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La detención migratoria es inaceptable: Señalan responsabilidad del gobierno mexicano en incendio en Ciudad Juárez
La noche del 27 de marzo se produjo un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, al norte de México y cerca de la frontera con Estados Unidos. En el lugar se alojaban 68 hombres. Inicialmente, se dijo que 40 habían fallecido, pero luego las autoridades corrigieron la cifra a 39
Expertos en DDHH consideran que el Estado mexicano tiene responsabilidad directa en el siniestro porque la detención migratoria no es aceptable

 

Durante la noche del 27 de marzo, cerca de las 9:30 p.m., siete migrantes venezolanos fallecieron en un incendio que ocurrió en un centro migratorio en Ciudad Juárez, México.

Tres días después, el jueves 30 de marzo, el Estado mexicano detuvo a cinco personas en relación con la muerte de los 39 migrantes que, en total, perdieron la vida en el hecho. 

«La Fiscalía General de la República había solicitado cuatro órdenes de aprehensión (detención). Pero hoy de madrugada se finalizó la audiencia y se concedieron seis órdenes de aprehensión», detalló en conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos son tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio. Herrerías aseguró que, por el momento fueron, se concretaron cinco órdenes de detención, aunque no precisó quién es la persona que todavía no ha sido puesta a disposición judicial.

Ligia Bolívar, socióloga y especialista en Derechos Humanos, explicó que debe haber responsabilidades superiores a los custodios del centro de migrantes. “Los migrantes estaban privados de libertad. No es una estación migratoria”, aseguró.

Los venezolanos fallecidos fueron identificados como Joel Alexander Leal Peña, Orangel José López Guerrero, Orlando José Maldonado Pérez, Oscar José Regalado Silva, Rafael Mendoza Mendoza, Rannier Edelber Requena Infante y Samuel José Marchena Guillarte. Tenían entre 20 y 29 años.

También aparecen como víctimas mortales en el centro migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM) 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y 1 colombiano.

Violado el derecho a la vida y a la libertad

De acuerdo con Bolívar los derechos a la vida y a la libertad de Joel, Orangel, José, Orlando, Oscar, Rafael, Rannier y Samuel fueron violados.

“Hay una violación grave en el sentido de que la detención migratoria no es aceptable. No es aceptada a nivel internacional de acuerdo con los estándares de esa materia. Por lo tanto, es un derecho violado, por supuesto se violó el derecho a la vida porque hubo negligencia criminal que les impidió a ellos salvar su vida”, aseguró Bolívar. 

Eduardo Trujillo Ariza, director Centro de Derecho Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que México, al igual que otros países del mundo, es suscriptor de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU), de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados y otros tratados internacionales en materia de derechos humanos que velan por la protección de derechos civiles y políticos.

Por ende, México tiene una gran cantidad de obligaciones internacionales relacionadas con personas migrantes y con personas refugiadas. Una de ellas es la obligación de velar por la integridad física de las personas que están bajo su custodia. 

“Estas personas estaban no solo bajo la custodia del Estado mexicano por el hecho de estar en territorio mexicano, sino por estar en un centro de detención de migrantes que estaba siendo administrado por funcionarios estatales de México”, señaló Trujillo Ariza. 

Según el director del CDH UCAB, hay una responsabilidad directa del Gobierno de México en cuanto a los hechos ocurridos, porque la custodia de los migrantes la tenía el propio Estado.

“Los funcionarios estatales pueden ser los responsables directamente o por omisión. Los funcionarios pueden ser investigados por su acción directa y por sus omisiones también”, explicó Trujillo Ariza.

Medidas migratorias dignas

Ambos expertos coincidieron en que las medidas migratorias deben ajustarse a los estándares internacionales en materia de manejo de población migrante para evitar este tipo de incidentes. 

Trujillo Ariza reiteró que los plazos juegan un papel fundamental en esta materia. “Si se retiene a alguna persona en tránsito migratorio, las decisiones que tome el Estado deberían ser tomadas en un plazo razonable”, dijo.

En el marco de medidas migratorias, Trujillo Ariza explicó que México tiene alianza con Estados Unidos para favorecer la externalización de fronteras que implica que Estados Unidos subcontrata o llega a acuerdos bilaterales con otros estados para que contengan la ola migratoria que se dirige a su país.

“México sirve como un tapón. En derecho de migrantes y refugiados el término se conoce como externalización de frontera”, indicó. 

Para Trujillo Ariza, el incendio en el centro de migrantes en Ciudad Juárez no es responsabilidad directa de las políticas migratorias estadounidenses, pero es una consecuencia no deseada de la medida migratoria. 

La organización Amnistía Internacional (AI) fijó posición en un comunicado sobre el siniestro, texto en el que calificó de «inhumano» el control migratorio en México. 

“Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Podcast | Tres en uno: La corrupción en PDVSA, los frentes de investigación de la purga madurista y Nicaragua y el guión chavista contra la disidencia.
En el episodio 208 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, Runrun.es y El Pitazo, los medios que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

En El Pitazo destacan el trabajo “Corrupción en Pdvsa: los cuatro jinetes de Tareck El Aissami”. En medio de las denuncias por la pérdida de más de 3.000 millones de dólares de la principal industria petrolera del país, Hugbel Roa, Joselit Ramírez, Antonio Pérez Suárez y Edwin Rojas fueron detenidos y es un grupo tiene relación cercana con El Aissami, quien renunció como ministro de Petróleo sólo días después. 

“Los frentes de investigación de la «purga madurista» y los retratados hasta ahora», es el #RRPlus que presenta Runrun.es en este episodio. Bajo la premisa «sea quien sea y caiga quien caiga», se inició una purga madurista contra funcionarios responsables de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos. Jueces, alcaldes, diputados, funcionarios de organismos del Estado y empresarios han salido de la foto del poder tras estas acciones. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el reportaje: “En Nicaragua corre guion de persecución y «terrorismo» contra la disidencia”. Organizaciones civiles de Nicaragua acusan al Gobierno de Daniel Ortega de «terrorismo de Estado» en medio de una política sistemática de persecución a la disidencia que ha alcanzado a varios sectores del país. A principios de marzo, Ortega se reunió en Caracas con Nicolás Maduro, quien parece haberle dado el guión a seguir al nicaragüense.  

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

 

Narración y web: Luis David Miquilena

Producción: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Informe Lupa por la Vida 2022: Policías y militares mataron a 824 personas y resurgen prácticas de las OLP
Aunque en 2022 volvió a disminuir la cifra de asesinados por fuerzas militares y policiales Lupa por la Vida destaca que no hay razones sólidas para señalar un cambio en la política de alta letalidad, ni medidas eficaces para superar la impunidad
Advirtieron sobre el resurgimiento de «prácticas abusivas» de las OLP en áreas geográficas pobres, con  «activa presencia» de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción de los operativos y un «alto número de víctimas civiles» en cada intervención

 

El informe 2002 de ejecuciones extrajudiciales de la organización Lupa por la Vida denunció que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias.

Lupa por la Vida resalta que 2022 se caracterizó por un «alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».

El alto número de muertes, consideran, representa la «continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado», denunciaron.

Insisten en que tampoco existe voluntad de adelantar» investigaciones genuinas de los más altos responsables de los crímenes». Además, consideran que los funcionarios policiales y militares reciben respaldo de las altas autoridades y altos mandos en el uso letal de la fuerza. 

«De este modo, se ha institucionalizado la acción deliberada de producir muerte», alertan.

El informe se sustentó en una base de datos que construyeron en conjunto la Fundación Centro Gumilla –Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela– y Provea, a través del proyecto Lupa por la Vida.

Las fuentes del documento son fundamentalmente abiertas, a partir del monitoreo a medios de comunicación en los 23 estados del país y el Distrito Capital,  información de minutas policiales a las que se tuvo acceso y páginas web y redes sociales de ministerios y cuerpos policiales.

Asimismo, se incluyeron denuncias de las víctimas en organizaciones de derechos humanos y entrevistas a familiares en algunas morgues del país.

A continuación, los elementos más resaltantes del informe

Datos generales y perfil de las víctimas

  • De las 824 personas asesinadas, 501 (61%) pudieron ser identificadas y 323 (39%) no fue posible identificar.
  • En cuanto a género, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres. Lupa por la Vida destacó el incremento porcentual de víctimas mujeres al pasar del 1.04% en 2021 al 2,18% en 2022.
  • La mayoría de estas víctimas eran jóvenes de entre 18 y 30 años de edad (66%), que viven en zonas populares.
  • La disminución del número de víctimas se refleja en las siguientes cifras de los últimos tres años. En 2020, se contabilizaron 3.034 víctimas; en 2021, la cifra disminuyó a 1.414 y en 2022, hubo 824. La reducción porcentual entre 2020 y 2021 fue de 46,6% mientras que en 2022, en contraste con 2021, fue de 58,2%.
  • El año 2022 mostró una continuidad en la disminución del número de víctimas reflejado en el informe 2021. Si bien este aspecto es positivo, «no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar. Tampoco hay indicadores claros para señalar un cambio en la política de alta letalidad ni medidas eficaces para superar la impunidad», destaca el informe..
  • El gobierno sigue sin dar información oficial sobre el número de personas asesinadas por las fuerzas públicas. 

Se retoman prácticas de las OLP

El documento indica que bajo la gestión de la almirante Carmen Meléndez en el Ministerio del Interior, se desplegaron las llamadas acciones de seguridad ciudadana  “Gran Cacique Indio Guaicaipuro”. Y, cuando la reemplazó  Remigio Ceballos, se iniciaron las llamadas “Operaciones Trueno”.

