La abogada y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, afirmó que «para el Estado, las víctimas y los testigos de violaciones a DDHH son una variable que puede controlar dentro de Venezuela, evitando en lo posible su involucramiento con mecanismos internacionales de justicia y verdad, por lo que es preciso brindarles la mayor protección a través de cualesquiera medios disponibles»
Hasta el 7 de marzo los venezolanos, víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus representantes, tienen la oportunidad de «presentar sus opiniones y observaciones sobre la solicitud de la Fiscalía» a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), según el comunicado enviado por el fiscal en jefe de la CPI, Karim Khan.
El órgano multilateral presentó un formulario para las víctimas que se pueden llenar desde el internet y en acompañamiento de la sociedad civil venezolana.
Para la abogada y presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, la visita reciente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y su prórroga de dos años es un indicio para que se continúe el proceso de investigación de la CPI contra el gabinete de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Pero la recolección de testimonios podrá convencer a los jueces de la CPI que autoricen al fiscal Karim Khan para continuar la investigación sobre Venezuela.
«La relación entre los órganos de Naciones Unidas y la Corte Penal ha sido bastante cercana desde la adopción del Estatuto y hasta la actualidad. En particular, las Misiones de Establecimiento de Hechos han demostrado ser un mecanismo apropiado para transmitir a la Corte Penal información contextual relevante sobre una situación dada», destacó Dávila en una entrevista a Runrun.es.
«En Venezuela, además del trabajo de la Misión de Establecimiento de Hechos del Consejo de Derechos Humanos, destaca el primer informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la represión de la protesta política, en agosto de 2017. Informes realistas del Alto Comisionado podrían contribuir a dar mayor verosimilitud a la gravedad de los crímenes y la insuficiencia del sistema de justicia, empujando una respuesta más dinámica por parte de la Corte», agregó.
Una ventana al registro
Mientras la ONU pretendía mantener sus investigaciones, el Estado venezolano solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI que se abstuviera de hacer indagaciones en el país debido a las supuestas acciones emprendidas por autoridades nacionales sobre los «presuntos hechos punibles» contra los derechos humanos.
En su visita a Venezuela el pasado 28 de enero, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseveró que el Estado venezolano sigue sin mantener un sistema judicial trasparente que apoye legal, social y psicológicamente a las víctimas de detenciones arbitrarias y familiares de ejecuciones extrajudiciales.
Frente a este panorama, Tanto Türk como la presidenta de Defiende Venezuela consideran que la falta de actividad del Estado venezolano para atender a las víctimas es un proceso de revictimización y vulnerabilidad.
«El riesgo para las víctimas, directas e indirectas, así como para testigos y organizaciones es especialmente alto en esta etapa de mayor selectividad de la persecución política por parte del Estado», recalcó Dávila. «La Corte Penal carece de medidas efectivas para proteger a los sujetos procesales en esta etapa inicial del proceso, por lo que una respuesta contundente del Alto Comisionado podría hacer la diferencia para las personas en riesgo»
«Para el Estado, las víctimas y los testigos son una variable que puede controlar dentro de Venezuela, evitando en lo posible su involucramiento con mecanismos internacionales de justicia y verdad, por lo que es preciso brindarles la mayor protección a través de cualesquier medio disponible», afirmó.
La abogada recalcó que la asociación civil venezolana sigue documentado en la actualidad operativos de seguridad, donde el Estado sigue lesionando la integridad de las personas. «Asimismo, presenciamos cómo una víctima declaró en la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal del Internacional del 2022 sobre la detención arbitraria, desaparición forzada y los actos de tortura a los que fue sometido en el 2018 y al día siguiente su familia recibió una citación por parte del Ministerio Público. Un acto claro de hostigamiento, persecución e intimidación».
«Declaraciones preventivas como las del alto comisionado pueden tener un valor disuasorio importante, aunque limitado. Estos ataques selectivos lo que buscan es intimidar a las víctimas y a los familiares para evitar que la investigación en la Corte Penal Internacional siga avanzando», precisó Dávila. «Sin embargo, esto solo muestra la relevancia de la participación de las víctimas y el poder que ellas tienen en sus manos, especialmente ahora que la Corte ha abierto una consulta a las víctimas para que las mismas señalen si realmente hay justicia en Venezuela y si la Corte debe mantener o suspender la investigación».
La presidenta de Defiende Venezuela informó que la CPI, al conocer el riesgo que pueden enfrentar las víctimas, diseñó un sistema seguro a través del cual las víctimas pueden participar en la consulta sin poner en riesgo su identidad. «La Corte Penal Internacional ha asegurado que esta información será compartida únicamente con la Sala de Cuestiones Preliminares, que ni el Estado venezolano ni la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendrán acceso a esta información», dijo.
Las directrices de la CPI
La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (o VPRS, por sus siglas en inglés) mantiene una página web y un correo (VPRS.Information@icc-cpi.int ) para que los venezolanos puedan consultar las medidas para llenar el formulario.
Dentro de sus recomendaciones, la CPI informa que los documentos deben estar escritos o presentados en inglés o francés. También recalcaron que «participar en este proceso no es lo mismo que testificar o hacer una declaración como testigo».
«Las víctimas no necesitan demostrar el daño sufrido (es decir, no necesitan enviar documentos para demostrar el daño sufrido, como documentos médicos, financieros, fotografías, copias de expedientes, entre otros)», se lee en las orientaciones que proporciona el organismo adscrito a la ONU en su página web. «Los formularios de las víctimas sólo se transmitirán a los jueces de la Sala; ninguna otra entidad tiene acceso a los formularios: ni la fiscalía ni el Gobierno de Venezuela tendrán acceso a ellas».
Los venezolanos que envíen su testimonio en otro formato que no sea escrito (un video u otro medio alternativo) debe enviarlo al correo oficial de la VPRS.
«Hay que recordar que la decisión sobre la continuación de la investigación está en manos de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, que tienen autonomía judicial», dijo Dávila en relación a las recientes visitas del gabinete de Nicolás Maduro a la sede de la CPI en La Haya, Países Bajos. «Cuando el antiguo presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, Maikel José Moreno Pérez, se reunió con funcionarios de la CPI, no generó ningún impacto positivo para su gobierno; al contrario, se abrió la investigación».
Contrapeso gubernamental vulnerable
Frente al Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines que estipula la la Asamblea Nacional de mayoría chavista el pasado 24 de enero, Dávila afirmó que los espacios para la atención a las víctimas en el territorio nacional se verá cada vez más reducido.
«Actualmente, son las ONG las que representan alguna alternativa ante las deficiencias del Estado en temas tan sensibles como servicios básicos y administración de justicia», dijo.
La abogada agregó que la propuesta de ley es una violación al derecho humano a la libertad de asociación y expresión, por lo que reducirían aun más las ventanas para documentar las futuras violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
«Ante la ausencia de partidos políticos independientes y elecciones competitivas, las ONG pasan a ser el único contrapeso al poder casi absoluto del Estado, que prepara un escenario electoral que extienda la permanencia en el poder de la cúpula corrupta y decadente del oficialismo, cuyos miembros temen además a la justicia internacional que pudiera esperarlos a su salida del poder», concluyó.
Apoyo a las víctimas ante la CPI
Frente a la petición de la CPI de recoger testimonios de las víctimas, destinas ONG han ofrecido datos de contacto para solicitar asistencia para presentar sus casos:
Defiende Venezuela: pueden llenar un formulario en el siguiente enlace https://defiendevenezuela.org/que-hacemos/defendemos/
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA): pueden comunicarse por correo electrónico a la dirección odhula@gmail.com o llamar al teléfono (+58) 414-7449782.
