Organizaciones de la sociedad civil que trabajan con el tema ambiental consideran que el gobierno venezolano está incumpliendo con su obligación constitucional de proteger los derechos ambientales y a sus defensores, según una encuesta de la organización Clima21
El 60% de las organizaciones consultadas expresó que la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela es una actividad insegura. 37% considera que lo es en algunos temas ambientales
El 98% de las organizaciones respondió que la defensa de los derechos territoriales por parte de pueblos indígenas y comunidades tradicionales es una actividad de gran riesgo debido a la violencia del gobierno, de bandas delincuenciales y grupos de rebeldes extranjeros
Las ONG en materia ambiental urgen al Estado venezolano a suscribir e implementar el Acuerdo de Escazú, con el fin de avanzar hacia la plena realización de los derechos ambientales que se incumplen en Venezuela
Organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan directa o transversalmente con temas ambientales urgieron al gobierno de Venezuela a firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú en el menor tiempo posible, para que se garanticen los derechos ambientales en el país.
Así consta en el informe “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en Venezuela: las organizaciones de la sociedad civil opinan sobre el Acuerdo de Escazú” que fue publicado el pasado 8 de mayo por la organización Clima21, y en el que se incluyen los resultados de la encuesta aplicada a organizaciones de la sociedad civil que se enfocan en temas ambientales.
La encuesta, explica Clima21, se orientó a determinar el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil venezolana sobre el Acuerdo de Escazú, así como su percepción de la situación de los derechos a acceder a la información, la participación y mecanismos judiciales.
De igual forma, se consultó sobre la situación en lo que respecta a la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.
A survey conducted by @clima21_VE found that environmental organizations and activists in 🇻🇪 are not incorporated into the process of consultation, implementation or evaluation of environmental public policies, despite their disposition to participate https://t.co/7pqGSQ4PAm
— Hearts On Venezuela 🇻🇪 (@HeartsOnVzla) May 19, 2023
La investigación concluyó que el gobierno venezolano incumple sus obligaciones constitucionales en materia de la defensa de los derechos al acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental, así como en lo que respecta a la protección de los defensores de derechos ambientales.
Un aspecto importante que sobresale de la investigación es que, aun y cuando el Estado venezolano se niega a suscribir el Acuerdo de Escazú –instrumento jurídico regional dirigido a fortalecer estos derechos- todos ellos están reconocidos por la Constitución nacional, pero de igual forma, no se respetan.
Hallazgos más relevantes de la investigación
A continuación, en forma de claves, los hallazgos más relevantes de esta investigación de Clima21.
Defender los derechos ambientales es una actividad insegura
El 60% de las organizaciones encuestadas consideró que la defensa de los derechos humanos ambientales en Venezuela es una actividad insegura. 37% considera que lo es en algunos temas ambientales, pero en otros no. El 26% de las organizaciones ha sufrido algún tipo de agresión.
Entre las agresiones descritas destacan la estigmatización, amenazas, intimidación, hostigamiento en redes sociales y obstaculización de las actividades realizadas.
A su vez el 51%, manifestó conocer situaciones de violencia que han sufrido otras organizaciones.
«Aun cuando la pregunta no fue específica, las respuestas en extenso parecen indicar que las zonas mineras del sur del país (estados Bolívar y Amazonas) son las más peligrosas para defender los derechos humanos ambientales», destaca el informe.
La defensa de los derechos territoriales en Venezuela es una acción de gran riesgo
El 98% de las organizaciones respondió que la defensa de los derechos territoriales por parte de pueblos indígenas y comunidades tradicionales no es segura y señalaron la violencia por parte del gobierno, bandas de delincuentes y grupos de rebeldes extranjeros como los causantes
principales de esta inseguridad.
La firma e implementación de Escazú permitiría garantizar derechos ambientales
51% manifestó conocer el acuerdo de Escazú solo en sus aspectos generales y el 32% contestó que conoce bastante bien sus características; A pesar de ello, el 93% de los encuestados consideró que el Acuerdo de Escazú incluye temas fundamentales para Venezuela.
