígenas y cooperación con personas defensoras de los derechos humanos, y acompañó a la Defensoría del Pueblo en la aplicación de un nuevo sistema de recopilación de datos”, indica el documento.
