Secretario de Estado de EEUU Antony Blinken y Alto Representante de la UE Josep Borrell el 04MAY21 en Londres. Foto: Departamento de Estado EE. UU.
Borrell seleccionó a la eurodiputada portuguesa Isabel Santos como Observadora Jefe de la Misión que viajaría a Venezuela
La alianza partidista que sostiene a Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela y su aparato de gobierno está mostrando serias señales de ruptura.
El 04OCT21 se produjo una reunión vía internet del grupo de representantes diplomáticos que Guaidó mantiene en diversos países donde se le reconoce oficialmente como jefe del Ejecutivo. La reunión había sido convocada por Julio Borges, uno de los jefes del partido Primero Justicia y quien desde el exilio en Colombia ejerce como “Comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela”. Primero Justicia ha sido parte de los cuatro partidos, el G4, que han dado piso al “gobierno” de Guaidó, quien milita en Voluntad Popular, el partido liderado por Leopoldo López desde España.
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El tema del encuentro del lunes 04OCT21 era inicialmente el impacto de la decisión de la Unión Europea de enviar a Venezuela una misión de observación electoral. La convocatoria al encuentro había causado sorpresa en razón del poco interés que Borges suele mostrar en mantener contacto con el “cuerpo diplomático” de Guaidó y, porque apenas el 27SEP21 un comunicado de Primero Justicia había dejado ver el virtual divorcio con el “gobierno Guaidó”.
Ese día el partido de Borges y Henrique Capriles Radonski anunció su retiro “de los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior”, es decir, se retiraron de la coadministración que el G4 ha mantenido de un paquete de propiedades del Estado venezolano en el extranjero y que incluyen la petrolera Citgo en EE. UU. y la petroquímica Monómeros Colombo Venezolanos asentada en Colombia. La empresa Monómeros fue puesta bajo control del “gobierno Guaidó” en 2019 y desde entonces su administración ha sido objeto de crecientes observaciones y divergencias entre la base política de Guidó.
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La empresa Monómeros proporciona aproximadamente el 50 por ciento de los fertilizantes que se utilizan en el agro colombiano, por lo que la salud de la empresa es un asunto de seguridad nacional para Colombia. De hecho, el 07SEP21 la Superintendencia de Sociedades de Colombia optó por someter a control a la empresa ante el temor de que se declare en insolvencia o quiebra.
La decisión de Colombia en cuanto preservar a Monómeros, reproduce la línea de acción de los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden en cuanto a permitir el manejo de Citgo por designados de Guaidó y proteger la empresa de acciones judiciales, lo cual además de aportar “poder” a Guaidó responde al interés estadounidense de preservar, también por razones de seguridad nacional, la integridad de la empresa propietaria de tres refinerías y de una extensa e importante red de distribución de combustible.
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Si bien Borges ha dicho que sus críticas al manejo de Monómeros las ha hecho como jefe político de Primero Justicia y no como “canciller” de Guaidó, su posición como vocero del “gobierno provisional” de Venezuela quedó seriamente comprometida en público. En medios diplomáticos y de gobiernos de la región, en realidad, la confrontación de Borges contra Guaidó es un asunto ya conocido desde tiempo atrás. Borges, quien tiene sus propios enlaces en Washington, ha desarrollado su propia agenda internacional casi siempre en contravía con Guaidó.
En la reunión realizada vía Internet, Borges dijo, según la versión de varios testigos, que el gobierno Guaidó ya llegaba a su final y recomendó a los asistentes virtuales que consultaran con sus respectivos jefes políticos. Tales aseveraciones habrían desatado las intervenciones de los diplomáticos convocados quienes en su mayoría chocaron con la posición del “canciller”.
