La cuarentena implantada por el Ejecutivo alteró la vida de los venezolanos de bien, y también la de los delincuentes. El delito no desapareció: se reconvirtió y se hizo más astuto
Dentro de todo lo decepcionante que pudo ser el año recién finalizado, hay un dato que quizá contribuya a generar alguna esperanza: para el 31 de diciembre, el país contabilizaba 9050 homicidios.
Esta cifra, conocida extraoficialmente, incluye las muertes ocasionadas por funcionarios policiales o militares, en episodios conocidos como “resistencia a la autoridad”. En países como Japón o Noruega, podría ser escandalosa. Aquí, representa una vuelta a los niveles que existían en 2002.
Ya el Observatorio Venezolano de la Violencia había notado el impacto que tuvo la prolongada cuarentena, implantada incluso antes de que se admitiese la llegada del primer caso de covid-19 en el país. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la cifra de muertes reportada en 2015 (27.875), y nos percataremos de que, a la vuelta de cinco años, hubo una reducción de aproximadamente 60 %.
Es tiempo de buscar algunas explicaciones. Desde luego que la matanza sistemática de individuos con antecedentes ha tenido algún impacto. No solo los han eliminado físicamente, sino que muchos de los sobrevivientes buscaron refugio en otras latitudes, en lo que alguna vez fue denominado “efecto cucaracha”. También el éxodo masivo de venezolanos ha influido. Si atendemos a las cifras de Acnur, para 2021 habrá salido de Venezuela aproximadamente el 20% de la población reconocida en 2015.
Dice Emile Durkheim que el delito es una característica normal de la sociedad, algo “ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”. Por lo tanto, no podrá ser eliminado totalmente. Como sucede con la energía, solo se transforma, adquiere nuevos matices ante determinadas circunstancias. El problema está en disponer de las herramientas para conocer hacia dónde se orienta.
En el caso de la Venezuela de 2020, un factor crucial fue el confinamiento. La obligatoriedad de permanecer en las viviendas o en sus alrededores aminoró la frecuencia de los homicidios hasta llegar, en septiembre, a la cifra más baja, que fue de 355 víctimas. Simultáneamente, los cuerpos policiales y militares pudieron hacer más efectivo el control y la localización de sus objetivos. En el segundo trimestre del año, mataron a un promedio de 490 personas al mes, erigiéndose de esta forma en el actor violento más importante.
En el tercer trimestre del año pasado, el promedio de homicidios ocasionados por bandas, delincuentes solitarios, gente celosa y en fin actores civiles subió un poco y se equiparó con el de los cuerpos uniformados. En ambos “bandos”, la cifra fue de 362 promedio mensual.
Nuevamente, las explicaciones deben ser encontradas en una conjunción de factores. En septiembre, las policías y los componentes militares tuvieron un dramático descenso en su actividad letal. Esto coincide con la divulgación del informe del grupo de Determinación de Hechos de la ONU, que reveló la existencia de un patrón de violencia estimulada desde las más altas esferas gubernamentales, en lo que describió como “luz verde para matar”. El cese de estas prácticas sería una especie de desmentido silente, pero también una admisión de lo hecho.
Mientras tanto, del otro lado, la delincuencia comenzaba a adaptarse a los lapsos de “flexibilización”, aprovechando la mayor oportunidad para el delito que venía con el incremento en la circulación de personas. Con ello también se elevó el promedio de homicidios, hasta 385 víctimas mensuales.
Se debe recordar que el Ejecutivo aflojó la orden de confinamiento puesto que la economía venezolana se encontraba -y aún permanece- postrada, pero era necesario incrementar la actividad callejera, dar la sensación de cierta recuperación, con miras en la elección parlamentaria.
Una vez logrado el objetivo, Maduro ordenó la vuelta al tono que predominó hasta noviembre, y probablemente intentará mantenerlo así hasta que le convenga. Ya The Economist explicó cómo la pandemia ha servido para el reforzamiento de los regímenes autoritarios en todo el mundo.
Los delincuentes, sin embargo, entendieron que la cuarentena no necesariamente implica pérdidas, siempre y cuando fuesen capaces de “reconvertirse” y aprovecharla. Las formas que ha adoptado el delito en el país quizá no puedan ser medidas con precisión, basados exclusivamente en estadísticas oficiales, que siempre son fragmentadas y construidas a conveniencia. Pero es muy probable que en estas circunstancias los más astutos lograrían mantenerse. Esto explicaría por qué las denuncias de fraudes y delitos asociados se incrementaron en más de 60 % con respecto a 2019.
