El curso definitivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas ratifica la incomprensible decisión de inmolarse por parte de sectores de la población de este país andino. Creen en la falsa ilusión de cambio difundida por un candidato cuyas torvas intenciones van en una dirección diferente al rescate de la institucionalidad o la lucha contra la corrupción.
El verdadero dilema de estas elecciones no se desenvuelve en la clásica disyuntiva institucional entre izquierdas y derechas, o centralismo vs. descentralización. Por el contrario, es un contexto aterrador donde se dirimen desenlaces capitales. Se decide entre barbarie vs. civilización, tiranía vs. democracia, libertad de expresión vs. delitos de opinión, libertad económica vs. saqueo estatal, derecho a la vida vs. masacres impunes.
Estos señalamientos no son suposiciones. Veamos el caso de Venezuela: este país culminó el siglo XX siendo la cuarta economía de América Latina, solo superada por Brasil, Argentina y México, para terminar en dos décadas del siglo XXI en la cola de las economías del continente.
La ruina es incontestable: desaparecieron 300.000 empresas privadas, cerraron 14.000 industrias, se perdieron más de 4.000.000 de empleos estables, la pobreza extrema alcanza al 71 % de la población y la pobreza en general al 94.6 %; suspendieron los contratos colectivos, desconocen la libertad sindical, persiguen a medios de comunicación y a periodistas, quebraron las empresas públicas, entre ellas PDVSA. Y hay un éxodo cercano a los 7 millones de personas que deambulan por el planeta, de los cuales 4.5 millones recorren los caminos de Sudamérica, lamentablemente discriminados en los países andinos.
El espejo del apocalipsis venezolano
Como caso, citamos la opinión reciente publicada el 24/5/2021 (El Nacional) de Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro). Este señaló que la destrucción del aparato productivo nacional, que desencadenó la crisis económica que padece el país, se inició con la expoliación de empresa Agroisleña.
«Considero que la crisis económica del país comenzó en la época en que el Estado se apoderó de Agroisleña. Se expropiaron 6 millones de hectáreas de tierra y también otras empresas emblemáticas para la producción nacional como Lácteos los Andes, Café Madrid o Fama de América. Allí comenzó la destrucción de aparato productivo nacional».
Finalmente señaló que «el caso de Agroisleña no se trató de una expropiación, sino de una expoliación, porque la empresa fue tomada por el Estado y nunca se canceló monto alguno a los dueños”.
Este saqueo económico y social de la otrora economía soñada de América Latina se perpetró en medio del arrase de todas las instituciones públicas. El puño de hierro del poder ejecutivo, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, secuestró los poderes públicos: legislativo, judicial, moral y electoral. Todo en nombre del socialismo del siglo XXI y de la defensa farsante de la soberanía nacional frente a los EE. UU. y la Unión Europea; aun cuando el país ha sido entregado, mediante el saqueo de sus recursos naturales y financieros, a las potencias extranjeras de Rusia, China, Turquía, Irán, Bielorrusia y al saqueador mayor, la Cuba castrista.
De ocurrir semejante tragedia en suelo peruano no dudaría que, así como el son se fue de Cuba y el Alma llanera, los cantares y la típica alegría han sido extrañados de Venezuela, le suceda igualmente al pueblo inca con la mítica canción de Chabuca Granda La flor de la canela. A menos que la conciencia del pueblo peruano impida un nuevo apocalipsis en América Latina.
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