«En esencia, se mantuvo el mismo modo de operar, repitiendo prácticas de las cuestionadas Operaciones de Liberación del Pueblo que se desarrollaron desde julio 2015 hasta 2017, con la perpetración de presuntos crímenes de lesa humanidad. Nuevamente, se toman policial y militarmente áreas geográficas de poblaciones pobres, donde se realizan allanamientos masivos, sin orden judicial, y se producen numerosas detenciones arbitrarias», denuncian

En estos operativos hay una «activa presencia» de altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción de los mismos y «un alto número de víctimas civiles en cada intervención, con escaso registro de heridos o muertos por parte de los entes armados del Estado y la misma justificación de estar buscando a los lideres de las bandas armadas».

Lupa por la Vida considera que, hasta ahora,  hay elementos suficientes para considerar que se pudiesen «estar perpetrando crímenes de lesa humanidad» en estos operativos. 

PNB, el organismo más letal

El organismo más letal del año 2022 fue la Policía Nacional Bolivariana, a quien se le atribuyen 96 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. Todo esto a pesar de que en julio de 2021 se anunció un proceso de reestructuración del cuerpo para que adoptaran prácticas respetuosas en DDHH.

Lupa por la VIDA

De ellas, 36 corresponden a la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO) y 2 a la extinta FAES. 

Las policías estadales son las segundas que más producen muertes, con 193 asesinados. Las policías más letales son las Carabobo (49), Zulia (41), Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).

En tercer lugar, en alto nivel de letalidad, se encuentra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 142 asesinatos (17%).

Le sigue la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%). De sus componentes, el más letal es la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) con 111, se reportan también 21 ejecuciones por actuación del Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), 12 por el componente Ejército y 2 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

En 2022, además, resaltan cuatro ejecuciones del componente Aviación.

Del total de asesinatos, 115 fueron perpetrados en operativos de carácter mixto (14%), donde participan simultáneamente varios organismos policiales y militares.

Entretanto, las policías municipales fueron responsables de 45 presuntas ejecuciones extrajudiciales (6%) y aunque legalmente deben ser policías de carácter preventivo, «siguen asumiendo prácticas de intervención alejadas de su función principal».

Llama la atención las Cuadrillas de Paz (Cupaz), dadas a conocer por Nicolás Maduro en 2019,  aparezcan como responsables de una ejecución.

«Es preocupante que le sea atribuible el asesinato de una persona a estos grupos que, en principio, no tienen legalmente responsabilidad para el uso de armas ni para realizar labores de seguridad ciudadana», consta en el texto. 

Operaciones Trueno aumentaron el balance de víctimas

En el primer trimestre del año, la política de Estado de uso abusivo de la fuerza letal fue más intensa con la muerte de 328 personas (39%), del total de 824

Pero el mes con mayor cantidad de víctimas fue septiembre de 2022,  con 121 asesinatos, algo que Lupa por la Vida relaciona con el despliegue de las “operaciones trueno”.

Y es que en ese mes se produjeron  cinco operativos de esa naturaleza en los que murieron 53 personas.

Lupa por la Vida

Operativos de seguridad ciudadana militarizados

La casi totalidad de las víctimas contabilizadas en este informe murieron en el marco de los denominados “operativos de seguridad ciudadana” «cada vez más militarizados y con una destacada opacidad por parte de las autoridades sobre sus resultados».

Se precisa que cuando eventualmente se emite información no se identifica a las personas a las cuales se les causó la muerte ni hay información sobre los detenidos y lugares de detención. 

Municipios con más víctimas

En 30 municipios del país se concentran la mayor cantidad de muertes a manos de cuerpos de seguridad: se asesinó en ellos a 520 personas durante 2022.

Las poblaciones de los municipios Sucre y Lander del estado Miranda son las que «sufrieron más el uso abusivo de la fuerza letal». En ellos se desplegaron las  llamadas operaciones trueno.

¿Disolución de las FAES o reciclaje?

En junio de 2022, la exalta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet,  informó que había tomado nota de la disolución del cuerpo en atención a sus recomendaciones anteriores.

Pero, a la fecha, no se conoce ninguna información oficial escrita o declaración de algún alto funcionario del Estado sobre el tema.

El monitoreo de Lupa por la Vida constató la «desaparición progresiva de la actuación de las FAES en operativos de seguridad» y el cambio de las fachadas de las sedes operativas «sustituyendo las siglas FAES por la Dirección General contra la Delincuencia Organizada (DGCO) y las siglas Dirección de Investigaciones Penales (DIP)».

No obstante, oficialmente no se ha informado sobre el proceso de depuración policial o si se han abierto investigaciones administrativas o de la Fiscalía contra funcionarios del componente FAES señalados como presuntos responsables de ejecuciones, incluyendo lo que fue su cadena de mando.

«Todo indica que hubo un proceso de reciclaje de funcionarios a diversas dependencias, e incluso, ascenso de algunos que, si se realizaran investigaciones genuinas, muy posiblemente se determinaría responsabilidad en graves hechos de violaciones a los derechos humanos», indica Lupa por la Vida.

Masacre contra yanomamis impune

Lupa por la Vida recordó que el 20 de marzo de 2022  se registró el asesinato de 4 indígenas del pueblo Yanomami en la localidad de Parima B, municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, por parte de funcionarios de la Aviación.

