Dinorah Figuera en la Embajada de EEUU en Madrid junto al diplomático Mark Wells el 15MAR23. Foto: @WHAAsstSecty
Figuera dejó saber que estaba asumiendo “funciones constitucionales”, sin especificarlas, en lo que calificó como una situación «sui generis»
El departamento de Estado de EEUU estaría organizando una agenda de reuniones de trabajo con el nuevo “gobierno” de Venezuela encabezado por Dinorah Figuera. Los encuentros tendrían lugar en las próximas semanas sin que aún se defina el lugar, barajándose a Madrid o Washington como posibles lugares, para lo que sería la confirmación oficial del reconocimiento por EEUU a un nuevo “gobierno provisional”. De esta manera, la médico y parlamentaria Dinorah Figuera, de 62 años de edad y actualmente viviendo como asilada política en España, se está convirtiendo en la primera mujer presidenta de Venezuela con base en la misma interpretación constitucional que sustentó el interinato de Juan Guaidó.
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En conversación para este Informe el 18MAY23, Figuera insistió que no se trataría de un nuevo “gobierno provisional”, ratificando su condición de presidenta de la Asamblea Nacional y reacia a ser considerada como cabeza del poder Ejecutivo. Figuera, en todo caso, dejó saber que estaba asumiendo “funciones constitucionales”, sin especificarlas, en lo que calificó una situación “sui generis”. Pero esas “funciones constitucionales” son precisamente las que corresponderían a una jefatura de gobierno, distinto a las funciones del poder legislativo. La situación “sui generis” a la cual se refiere la nueva presidenta de Venezuela, es la inexistencia de un gobierno legítimamente electo dado el carácter usurpador del gobierno de Nicolás Maduro, sustento constitucional para que Guaidó asumiera la Presidencia interina el 10ENE19 y que le valió el reconocimiento de varias decenas de gobiernos, con las implicaciones legales, políticas, diplomáticas y administrativas que ello ha supuesto.
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El Informe Otálvora del 25MAR23 reportaba que el 15MAR23 se había producido una reunión en la sede de la Embajada de EEUU en Madrid entre Dinorah Figuera y Mark Wells en su condición de subsecretario Adjunto para Brasil y Cono Sur, Asuntos Andinos y Política Económica de la Oficina de Asuntos de hemisferio occidental del Departamento de Estado. Esa reunión significó la ratificación del reconocimiento de EEUU a la Asamblea Nacional electa en 2015 como única instancia constitucional representativa del estado venezolano. Pero, indicaba este Informe que “ese reconocimiento no basta para desentrabar los embrollos legales y políticos causados por la ausencia de un gobierno reconocible en Venezuela. Figuera habría sido informada de la posición de EEUU y advertida sobre el cuadro creado a raíz de la disolución del “gobierno interino”.
Ese Informe también adelantaba que “en altos niveles del aparato diplomático y de seguridad de EEUU se estaría debatiendo sobre salidas a la falta de una representación legal de Venezuela, el vacío legal provocado por la disolución del “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó. En todo caso, la administración Biden mantiene la posición de no reconocer a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela, pero tampoco dará reconocimiento diplomático a un “gobierno legislativo” como el dibujado por quienes defenestraron a Juan Guaidó”.
Ahora, corridos varios meses, ya el gobierno de EEUU precisó junto a Dinorah Figuera una respuesta a esa situación.
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Todo indica que la oposición venezolana y el gobierno de Joe Biden debieron dar vuelta atrás en la decisión de prescindir de la figura de un “gobierno provisional” en Venezuela, como instancia reconocible y reconocida legalmente por EEUU y otros gobiernos. La interpretación de la Constitución venezolana asumida por EEUU durante el gobierno de Trump y dejada a un lado por algunos operadores de la Casa Blanca del gobierno Biden, nuevamente apareció como una necesidad y solución legal. Si bien la decisión y los respectivos actos oficiales no se han hecho públicos, en medios oficiales de Washington y de Londres se dan como un hecho. En el caso de EEUU, diversas decisiones que han sido emitidas en las últimas semanas tienen como condición legal la existencia precisamente de una autoridad ejecutiva venezolana reconocible, distinta a un inaceptable “gobierno parlamentario”, la cual encarna la diputada Figuera.
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Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, conocida en argot internacional como la “IV Asamblea Nacional de Venezuela”, reconocida por EEUU y otros países, decidieron el 30DIC22 la disolución del “gobierno interino” y la no renovación de Guaidó como presidente del poder legislativo, mediante la aprobación de una nueva versión del llamado “Estatuto de Transición a la Democracia”. De esta manera, el 05ENE23 fue electa una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por Dinorah Figuera, militante del partido Primero Justicia. Según lo aprobado por los rivales de Guaidó, Figuera no asumiría la condición de presidenta encargada de la República.
La alianza opositora llamada G4, formada por los partidos Voluntad Popular (de Guaidó y Leopoldo López), Primero Justicia (de Julio Borges y Henrique Capriles Radonski), Acción Democrática (de Henry Ramos Allup) y Un Nuevo Tiempo (de Manuel Rosales) mantenía ya desde 2021 una creciente confrontación a propósito de la continuidad del “gobierno provisional” de Guaidó a quien veían como un rival para unas eventuales futuras elecciones presidenciales. Con la no renovación de Guaidó en el cargo de presidente de la Asamblea Nacional y la disolución del “gobierno de transición”, algunos sectores de la oposición creyeron abrir el camino para que el régimen convoque a elecciones en 2024 y retire las trabas “legales” que impiden que algunos dirigentes presenten sus candidaturas. La defenestración de Guaidó y la posterior presión del aparato represivo del régimen forzándolo a salir al exilio, parecían satisfacer tanto al chavismo como a varias toldas opositoras.
