Mayber Márquez, autor en Runrun

Mayber Márquez

#MonitordeVíctimasSucre | Madre de joven ejecutado por Cicpc en Carúpano: “A un año del asesinato no se ha hecho justicia”

Leyenda: Daniel Alejandro Lezama no tenía antecedentes. Foto: Cortesía de familiares

Cinco funcionarios del Cicpc quedaron en libertad bajo régimen de presentación, luego de que el Tribunal Quinto, en audiencia preliminar, desestimara el delito de simulación de hecho punible, por el homicidio de Daniel Alejandro Lezama Ramírez

@mayberm

No ha habido justicia por el asesinato de Daniel Alejandro Lezama Ramírez, ejecutado el 7 de abril del año 2022 por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuando se encontraba en un restaurante de Carúpano, municipio Bermúdez, del estado Sucre.

Sus familiares recuerdan que los funcionarios dispararon contra Lezama, cuando el joven se sentó en una mesa del restaurante Bar Thiago ‘s, en el sector Tío Pedro, y trató de sacar su portachequera. La policía pensó que se trataba de un arma de fuego.

Una semana antes de cumplirse el año de la muerte del joven, los parientes de Lezama Ramírez se enteraron de que, el pasado 25 de enero, la Corte de Carúpano decretó sin lugar su solicitud de apelación y ratificó la decisión del Tribunal Quinto en audiencia preliminar, de desestimar el delito de simulación de hecho punible.

El 11 de agosto del año 2022, se conoció que la decisión del tribunal cambió la calificación del delito a 5 de los funcionarios involucrados, al no reconocerlos como coautores inmediatos del delito, sino como cómplices no necesarios del crimen.

Además, la medida los dejó en libertad, bajo régimen de presentación mensual, mientras el responsable de disparar sigue preso.

“Fue una desagradable noticia. Teníamos la esperanza de que la corte en Carúpano declarara con lugar nuestra apelación, pero hay cosas que uno quisiera cambiar y no puede. Lamentablemente, en este país, la corrupción está acabando con el sistema judicial”, declaró Anairys Ramírez, madre del joven de 20 años, asesinado en el restaurante.

 

La madre de la víctima no está de acuerdo con la decisión del tribunal, pues en su opinión, los cinco funcionarios deben permanecer detenidos.

“Ellos tienen que estar presos junto con el que disparó, porque cambiaron toda la escena del crimen y, si no es por el video de seguridad del restaurante que salió a la luz, mi hijo Daniel hubiese quedado como un delincuente”, enfatizó.

Precisamente, el pasado 7 de abril y Viernes Santo, la madre de la víctima fue a Casanay, capital del municipio Andrés Eloy Blanco, por el aniversario del suceso, para reencontrarse con su familia y honrar la memoria de su hijo, con una misa y un rosario.

“Se cumplió un año y no se ha hecho justicia por el asesinato de mi hijo”, aseveró Anairys Ramírez.

La pérdida de Daniel cambió el rumbo de la vida de su familia.

“Este año ha sido muy duro y doloroso para nosotros. Me cuesta creer que mi hijo ya no está. Nuestra familia se fracturó en segundos y jamás volverá a ser la misma. Hemos tratado de seguir adelante, cada uno en lo suyo, pero el dolor de su ausencia es inevitable”, añade.

 

Reconoce que tuvo que buscar ayuda profesional, que no solo la ayudara a ella, sino a sus otros hijos, para poder sobrellevar la terrible pérdida.

“No dormía casi, solo lloraba y hasta perdí el apetito; al igual que mi hija menor. ¿Y quién mejor para ayudarnos que un psicólogo?”, se preguntó.

Pronunciamiento de ONG

A la fecha, los familiares no han sido notificados por el tribunal sobre las decisiones tomadas y no se ha fijado una nueva fecha para el inicio del juicio.

La Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui, con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, se pronunció a través de sus redes sociales para llamar la atención de los tribunales, de manera que abran el juicio. Destacan que hay retardo procesal y que es necesario demostrar la culpabilidad de los funcionarios en el caso.

Es importante recordar que el 10 de abril de 2022, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó en su cuenta de Twitter que fueron imputados los funcionarios del Cicpc, identificados como Jorge Luis Dugarte, William Belisario, Cristender González, Julio Isava, Yoel Colmenares y Maikel Malaver, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como el uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

 

“A solicitud del fiscal, fue acordado por el tribunal de la causa aplicar una medida privativa de libertad. Estos funcionarios ejecutaron en un restaurante de dicha entidad al hoy occiso Daniel Lezama”, informó el fiscal.

Por el caso, también se pronunció el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien para aquel momento precisó que fue un funcionario el que disparó y que estaba acompañado por los otros cinco.

