En esta edición, se profundizará sobre aspectos clave relativos al delito organizado. El hecho de que tocarlos aquí, y no en la primera parte, no implica una valoración sobre su importancia
Uno de los aspectos a ser debatidos en la IX Cumbre de las Américas, iniciada este lunes en Los Ángeles, es el impacto del delito organizado en la gobernabilidad democrática.
En la entrega anterior se hicieron algunas consideraciones sobre el particular, con especial referencia al caso venezolano. El gobernante Nicolás Maduro no fue invitado para la cita en California. Tampoco algún representante de su tren ministerial. Pero eso no implica que las discusiones de la cumbre serán ajenas a la situación del país. Por el contrario, la información disponible indica que la crisis venezolana será punto de análisis en casi todas las mesas. Y lo más probable es que se tomen algunas decisiones, aunque no vayan más allá de lo meramente declarativo.
En esta edición, se profundizará sobre otros aspectos clave relativos al delito organizado. El hecho de que sean tocados aquí, y no en la primera parte, no implica una valoración sobre su importancia.
Las armas, una discusión en calle ciega
Si los países latinoamericanos y de la cuenca del Caribe son los más violentos, tal y como se indicó en la primera parte, esto es parcialmente consecuencia de la disponibilidad de las armas de fuego y de sus municiones. En las américas, EE. UU. es el principal fabricante de armas, aunque no es el único. Brasil y Argentina tienen industrias en este ramo. Pero no sería descabellado afirmar que buena parte de la violencia homicida que afecta a los países centroamericanos, del Caribe, Colombia y Venezuela es ejecutada con armas de fabricación norteamericana. El periodista Ioan Grillo describe con detalle cómo opera el trasiego de armas desde estados de la unión americana hacia el sur en su obra Blood, gun, money (2021). Es básicamente un goteo, en el que participan grupos de delito organizado transnacional y pequeños contrabandistas, hasta generar lo que el autor llama un “río de hierro”, que tarde o temprano inunda las tierras venezolanas. Aquí esas armas se mezclan con otras, robadas o hurtadas a sus legítimos propietarios, y con transferencias ilegales que cuentan con la participación de policías y militares. Esto sucede claramente en los casos de las granadas.
Visto así, la disponibilidad de armas de fuego (pistolas, fusiles, revólveres y granadas) en Venezuela es en buena medida el resultado de la actividad del delito organizado, tanto el transnacional como el local. En la época de Hugo Chávez se inició un proceso que pretendía sustraer las armas en posesión de sectores civiles, altamente contradictorio si se toma en cuenta la selectividad en la aplicación de las normas implantadas en ese momento. Mientras algunos ciudadanos afrontaron serios problemas para tener sus armas con arreglo a la normativa, otros las recibían fácilmente del propio Gobierno, con el pretexto de que la revolución era “pacífica, pero armada”. Esas contradicciones se mantienen hasta el presente.
¿Cuál es el resultado? Las armas de fuego continúan impactando negativamente los indicadores de seguridad. Según cifras conocidas extraoficialmente, en el 78,3 % de los homicidios reportados en 2021 utilizaron armas de fuego de algún tipo. Esto incluye las muertes por supuestos enfrentamientos con policías y militares, ahora denominadas “intervenciones legales”.
Si se amplía este análisis a otros delitos violentos, como son los robos genéricos y de vehículos, los secuestros y las lesiones personales, el uso reportado de armas de fuego se sitúa en 57,8 %. Hablamos de más de 15.800 víctimas, en un contexto en el que todavía la pandemia por la covid-19 tenía cierto efecto mitigador de la criminalidad. Lo que se ve este año sugiere un impacto mucho más intenso.
Las armas de fuego, además, son instrumentos de sometimiento a través del miedo. Es lo que llamamos violencia 2.0. Las muertes por armas de fuego adquieren nuevas dimensiones cuando las bandas y megabandas divulgan las grabaciones de tales crímenes en las redes sociales. A veces, solo les basta con una amenaza, en la que muestran los fusiles, las pistolas y granadas que han utilizado en otras oportunidades. En esto, los grupos del Zulia son especialistas.
La discusión que se desarrolla en Estados Unidos a propósito de la masacre en la escuela Primaria Robb de Uvalde no es únicamente de interés para los norteamericanos. Lo ocurrido en el centro educativo de Texas, y la ola de sucesivos tiroteos con múltiples víctimas (13, según CNN) del fin de semana pasado en ese país es apenas una pequeña fracción de la violencia generada por las armas fabricadas en territorio estadounidense. Por ende, las decisiones tomadas en el futuro cercano para restringir las posibilidades de adquisición de armas en ese país podrían tener consecuencias sobre la actividad de las organizaciones criminales al sur del Río Grande. Sin embargo, no hay que llamarse a engaños. La probabilidad de que se logre algún avance en esta materia es muy baja. Desde Columbine hasta acá, los avances han sido casi nulos, aunque se debe admitir que la opinión pública norteamericana se encuentra sensibilizada sobre este tema.
Repensar la soberanía
Cuando era director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Louis Freeh sostenía la imposibilidad de afrontar desde una perspectiva netamente local el desafío planteado para las democracias por las organizaciones transnacionales del crimen. Estas son estructuras que, cuando llegan a la fase simbiótica de su desarrollo, invierten enormes recursos en la identificación de los llamados “hoyos legales”, con el propósito de expandir sus operaciones a diversos países. Un ejemplo de ello fue el cartel de Cali, que contrató a contadores como Guillermo Palomari y abogados de prestigiosos bufetes con esta finalidad.
