Hemos entrado al último cuarto de este annus horribilis que en Venezuela no es tal por partida doble, sino triple, pues nuestro país, aparte de tener que lidiar con la pandemia de covid-19 como todo el mundo, sigue atravesando una tragedia humanitaria y el extravío en un laberinto autoritario. Nadie tiene el hilo de Ariadne. Ninguna facción opositora presenta una estrategia convincente. María Corina Machado con su entrega a un rescate internacional harto improbable. Henrique Capriles con su invisible “lucha por condiciones electorales”. Y ahora, Juan Guaidó y aliados con una consulta ciudadana en el mejor de los casos inocua pero redundante, como fue argumentado en la última emisión de esta columna.
Mientras que en los últimos dos años la disidencia organizada ha cosechado éxitos importantes en materia de apoyo internacional, el frente interno es otra historia, muy diferente. No me voy a hacer el desentendido con el hecho de que es difícil tener un plan de movilización ciudadana con una población que ya ha pasado por marchas, paros y “trancazos” sin obtener lo buscado; que se ha expuesto heroicamente a una represión salvaje y aberrante, y que en su mayoría dedica el grueso de sus esfuerzos físicos y psicológicos a conseguir cómo llenarse el estómago.
Añadan a eso el coronavirus como agente bloqueador de cualquier posibilidad de concentración masiva de personas, rasgo típico de la mayoría de las protestas políticas. Pero, por complicada que sea, esa es la responsabilidad de todo aquel que pretenda liderarnos.
Esta situación no puede continuar. Es necesario que haya alguna forma de presión interna. Esperarlo todo de afuera no tiene caso. Por eso me preocupan ciertas interpretaciones que algunos venezolanos han hecho de la Responsabilidad para Proteger (R2P por sus siglas en inglés) invocada por Guaidó la semana pasada durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Quien haya estado pendiente de la política venezolana en los últimos años sabrá que la R2P es algo que ha sonado en mentideros de la oposición, siempre con la suposición de que justificaría una intervención directa en Venezuela. Sin embargo, la R2P contempla medidas diplomáticas y económicas para evitar crímenes de lesa humanidad. La fuerza también, pero como último recurso. Es decir, invocar la R2P no es un llamado a usar la fuerza de inmediato, como algunos dicen. Y ahora que, por primera vez, un funcionario, investido con lo poco queda de institucionalidad republicana en el país, menciona la R2P ni más ni menos que en la ONU, aquellas interpretaciones vuelven a aparecer sobre el tapete.
Perdonen la cacofonía, pero es irresponsable retorcer así la idea de Responsabilidad para Proteger. Genera expectativas entre los ciudadanos muy difíciles de cumplir. Cuando no se concreten, puedo imaginar a los que manipularon el concepto culpando a Guaidó y su entorno por algo que estos nunca prometieron.
El Consejo de Seguridad de la ONU es la única instancia que autoriza el uso de la fuerza en nombre de la R2P. Si tal cosa fuera discutida para el caso venezolano, Rusia y China, en tanto miembros permanentes del consejo, lo vetarían. Me apuro a atajar a quienes señalan que eso no importa porque, desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, en la que los entes multilaterales son irrelevantes, la R2P justificaría moralmente un acto de fuerza por parte de un Estado capaz de llevarlo a cabo, al margen del Consejo de Seguridad de la ONU.
Como ejemplo de esta tesis pudiera referirse el bombardeo de Serbia por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1999, para poner fin a la limpieza étnica en Kosovo. Bueno, en términos estrictos de Derecho internacional, eso no sería Responsabilidad para Proteger, simple y llanamente porque la R2P apenas estaba siendo concebida entonces. El contexto era el de una comunidad internacional avergonzada por su pasividad ante los genocidios en Ruanda y Srebrenica. Los Estados ya no podían seguir esgrimiendo la soberanía westfaliana mientras delitos de lesa humanidad eran cometidos en sus territorios. Así lo indicó Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, en un artículo en la revista The Economist de septiembre de 1999 (dos o tres meses tras el fin del bombardeo en los Balcanes). No fue sino hasta 2005 que la Responsabilidad para Proteger fue adoptada por la unanimidad de la Asamblea General de la ONU.
Ok, pero ya habíamos acordado que el análisis debía omitir las formalidades de los organismos multilaterales y del Derecho internacional codificado, para quedarnos únicamente con los principios morales subyacentes y la capacidad de usar la fuerza (disculpen si esto ya suena como una discusión conmigo mismo, pobre imitación de diálogo platónico sin un interlocutor). En tal sentido, ¿no es mejor atender a las palabras de Bill Clinton, antes que las de Kofi Annan? Después de todo, fue el entonces presidente de Estados Unidos el hombre de la acción, y su discurso para justificar el bombardeo de Serbia, enfocado en los Derechos Humanos violados sistemáticamente por las fuerzas de Slobodan Milosevic, reflejaba la R2P aunque no se la llamara así.
Todo esto es cierto, pero hay dos diferencias fundamentales entre aquel momento y la actualidad. El Estado capaz de ejecutar el acto de fuerza es el mismo, pero en 1999 estaba gobernado por alguien muy distinto.
El de 1999 fue el segundo bombardeo de la OTAN en los Balcanes bajo su égida. Hubo otro en 1995, en el contexto de la Guerra de Bosnia. Aparte, el gobierno de Clinton ordenó bombardear Sudán en 1998 y, cuatro años antes, hizo un despliegue militar en el Caribe como ultimátum para forzar la salida del dictador haitiano Raoul Cédras. Trump, en cambio, detesta que EE. UU. haga de policía global, insiste en que pondrá fin a las intervenciones militares de su país y se reserva la fuerza castrense para amenazas graves (como el general iraní liquidado a principios de este año).
Relacionada con la primera, la segunda diferencia es la del contexto en la que se desenvuelve Estados Unidos. Se acabó el apogeo de la Pax Americana y a Washington le han salido rivales geopolíticos de peso. A saber, Rusia y China. A finales del siglo pasado, ambas objetaron el bombardeo de la OTAN, pero eran demasiado débiles como para impedirlo. La Rusia de Boris Yeltsin atravesaba una crisis económica terrible y titubeaba entre la integración a la comunidad internacional democrática y su desarrollo como potencia reacia al orden democrático y liberal post Guerra Fría. China, bajo la conducción del no muy memorable Jiang Zemin, estaba en la senda del crecimiento, pero bien lejos de su fortaleza actual.
Hoy Vladimir Putin y Xi Jinping desafían a Estados Unidos y sus aliados no solo con palabras, sino con acciones, y están mucho menos dispuestos a quedarse de brazos cruzados si sus rivales no toman en cuenta sus intereses globales. Intereses que en la Venezuela actual son mucho mayores que en los Balcanes finiseculares.
En todo caso cabría esperar (y ni eso es seguro), que más democracias aumenten la presión indirecta. Sobre todo considerando la reciente publicación del informe de la Misión de Determinación de Hechos del Consejo de DD.HH. de la ONU, con sus espeluznantes conclusiones. Esa presión externa indirecta tendría que ir acompañada de la presión interna para alcanzar una transición negociada. Así que es indispensable que la dirigencia opositora piense en un plan que reactive a la ciudadanía. Por desgracia, nada de eso hay en el horizonte. Solo las paredes del laberinto diseñado por un Dédalo rojo.
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