Buena conducta

Daniel Lezama no tenía antecedentes policiales. Era querido, no solo por su familia, sino por la comunidad. Era promotor cultural de la Alcaldía del Municipio Andrés Eloy Blanco y participaba activamente en la organización de la Fiesta de la Virgen del Valle, cada 8 de septiembre.

Siempre le gustaron los carros y andaba en los camiones de su padre, a quien perdió cuando tenía 18 años.

La víctima también dejó huérfano a un niño de seis años.

Durante 2022, de acuerdo con el balance del equipo de Monitor de Víctimas, en las morgues de Cumaná y Carúpano, respectivamente, los homicidios en medio de presuntos hechos de resistencia a la autoridad dejaron 24 víctimas y las ejecuciones, 7.

Plan Nacional

Recientemente, el defensor público general militar Daniel Ramírez Herrera, visitó Cumaná para anunciar que los reclusos con 5 y 8 años de prisión, por delitos menores, podrían optar por una medida alternativa de cumplimiento de pena, que les permitiría estar bajo libertad condicional.

La medida no aplicaría para las personas que son juzgadas por delitos graves.

Sin embargo, deben cumplirse algunos requisitos, como someterse al informe psicosocial que constituya una opción favorable para su reinserción en la sociedad, así como consignar una oferta laboral, que no tenga antecedentes penales y que no haya sido sometido a un nuevo juicio mientras estuvo preso.

Autopsia revela que preso asesinado en Cariaco fue torturado con corriente

“Rafael José Hernández Ramírez, de 31 años, presentó politraumatismos generalizados, desprendimiento de costillas, afección del tórax y expresión de corriente en los labios… Algo abominable, una tortura!”, exclamó el legislador sucrense Miguel Vásquez, quien acompañó a los familiares de la víctima a las afueras de la Fiscalía del Ministerio Público en Cumaná, capital del estado Sucre.

Alicia Hernández, madre de la víctima, había exigido justicia, junto a otros familiares, el pasado 5 de julio de 2022, por el asesinato registrado en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP), institución adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Cariaco, municipio Ribero. 

“Esa gente (del DIP) hace lo que le da la gana en Cariaco… Me mataron a mi muchacho, cruelmente; le rompieron las costillas, le dieron golpes en la espalda, le metieron corriente en la boca. Quiero justicia porque no había necesidad de que mataran a mi hijo”, declaró la madre.

Igualmente, aseguró que los familiares no fueron notificados por funcionarios de la DIP sobre la muerte de Hernández Ramírez, y que fue una persona conocida de la familia quien vio el cuerpo en la emergencia del Hospital Diego Carbonell de Cariaco y avisó a sus seres queridos.

“Cuando lo dejaron en la emergencia, mi hijo ya tenía dos horas de haber muerto, pero los funcionarios no nos notificaron y solo dijeron que se había caído en el baño”, detalló la madre, quien además confirmó que Hernández Ramírez estaba detenido por presunto maltrato a una niña de 10 meses. 

Piden castigo para responsables

“La causa por la que estaba preso por 48 horas era quizá una causa menor para lo que sucedió, porque no fue enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado, sino un hecho que ocurrió dentro de los calabozos del DIP, ubicado en la calle Bermúdez, frente al liceo de Cariaco”, precisó el diputado Vásquez.

En su opinión, debe abrirse una investigación urgente de este caso. “Que pase por un castigo ejemplarizante a estos funcionarios sin ética y profesionalismo, y si este cuerpo policial sigue funcionando, que no sea bajo una dirección incorrecta”, añadió.

Vásquez solicitó al gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, que responda frente a esta denuncia, pues considera que no puede haber silencio cómplice. “Pedimos que se depuren los cuerpos policiales, para evitar la tortura y el trato cruel a los detenidos. Es urgente que se actué con el ejemplo, a través de un castigo formal a los responsables de este hecho”, añadió el legislador, quien además solicitará al Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles), que a través de la Comisión de Política Interior se abra otra investigación sobre este caso.

Señaló que las comisiones de la Fiscalía del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y del Cles que investigan el caso deben movilizarse a Cariaco, porque son fuertes las críticas hacia el desempeño de los funcionarios del DIP.

“No es posible que una persona que tenía dos días detenida, a quien sus familiares le llevaban comida –pero no se la daban-, amanezca muerto el tercer día…“, cuestionó. 

Durante su visita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Cumaná, los familiares aseguraron que había sido detenido un funcionario del DIP como presunto responsable del caso. 