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La decisión de la Asamblea Nacional recibió la censura de eminentes juristas venezolanos como Allan Brewer Carías, Asdrúbal Aguiar o Román Duque Corredor. “La pretendida reforma del Estatuto de Transición a la Democracia que supuestamente ‘elimina’ el gobierno interino, no es más que un gran e inconstitucional disparate, porque dicho gobierno no fue “creado” por la Asamblea Nacional ni puede por tanto ser “eliminado por la misma”, escribió Brewer.
Aguiar escribió: “esa figura constitucional del Encargado de la Presidencia de la República, que ha operado de pleno Derecho desde el 10 de enero de 2019 –por falta de un presidente electo– no es discrecional.”
Brewer remató el argumento: “Juan Guaidó asumió como presidente encargado de la República a partir del 10 de enero de 2019, conforme a la obligación constitucional que tenía derivada del artículo 233 de la Constitución, al no haber presidente legítimo que pudiera tomar posesión de su cargo en esa fecha”.
La interpretación invocada por Brewer y Aguiar habría sido retomada por el gobierno de EEUU. La señora Figuera sería la presidenta encargada de la República con base en el artículo 233 de la Constitución redactada por mandato de Hugo Chávez.
La base jurídica de la aplicación del artículo 233 está reunida en el libro “El final del encargado de la presidencia y el gobierno parlamentario en Venezuela” publicado en enero de 2023 bajo la coordinación de Brewer y Aguiar.
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El 09ENE23, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia mediante la cual ratificaba el levantamiento de sanciones para las transacciones que personas o empresas de EEUU puedan realizar con las autoridades de la “IV Asamblea Nacional”. De esta manera, la nueva directiva de la AN podría manejar cuentas bancarias y realizar transacciones financieras en EEUU, a los efectos del flujo de los recursos del Estado venezolano que permanecen represados en EEUU y son utilizados para financiar la operación de la AN y del “gobierno de transición”. En todo caso, esa licencia no podría traducirse en la liberación de dinero por parte del Departamento del Tesoro hasta tanto la contraparte venezolana no cumpliera con condiciones legales reclamables en EEUU que permitieran la “certificación” por parte del Departamento de Estado de la condición de representantes legales. En ese momento la interpretación del artículo 233 de la Constitución chavista debió ser retomada por Dinorah Figuera y por el Departamento de Estado de EEUU.
El 01MAY23, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia mediante la cual autorizó a la “IV Asamblea Nacional” para negociar con acreedores del Estado venezolano que buscan cobrar deuda mediante el embargo y venta de activos estatales venezolanos en el exterior. La inmensa deuda externa venezolana, causada por el endeudamiento de los gobiernos de Chávez y Maduro y las sentencias judiciales por expropiaciones ejecutadas y no pagadas por el régimen, amenazan los activos de la República. La negociación de la deuda externa es una atribución típicamente del poder Ejecutivo según la Constitución venezolana. En otras palabras, los procesos de negociación con acreedores que están ávidos de embargar a la petrolera Citgo, que estuvieron en manos del “gobierno interino” de Juan Guaidó ahora dependen del “gobierno interino” de Figuera.
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El gobierno Trump creó en el Departamento de Estado el cargo de “Representante Especial para Venezuela” que fue asignado a Elliot Abrams. Este cargo permanece vacío desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. A su vez, la administración Trump logró la aprobación por el Senado de la designación del diplomático James Story como embajador en Venezuela, pero la ruptura de relaciones hizo que el jefe de misión estadounidense debiera actuar como jefe de la “Oficina Externa de los EEUU para Venezuela”, basada en Bogotá y sin las cualidades de una verdadera embajada.
En medios políticos de Washington, Story es señalado junto al asesor presidencial, el colombo-estadounidense Juan González, como los autores del plan de acercamiento a Nicolás Maduro a cambio de negociaciones con la oposición y de disolución del “gobierno de transición”. Story fue removido de su cargo con fecha 19MAY23 y, hasta la fecha, no se conoce que le fuera asignado un nuevo destino diplomático. El Departamento de Estado decidió no enviar a un nuevo diplomático para hacerse cargo de la Oficina para Venezuela en Bogotá. La Oficina ha sido puesta bajo control de Francisco Palmieri quien se encuentra en Colombia como jefe de la misión diplomática en calidad de “Encargado de Negocios a.i.” ante la inexistencia de un embajador estadounidense en Colombia.
A su vez, la conducción de la política hacia Venezuela en el gobierno Biden pareciera estar cambiando de manos y probablemente de rumbo. El Departamento de Estado pareciera estar reasumiendo la conducción operativa de las relaciones hacia Venezuela que han estado concentradas, durante el gobierno Biden, en el Consejo Nacional de Seguridad. El diplomático Mark Wells estaría asumiendo plenamente el tema Venezuela en el Departamento para el Hemisferio Occidental. Muchos rumores sobre el tema…
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Lula da Silva podría ser sometido a una intervención quirúrgica que lo obligaría a permanecer lejos de los espacios públicos por varios meses.
Luego de su actual viaje a Japón para participar en la Cumbre del G7, Lula deberá ser objeto de exámenes médicos. En mentideros brasilienses se comenta que Lula, de 77 años de edad, podría ser sometido a una intervención para reemplazo de cadera y de fémur. Tal circunstancia complicaría la agenda internacional que el brasileño tiene prevista para los próximos meses, incluyendo una cumbre de mandatarios suramericanos muy esperada por la dictadura venezolana.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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