 En el hecho también resultó herido el joven indígena Borges Sifontes, quien luego de ser atendido en el hospital de Puerto Ayacucho fue trasladado de manera arbitraria al hospital militar Carlos Arvelo de Caracas.

«La actuación del componente Aviación, ratifica lo perjudicial que resulta la actuación de la fuerza armada no preparada para el uso proporcional y diferenciado de la fuerza y
lo vulnerable de los pueblos indígenas en un contexto de existencia de grupos armados irregulares y alta presencia militar en sus territorios», reclaman.

Indican que aunque fueron designados fiscales del Ministerio Público para investigar el suceso, «no existe información sobre avances en las investigaciones y, a septiembre de 2022, los militares presuntamente responsables se encontraban en libertad».

Primer año desde 2013 sin muertes en protestas

 Un elemento positivo a destacar es que, por primera vez, desde 2013, no se registraron muertes de manifestantes en protestas en Venezuela.

En 2021 se registró el asesinato de un manifestante, mientras que en 2020 hubo seis.

Desde 2013 hasta 2022 perdieron la vida 284 personas en contexto de protestas, la mayoría por agentes de seguridad del Estado y por grupos paramilitares progobierno.

Padre de teniente Franklin Caldera denunció las torturas contra su hijo ante el Consejo de DDHH de la ONU
El proceso judicial de Franklin Caldera Martínez ha sido complicado. Su padre aseguró en entrevista con Runrun.es que está “viciado”, porque en Venezuela “el sistema judicial está en manos del régimen”

Franklin Caldera, padre del primer teniente Franklin Caldera Martínez, preso político desde el 2021, denunció las torturas que ha sufrido su hijo ante el Consejo de DDHH de la ONU.

A propósito del 52 período de sesiones del Consejo, el señor Caldera detalló que su hijo fue víctima de violación de DDHH por parte de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Caldera precisó que su hijo ha sufrido episodios de torturas físicas y psicológicas, además de estar privado de su libertad en un lugar en el que sus garantías fundamentales no se están respetando.

Además, el padre del joven militar denunció que Venezuela la sociedad civil ha estado en constante hostigamiento y persecución, y son estas asociaciones quienes documentan y denuncian los distintos casos de violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, como el de su hijo.

 

En ese sentido, instó a que se rechazara el Proyecto de Ley con el que se busca controlar y vulnerar la libre asociación en el país.

La persecución contra el joven primer teniente inició cuando apareció junto a otros militares en un manifiesto público contra Nicolás Maduro, después que desertó en 2019. Esto también ocurrió con su familia.

De acuerdo con una nota de prensa de Defiende Venezuela, la primera víctima fue su hermana, quien también era militar y teniente; sufrió abusos psicológicos, verbales y físicos.

Su hermana sufrió al menos 3 abortos espontáneos como consecuencia de esas acciones. Las segundas víctimas fueron sus padres, quienes por razones de salud tuvieron que abandonar la clandestinidad y fueron detenidos por al menos 5 días.

 

Caldera Martínez apareció nuevamente en la «Operación Aurora», una rebelión militar integrada por un puñado de oficiales que tenía como objetivo proteger a los indígenas.

A principios de 2020, Caldera Martínez viajó al Norte de Santander para encontrarse con su pequeño hijo; pero efectivos del Dgcim lo detuvieron de forma arbitraria.

Después de ser detenido, lo trasladaron a Caracas, en donde fue víctima de torturas físicas y psicológicas. En 2021, fue trasladado al centro de detención militar “Ramo Verde”. Desde allí comenzaría su juicio sin poder acceder a una defensa personal.

Un proceso «viciado»

El proceso judicial de Franklin Caldera Martínez ha sido complicado. Su padre aseguró en entrevista con Runrun.es que está “viciado”, porque en Venezuela “el sistema judicial está en manos del régimen”.

“A eso se le suma que hay un juez que desde el principio lo amenazó de que se iba a pudrir en la cárcel. Al juez Maximino Márquez yo lo denuncié ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Venezuela por la situación arbitraria en la que él trató a mi hijo”, dijo.

También, a todos los problemas legales y del proceso judicial, se agregan las complicaciones por falta de combustible para trasladarse a los tribunales. En ocasiones, no hay funcionarios custodios para el traslado del joven o el juez no está.

 

“Siempre hay una excusa para retardar el proceso y peor aún, a ellos los ponen en esas condiciones tan infrahumanas con esas cloacas negras dentro de las cárceles y también le prohíben que le lleven comida mientras ellos los tienen en los tribunales”, añade el padre.

#MonitordeVíctimasCaracas | Mataron a dos trabajadores del Plan Caracas Recicla

Bryan Lamont y Jeanpierre Pérez eran parte del Plan Caracas Recicla del Gobierno de Distrito Capital / Foto Cortesía

Familiares señalaron a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana como presuntos responsables

Monitor de Víctimas Caracas

Bryan Lamont, de 18 años, y Jeanpierre Pérez, de 21, fueron supuestamente ajusticiados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un sector cercano a la avenida Las Acacias, en la parroquia San Pedro de Caracas, en la madrugada del pasado 24 de marzo.