75% de los encuestados está dispuesto a participar en acciones para promover la adopción del Acuerdo de Escazú por parte de Venezuela.
De acuerdo con la opinión de las organizaciones consultadas, el gobierno venezolano está incumpliendo todos los derechos definidos en el Acuerdo de Escazú, y al mismo tiempo, incumpliendo con su obligación de proteger estos mismos derechos presentes en la Constitución nacional.
Esta misma situación, consideran, afecta los derechos de los defensores de derechos humanos ambientales, incluyendo activistas ambientales, defensores de derechos territoriales, comunicadores sociales y otras personas que actúan en defensa de estos derechos.
Por ello, las organizaciones recomiendan al Estado venezolano firmar, ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú en el menor tiempo posible, para que se garanticen los derechos ambientales en el país.
Limitado acceso a la información ambiental
68% de los encuestados expresó que, aunque tienen acceso a la información necesaria para su trabajo, hay vacíos y carencias en la misma y el 26% respondió que no tenían acceso a información. El 70% de los encuestados respondió que los organismos públicos nunca publican información pertinente sobre temas ambientales. Por otro lado, sólo un 35% de las organizaciones ha realizado solicitudes formales de información a organismos oficiales.
ONG excluidas en consulta, implementación o evaluación de políticas públicas ambientales
Sólo el 26% de las organizaciones encuestadas fueron invitadas por organismos públicos a participar en alguna actividad dirigida a generar, implementar y/o evaluar políticas públicas en materia ambiental. 88% manifestaron estar dispuestas a participar en este tipo de actividad.
Desconfianza en mecanismos judiciales para resolución de problemas ambientales
Tan solo un 16% de los encuestados indicaron que su organización había recurrido a mecanismos judiciales para la solución de un conflicto ambiental. De los que lo habían realizado, únicamente en un 14% de los casos se había producido una decisión judicial. Por su parte, 40% de los encuestados no participa porque percibe que esos procesos son improductivos o riesgosos para las organizaciones.
¿Qué es el acuerdo de Escazú?
El 22 de abril 2023 se cumplieron dos años de que entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Clima21 explica que este tratado internacional de derechos humanos tiene como objetivo «garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de decisiones en cuanto al entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental».
Además, incluye disposiciones específicas para que los Estados protejan a los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental e incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad.
El Estado venezolano no participó en ninguna de las etapas de elaboración del Acuerdo de Escazú, ni posteriormente lo ha firmado, ni ratificado. Las razones se desconocen y el gobierno no ha emitido alguna opinión sobre el mismo.
«No obstante, el país tiene legislación vigente que sustenta todos los ejes temáticos contemplados en el Acuerdo y que pudieran ser reforzados a
través de la implementación de las orientaciones establecidas en él», se lee en la investigación de Clima21.
Expertos y organizaciones ambientalistas consultados por el equipo de investigación de Runrun.es en 2021 coincidieron en que Venezuela no ha firmado el Acuerdo de Escazú porque promueve acciones y proyectos que atentan contra los tres principios de esta plataforma continental a favor del planeta: acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia.
Consideraron que el gobierno venezolano «no está dispuesto a rendir cuentas sobre su opacidad informativa, corrupción administrativa ni sobre la economía extractivista que depreda el ambiente y agrede a los pueblos indígenas».
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Los efectos negativos de estar al margen de Escazú
El informe concluyó que el «silencio y omisión por parte del gobierno venezolano » de asumir las garantías presentes en el Acuerdo de Escazú genera «efectos negativos graves sobre la población venezolana».
Entre ellos, enumeran que no tendrá información sobre elementos fundamentales como «la calidad del agua, los riesgos asociados a la contaminación, o los desastres socionaturales, entre muchos otros».
Asimismo, advierten que la violencia sobre los defensores de derechos humanos y territoriales genera «graves dificultades para realizar contraloría social, impide la realización de acciones de corresponsabilidad social y produce graves violaciones sobre los derechos de las personas y comunidades involucradas».
