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Acuerdo migratorio

3×3 | La nueva diplomacia entre Colombia y Venezuela dependerá más de Petro que de Maduro
Las cancillerías de Venezuela y Colombia afirmaron designar embajadores para fortalecer sus relaciones bilaterales después del 7 de agosto
Consideran que el proceso de paz interna de Colombia y su negociación con el ELN afectará a la seguridad de la frontera
Giovanna De Michele: «Solo un flujo comercial próspero podría garantizar la verdadera reactivación (económica y legal) de la zona»

Poco después de ganar las elecciones presidenciales de Colombia, Gustavo Petro anunció su interés en abrir relaciones diplomáticas directas con el gabinete de Nicolás Maduro.

Desde 22 de junio de 2022, Petro mostró en sus redes sociales sus propuestas para «restablecer» la frontera: conversaciones directas con Maduro, promesas de industrializar a la ciudad de Cúcuta para mejorar la economía de la zona y la designación de Álvaro Leyva Durán como ministro de Relaciones Exteriores y Paz y a Iván Velásquez Gómez como ministro de defensa de Colombia. 

La diplomacia entre Venezuela y Colombia se quebró cuando el gobierno de Iván Duque apoyó la proclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En 2019 Maduro anunció una ruptura con Colombia al expulsar a sus embajadores. 

Gustavo Petro asumió formalmente la presidencia de Colombia el 7 de agosto del 2022. Tanto la cancillería colombiana como la venezolana afirmaron designar embajadores para fortalecer sus relaciones bilaterales luego de la proclamación de Petro como mandatario. 

El plan para restablecer las relaciones diplomáticas con Maduro enfrenta la regularización migratoria y los grupos armados irregulares o guerrilleros. Según la ONU, los 2.219 kilómetros de frontera terrestre recibe un mínimo diario de 2.000 migrantes venezolanos desde el año2021 y más de 3.300 venezolanos desplazados durante el primer trimestre del 2022 por los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

La internacionalista Giovanna De Michele explicó que «la dinámica de esta nueva relación diplomática y migratoria dependerá en su mayoría de las acciones de seguridad interna de Colombia, antes que las afinidades ideológicas». 

Para César Niño, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle y experto en seguridad y defensa, la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela es una respuesta «pragmática, que pasa por la racionalidad de los Estados y va más allá de las ideologías de los gobernantes de turnos». 

Por su parte, Mirna Yonis, integrante del equipo directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI), aseveró que «este movimiento de lógica se gesta en la necesidades de ambas sociedades y el deterioro diplomático prolongado entre ambos países tan cercanos».

Frente a este panorama, Runrun.es contactó a tres expertos para explicar esta nueva etapa que enfrentará la diplomacia sudamericana. 

¿Qué puede perder Colombia (y Venezuela) tanto a nivel diplomático como interno con esta nueva relación bilateral?

Giovanna De Michele: «Si vemos la situación como entes diplomáticos, como Estados, creo que ambos podrían tener una relación ganar-ganar. Venezuela podría recuperar unos espacios perdidos en el ámbito comercial».

«No descartaría la probabilidad de que Washington aproveche la cercanía ideológica entre Petro y Maduro para tratar de forzar un proceso de negociación. Esto es debido a la importancia que tiene Colombia desde el punto de vista estratégico para Estados Unidos». 

«Si alguien tiene algo que perder en este restablecimiento de relaciones diplomáticas sería la oposición venezolana representada por el liderazgo de Juan Guaidó, porque dejarían de tener la representación que tenían en territorio colombiano y en su política internacional». 

César Niño: «No habría una pérdida en términos concretos. Los movimientos pragmáticos suponen un cálculo racional de toma de decisiones que pasa la dimensión estratégica y que van por encima de la dimensión particular, ideológica o individual».  

«Seguramente la pérdida, si lo vemos en términos de costo-beneficio, sería un desgaste político interno en Colombia frente a los debates y la polarización. La oposición colombiana tendría la tesis de que la reapertura de la frontera y el diálogo signifique para ellos un apoyo al gabinete de Maduro. Podrían atravesar una turbulencia ideológica frente a los opositores de ambos gobiernos».

Mirna Yonis: «Más que decir qué se puede perder, se puede decir qué se espera cambiar. Todavía no hay una acción concreta o camino para restablecer las relaciones consulares y diplomáticas. Hay muchos anuncios, pero todo necesita unos protocolos, eso no sale de un día para otro. La reunión de los cancilleres es un paso para ello».   

«El gobierno de Petro debe sincerar sus intenciones para dinamizar las acciones humanitarias por el tema migratorio y por la embajada de Estados Unidos de Venezuela, que está en territorio colombiano. Algunos podrían decir que ello abonaría a la relación entre EEUU. Yo veo eso muy difícil. El gobierno interino de Juan Guaidó no tiene suficiente músculo político en estos momentos para ganar más cosas, solo logrará conversaciones y diálogos». 