Así lo relató en la morgue de Bello Monte un familiar de Lamont, quien prefirió no revelar su identidad.

La versión de la familia es que ambos trabajadores del Plan Caracas Recicla del Gobierno del Distrito Capital estaban recolectando desechos y fueron emboscados por una comisión de la PNB.

“Ellos estaban clasificando basura en una calle cercana a un Banesco. A él le dispararon y el otro salió corriendo, y también le dieron unos tiros”, dijo un familiar de Lamont.

Sus parientes desconocen por qué los funcionarios actuaron de esa manera. Aseguraron que Bryan no había recibido amenazas recientes ni tenía antecedentes penales. “Nos dicen que fue un enfrentamiento, pero Bryan no tenía ni un cuchillo”.

Se pudo conocer que el cadáver de Pérez fue trasladado al Hospital Periférico de Coche y, posteriormente, remitido a la morgue de Bello Monte.

El Plan Caracas Recicla es una iniciativa del Gobierno capitalino para reinsertar en el ambiente laboral a jóvenes en situación de calle.

“Hicimos la denuncia en el Cicpc, pero no pensamos acudir a ninguna otra instancia. ¿Para qué? Si en este país nunca hay justicia”, declaró un familiar de Lamont.

Advierten que indignación por corrupción en Pdvsa puede intensificar protestas

Foto: @angelcolmenarez05 / El Informador

El sociólogo destaca que con las consignas que han utilizado en las protestas se desmantela la narrativa que quiere imponer el gobierno que «por culpa de las sanciones no hacen ajustes salariales»

 

A juicio del sociólogo Nelson Freitez, integrante de la Red de Derechos Humanos del estado Lara y profesor titular de la UCLA, la indignación que ha producido la trama de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), podría intensificar las protestas de calle. 

Así lo dio a conocer en el evento virtual “Perspectiva País: Proyecciones Sociales 2023″ que realizó la organización Medianálisis este miércoles 29 de marzo. 

El sociólogo afirmó que el ingrediente que más ha sazonado las 1200 protestas que se han producido en lo que va de 2023 ha sido la indignación.

“Es previsible que este elemento (el caso de corrupción en la estatal petrolera) venga a agudizar el malestar y el descontento que hay en la población y ya eso se evidenció en las protestas más recientes, pues maestros, médicos, obreros y demás trabajadores públicos que han protestado en las calles de 15 estados venezolanos se destaca que no es bloqueo, sino saqueo lo que no permite los aumentos de salarios», dijo Freitez. 

El también profesor de la UCLA destaca que con las consignas que han utilizado en las protestas se desmantela la narrativa que quiere imponer el gobierno  deque «por culpa de las sanciones no hacen ajustes salariales».

La trama corrupta 

El pasado 25 de marzo, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, reveló que hay 21 personas detenidas por una trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y 11 órdenes de aprehensión.

Según Saab, se trata de la trama de corrupción número 31 desde que asumió funciones en el Ministerio Público.

El Fiscal explicó que lograron detectar una red de funcionarios, que valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a la de Pdvsa. 

Agregó que dichas operaciones se hicieron a través de la asignación a la Sunacrip, la carga de crudo en buques por parte de la estatal «sin ningún tipo de control administrativo ni garantías» y que una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa.

Según la ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o alguna de sus filiales, con lo que se comprometieron, de acuerdo a sus datos, más de 42.000 millones de dólares, en los últimos 20 años.

Indignación

¿Cómo la corrupción en Pdvsa agravó el colapso del bolívar?
Las irregularidades en la comercialización de petróleo  redujeron el margen de maniobra del Banco Central al disminuir los dólares disponibles para evitar una depreciación violenta de la moneda

 

Por: Víctor Salmerón/ @VSalmeron

 

Las irregularidades en la administración de Pdvsa, la empresa del Estado que maneja el negocio petrolero, son un factor relevante en el temblor que sacudió a la economía venezolana durante el segundo semestre de 2022, lapso en el que se desplomó el bolívar, se disparó la inflación y perdió ímpetu el consumo.

El fiscal general de la república nombrado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, reveló la semana pasada que funcionarios vendieron petróleo y “una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa”.

Agregó que la red “utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de criptoactivos, bienes muebles e inmuebles”, entre otras modalidades.

A raíz de las sanciones de Estados Unidos, Pdvsa recurrió a una red de intermediarios para vender y colocar petróleo en China que es pagado a través de criptomonedas o efectivo transportado en aviones y barcos rusos.

Fuentes explican que el monto del petróleo vendido y no cobrado que involucra al esquema denunciado por el fiscal se ubica en torno a tres mil millones de dólares, mientras que Reuters reportó que una auditoría a los contratos de Pdvsa reveló que la empresa acumuló cuentas por cobrar, entre enero de 2020 y este año, por el orden de 21 mil 200 millones de dólares.

