A juicio de las expertas en la materia, El Estado debe destinar recursos para estos programas porque es un problema de salud pública y es un asunto de derechos humanos
La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales.
Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces.
En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.
Hay que hablar del tema.
¿Por qué se pide que el aborto sea gratuito?
En las consignas de los movimientos feministas se habla de aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué se incluye esta última condición a la petición? Porque hay que ver el problema desde una mirada interseccional y entender que no afecta a todas las mujeres de la misma manera.
Madgymar León afirma que la vulneración de derechos es, sobre todo, para las más pobres. A quienes se les ha vulnerado el derecho a la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos. “Entonces, tampoco tengo para la interrupción del embarazo”.
Cristina Rosero explica que las muertes asociadas a abortos inseguros o la criminalización afecta de manera más clara a las mujeres que se encuentran en estratos socioeconómicos más bajos, aquellas que enfrentan pobreza. Esto también se puede juntar con otros factores como la discriminación racial por ser negras o indígenas, tener alguna discapacidad o ser menores de edad.
“Las mujeres vulnerables sufren doble. Por un lado, tienen menos información, menos acceso al sistema de salud, lo que puede llevarlas de una manera más fácil a una situación de embarazo no deseado y, por tanto, a un aborto inseguro. Y por el otro lado, son a las que más persigue el sistema penal”.
Rosero señala que es importante que, al ser comprendido como un problema de salud pública, el sistema de salud cubra este procedimiento. Y visto desde un punto práctico, es más lo que se va en presupuesto por las consecuencias de un aborto clandestino e inseguro que aquellos que están legalizados.
“Es necesario, en especial, para aquellas mujeres que menos recursos tienen. Desde el punto de vista de salud pública, ya hay un gasto exacerbado en la atención de las complicaciones resultantes de los abortos que se realizan en condiciones inseguras que teniendo un sistema en el que no se penaliza el aborto”.
Que el aborto esté contemplado en el sistema de salud, considerado como un procedimiento más, se podría traducir en la realización de un aborto en condiciones seguras y una disminución del número de mujeres muertas.
Al debate que surge de por qué otras enfermedades o tratamientos no pueden ser gratuitos, como en el caso del cáncer o diabetes, Rosero plantea que no son excluyentes.
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