@mayberm

#MonitorDeVíctimasSucre | Por segundo día consecutivo familiares de joven ejecutado por el Cicpc en Carúpano exigen justicia
Familiares de Daniel Alejandro Lezama Ramírez se han movilizado hasta la Fiscalía del Ministerio Público en Cumaná dos días seguidos. Rechazan que los funcionarios pretendieran simular un hecho punible para justificarse

@mayberm / Foto: Cortesía @fddhhanz

 

Por segundo día consecutivo, familiares del joven Daniel Alejandro Lezama Ramírez, ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Carúpano (municipio Bermúdez), el pasado 7 de abril, se movilizaron a la Fiscalía del Ministerio Público (MP), en Cumaná, para exigir justicia.

Acompañada por su representante legal y otros familiares, Anairys Ramírez, madre del joven, que tenía 20 años, aseguró que su hijo no estaba armado y que le quitaron la vida cruelmente.

“Como madre venezolana, exijo justicia para mi hijo: un joven decente y trabajador, con un futuro por delante, a quien le quitaron la vida de la manera más cruel que pueda existir”, lamentó.

Los allegados solicitaron a la Fiscalía del Ministerio Público que se aboque a las investigaciones para que el delito no quede impune. Rechazaron que se pretenda simular un hecho punible, que —advirtieron— no ocurrió.

“Le echaron a perder la vida a un joven y quieren ensuciar su moralidad y buen comportamiento para justificar la mala actuación de los funcionarios del Cicpc, que mataron a este muchacho”, señalaron los familiares.

Subrayaron que el MP debe establecer las investigaciones para esclarecer el hecho y aplicar la pena correspondiente. Aseguraron que no hubo un enfrentamiento, como los efectivos alegaron inicialmente.

“Si los funcionarios consideraron que mi hijo tenía una actitud sospechosa, debían darle la voz de alto, pedirle su identificación, ponerlo contra la pared y revisarlo, como es el procedimiento que ellos, con sus años de servicio como inspectores y jefes agregados, debían conocer; pero no le dieron opción de nada”, indicó Ramírez.

El procedimiento en Fiscalía

Luego del encuentro con la representante de la Fiscalía Octava de Derechos Fundamentales, la madre de la víctima resaltó la receptividad de la funcionaria y la disposición a continuar con las investigaciones de rigor.

“En la reunión, la fiscal confirmó que los 6 funcionarios están detenidos para iniciar la fase de investigación, de 45 días, y después la Fiscalía presentará la acusación para fijar la audiencia de presentación”, detalló.

El informe de la Inspectoría de la Región Estratégica de Investigación Penal (Redip) dio cuenta de la detención de seis funcionarios involucrados en el caso. Sin embargo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta en la red social Twitter, el 10 de abril confirmó la identificación de solo cinco de ellos.

Saab precisó que el pasado 9 de abril, la Fiscalía imputó a los funcionarios del Cicpc identificados como: William Belisario, Cristender González, Julio Isava, Yoel Colmenares y Maikel Malaver por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

“A solicitud fiscal fue acordada por el tribunal de la causa medida privativa de libertad. Estos funcionarios ejecutaron en un restaurante de dicha entidad al hoy occiso Daniel Lezama”, informó el Fiscal.

Por su parte, el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, el 11 de abril afirmó que giró instrucciones al jefe del estado Sucre para que procediera con los mecanismos legales para hacer un “excelente trabajo de criminalística y que no hubiera impunidad”.

En su cuenta en la red social Instagram, Rico precisó que fue un funcionario el que disparó y que estaba acompañado por los otros cinco.

La Fundación de los Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, advirtió que el caso evidencia el atropello judicial a los ciudadanos y la vulneración del derecho a la vida por parte de los organismos del Estado, y que los detalles del hecho son del conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Caracas.

Los sueños de Daniel

La víctima era comerciante y hasta hace un mes trabajó en una fundación adscrita a la Alcaldía del Municipio Andrés Eloy Blanco.

El pasado jueves 7 estaba en Carúpano. Iba a comer con una prima en un restaurante cuando ocurrió el crimen.

“Él esperó que desocuparan una mesa con más ventilación y subió cuando se dio cuenta de que una pareja desocupó el lugar; pero no estaba armado. Siempre cargaba su portachequera entre el pantalón, eso sí”, contó la madre, quien fue sorprendida por la noticia del infortunado hecho mientras se encontraba en Caracas.

Lezama Ramírez dejó huérfano a un niño de 5 años, con quien no vivía. La víctima residía en Casanay (municipio Andrés Eloy Blanco) con su mamá y su abuela. Era el tercero de cuatro hermanos.

“Estudió hasta quinto año y no era deportista, pero siempre le gustaron los carros y andar con su papá. Como todo joven, tenía sueños y quería irse del país, quería viajar”, rememoró la madre.