Del monto por cobrar, explicó Reuters, unos 3 mil 600 millones de dólares corresponde a facturas potencialmente irrecuperables vinculadas a tanqueros que, violando las condiciones acordadas, abandonaron el país sin pagar por adelantado parte de los barriles. Otra porción corresponde a intercambios con Irán y Cuba.

La principal fuente de dólares del país es la venta de petróleo, por lo tanto, disrupciones de esta magnitud en el flujo de divisas impactan los recursos disponibles para que el Banco Central intervenga en el mercado y estabilice el tipo de cambio.

Los 3 mil 600 millones de dólares correspondientes a las facturas catalogadas de potencialmente irrecuperables, reportadas por Reuters, prácticamente igualan los 3 mil 700 millones de dólares que el Banco Central vendió el año pasado en el mercado cambiario y equivalen a 78% de las reservas internacionales, es decir, las irregularidades y la corrupción en Pdvsa tienen magnitudes macroeconómicas.

BCV diseña plan para contener el desplome del bolívar

La tormenta

Al apartarse de los postulados del Socialismo del Siglo XXI y dar espacio a la iniciativa privada, el gobierno logró que reaparecieran los productos en los mercados, mientras que las empresas comenzaron a pagar bonos en dólares a los trabajadores. La producción de petróleo dejó de caer y la economía, que se redujo durante todo el período 2014-2021, tocó piso y comenzó un incipiente crecimiento en 2022.

Un factor clave en el ambiente de optimismo es que durante el primer semestre del año pasado el tipo de cambio se deslizó de una manera controlada; pero todo comenzó a cambiar en el segundo semestre.

El precio del petróleo cayó por temor a una recesión en Estados Unidos y Europa, la producción de Pdvsa que había estado aumentando se estancó y Rusia comenzó a competir con crudo de mayor calidad al de Venezuela en el mercado asiático. A estos factores hay que añadir la corrupción y las irregularidades en la cobranza de las ventas de petróleo. 

El resultado es que el Banco Central comenzó a recibir menos dólares y a partir de septiembre, incurrió en un rezago en el desembolso de las divisas.

El presidente de una entidad financiera explica que las empresas  «pagaban los dólares con los bolívares depositados en sus cuentas», pero el Banco Central, que es el que coloca los dólares, «tardaba hasta seis semanas en entregar las divisas; esto disparó el nerviosismo en el mercado cambiario”.

Ante la poca cantidad de dólares para intervenir en el mercado cambiario, la demanda de divisas superó a la oferta y el bolívar se hundió al punto que la cotización del dólar, que al cierre del primer semestre era de 5,5 bolívares, culminó el año en 17,4 bolívares y hoy es de 24,4 bolívares.

“No todo lo perdido por la corrupción en Pdvsa corresponde a 2022 y lo que no se ha cobrado tampoco, son facturas acumuladas por ventas de petróleo en tres años; pero evidentemente, sin estos problemas habría habido fondos para lograr un deslizamiento suave del tipo de cambio y no la depreciación gigante que hubo en el segundo semestre del año pasado”, dice un técnico del Banco Central.

El margen de maniobra era muy bajo porque las reservas internacionales, el tanque de divisas que el Banco Central utiliza para ofertar dólares a la economía, se ubica en mínimos históricos tras la venta de buena parte del oro y el ínfimo monto del efectivo.

Otro factor a tomar en cuenta, explica el funcionario, es que al ingresar menos dólares a la caja de Pdvsa el gobierno le pidió al Banco Central que aumentara la emisión de bolívares para cubrir el déficit en las cuentas públicas, algo que avivó la inflación porque elevó la cantidad de dinero detrás de pocos productos.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, solo en el segundo semestre de 2022, la inflación acumuló un salto de 163% que redujo la capacidad de compra de los salarios y se tradujo en la desaceleración del consumo.

La consultora Dinámica indica en un reporte sobre lo ocurrido en Pdvsa que “en tiempos de vacas flacas, la extravagante defraudación profundizó el descarrilamiento de la normalización tramada con fines electoralistas y limitó al mínimo la capacidad de maniobra financiera de Miraflores”.

Calma momentánea

Gracias a que existen pocos bolívares en el mercado para comprar dólares, el tipo de cambio se ha mantenido estable durante las últimas seis semanas. Las empresas necesitan bolívares para pagar el impuesto sobre la renta, los bancos están obligados a inmovilizar más de dos tercios del dinero que gestionan y el gobierno no ha incrementado los salarios para mantener cortas las riendas del gasto.

Gracias a la baja demanda de dólares y a que aumentó la oferta con divisas que recibió del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), el Banco Central acabó con el rezago en la entrega de dólares y enfrió al mercado cambiario; pero se trata de una calma momentánea.

El seis de enero Nicolás Maduro destituyó a Asdrúbal Chávez y nombró a Pedro Tellechea como presidente de Pdvsa, quien inmediatamente suspendió las exportaciones de petróleo a fin de poner orden en las irregularidades en la comercialización.

Fuentes explican que actualmente solo se está exportando el petróleo que extrae Chevron y el crudo que se envía a Cuba e Irán. Si la vuelta a la normalidad en Pdvsa se alarga aumentará el riesgo de otra depreciación abrupta del bolívar por la baja oferta de divisas, así como de una mayor austeridad en el gasto del gobierno o de incrementos de impuestos.

