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Inseguridad

Asesinan a una mujer de 52 años en robo a una peluquería de Baruta

A Mercedes Leonor Fuentes Arias de 52 años la asesinaron el jueves 4 de octubre a la 1:30 de la tarde durante un robo en una peluquería llamada Wendy Ruth, situada en la calle Bolívar de Baruta.

Mercedes estaba en la peluquería con su nuera cuando dos jóvenes ingresaron al local con la intención de cometer un robo.

Las mujeres fueron arrinconadas por los delincuentes y uno de ellos usó a Mercedes como rehén para amenazar a las demás víctimas.

Los delincuentes luego de que robaron el celular de Mercedes y de las demás clientas de la peluquería, le dispararon en el pecho a la víctima y luego huyeron del lugar en una moto.

Arias fue trasladada hasta la Clínica Félix Boada de la zona, sin embargo llegó sin signos vitales.

Mercedes vendía almuerzos a los conductores de las camionetas de la línea Sur-Este de Baruta. La víctima vivía en el sector Ojo de Agua, era madre de dos hijos y dejó cuatro nietos.

La autopsia de Arias se realizó en el Hospital de Coche, debido a que para el momento en el que fue trasladado su cadáver a la morgue de Bello Monte no había patólogos.

@lysauraFuentes

FAES y Cicpc mataron a cuatro personas en Coche y Lomas del Ávila

Se vino de Barquisimto a sacar la cédula en Caracas; así cuentan los familiares de Cristian Johan Urbina Torres, un joven de 22 años que fue asesinado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -ente adscrito a la Policía Nacional Bolivariana-  cuando bajó del apartamento de su compadre a planta baja a comprar un cigarro.

Los hermanos menores de la víctima, quienes pidieron resguardar su identidad mientras esperaban el retiro del cadáver, detallaron que la noche de este 4 de octubre, a eso de las 10 de la noche, recibieron una llamada que les aseguraba que Cristian había sido asesinado de un disparo en el pecho. Aunque en primer lugar creyeron que lo habían matado para robarle el celular, después fueron informados que quien le quitó la vida fue un cuerpo policial.

Cristian, según cuentan sus hermanos, llegó a Caracas el 1 de octubre, pues en una distracción trabajando como colector en la camioneta de pasajeros de su primo botó su documento de identidad. Para solucionar el inconveniente, se puso de acuerdo con su compadre, pues este le aseguró que en Caracas era más sencillo obtener la cédula.

De acuerdo a la información de los familiares, Cristian si logró sacar su documento de identidad, pero se la darían la mañana de este 5 de octubre; sin embargo, no pudo cumplir la cita, pues funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB le dispararon cuando estaba comprando un cigarro en una bodega adyacente al bloque 1 de Coche, aproximadamente a las 8:30 p.m. Junto al joven también fue ajusticiado otro hombre, pero se desconocen los datos de su identificación.

Cristian Urbina era oriundo de Charallave, estado Miranda. Allí pasó toda su vida hasta hace dos años cuando decidió mudarse a Barquisimeto para trabajar junto a su primo. Era el mayor de cuatro hermanos. Deja una niña de cuatro años, y se había separado de su pareja.

Dos ejecutados más en Palo Verde

Cuatro horas más temprano, alrededor de las 5:30 de la tarde funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) llevaron a cabo otro procedimiento en la calle 16 de Lomas del Ávila, Palo Verde, estado Miranda donde resultaron muertos dos jóvenes.

Las víctimas, de las cuales se desconoce su identidad, fueron heridos con disparos en el tórax, y luego fueron ingresados al hospital Domingo Luciani, centro al que llegaron sin signos vitales.

Según la data de Monitor de Víctimas, de enero a agosto de 2018, las ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se encuentran entre las primeras causas de muerte violenta en Caracas. De 1.016 muertes violentas registradas por el proyecto periodístico, un total de 248 han sido ajusticiamientos (24,40%).

@Daigalaviz

Denuncian al FAES por asesinato de miliciano en urbanismo de la Misión Vivienda en Catia

Densi Álvarez era una de las personas que custodiaba una construcción en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela denominado “El Socorro”, ubicado en Los Frailes de Catia en Caracas.

