En medio del ruido, de la falta de medios de comunicación, y del atropello a la libertad de prensa, desde el año pasado el régimen ha acelerado el avance del Estado comunal con la aprobación de las leyes de Ciudades Comunales y del Parlamento Comunal. Esto preocupa, especialmente en un año en el que están convocadas unas elecciones regionales.
Entre 1989 y 1998 Venezuela avanzó velozmente en la descentralización. Esto se vio reflejado en 3 aspectos: a) se democratizó el gasto público ya que, para 1998, casi el 30 % del presupuesto nacional se ejecutaba descentralizadamente; y un mínimo del 20 % del presupuesto nacional que debía invertirse de esta forma; b) se acercó la solución de los problemas a la gente, y al lugar en donde ocurrían esos problemas. Mediante un proceso complejo pero enriquecedor, los estados y municipios asumieron muchas de las competencias que ejecutaba el gobierno nacional. Por último, c) se enriqueció el panorama político del país permitiendo que nuevas y diversas figuras emergieran de las distintas regiones para competir con fuerza en el debate político nacional. Este era un coto que, hasta el momento, había estado casi por completo reservado para quienes hacían política desde la capital. Así, el poder se distribuyó más democráticamente, más cercano a los ciudadanos y no solo a una persona o partido.
Pero, a partir del 1999, comenzó un proceso continuo de recentralización del país: se estableció un máximo y no un mínimo del presupuesto nacional que debía ser ejecutado en las regiones; el Consejo Federal de Gobierno ha sido una instancia para centralizar el poder y no para distribuirlo; en 2006 es aprobada la Ley de los Consejos Comunales y el gobierno de Chávez empieza a dejar de reconocer a otras instancias como mecanismo de participación y organización. Se recentralizaron los servicios, las autopistas, puertos, aeropuertos y sistemas de agua, y se eliminó la posibilidad de establecer alianzas público/privadas y concesiones para mejorar los servicios. Adicionalmente, todo el excedente del ingreso petrolero fue a los fondos controlados por el ejecutivo nacional y hoy en día solo un 5 % del presupuesto nacional es ejecutado en las regiones.
Esta tendencia hoy se agrava con la aprobación, mediante un tinglado inconstitucional, de un conjunto de leyes: la del Parlamento Comunal y la de Ciudades Comunales. Y en la agenda del régimen parecieran estar la Ley del Consejo Federal de Gobierno, la del Poder Popular para las Contralorías Regionales y Locales, la de Zonas Económicas Especiales y la de Planificación Territorial; todas estas vinculadas al ordenamiento político territorial, en un año en que buena parte del debate político nacional son las elecciones regionales.
Las leyes aprobadas en primera discusión, y lo que se sabe de leyes como la de Zonas Económicas Especiales, son en general inconstitucionales:
√ Entran en franca contradicción con el Artículo 136 constitucional.
√ En cuanto a la distribución del poder público, persiguen vaciar de funcionalidad a municipios y estados abriendo la posibilidad de aprobar o no los presupuestos y de reasignar competencias a las instancias del Estado comunal. Esto en lo que resulta es en recentralizar el poder.
√ Fortalecen los mecanismos de control social en las comunidades.
√ Asignan discrecionalmente espacios de nuestro territorio a ciertos aliados del régimen. Esto tiende a aumentar la fragmentación.
√ Eliminan el derecho al voto universal, directo y secreto, pues el voto en las instancias planteadas es asambleario.
√ El modelo comunal no es funcional (lo es a efectos de la dominación del régimen), solo sirve y está diseñado para que el ejecutivo nacional acumule más poder. Y para eliminar todas las instituciones y organizaciones intermedias y los mecanismos reales de participación.
√ Amenazan con dar vigencia del llamado Parlamento Nacional Comunal; este no sería otra cosa que un parlamento paralelo.
Por todo esto, es fundamental que, así como se ha puesto énfasis en el CNE y las condiciones electorales, la alianza opositora ponga en el centro de sus preocupaciones el avance del Estado comunal y la progresiva destrucción del Estado Federal descentralizado. La elección, para que sea útil, debe ser parte de una estrategia integral en varios tableros. Y, si fuese competitiva, podría ayudar a potenciar los liderazgos de la oposición y a ocupar posiciones de poder que contribuyan con el cambio del país; pero ese liderazgo podría perderse si al final la elección no se traduce en una alternativa real de ejercer ese poder. Esa es una posibilidad muy concreta frente al avance del Estado comunal.
Frente al modelo comunal, nuestra bandera debe ser el Estado Federal descentralizado; y debemos repensar el Consejo Federal de Gobierno, para que realmente esté a la orden de la descentralización; establecer de nuevo un mínimo y no un máximo del presupuesto nacional que sea ejecutado en las regiones, impulsar la Ley de Hacienda Pública Estadal; ir hacia esquemas que permitan que porciones más grandes de la recaudación tributaria se queden en la regiones; avanzar en la Tributación Municipal Petrolera, reconocer las asociaciones de vecinos y otras formas de organización vecinal, abrir la posibilidad de las alianzas público-privadas para mejorar la experiencia de los ciudadanos, entre otras muchas políticas que pueden ayudar reconstruir la descentralización y mejorar la calidad de vida de todos.
Hoy, una de las tareas fundamentales de los partidos, de nuestro liderazgo en el exilio y de cada fuerza social en cada rincón del país, debe ser luchar contra el avance del Estado comunal y poner esta lucha en el centro de la estrategia opositora de cara a cualquier decisión que se tome con respecto a las elecciones regionales. La descentralización se ha convertido rápidamente, en cuestión de 30 años, en parte de nuestro ADN político y cada venezolano en cada estado y municipio debe luchar por rescatarla.
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