En febrero las autoridades del Banco Central se reunieron con representantes de entidades financieras y explicaron que el plan para lo que resta de año es mantener la oferta de dólares en un rango de 250 a 300 millones al mes, es decir, en la misma magnitud que en 2022. Pero creen las dudas sobre si será posible.

Relación entre Venezuela y Colombia no termina de carburar 
Pese a que el presidente Gustavo Petro ha venido en tres ocasiones a Venezuela, las relaciones comerciales están por debajo de las expectativas, el ELN irrespeta conversaciones de paz con el gobierno neogranadino y apenas dos aerolíneas conectan un país con otro

@franzambranor

 

A la tercera va la vencida reza el popular dicho, pero este no parece ser eslogan que arropa al presidente de Colombia Gustavo Petro y su relación con Venezuela. Ya son tres veces que el mandatario neogranadino visita a su homólogo Nicolás Maduro en territorio venezolano y las relaciones entre ambas naciones no terminan de despegar. 

El intercambio comercial binacional no ha avanzado al paso deseado, las negociaciones con el ELN han sido manchadas por un nuevo ataque del grupo guerrillero y la conectividad aérea ha despegado ligeramente.

Luego de siete años de ruptura, los mandatarios de Colombia y Venezuela se reunieron por vez primera en el Palacio de Miraflores el pasado 1 de noviembre de 2022. Previo a ese encuentro se había dado uno entre Maduro y su entonces par Juan Manuel Santos en 2016, una relación que luego se descompuso por las acusaciones de intervencionismo y golpismo hechas por el líder chavista al expresidente colombiano y por la llegada al poder de Iván Duque.

Durante ese cónclave, Petro y Maduro estrecharon la mano y acordaron la reapertura de los pasos fronterizos, despliegue que no se hizo efectivamente sino que de manera discrecional y que, desde la perspectiva del intercambio comercial, no ha satisfecho las expectativas de ambos bandos.

Luego de la breve estadía de Petro en Caracas el año pasado, el propio mandatario neogranadino denunció que todavía los productos entre ambas naciones circulaban por la trochas y que “las mafias del contrabando siguen operando”.

La primera visita de un presidente colombiano a suelo venezolano en siete años también vino con un propósito, el de abogar por el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Gallo que repite 

Apenas dos meses después, el jueves 16 de febrero, Petro volvió a reunirse con Maduro esta vez en el puente internacional Atanasio Girardot en el estado Táchira.

“Se espera que en 2023, el comercio continúe con su tendencia de crecimiento, alcanzando un comercio total de entre 1.700 y 1.800 millones de dólares”, dijo una declaración conjunta difundida por la Presidencia colombiana.

En el mejor momento de la relación, el intercambio bilateral llegó a alcanzar 7.000 millones de dólares, pero el desplome de las relaciones entre ambas naciones y la pandemia redujeron la cifra a $400 millones.

Para el economista Luis Oliveros, la piedra de tranca del comercio entre Colombia y Venezuela corresponde a una tema de carácter político.

“Desde que las relaciones se restablecieron ha habido un incremento en las relaciones comerciales, los montos han aumentado entre los países, tal vez no a lo que se esperaba y creo que la razón principal que esto no sea mayor tiene que ver con un aspecto político”, dijo Oliveros.

El economista indicó que las sanciones generales a Venezuela afectan de alguna manera estas relaciones.

“Venezuela debe buscar condiciones más favorables para sus empresarios porque en las condiciones actuales los productos colombianos son mucho más competitivos que los venezolanos. Es la perenne disputa entre las importaciones y la producción nacional.”

 

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Capítulo Monómeros  

El pasado 23 de marzo, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dijo que su gobierno tenía la intención de comprar Monómeros Colombo Venezolanos S.A, filial de Petroquímica de Venezuela.

Benedetti indicó que la empresa está valorada en 300 millones de dólares y que la compra se realizaría a través de Ecopetrol, principal empresa petrolera de Colombia.

Sin embargo, a través de un comunicado, Ecopetrol negó que esté interesada en adquirir los bienes de Monómeros

“Este emisor, cuyo actuar se enmarca en la Estrategia 2040 y el plan de negocios anunciado al mercado, no ha adelantado conversaciones respecto a posibles transacciones que involucren a Monómeros”, expresó la empresa a través de su cuenta de Twitter.

Oliveros recordó que el anuncio de la supuesta compra de Monómeros surgió luego de la reciente visita del presidente Petro a la capital venezolana este jueves 23 de marzo.

“Fue un encuentro donde no se dijo de qué vinieron a hablar. En todo caso, aquí quien tiene más credibilidad para hacer algún anuncio es el gobierno colombiano. Además es público y notorio que las relaciones entre Petro y Ecopetrol no son las mejores, hay fricciones importantes”.  

También aseguró que la reciente decisión de Colombia de suspender el acuerdo de importación de gas desde Venezuela debido a los recientes escándalos de corrupción en Pdvsa no tendrá mayores efectos.