A horas del mediodía de este martes 2 de octubre allegados Álvarez, quien era miliciano, aseguraron que funcionarios del FAES ingresaron a las residencias y lo ajusticiaron junto a otro hombre.

Un adjudicado de este complejo declaró que testigos presenciaron como los efectivos hicieron arrodillar a Álvarez y le propinaron al menos cuatro disparos en el pecho.

El vocero dijo que tanto Álvarez como la otra persona ajusticiada vivían en la construcción y cuidaban el espacio. “Tanto a él como a mi nos iban a dar nuestra vivienda, ya estábamos adjudicados por FundaCaracas”.

Indicó que en el terreno conviven alrededor de 20 personas, integrantes de cinco familias.

El portavoz también aseveró que Álvarez estaba involucrado en varios proyectos sociales. “No tenía prontuario, ni estaba armado..allí no hubo enfrentamiento alguno”.

Denunció que los funcionarios causaron destrozos y hasta mataron a animales de crianza que habían en el terreno. “Se llevaron hasta zapatos y comida”.

Desconoce si la familia accederá a denunciar lo que considera una violación a los derechos humanos.

Álvarez vivía en Antímano y deja huérfanos a tres niños: dos varones y una hembra

@franzambranor

Cecodap: los niños deben ser educados para detectar a posibles agresores sexuales

El 14 de septiembre de 2018 un hombre identificado como José Manuel Morgado Bello (48), a quien los vecinos de El Valle conocían como “El Zapatero, abusó y asesinó a cuatro niños en esa zona ubicada al sur de Caracas. El 24 de septiembre, fueron localizados los cadáveres de una niña de 8 años de edad y su madre en una vivienda en la parroquia caraqueña de San Agustín: ambas habían sido abusadas y apuñaladas hasta morir.

En solo 10 días, 5 niños murieron víctimas de depredadores sexuales en Caracas.

Los brutales asesinatos reavivaron la polémica sobre el maltrato y el abuso sexual infantil. Un debate que incluye a la confianza de la familia, la pobreza, así como la ausencia de políticas públicas para prevenir y enfrentar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Para Fernando Pereira, fundador y coordinador de Cecodap, las estadísticas no mienten. “Un porcentaje elevado de los abusadores sexuales está muy cerca de las familias y no tenemos planes educativos para enfrentar esa amenaza”.

Advirtió que Venezuela está en deuda con los niños en esa materia: “Es fundamental formarlos desde muy pequeños para que sepan protegerse de potenciales agresores”.

Considera que, además de la ausencia de programas formativos, hay fallas estructurales en la educación de los niños que los hacen vulnerables ante los abusadores.

Educados para facilitar agresiones

“Al enseñarle a los niños que siempre deben hacerle caso a los adultos y que deben hacer lo que los mayores les dicen, los propios padres hacen a los niños dóciles ante los agresores ”, indicó Pereira.

Los niños deben saber diferenciar entre los distintos tipos de contacto, deben aprender a denunciar a quienes traten de sobrepasarse con ellos, pero con la formación que tenemos actualmente “atrofiamos las cualidades de atención y de alerta que deben tener para enfrentarse a potenciales peligros”.

“La agresión se inicia con cosas aparentemente inofensivas y hasta inocentes como conversaciones, celebraciones y juegos. El abusador hará regalos injustificados, juguetes y dulces serán sus anzuelos; tendrá contactos sospechosos con el niño, intentará llevarlo a parques, a la playa o al cine para pasar a tiempo a solas con él o ella, se hará más osado hasta concretar su objetivo”.

Por eso, insiste Pereira, es tan importante que el niño esté entrenado y conozca los peligros que lo amenazan y los padres estén alerta, porque de esa manera podrán adelantarse  y prevenir posibles agresiones.

El psicólogo Santiago García, se suma a la opinión de Pereira sobre la prevención y la autoprotección por parte de los niños. “Con la adecuada educación, niños y adultos podrán mejorar su estado de alerta ante las señales de abusadores sexuales y así evitar posibles ataques”.

Asegura que, por lo general, las agresiones sexuales contra los niños no se dan en ataques repentinos. “Se producen tras períodos de adaptación del agresor, quien se va ganando la confianza de quienes lo rodean”.