En la actualidad, el régimen venezolano intenta proyectar hacia la comunidad internacional una imagen de “hoyo legal”. Tal es el mensaje implícito en la Ley Constitucional Antibloqueo, donde se establece claramente la disposición de “desaplicar” la normativa vigente, siempre y cuando eso reporte el ingreso de nuevos recursos para el régimen. Y esa desaplicación puede derribar, por ejemplo, las barreras implantadas por el propio Estado para prevenir el lavado de dinero.
Detrás de esto opera un discurso que reivindica una soberanía mal entendida, invocada para rechazar las exigencias de la comunidad internacional en cuanto al cumplimiento de los acuerdos establecidos en convenciones que ya son leyes de la República, pero que es omitido cuando queda en evidencia la instalación en el país de estructuras de delito organizado, con las cuales existe cierta afinidad. ¿Alguien en su sano juicio pensará que esos capitales oscuros atraídos por la ley Antibloqueo no vendrán acompañados por otras formas de delito? En la era de López Michelsen, Colombia estableció un sistema que la prensa del momento bautizó como la “ventanilla siniestra”, pues permitía al Banco de la República captar fondos en divisas sin preguntar por su origen. Ese país pagó muy caro el experimento.
Breves
- En mayo hubo un claro repunte del secuestro extorsivo, con respecto a lo que se veía desde finales de 2021. Las cifras conocidas extraoficialmente señalan que hubo siete víctimas. Pero este es solo un dato referencial, puesto que las denuncias no están siendo consignadas oportunamente para los efectos estadísticos. En la urbanización La Asunción de Valencia, un grupo armado sacó por la fuerza a un empresario, mientras estaba en un galpón de su propiedad, y lo llevaron a su vivienda en esa misma ciudad junto con otros empleados. A estas personas las abandonaron allí. Pero los captores se llevaron al hombre de 51 años de edad, cuyo paradero se desconoce en la actualidad. En Cabimas (Zulia), un grupo armado irrumpió en un supermercado y se llevaron al comerciante chino Víctor Ho Ng Zheng. Este hombre de 22 años fue dejado en libertad por sus captores días después. El parte de Cicpc atribuye esta decisión a la supuesta presión ejercida por sus agentes. Sin embargo, el consecuente ocultamiento de la información sobre los casos resta credibilidad a esta versión, más aun si se toma en cuenta que los captores avanzaban en la negociación de un rescate por 50 000 dólares. Según FundaRedes, Zulia se ha transformado en el estado fronterizo más violento, “donde los grupos armados irregulares han retomado actividades de secuestro con fines extorsivos”.
- Por primera vez, la justicia estadounidense admite la muerte en Venezuela de Seuxis Paucías Hernández, alias Jesús Santrich. Lo hizo de forma tangencial, mediante la referencia a un reporte publicado en mayo de 2021 por el New York Times, basado en datos aportados por “oficiales venezolanos”. Quien fuera segundo al mando de la disidencia de las FARC conocida como Nueva Marquetalia murió, según estos reportes, en el mismo municipio del Zulia donde recientemente se informó el asesinato con explosivos de Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, máximo líder de otra de las disidencias. De manera que Zulia ha sido uno de los teatros más importantes del conflicto entre las distintas facciones guerrilleras que desconocieron el acuerdo de paz de La Habana. El documento donde se hace la referencia a la muerte de Santrich, suscrito por el fiscal neoyorkino Damian Williams, forma parte de una extensa respuesta de la parte acusadora ante los cuestionamientos formulados por Fabio Simón Younes y Armado Gómez, coacusados de conspirar para traficar drogas con Hernández Solarte, y con Marlon Marín, sobrino de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, máximo representante de NM. Este juicio, por lo tanto, apunta a la cúpula de una de las guerrillas que permanecen alojadas en Venezuela. En la investigación, dos informantes de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) convencieron al grupo de Younes, Gómez y Marín de que eran enviados del Cartel de Sinaloa. Las reuniones para pactar los envíos de cocaína de las FARC comenzaron el 20 de junio de 2017 en el lobby de un hotel de Bogotá. En este encuentro, Younes Arboleda presumió de sus nexos con Mohammed Bazzi, un financista de la organización Hizbulah, así como con “políticos de alto nivel en Venezuela”. Y continuó hablando: “La mayor parte de la mercancía en Venezuela pertenece a las FARC”. Desde luego, se refería a la cocaína. Posteriormente, de acuerdo con este documento de la fiscalía de Nueva York, Younes explicó que alias Iván Márquez maneja los mercados de Europa, Medio Oriente, Asia y África. El 10 de julio de ese mismo año hubo otra reunión. Fue en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana. Entonces, comenzaron a hablar sobre el hipotético envío de una tonelada. Allí el sobrino de Iván Márquez hizo alarde de sus contactos con “los soles” venezolanos. Para corroborar la calidad de la droga, negociaron una primera muestra de cinco kilos, elaborada en Tumaco, una localidad del pacífico colombiano fronteriza con Ecuador. En agosto, cuando el proceso estaba más avanzado, Santrich se involucró. Primero, mediante conversaciones telefónicas, y luego en persona. Durante una de las reuniones, incluso, entregó a uno de los informantes un recado para un histórico de los carteles mexicanos, Rafael Caro Quintero: “Para don Rafa Caro, con aprecio y esperanza de paz. Santrich”.
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