Entre los estereotipos más recurrentes de la cultura latinoamericana está el de la mediocridad. Que todo sea tosco, mamarracho y hasta corrupto, sobre todo a nivel político. No es, desde luego, mi intención caer en determinismos autohumillantes. Pero a veces los estereotipos parten de una verdad, que luego es deformada por la hipérbole. En este caso, mentira no es que parte de nuestro subdesarrollo se debe a elites políticas zafias y rapaces. La barbaridad irracional e inmoral de nuestra política ha sido terreno fértil para la sátira literaria. Pienso en El recurso del método, El otoño del patriarca o La fiesta del chivo. Hasta alguien totalmente ajeno a esta realidad, como Woody Allen, se vio tentado a parodiarla en Bananas, uno de sus primeros filmes.
Aunque no es ni por asomo la primera elite gobernante que le da a Venezuela una buena dosis de política bananera, la actual ha sido sobresaliente en ello. Lo ha sido por 22 años en cuanto hace, incluyendo el proceso de relajación de controles económicos que empezó en 2019. Así que a esta especie de perestroika la apellidan popularmente “bananera” por sus altibajos, su inconstancia e incoherencia.
Al no responder a convicciones ideológicas genuinas, sino a una mera necesidad de conservar el poder y los privilegios asociados, imperan la improvisación y la informalidad. No hay una guía. Nada que oriente al ciudadano y le permita planificar. Tampoco parece haber cohesión entre las facciones del chavismo sobre cómo proceder (normal en estas transformaciones, a veces con consecuencias traumáticas, como el golpe que intentó derribar a Mijaíl Gorbachov, por reformista). En fin, el caos. El bochinche que tanto acongojó a Miranda.
El billete verde sigue circulando con la tolerancia del régimen (hasta los buhoneros en el Metro lo prefieren, como he podido verificar en mis últimas travesías en el subterráneo caraqueño luego de dos años en Nueva York). No han resucitado Cadivi, el Sicad ni ninguna de sus ridículas iteraciones. Pasó todo diciembre sin que comercios se quedaran sin inventario luego de que compradores, enloquecidos por las rebajas impuestas por la Sundde, cargaran con todo para recibir con estrenos el año II de la peste. Pero por otro lado a Farmatodo la regañan por no tener cómo dar cambio de la manera que algunos clientes prefieren, mientras que a Beco le prohíben entregar vales para facilitar las transacciones. Todo en un contexto de crisis en el sistema de pagos provocado por las políticas monetarias desastrosas de antaño. Ah, y a los proveedores de televisión por suscripción les abren “procesos administrativos” por sus “precios inaceptables”.
¿Qué está pasando? En el caso de los métodos de pago, a juzgar por el anuncio, por agentes del régimen en la materia, de un sistema digital basado en el bolívar, pudiera tratarse de otro truco para mantener la moneda nacional circulando (y así reprimir el tipo de cambio y la inflación). Muy a pesar de que el bolívar es una suerte de zombi. Así como en el folclor haitiano los cadáveres se mueven en virtud de la magia maligna, el bolívar circula pese a la pérdida de su valor, mediante la emisión de billetes con montos caricaturescos, reconversiones y otras formas de prestidigitación. Economistas advierten que así solo se demora lo inevitable, con no pocas incomodidades para comercios y consumidores.
En cuanto a las cableras, el periodista Arnaldo Espinoza explicó esta semana que al chavismo le interesa mantenerlas reguladas porque, debido a la falta de inversión pública, le ha delegado a privados la transmisión de los medios que controla (i.e. propaganda). Medios “informativos” con niveles de audiencia risibles, pero que al régimen le interesa preservar como parte de su hegemonía comunicacional.
Sin embargo, hay algo más en estas jugadas. Algo quizás mucho más alarmante porque trasciende el chavismo. En todos los casos, los responsables de las medidas alegan que actúan en atención a las denuncias de usuarios y clientes. No sé hasta qué punto esto sea verdad, pero no me sorprendería en absoluto.
Eso no lo inventó el chavismo. Controles de precio ha habido en Venezuela al menos desde la Segunda Guerra Mundial; prácticamente sin interrupciones, como narra el libro de Anabella Abadi y Carlos García Soto sobre la historia de la regulación. No es nada difícil ver en redes sociales a venezolanos quejándose por algún precio que juzgan excesivo; o por alguna modalidad de transacción que no es de su agrado, y exigiendo que el Estado intervenga para subsanar el supuesto agravio. Pasa incluso entre quienes adversan al régimen.
Si bien al chavismo hace mucho que le importa poco lo que la gente desee, no se ha despojado completamente de sus instintos demagógicos. Cuando la gente le regala excusas para retomar sus hábitos estatistas, ¿por qué no aprovechar, si de paso al hacerlo se procuran otros de sus fines?
Claro, estamos en medio de una catástrofe socioeconómica, en la que millones de personas no pueden pagar muchos de los bienes y servicios que desean. Es una situación sin precedentes y las penurias de la población no se comparan con las de antaño. Pero todos sabemos quién es el culpable de que el poder adquisitivo esté por el piso y de que hasta pagar por un paquetico de arroz sea logísticamente infernal.
Es acercar a los negocios un poco más a la quiebra, destruyendo empleos y oferta, con tal de gozar momentáneamente de lo ofrecido.
Pudiera equivocarme, pero por los momentos no veo que estén dadas las condiciones para que el régimen dé plena marcha atrás a su peculiar perestroika. Su forma tradicional de obtener recursos sigue constreñida por las sanciones y la devastación endógena del Estado. Pero mientras la sociedad no se desprenda de la ponzoñosa noción del “precio justo” y otras regulaciones insensatas, varias de las peores políticas del chavismo nunca desaparecerán del todo. Basta de esa malcriadez. Basta de consumidores bananeros.
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