El abuso se conocerá solo cuando es denunciado por la víctima o cuando son descubiertas las evidencias de que ocurrió. Señales que ni el mismo niño puede ocultar como insomnio, pesadillas, miedos injustificados, sangramientos, heridas, moretones o enfermedades venéreas.

“Si la familia está entrenada para la prevención, estará al tanto de los riesgos y trabajará para impedir que se concrete el abuso”, dijo el psicólogo.

Cualquiera puede serlo

Ambos especialistas coincidieron en señalar que cualquier persona puede ser un abusador. “Si una cosa tienen en común los casos de abuso, es que la mayoría de ellos el abusador era un conocido de la familia”, dijo Pereira.

En 90% de los casos los abusadores eran conocidos o familiares de las víctimas. 80% de los abusadores eran mayores de edad y casi 90% de ellos eran hombres, esto da una perspectiva general sobre los abusadores, se desprende de datos manejados por Cecodap y por organismos policiales.

Sin embargo, un alto porcentaje de las agresiones son cometidas por mujeres (20%), menores de edad (15%) y personas desconocidas (entre 10%y 15%) por lo que no hay que confiarse en ningún momento. “Cualquiera puede ser un abusador”, indicó el coordinador de Cecodap.

Estado irresponsable

Fernando Pereira criticó la forma como son manejados los casos de abuso infantil por las autoridades venezolanas. “Cuando existen las instancias, establecidas por las leyes para atender a las víctimas de este tipo de hechos desde diversas perspectivas, esas instancias hacen poco o nada”.

“Por lo general, el abordaje que se hace es policial y casi siempre termina culpando a la familia de lo ocurrido. El Estado no asume su responsabilidad”.

Ejemplo de esto fue el caso de El Valle, donde la madre de cuatro niños fue señalada por dejar a tres de sus hijos en su casa mientras ella le llevaba comida a su esposo preso.

“Trágicamente, los tres niños fueron asesinados y toda la culpa se achaca a la madre, pero vemos que el Estado no asumió la responsabilidad que tenía en ese hecho”.

@carlos_dhoy

Cada ocho horas fue asesinado un niño en Venezuela en 2017

Durante el año 2017 fueron asesinados 1.134 niños y adolescentes, lo que quiere decir que cada día tres menores de edad murieron de manera violenta, uno cada ocho horas, según se desprende del informe «Somos Noticia 2017» presentado por las organizaciones no gubernamentales Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

El informe es el resultado de un trabajo en conjunto entre ambas organizaciones y se tomó como base para su elaboración informaciones publicadas por medios impresos y datos obtenidos por el OVV, lo que permite visualizar el problema de la violencia en Venezuela durante el año 2017.

Denuncian que 76 niños con edades comprendidas entre 0 y 4 años fueron asesinados en el período, 1,5 niños menores de cuatro años murieron violentamente cada semana. Asimismo señalan que el año pasado 108 niños y adolescentes murieron en casos de supuestas “resistencias a la autoridad”.

Además advirtieron que la calificación de «muerte en ajuste de cuentas de 643 jóvenes podría ser parte de un proceso de discriminación y descalificación mediante el cual «toda muerte por arma de fuego de jóvenes o adolescentes en zonas populares será automáticamente calificada como un ajuste de cuentas, sin que esa afirmación esté fundamentada en investigaciones o criterios reales».

Al hacer la comparación entre los años 2017 y 2016, el OVV la cifra de muertes pasó de 1.274 asesinatos a 1.134, hay una reducción de 140 casos. Sin embargo a juicio de los investigadores esta disminución «no es el resultado de políticas, planes de prevención, acciones o inversiones dirigidas a garantizar la protección y resguardo de los niños y adolescentes».

En este sentido apuntan como posibles causas de la reducción al fenómeno migratorio que se agudizó el año 2017, así como al incremento de las políticas de mano dura que podrían haber reducido el número de homicidas en las calles, pero advirtieron que como consecuencia del uso de esas políticas 108 niños y adolescentes fueron asesinados en casos de resistencia a la autoridad en el lapso de un año.

