El proyecto de la Ley de armonización tributaria refuerza el centralismo y no toca la voracidad fiscal del gobierno, que tiene como objetivo el relanzamiento del poder comunal
La administración de Nicolás Maduro espera por la aprobación final de la ley de armonización tributaria que, si no sufre modificaciones en la Asamblea Nacional, le otorgará amplios poderes a su gobierno sobre los impuestos que cobran las 23 gobernaciones y las 335 alcaldías del país.
El proyecto de la la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, aprobada en la Asamblea en primera discusión, le otorga al ministro de Finanzas, un funcionario bajo control directo del presidente, importantes atribuciones y refuerza el centralismo en detrimento de las regiones.
En lo que respecta al impuesto a la actividad económica, fundamental para las alcaldías, la Ley dice que deberá tener como máximo 3% y un mínimo que será de veinte veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central como el dólar, euro, libra esterlina o franco suizo.
Pero el texto agrega que el Ministerio de Finanzas clasificará las actividades económicas y, dentro del rango establecido, establecerá mínimos y máximos para el impuesto de cada categoría. Además elaborará las tablas de valores para los avalúos catastrales, a efectos del impuesto a inmuebles urbanos; los permisos de construcción y las tasas máximas para el impuesto de vehículos.
La Ley también limita el cobro por timbres fiscales. Las empresas solo pagarán, por cada trámite, un máximo de 50 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central.
La voracidad
Las normas permitirán contener el alza de las tasas en los impuestos de las gobernaciones y alcaldías. Por ejemplo, la Cámara de Industriales del Estado Aragua precisó que el permiso de bomberos aumentó desde el equivalente a 50 dólares hasta el equivalente a 20 mil dólares en un año.
En junio de este año, Consecomercio afirmó que las tasas que pagan los comerciantes respecto a sus ingresos brutos aumentaron desde 0,05% hasta 5% en la mayoría de los municipios. Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, indica que para 74% de las empresas los impuestos excesivos son el segundo factor que más impacta la producción, solo superado por la caída de la demanda.
Si bien es necesario armonizar y evaluar el tema tributario, la Ley no resuelve la raíz del problema: un gobierno central que le arrebata recursos a las gobernaciones y alcaldías incentivando el alza desmesurada de los impuestos.
La rebanadora
Para asegurarse el control total de los petrodólares y una gran discrecionalidad en el gasto, el partido de gobierno aprobó en el parlamento un presupuesto para 2022 que le quitó a las gobernaciones y alcaldías el derecho a administrar parte del ingreso petrolero.
De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución, las gobernaciones y alcaldías deben recibir 20% de los ingresos ordinarios que son los que se obtienen cada año y no una sola vez como ocurre, por ejemplo, cuando se vende una empresa pública. A esta porción de 20% se le conoce como situado constitucional.
Pero el presupuesto aprobado contempló que todo el ingreso petrolero de este año sería extraordinario, por lo tanto, la partida del situado constitucional se achicó considerablemente.
Al elaborar el presupuesto, el gobierno previó ingresos petroleros por 38 millardos de bolívares, sin precisar el tipo de cambio promedio. Cálculos de José Guerra, exgerente del Banco Central y diputado en el parlamento elegido en 2015, precisan que asumiendo un tipo de cambio de cinco bolívares por dólar, el presupuesto le quitó a las gobernaciones y alcaldías ingresos equivalentes a 1.500 millones de dólares.
Juan Cristóbal Carmona, abogado experto en materia tributaria, agrega otro elemento. A través de la Ley de Registros y Notarías, el Poder Nacional se apoderó de los recursos provenientes del impuesto a las transacciones inmobiliarias que conforme a la Constitución corresponden a los municipios.
El gobierno podría entregar más dinero a las gobernaciones y alcaldías bajo la figura de créditos adicionales, que permiten aumentar el monto asignado en el presupuesto; pero se trata de un mecanismo discrecional bajo control de Nicolás Maduro que le resta autonomía a los gobernadores y alcaldes.
El intocable
Juan Cristóbal Carmona explica que la Constitución le otorga a la Asamblea Nacional la potestad de aprobar la legislación para armonizar y coordinar la materia tributaria a fin de crear un sistema que proteja la economía y garantice la justa distribución de las cargas; pero en su opinión, la Ley aprobada en primera discusión excluye al Poder Nacional.
“La armonización no puede circunscribirse a los estados y municipios. El Poder Nacional no puede permanecer al margen de la armonización porque sus actuaciones también registran contradicciones”, dice Juan Cristóbal Carmona.
