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Corporación Venezolana de Minería

ESPECIAL ︳Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco
Deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión  de territorios indígenas, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados conforman la estampa del megaproyecto de minería, promovido desde 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro, tras la pandemia del COVID-19.  Presentamos una nueva investigación sobre la explotación de oro en Venezuela de Runrunes y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela 

 

La pandemia del COVID-19 no detuvo la destrucción del Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Bosques talados, ríos contaminados, invasiones de territorios indígenas, instalación de plantas industriales y aparición de viviendas y comercios precarios a la orilla de la carretera conforman el nuevo paisaje que atraviesa la Troncal 10, la principal arteria vial que comunica los municipios mineros al sur del estado Bolívar. 

En un recorrido de 850 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar, el equipo de Runrunes y el Correo del Caroní constató en directo el impacto ambiental, social y cultural de la actividad aurífera en la región. La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa casi 12% del territorio nacional, es la aparición de misteriosas empresas, molinos artesanales y plantas industriales de cianuración para el procesamiento de oro cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial. 

De las 41 empresas que participan en la explotación del oro en el Arco Minero identificadas durante el recorrido, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido  vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75%  se desconoce el proceso de contratación pública,  apenas seis  aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No hay certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo. 

El conflicto entre las comunidades indígenas dentro del Arco Minero y las bandas criminales llamadas colectivos, sindicatos mineros o “el sistema” liderados por pranes,  que han consolidado el control territorial de las minas con anuencia del Estado, es un estallido social latente. Una evidencia de esta disputa por la explotación de oro dentro del territorio indígena tuvo lugar la segunda semana de enero de 2022, cuando líderes locales decidieron trancar el paso durante 10 días por la Troncal 10, principal arteria vial del cinturón minero, lo que produjo problemas de abastecimiento. La tensión fue desmontada tras reuniones con las autoridades locales, gobierno regional y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), ente coordinador de la gestión dentro del Arco Minero. 

La fiebre del oro también ha reconfigurado la vida de las poblaciones mineras. La proliferación de barriadas a lo largo de la carretera y en algunos históricos pueblos mineros como El Dorado se constató durante el recorrido por Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y el Kilómetro 88 así como los linderos de la Gran Sabana (que alberga el Parque Nacional Canaima). La aparición de viviendas con techos de zinc y paredes de tablas de madera y bolsas de plástico, son evidencia de la explosión demográfica en el Arco Minero y crecimiento de la pobreza con el consecuente colapso de los servicios públicos ya precarios. También son muestra de que el megaproyecto de minería no llegó acompañado de políticas sociales para beneficiar a las comunidades de los pueblos mineros ni articular medidas con los gobiernos locales.  

La deforestación a la vista de los transeúntes de la Troncal 10  y la contaminación con mercurio y desechos tóxicos de los ríos Cuyuní y Yuruary que bordean los principales pueblos mineros desdice las políticas ambientales que el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y el Ministerio de Ecosocialismo aseguran cumplir  desde la creación del Arco Minero del Orinoco. En 2020 se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea en el estado Bolívar en las últimas dos décadas debido a la expansión de la minería. 

Lea el especial completo Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco de Runrun.es y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela clickeando la imagen. 

Gold Reserve continuará teniendo poder en “Siembra Minera”, aún después de un cambio de gobierno

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Las ambiciones de la recién autorizada Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A. son grandes, pero el capital es pequeño: apenas Bs 1 millón que quizás no alcance para pagar los cinco neumáticos de la camioneta blindada que, seguramente, utilizará el presidente de la compañía.

Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM) tendrá 550 acciones para un capital pagado de Bs 550.000, equivalente a 55% del capital. El 55% restante, correspondiente a 450 acciones  por un valor de Bs 450.000, pertenece a GR Mining (Barbados) Inc., compañía de maletín establecida en el paraíso fiscal de Barbados y accionada por la canadiense Gold Reserve Inc., principal promotora de la explotación del controversial “Arco Minero del Orinoco”.