“Venezuela no es precisamente un gran productor de gas. Pero hubiese sido muy interesante que el país vendiese gas. Venezuela necesita recuperar su industria energética, no solo la petrolera, sino la gasífera, para eso tiene que cambiar ciertas leyes, aumentar los precios y permitir la inversión extranjera”, opinó. 

El ELN no respeta alto al fuego en Colombia

Parece que el único que agita la bandera en Colombia de la Paz Total es el presidente Petro. Apenas este martes 29 al menos nueve militares murieron y otros nueve resultaron heridos en un ataque de un grupo guerrillero en la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

El Ejército colombiano atribuyó de manera preliminar el suceso a miembros del Ejército de Liberación Nacional, con quien la administración de Petro adelanta negociaciones de paz.

“Estos siete soldados que prestaban servicio militar obligatorio y dos suboficiales fueron asesinados por quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y el pueblo”, dijo Petro.

El mandatario no descartó suspender las conversaciones con el grupo guerrillero, las cuales tienen lugar desde noviembre de 2022. 

Uno de los principales alicientes que tiene Petro para acercarse a Maduro es que Venezuela funja como garante de paz en las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN.

Previo a su segundo encuentro en Caracas, voceros del ELN criticaron el cese al fuego bilateral ordenado por Petro, según ellos, de manera inconsulta.

“Como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa”, sostuvo un vocero del ELN.

Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado que las guerrillas colombianas, especialmente el ELN, son consideradas como uno de los principales aliados estratégicos de la revolución bolivariana

“El gobierno colombiano sabe bien que sin la participación del gobierno venezolano es literalmente imposible que las negociaciones de paz avancen”, dijo a InSight Crime, Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte. 

Por su parte, Charles Larratt-Smith, especialista en conflicto armado y guerrillas, sostuvo que “Venezuela no solamente sirve a la guerrilla como un lugar para esconderse, también para fortalecer y proteger el proyecto bolivariano”

Embajadores en Colombia vienen y van

Con la designación de Félix Plasencia como embajador venezolano en Colombia en septiembre del año pasado, y la del neogranadino Armando Benedetti para encargarse de las relaciones diplomáticas en Caracas, se zanjaba la brecha dejada por la ruptura de ambas naciones.

Plasencia prometía enderezar el torcido y extraviado camino entre Caracas y Bogotá. Sin embargo, solo duró cinco meses en el cargo y fue nombrado secretario ejecutivo del ALBA.

Este 29 de marzo, el militar retirado Carlos Martínez presentó sus cartas credenciales y fue nombrado nuevo embajador de Venezuela en Colombia.

Martínez participó entre 2014 y 2016 en la fase exploratoria de diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano y también fungió como embajador de Venezuela en Argentina. 

Mayor movilidad

Con la reapertura legal de la frontera, el uso de las trochas por parte de particulares ha disminuido considerablemente, pero los términos de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza para los migrantes pendulares venezolanos todavía tiene sus limitantes. 

“Esta tarjeta que se creó en 2016 para administrar los flujos y que está en manos de cerca de 5 millones de venezolanos, no es un documento de identidad y genera problemas, porque no les permite recibir servicios de salud o educativos en Colombia de manera formal”, declaró a la BBC Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá.

Según cifras oficiales, solo en el departamento del Norte de Santander, los servicios de salud colombiana atendieron a más de dos millones de venezolanos entre 2017 y 2022.

Según este mismo Observatorio, en 2021, alrededor de 5.000 niños venezolanos fueron a la escuela en Colombia. “Hay que generar mejores mecanismos para que los niños que cruzan la frontera a diario puedan hacerlo sin mayores contratiempos”, agregó Rodríguez. 

Por otro lado, el paso de vehículos se ha abierto de manera progresiva, sin embargo los conductores venezolanos están supeditados a cierta normativa.

Los carros venezolanos en Colombia deben atenerse al sistema Pico y Placa, un operativo que persigue mitigar el tráfico en el vecino país a partir de restricciones en la circulación por el terminal de número de placa.

Aunado a eso, los particulares venezolanos tienen que pagar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en Colombia y el de Responsabilidad Social Obligatoria en Venezuela.

La conectividad sigue sin despegar por completo

Pese a que el embajador colombiano, Armando Benedetti, dijo en diciembre de 2022 que luego de una conversación con Nicolás Maduro este le había asegurado que todas las aerolíneas venezolanas iban a operar hacia el vecino país, la realidad es que apenas dos están viajando.

De acuerdo con el abogado aeronáutico, Rodolfo Ruiz en la actualidad apenas operan la venezolana Turpial y la colombiana Satena con par de frecuencias a la semana respectivamente.

“No hay información oficial al respecto, pero es posible que al no poder volar Conviasa a Bogotá de forma regular por el tema sanciones, se esté impidiendo que las aerolíneas colombianas vengan a Venezuela y eso tiene de cierta manera el juego trancado”, dijo Ruiz en una entrevista anterior a Runrunes.