Algunas fuentes aseguran que la fecha del 04ENE22 corresponde con la supuesta finalización del reconocimiento a Guaidó por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. En realidad esa especie tiene poco asidero ya que ese reconocimiento oficial de EE. UU. a Guidó y a la Asamblea Nacional electa en 2015 como representantes del estado venezolano, está basado en la Licencia General 31A emitida por el Departamento del Tesoro el 04ENE21 sin límites temporales de vigencia. En todo caso, el “canciller” de Guaidó estaría pregonando que el “gobierno” Guaidó ya tiene fecha de cierre.
En medios diplomáticos latinoamericanos, incluyendo funcionarios que atienden el tema Venezuela en la cancillería colombiana, era un hecho que Borges renunciaría a su condición de representante de un “gobierno” del cual está claramente distanciado. Sin embargo, Borges aceptó la invitación que le hiciera el presidente colombiano Iván Duque para que lo acompañara, junto con altos funcionarios de Colombia y diplomáticos de los países bolivarianos, en un viaje a la fronteriza ciudad de Villa del Rosario el 06OCT21, donde participaría en nombre de Venezuela en una ceremonia de exaltación patriótica.
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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 13SEP21, el servicio exterior de la Unión Europea estaba preparando los detalles para el envío a Venezuela de una misión de observación electoral para las votaciones regionales convocadas por el régimen chavista para el 21NOV21.
El 28SEP21 el encargado de negocios de la Unión Europea en Caracas suscribió un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral que norma la presencia de los enviados europeos. Al día siguiente el Servicio Exterior de la UE hizo público la decisión del Alto Representante Josep Borrell de enviar cerca de un centenar de observadores a Venezuela a partir del mes de octubre y de forma progresiva. Borrell igualmente seleccionó a la eurodiputada portuguesa Isabel Santos como Observadora Jefe de la Misión que viajaría a Venezuela. Usualmente las misiones electorales de la UE son encabezadas por algún miembro del Parlamento Europeo y Borrell optó por una diputada miembro del Partido Socialista portugués quien curiosamente en el pasado se manifestó en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En un debate en el Parlamento Europeo el 14ENE20, Santos se mostró favorable a la imposición de sanciones a “aquellos que promuevan la violación de las reglas democráticas y la violación de los Derechos Humanos” en Venezuela.
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Por cierto, las pláticas que sostienen los representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro llegaron rápidamente a un estado de empantanamiento. Oficialmente se han realizado dos rondas de negociaciones directas. El 07SEP21, al término de la primera ronda, las delegaciones anunciaron dos acuerdos referidos a una posición común ante el diferendo territorial sobre la Guayana Esequiba y otro sobre “protección social del pueblo venezolano”. Se trataba de un obvio intento de las dos delegaciones para ganar credibilidad sobre el mecanismo. Como resultado de la segunda ronda de negociaciones, el 27SEP21 el gobierno de Noruega distribuyó un comunicado de las partes en la cual informaron que habían decidido “realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales” para constituir “un eficiente mecanismo de consulta y participación”.
Inicialmente las delegaciones, encabezadas por Jorge Rodríguez en nombre de Maduro y por Gerardo Blyde en nombre de la alianza partidista que apoya a Guaidó, habían señalado una agenda precisa de negociación entre las dos fuerzas políticas. Luego de la segunda ronda de negociaciones ha surgido el siempre conveniente esquema de alargar procesos mediante consultas a terceros.
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La jefe de la misión europea estará llegando a Caracas el 18OCT21 para asumir la conducción directa de un proceso de observación con el cual, al permitirlo, el régimen chavista procura ganar legitimidad internacional. El régimen chavista ha permitido que la misión de la UE emita un informe preliminar sobre los resultados de su observación el cual deberá ser presentado previamente al gobierno y sólo sería emitido dos días después de las votaciones.
En las votaciones solo están en juego los poco influyentes gobiernos estadales y locales. Diversos sectores de la oposición han optado por participar alegando que se trata de una oportunidad para reorganizar fuerzas, aunque en la práctica la unidad opositora venezolana se ha ido resquebrajando primero por el debate entre participar o no en las votaciones del régimen, y después en batallas locales por las nominaciones.