Más allá de los beneficios económicos, ¿qué cambios puede traer el retorno del paso migratorio legal en la frontera colombovenezolana?

Giovanna De Michele: «Espero que una de los efectos inmediatos sea la disminución de las mafias que se encargan del tráfico de personas a través de las «trochas». También se espera que la reactivación comercial y legal en la frontera disminuya el contrabando de mercancías. Hay muchas necesidades económicas y sociales venezolanas que se satisfarán con la apertura de zona fronteriza. Solo un flujo comercial próspero podría garantizar la verdadera reactivación de la zona». 

César Niño: «Me atrevería a decir que, independientemente de la reapertura de la frontera, los movimientos y grupos armados irregulares que están en la zona seguirán existiendo. Pero, seguramente, el compromiso de los lazos diplomáticos hará mucho más efectivo el control estatal sobre estos territorios».

«Una gran característica que Colombia ha presentado en los últimos años es el abandono de sus fronteras y la ausencia estatal en los territorios. Colombia suele ser más territorio que Estado. Esto significaría que la excusa de volver a las relaciones bilaterales podría motivar, e incluso obligar, al Estado colombiano a tener una presencia efectiva que ha sido alejada por diferentes circunstancias. Habrá mayor legitimidad del Estado para hacer presencia en esos territorios». 

Mirna Yonis: «Las acciones apuntan hacia un paso migratorio legal, al menos. Pero insisto que el aparato decisional de Colombia no es el único que influye en eso, también está la red de cooperación internacional para atender el tema migratorio. Allí, entonces, el tema migratorio se utilizará como una arista que rebotará en la parte política y diplomática de ambos países, sobre todo en Colombia. No será fácil resolver o atender el tema migratorio venezolano». 

¿Qué se puede esperar a nivel de seguridad militar de esta relación entre Petro y el gabinete de Maduro? 

Giovanna De Michele: «Gustavo Petro dijo que iba a mantener los beneficios que se les han otorgado a los migrantes venezolanos en Colombia (que se ejecutaron con el gobierno de Duque). Pero, la agenda en materia de seguridad y migración dependerá de la seguridad interna en Colombia». 

«Ya las alas disidentes de las FARC y del ELN manifestaron su disposición de tener un proceso de diálogo con Petro. Ese intercambio, de lograrse, podría significar el despeje de grupos irregulares que están operando en territorio venezolano».

«También habrá que esperar cómo se va a manejar la administración de Maduro. Durante los últimos años ha sido muy cómodo para Maduro responsabilizar al gobierno colombiano por todo acto irregular e ilícito que pasaba en la frontera. Hay que ver cómo actuará la administración madurista de producirse alguna escaramuza, si van a seguir responsabilizando al gobierno colombiano o a quienes representarán la nueva oposición en Colombia». 

César Niño: «Posiblemente se abra un canal de diálogo entre los altos mandos militares de ambos países. Esto supone, más allá de toda lógica ideológica, una interacción más fluida para enfrentar algunas amenazas compartidas y comunes, sobre todo en el tema fronterizo». 

«La frontera entre Colombia y Venezuela es una de las más porosas del mundo, no se puede escalonar para cerrarse o abrirse». 

«Los beneficios en seguridad y defensa tendrán que ver con un entendimiento y un flujo de comunicación entre los tomadores de decisión de seguridad nacional. También la migración podría tomar una situación más «regular», un poco más condescendiente frente a los fenómenos que tienen que ver con las situaciones humanitarias. Seguramente habría una participación más activa de ambos Estados en el tratamiento del derecho a proteger y en materia de los Derechos Humanos». 

Mirna Yonis: «Hay que esperar al menos los primeros días de gobierno de Petro para ver si da una declaración externa más allá de lo que le exige la política interna colombiana. La designación de los cancilleres y ministros de seguridad y de defensa apuntan a la base política de Petro, pero no se traduce, todavía, a un conflicto interno en la estructura militar colombiana que algunos expertos prevén».

«Por lo tanto, esa relación de Petro y Maduro no pasará de primeras desde el punto de vista personal, sino del cuadro político interno colombiano. Creo que Petro, más allá de su plataforma amplia, sabe que también debe tener una relativa calma en sus primeros días para poder implementar algunas políticas. Pero el tema migratorio es una «papa caliente» que requiere de acciones rápidas. Aún así, Colombia debe atender sus asuntos internos relacionados con su estabilidad socioeconómica, de salud pública y su relación militar con Estados Unidos».

«Quizás este sea el punto más álgido en la relación entre Colombia y Venezuela».  

Delegaciones de 11 países firmaron un acuerdo en Quito sobre la movilidad de venezolanos en la región, en el cual se comprometen a aceptar los documentos de identificación vencidos de los ciudadanos, así como a continuar recibiendo a los migrantes en sus tierras.

El encuentro, al que asistieron delegaciones de 13 países del continente americano, ocurrió durante el 3 y 4 de septiembre en la capital de Ecuador, país impulsor del acuerdo.