La Ley del Impuesto sobre la Renta dice que las empresas pueden deducir los pagos que hayan hecho por otros tributos. No obstante, otras leyes como la del impuesto a las grandes transacciones financieras y los grandes patrimonios prohíben las deducciones.
Leonardo Palacios, experto en derecho tributario, afirma que “hay dos patologías: voracidad fiscal del gobierno nacional y voracidad fiscal estadal y municipal. La Ley es incompleta porque la armonización debe incluir al Poder Nacional”.
Añade que “se están atacando las consecuencias y no las causas de la voracidad fiscal en municipios y gobernaciones. Las causas son un régimen centralista que eliminó el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides), que no ha instrumentado mecanismos compensatorios y cuando tuvo altos precios del petróleo le negó la posibilidad a los estados y municipios de participar de esos precios extraordinarios”.
Juan Cristóbal Carmona considera que las medidas dirigidas a la armonización tributaria deben estar fundamentadas en “estudios técnicos que permitan saber cuál es la realidad financiera de los estados y municipios, sus necesidades y fuentes reales de ingresos, cuánto están recibiendo por situado constitucional y asignaciones económicas y cuánto por ingresos propios”.
“Se debe establecer un sistema que tome en cuenta las particularidades de cada estado y municipio, no puede tratarse por igual a entidades insulares o fronterizas con las que no lo son, tampoco a las que tienen diferente nivel de desarrollo” añade.
El Superministro
De acuerdo con la Constitución, los estados y municipios tienen autonomía y solo a través de leyes su poder en materia tributaria puede ser armonizado, empleando mecanismos como parámetros para las bases de cálculo y las tasas de los impuestos.
Juan Cristóbal Carmona interpreta que el rol que le otorga el proyecto de Ley al ministro de finanzas, de fijar mínimos y máximos respecto de alícuotas, no es aceptable a la luz de la Constitución. “La ley debe definir tales parámetros y dejar en manos de los estados y municipios la facultad de fijar el importe del tributo mediante leyes estadales u ordenanzas, sin intermediación del Poder Ejecutivo”.
“Siempre habrá temas que necesitarán que algún órgano administrativo los instrumente, los opere y controle, pero deben ser aspectos menores. Lo sustancial, en materia de armonización y coordinación, debe quedar previsto en la ley y no en el poder discrecional del Ministerio de Finanzas” añade Juan Cristóbal Carmona.
Leonardo Palacios explica que “la Constitución es un todo y te dice que los estados y los municipios tienen autonomía. La tasa debe ser potestad del municipio. Armonizar no es invadir competencias de los estados y municipios sino que tengas un esquema de tributación razonable para que las empresas produzcan y puedan expandirse”.
Juan Cristóbal Carmona señala que “si la armonización no se instrumenta correctamente habrá un mayor sometimiento de los entes menores al gobierno central en absoluto desconocimiento de la autonomía que les reconoce la Constitución, lo que quizá sea el fin oculto en esta iniciativa parlamentaria. Si bien esta autonomía no es absoluta, no puede limitarse bajo la excusa de la armonización”.
Las comunas
Uno de los objetivos que tiene el partido de gobierno y que Nicolás Maduro mantiene vigente es la construcción de un poder comunal que le resta atribuciones a las alcaldías y gobernaciones.
El poder comunal cuenta con el respaldo de la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y la Ley de Transferencia.
El rompecabezas diseñado en estas leyes indica que las comunas están formadas por consejos comunales, a su vez, cada comuna tendrá empresas que asumirán atribuciones que hoy pertenecen a las gobernaciones y alcaldías. Los bancos comunales, ya formados, administrarán el dinero que fluirá desde las arcas del Estado.
En su mayoría, los consejos comunales son estructuras ligadas al Partido Socialista Unido de Venezuela. El pasado primero de junio Nicolás Maduro afirmó que “hay que gobernar de la mano de las comunas. El poder popular lo sabe todo, lo puede todo. El poder popular sabe cuáles son los problemas, las soluciones”.
El mandatario exigió un plan para relanzar los bancos comunales inyectándole recursos al Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc): “Los bancos comunales son un proyecto del comandante Chávez y yo he insistido mil veces en que fortalezcamos los bancos comunales, le metamos recursos”.
“El banco comunal necesita hierros, el Safonacc tiene que ser un fondo fuerte, yo partía del hecho que estaba funcionando, me engañaron, eso no puede ser; el Safonacc tiene que ponerse a funcionar”, agregó.
#PedagogíaEconómica | Impacto de la ley de armonización tributaria, por Víctor Álvarez R.