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El 08OCT21, buscando justificar su decisión ante Venezuela, Borrell afirmó que la UE acompañará a la oposición porque “es una mayor garantía para ellos que estemos presentes auditando el sistema”. La afirmación fue hecha durante un “desayuno informativo” organizado por “Nueva Economía Forum” durante el cual Borrell sostuvo que el informe final de la misión de observadores de la UN “legitimará o deslegitimará” a Maduro.
Igualmente afirmó que obviamente “las elecciones en Venezuela no son como en Suiza” pero “si la oposición decide ir y eso es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición, ¿voy yo a decir que no mando una misión de observación electoral porque las elecciones son fraudulentas?”. Las palabras de Borrell desataron la ira chavista en Caracas donde el Ministerio de Exteriores del régimen emitió un comunicado en el cual acusó a la Unión Europea de “pretensión injerencista” y le pidió “abstenerse de manipular políticamente la Misión de Observación Electoral” pero sin rechazarla. En la realidad, el régimen sí aspira a que la UE lo legitime o al menos le otorgue una carta de buena conducta para luego reclamar el fin de las sanciones.
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La decisión de Borrell forma parte de una línea acordada con EE. UU. que incluye estimular a una salida a la crisis venezolana negociada entre Maduro y la “oposición”. De allí el apoyo mostrado por el actual gobierno de EE. UU. a las pláticas organizadas por Noruega que reúnen a enviados de Maduro y Guaidó en Ciudad de México.
Incluso, el Centro Carter estaría negociando con las autoridades electorales del régimen chavista los términos para el envío de representantes para “observar” las votaciones del 21NOV21. El Centro Carter ha sido convocado por el gobierno Biden para que coopere en cuanto a casos críticos en Latinoamérica y su posible presencia en Venezuela contaría con el franco apoyo del Departamento de Estado.
El gobierno Biden, en lo poco que atiende los temas latinoamericanos, está enfocado en el asunto migratorio y en sus relaciones con México. Hasta la fecha, ha optado por mantener grosso modo la política del gobierno Trump hacia Venezuela, confirmando el respaldo a Guaidó y ratificando las sanciones al régimen chavista. Pero el “tema Venezuela” progresivamente ha ido saliendo de la agenda de los gobiernos de América y Europa, por cansancio, por la pandemia de covid, por el surgimiento de una nueva ola de gobiernos castrochavistas en el continente y por la creciente falta de coherencia de la oposición venezolana. En tanto, la dictadura venezolana tiende a convertirse en un estado de normalidad en el país ante la cual los gobiernos extranjeros responden con posiciones crecientemente pragmáticas. Incluso el gobierno de Colombia que militantemente desconoce la autoridad de Nicolás Maduro, estaría dispuesto a reanudar las relaciones consulares ante la obvia necesidad que la comunidad colombiana en Venezuela tiene de servicios de su gobierno.
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El presidente de Perú Pedro Castillo anunció públicamente su respaldo al establecimiento de una legislación que legalice la producción de hoja de coca en Perú. Siguiendo el esquema ya establecido en Bolivia por el gobierno de Evo Morales, bajo el argumento de respetar el consumo tradicional de hoja de coca, la legislación promovida por el diputado izquierdista Guillermo Bermejo procura proteger los cultivos de coca con claro destino hacia la producción de cocaína.
El 03OCT21 en Pichari en el departamento de Cuzco, Castillo anunció su respaldo al proyecto de ley que promueve Bermejo quien estaba a su lado. Castillo para la ocasión cambió su disfraz campesino con sombrero chotano para vestir indumentaria indígena. Guillermo Bermejo es uno de los enlaces entre el nuevo gobierno peruano y las redes castrochavistas continentales y en diversas ocasiones ha organizado en Lima actos de apoyo al régimen chavista.
En la práctica se está produciendo una alianza entre el gobierno izquierdista de Castillo y los productores de coca de Perú con apoyo organizativo de Evo Morales, quien ha multiplicado la frecuencia de sus visitas a Lima.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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