De acuerdo con los Estatutos de Siembra Minera, las asambleas de socios de CVM serán válidas solamente al hacerse presente 66% del capital y las decisiones serán válidas con 50% del capital presente. En la práctica, Gold Reserve ejercerá el mismo poder que el gobierno venezolano, independientemente de si el gobierno actual, bajo el cual se constituye la empresa mixta, llegase a ser cambiado como efecto de un referéndum revocatorio.

Existe igualdad práctica entre GR y gobierno sobre decisiones típicamente asamblearias como modificación a los Estatutos Sociales, variaciones del monto de capital social y fusión de negocios con otras compañías o su propia escisión, así como en, lo operativo y administrativo, la designación del Gerente General y todo el personal operativo y gerencial, así como sus remuneraciones.

Presidente, Gerente de Relaciones Externas, Secretario de la Asamblea, Representante Judicial y Comisarios podrían ser designados sin necesidad de consentimiento de Gold Reserve, pero a menudo hay actos de gestión deben contar con el consentimiento de esta.

La Junta Directiva para el primer período estatutario es la siguiente:
Presidente

  • Roberto Ignacio Mirabal Acosta
Directores Principales
  • Luis Gonzalo Salinas Loreto 
  • Ricaurte Lionett Lionett 
  • Gonzalo Joel Prato Carrero 
  • Rockne Jon Timm (estadounidense)
  • Alexander Douglas Belanguer (canadiense)
  • James Hayward Coleman (canadiense)
Directores Suplentes
  • Lucia Barboza Siri
  • Manuel Alejandro Grillet Girón 
  • Alba Jacquelin Castillo Padrón
José Ignacio Moreno Suárez actuó como Representante Legal de GR Mining (Barbados) Inc. en el Acta Constitutiva de Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A.
No todo el oro del “Arco Minero del Orinoco” irá a parar al Banco Central de Venezuela

MEDIANTE UN DECRETO 2.465 del 29 de Septiembre de 2016 publicado en Gaceta Oficial No. 41.000 del 30-9-2016, el gobierno autoriza la creación de la empresa estatal Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A..

La nueva compañía estará adscrita al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y estará constituida por la estatal Corporación Venezolana de Minería, S.A. con 55% del capital y GR Mining (Barbados) Inc., con 45%.

La nueva empresa tendrá por objeto social “la ejecución de las Actividades Reservadas, para procurar alcanzar el perfil de producción previsto….  la venta y entrega de todo el oro extraído al Banco Central de Venezuela o a la entidad que a tal efecto el Banco Central de Venezuela autorice, excepto por el oro que la Empresa Mixta utilice para el pago de regalías que el Ejecutivo Nacional haya decidido recibir en especie; y la ejecución de cualesquiera otras actividades necesarias para la ejecución de las Actividades Reservadas.  Asimismo, la Empresa Mixta estará facultada para prestar servicios a precios de mercado a empresas de exclusiva propiedad del Estado, a otras empresas mixtas o a otras empresas, siempre que la prestación de dichos servicios sea en el interés de la Empresa Mixta…”

El decreto no indica qué dependencia del Ejecutivo Nacional recibiría el oro “en especie”, cómo se valorizaría y contabilizaría, ni pone limitaciones al destino final del oro. La imprecisión de a quién podrían prestarse servicios “en el interés de la Empresa Mixta” deja la puerta abierta a los conflictos de interés, en perjuicio de esta misma.

Sigla no ha podido determinar a plenitud si este sería el caso de GR Mining (Barbados), pero la minera canadiense Cemeco y otras tienen constituidas subsidiarias de maletín en el paraíso fiscal de Barbados, el tercero en preferencia de las compañías canadienses donde acumulan unos US$ 80 millardos. El acrónimo GR abre toda la posibilidad de que corresponda a la controversial Gold Reserve, también canadiense y principal promotora de la explotación del llamado “Arco Minero del Orinoco”.