La crisis migratoria de venezolanos es calculada como una de las mayores en la historia del continente, con una proyección de que seis millones de venezolanos han abandonado su país.

Los once países que firmaron son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Tanto Bolivia como República Dominicana se abstuvieron de aceptar las medidas.

Entre los puntos más destacados de la Declaración de Quito está el acuerdo para permitir acoger los documentos de viaje vencidos de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios.

Asimismo, se incluyen 18 ejes que apuntan a sensibilizar a gobiernos y organismos internacionales sobre la necesidad de implementar acciones para atender a los migrantes venezolanos.

 

Lea aquí la declaración completa:

Los representantes de los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, Estados Unidos Mexicanos, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, reunidos en la ciudad de Quito, los días 3 y 4 de septiembre de 2018, con el objeto de intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región, acuerdan:

  1. Destacar los esfuerzos emprendidos por los Gobiernos de la región para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, especialmente a aquellos en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas aquejadas por enfermedades graves, entre otros.
  2. Continuar trabajando de manera individual y cooperar según cada país lo estime adecuado y oportuno, con la provisión de asistencia humanitaria; acceso a mecanismos de permanencia regular, incluyendo la consideración de procesos de regularización migratoria; combate a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes; lucha contra la violencia sexual y de género; protección infantil; rechazo a la discriminación y la xenofobia; acceso a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado; y, en general, continuar trabajando en la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes en sus respectivos países, en concordancia con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales y regionales aplicables.
  3. Reconocer la importancia de la cooperación técnica y financiera proporcionada por los Estados cooperantes y/o los Organismos Internacionales especializados, según corresponda, para atender en los espacios nacionales de cada Estado los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciudadanos venezolanos en la región.
  4. Urgir a que dicha cooperación y recursos se incrementen sustancialmente, de acuerdo a los requerimientos del volumen de personas que han emigrado desde Venezuela hacia otros países de la región, y se dirijan a los sectores priorizados por cada Estado, a fin de que éstos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria.
  5. Exhortar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado: limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos migratorios; impedimentos a la circulación extra regional; afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida; y, por el contrario, ha incentivado la migración irregular.
  6. De acuerdo con la legislación nacional de cada país, acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios.
  7. Establecer un programa regional, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, particularmente la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, para el intercambio oportuno, a través de las instancias nacionales competentes, de información pertinente de migrantes venezolanos, tendiente a prestar la ayuda humanitaria y lograr una migración ordenada y segura.
  8. Disponer que los Estados de la región coordinen esfuerzos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y otros organismos internacionales, a fin de combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, dentro del flujo migratorio de ciudadanos venezolanos y de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales pertinentes.
  9. Ratificar el compromiso de los Estados de la región de conformidad con la disponibilidad de recursos públicos, la realidad económica, la normativa interna y las posibilidades de cada país de acogida, de proveer a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, el acceso a los servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades en el mercado laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los sistemas de justicia.
  10. Reconocer que un volumen considerable de migración pendular y en tránsito, requiere del apoyo y la cooperación regional para el fortalecimiento de medidas para Colombia, dada su condición limítrofe con Venezuela, así como para Ecuador y Perú, dado que se genera un corredor migratorio hacia esos dos países.
  11. De encontrarlo necesario, fortalecer la normativa jurídica – legal, reglamentaria y administrativa- de los Estados de la región, a fin de optimizar las políticas diseñadas para promover y respetar los derechos de los migrantes venezolanos en los países de tránsito y acogida.
  12. Ratificar los compromisos de los Estados de la región respecto a la lucha coordinada contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia e implementar, en la medida de lo posible para cada país, iniciativas y esfuerzos estatales, individuales y/o conjuntos, en dicho sentido.
  13. Reiteran su preocupación por el grave deterioro de la situación interna que provoca la migración masiva de venezolanos, abordada en esta reunión, y hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados.
  14. Los Estados concuerdan en cooperar mutuamente para atender a sus nacionales y exhortan al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales, con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas en Venezuela.
  15. Convenir en la realización de una nueva Reunión sobre Movilidad Humana, enfocada en la crítica situación de los flujos migratorios extraordinarios y crecientes de los ciudadanos venezolanos, en principio, para la segunda semana de noviembre, en la ciudad de Quito, para dar seguimiento a los compromisos consignados en la presente Declaración.
  16. Fortalecer el rol de la CAN y del MERCOSUR para abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones inmediatas para atender esta crisis migratoria de carácter humanitario. Igualmente, en los ámbitos de la Conferencia Regional de Migraciones, y la Conferencia Sudamericana de Migraciones.
  17. Agradecer la participación de todos los Organismos Internacionales presentes en esta Reunión Regional.
  18. Agradecer especialmente al Gobierno de la República del Ecuador por la oportuna convocatoria de la reunión y la hospitalidad durante esta jornada de trabajo.

Quito, 4 de septiembre de 2018.