Además se plantea como otra probable causa de la disminución, el posible nacimiento de una “paz criminal o tregua entre bandas que habrían incorporado “elementos de racionalidad” en la actuación delictiva para ser más eficientes en el logro de sus objetivos».

Pereira insistió en la denuncia contra las bandas criminales que estarían captando a menores de edad ofreciéndoles alimentos que escasean en el país producto de la crisis económica, “y de esta forma los van involucrando en sus actividades”.

Cecodap y el OVV destacan el tema de la violencia, un tipo de inseguridad estructural que surge como consecuencia de medidas económicas e institucionales adoptadas a escala macro, por decisiones del Estado y que por lo tanto no pueden ser controladas por familias y comunidades, este tipo de violencia afectó a miles de menores entre ellos 205 niños que murieron por desnutrición, 270 que fallecieron por contaminación en los hospitales, mientras que al menos 311 fueron sometidos a trabajo infantil y 137 cayeron en la mendicidad, según reportes de prensa.

@carlos_dhoy

Joven herido de bala muere de gusanera por falta de atención en el Domingo Luciani

Romal Jesús Liendo Guerrero murió a sus 20 años de edad. En su cuerpo quedaron las marcas de un disparo, la corrupción del sistema de salud y una sepsis. Su madre denunció una serie de irregularidades en el hospital Domingo Luciani que considera negligencia médica.

Según el testimonio de Lesbia Guerrero, el joven fue herido de un disparo en el pecho en el barrio La Agricultura de Petare, municipio Sucre de estado Miranda. El 3 de agosto, la abuela del muchacho lo mandó a comprar algo en la bodega. Mientras caminaba por el callejón San Guillermo un carro pasó y le dispararon.

Un vecino y su hermano lo llevaron en una moto hasta el hospital Pérez de León, en la avenida Francisco de Miranda. La falta de insumos evitó que lo atendieran. Como segunda opción, acudieron a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) cercano. Allí los doctores alegaron lo mismo.

«Finalmente lo llevamos hasta el Domingo Luciani. Mi hijo entró caminando y hasta hablaba», recordó Lesbia, antes de relatar cómo cree que los médicos y enfermeras contribuyeron en la muerte de su hijo.

La lucha

Asegura que ese mismo día, el joven fue subido a piso. No lo operaron. Solo lo intervinieron al sexto día de estar recluido en el piso cuatro del hospital. En ese momento, una endoscopia determinó que el esófago había sido perforado por la bala. Requería una prótesis y varias transfusiones de sangre.

«Me pidieron tres bolsas, pero no había sangre en el hospital. Dijeron que las tenía que comprar, pero yo no tengo dinero. Una licenciada me vio desesperada y dijo que si le llevaba dos kilos de detergente para ropa y uno de café me conseguía las bolsas», relató Lesbia.

Ella consiguió lo que le pedían. En los 56 días que el muchacho pasó recluido en el hospital Domingo Luciani, solo le suministraron una bolsa de sangre. Recibió hidratación por suero, porque su madre conseguía el líquido y se lo colocaba. Los antibióticos que le aplicaron estaban vencidos desde hace un año.

El resultado del tratamiento fue muerte por una sepsis de punto de partida respiratorio con complicación de herida por arma de fuego.

«Le cayó gusano. Le sacaban una gusanera horrible de la garganta. Los últimos días mi hijo me pedía que lo dejara ir, que había unos animalitos que le picaban», indicó Lesbia.

Romal Jesús no tenía hijos. Desde preescolar le habían diagnosticado discapacidad psicomotora. Vivía con sus padres y su abuela. Solo trabajaba con Lesbia, porque temía que algo le ocurriera lejos de ella. Vendían cigarros y café en la estación del Metro de Petare.

«Mi hijo me dejó un gran vacío. Yo tengo que hacer que todos sepan lo que pasa en los hospitales de este país», aseveró en la morgue de Bello Monte este 30 de septiembre, donde buscaba los restos de su hijo para darle sepultura.

@MoreLosada24

Abusan y asesinan a niña y a su mamá en San Agustín

Yadbel Sequera, de ocho años, se suma a la trágica lista de  niños asesinados en el valle de Caracas en los últimos 15 días. La noche del 22 de septiembre fue abusada y degollada por un familiar en su vivienda ubicada en el sector La Ceiba, de San Agustín, municipio Libertador. La infante no murió sola, su mamá también fue asesinada de varias puñaladas, el asesino las violó, y luego encerró los cuerpos en la casa tras partir la llave en la cerradura para impedir el acceso al lugar del crimen.