Lo mismo ha ocurrido con las extorsiones. Para amedrentar a una persona, no es necesario salir de la casa, o de la cárcel. El “distanciamiento social” puede conservarse, y aun así la amenaza llega, ya sea en la forma de un mensaje de WhatsApp, el estallido de una granada en la fachada de la casa o del negocio, o tiros de fusil.
En condiciones de normalidad, las estafas y las extorsiones raras veces son denunciadas. En pandemia, las víctimas cuentan con el pretexto ideal para no acudir a las autoridades. Mucho menos las venezolanas, que inspiran la menor confianza en toda Latinoamérica, según la encuesta Gallup sobre Ley y Orden. Por lo tanto, el enorme crecimiento en las denuncias sobre estas actividades resulta altamente significativo.
Quizá es muy temprano para trazar una conclusión definitiva sobre este tema. No obstante, los datos puestos sobre la mesa sugieren que el delito en general no disminuyó su frecuencia. Algunas manifestaciones particulares, como el homicidio y cierto tipo de lesiones, tuvieron mermas momentáneas. Mientras tanto, otras actividades ilegales han ido en pleno crecimiento, en las sombras y ajenas a todo escrutinio oficial.
Breves
√ ¿Cómo pasaron los presos políticos las festividades de Navidad y Año Nuevo? Una consulta a fuentes con acceso al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) indica que el régimen dispensó un trato diferenciado a los 350 detenidos por razones de conciencia (cifra del Foro Penal). La situación fue más evidente en los calabozos del Helicoide. Allí permanecen aproximadamente 150 personas.
A los militares estadounidenses de la contratista Silvercorp, Franklin Durán, Baduel hijo y los demás los pusieron a “comer candado”, expresión usada allí para aquellos obligados a permanecer tras las rejas, día y noche. Era orden superior. No hubo conflicto con los custodios, que además son funcionarios recién llegados. En la Dgcim Boleíta la cosa fue distinta. De las concesiones hechas a propósito de la visita de la comisión Bachelet solo queda el derecho a hacer llamadas de cinco minutos, una vez a la semana. Cada quince días, los detenidos son llevados a un patio interno para que tomen sol. “Durante la actividad, que tiene duración de 30 minutos, los presos son obligados a participar en un video, que realizan los custodios para dejar constancia de los ‘minutos de esparcimiento’. Los presos deben llevar dos o tres franelas diferentes, para ser grabados el mismo día, simulando que se trata de fechas distintas”, reveló un oficial con acceso a esa instalación. Para colmo, en las festividades navideñas llevaron a un cura a oficiar misas con alto contenido político. “Durante la homilía, el sacerdote llamó la atención de los presos, y los invitó a reflexionar en torno a los ‘errores y pecados’ cometidos en contra del Gobierno”, recordó. Aquellos que alzaron su voz ante el religioso fueron castigados.
√ Durante 2020 la violencia no cesó en las cárceles y retenes policiales del país, a pesar del interés gubernamental por invisibilizarla. Esto queda en evidencia cuando se intenta buscar un registro oficial sobre el saldo final de la masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portuguesa. De ello, solamente hay una información emitida el 4 de mayo por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en la voz de Carolina Girón, según la cual hubo 47 fallecidos y 75 heridos. Se desconoce si alguno de los lesionados murió con posterioridad. Mientras tanto, las cifras del régimen conocidas extraoficialmente solo admiten 108 decesos en 84 incidentes. Esto da un total de 155 víctimas. Pero esta cifra solo da una noción parcial, puesto que no precisa cuántos cadáveres quedaron en las calles del país, a propósito de la aplicación de la famosa “ley de fuga”.
En marzo, por ejemplo, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi Occidente), mayor general Ovidio Delgado, informó sobre las muertes de 35 sujetos que habían escapado de la cárcel de San Carlos del Zulia. Así hubo casos en Falcón, Guárico, Miranda y otros estados. En 2020, según los datos extraoficiales, murieron presos en instalaciones de 19 estados. Pero el más violento de todos fue Aragua, donde ocurrieron 37 episodios en los internados de Tocorón, Alayón y en el retén de la policía municipal de Zamora. Todas estas muertes fueron ocasionadas por el uso de armas de fuego.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