Los cadáveres de Yadbel Sofía Sequera (8) y su mamá Ingrid Josefina Vargas Sequera (50) fueron localizados la mañana del 24 de septiembre por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc) luego de que familiares de Vargas Sequera los alertaran sobre la irregularidad que se presentaba al no recibir respuesta a las llamada telefónicas que le hicieron a la mujer por lo que se acercaron a la casa y al no poder ingresar, observaron debajo de la puerta y vieron daños y desorden en el interior de la casa.

El principal indiciado del crimen es un adolescente de 17 años, sobrino de Ingrid Vargas, quien vivía con ellas desde principios de año, cuando su madre emigró a Perú y lo dejó en la calle.

Información suministrada por vecinos, quienes pidieron que su identidad fuese mantenida bajo reserva, señala que el doble asesinato habría ocurrido la noche del sábado. Ese día una amiga de la niña fue a jugar con ella y relata que aproximadamente a las 7 de la noche se desató una discusión entre el adolescente y Vargas Sequera, pelea que escaló hasta los gritos e insultos, ante la violencia de la disputa la niña se fue a su casa.

Funcionarios policiales presumen que ese habría sido el detonante del asesinato.

Investigadores señalan que el victimario tras haber abusado sexualmente de su pequeña prima, habría intentado matarla asfixiándola con una almohada, pero luego la apuñaló. El asesino salió de la vivienda el amanecer del domingo. Antes de irse daño la cerradura de la entrada a la casa para tratar de retrasar el ingreso a la escena del dantesco doble asesinato y tener más tiempo para huir.

En la funeraria San Pedro de El Rosal donde se realizó el velorio de las víctimas los vecinos comentaron que no tenían mayor información sobre el presunto asesino, “era un joven callado, que cada mañana se iba a su trabajo”. El mayor dato que aportaron es que tendría unos familiares en Los Teques.

El padre de la pequeña asesinada, tenía tres años de haberse separado de Ingrid, comentó que la última vez que habló con ella fue hace dos semanas. Él vive en Barquisimeto, estado Lara; su expareja se había quedado viviendo con la pequeña en la casa que heredó de sus padres.

La mujer era una de las menores de once hermanos, deja dos hijos mayores de edad quienes residen en Colombia. Actualmente se encontraba desempleada, por lo que estaba dedicada a las labores del hogar. La pequeña iba a iniciar el cuarto grado.

@daigalaviz

Francisco Zambrano Sep 28, 2018 | Actualizado hace 4 semanas
Asesinan a un albañil en la UCV

Eduard Sibada quedó en en contrarse con su novia  en las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) el pasado lunes 24 de septiembre en la mañana. Pero el albañil de 23 años de edad nunca llegó a encontrarse con su pareja. Un delincuente le quitó la vida para robarlo.

Mireibis Sibada, hermana de Eduard, dijo que este opuso resistencia cuando un sujeto le pidió el teléfono celular. En respuesta recibió un tiro en el abdomen que le mató casi de forma instantánea.

Mireibis indicó que su hermano llegó sin signos vitales al Hospital Clínico de la UCV, ubicado a solo unos metros de donde le dispararon.

En 2017, cinco personas fueron asesinadas en las instalaciones de la casa de estudios capitalina. El periodista del diario El Nuevo País, José Daniel Hernández, con arma blanca y Paula Solís, esposa de un exdirectivo del Instituto de Inmunología, a quien mataron con un objeto contundente.

El 22 de mayo de 2017 murió un presunto ladrón a quien lanzaron desde lo alto de un edificio de la Facultad de Ingeniería, la víctima fue identificada como Hernán Miguel Alemán Rodríguez (19).

Diez días antes, el 12 de mayo de 2017, fue asesinado el comerciante Víctor Coello (47), cuando intentó impedir que le robaran su camioneta. El crimen ocurrió en las cercanías de la Escuela de Comunicación Social.

@franzambranor