Jóvenes venezolanos están en situación de «desprotección absoluta» según Roberto Briceño-León, director del OVV: «El mundo normativo se acabó, los jóvenes no tienen posibilidad de educación y lo que les ofrece el mundo del trabajo no les permite sobrevivir»
La pérdida de oportunidades para niños y adolescentes en Venezuela se agravó con la emergencia humanitaria compleja y, posteriormente, con el COVID-19, lo que los hace más vulnerables a situaciones violentas
Ante la falta de protección estatal y familiar, el dilema de muchos jóvenes venezolanos para sobrevivir en contextos violentos es someterse a la pandilla o crear otra pandilla para defenderse
Este 7 de junio se llevó a cabo una rueda de prensa sobre el presente y futuro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas de violencia y desprotección en Venezuela.
Varios expertos del Observatorio Venezolano de Violencia y de la Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna) analizaron el contexto de violencia contra niños y jóvenes venezolanos y sugirieron cómo prevenir estas acciones.
En la presentación vía Zoom Roberto Briceño-León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales, LACSO, y del Observatorio Venezolano de Violencia, destacó que además de crecer en medio de la mayor situación de violencia de la historia contemporánea del país, los jóvenes tratan de sobrevivir en familias sin recursos y con la obligación de salir a trabajar o a buscar un poco de comida.
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— REDHNNA Venezuela (@REDHNNA) June 5, 2023
Las dinámicas de victimización
Briceño-León expuso las cinco formas de victimización de jóvenes en Venezuela.
- Jóvenes víctimas de agresión de otros jóvenes: es una dinámica «común» entre jóvenes, pero que debe ser controlada y regulada. La regulación primaria la debe hacer la familia y la escuela, pero cuando no la hacen porque la familia está desestructurada y la escuela deja de cumplir esa función, se entra en una situación que se da pasaje al acto violento: «De la agresión se puede pasar al delito violento sin intencionalidad», destaca el director del OVV.
- Jóvenes víctimas de otros jóvenes delincuentes: ante la falta de protección estatal y familiar, el dilema de los jóvenes para sobrevivir en contextos violentos es someterse a la pandilla o crear otra pandilla para defenderse.
- Victimización de jóvenes sanos por la policía: En este punto, el experto abundó que los jóvenes son objetos de robos y extorsiones por nada más «tener cara de joven», esa sola circunstancia los hace potenciales víctimas de policías. A tal respecto, comentó que recientemente, los jóvenes de clase media están viviendo algo que históricamente les pasó a los jóvenes en situación de pobreza: ser ‘sembrados» con drogas por los cuerpos policiales.
- Victimización del joven delincuente por el policía individual: los victimizan por el ejercicio arbitrario de la ley, pueden ser heridos y asesinados. O los victimizan los policías «delincuentes», que los extorsionan o los convierten en sus peones de trabajo.
- Victimización de los jóvenes por una política de Estado: En este caso, no se habla de las decisiones individuales de policías, sino de las «órdenes superiores» para actuar en operativos como las OLP y los operativos de las FAES, que se concentraban en los jóvenes. Briceño-León comentó que en un “enfrentamiento”, la probabilidad de morir un joven es 110 veces mayor que la de un policía. «Es una política de “muertes preventivas”, donde se les juzga y condenan por lo que pudieran hacer en el futuro, no por lo que han hecho», resaltó.
Doble exclusión como factor de violencia
Carla Serrano, secretario adjunta de la Redhnna (Red por los DDHH de Niños, Niñas y Adolescentes), expuso detalles del contexto adverso en el que vive la niñez y juventud venezolana.
Entre ellos, citó cifras de la Enjuve 2021, que reportó un aumento entre 2013 y 2021 de la «doble exclusión», al pasar de 23% a 37% los venezolanos entre 15 y 32 años que no están inscritos en ningún centro educativo ni insertos en el mercado laboral. Además, 821.000 entre 15 y 19 años de edad abandonaron sus estudios.
Resaltó que la pérdida de oportunidades para niños y adolescentes en Venezuela se agravó con la emergencia humanitaria compleja y, posteriormente, con el COVID-19.
Niñas y adolescentes, más vulnerables a la violencia
En la rueda de prensa el equipo de Redhnna analizó las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Destacaron que quienes se quedan en Venezuela con familiares o tercer personas tras la migración de sus padres o cuidadores tienen mayores riesgos de sufrir violencias sexuales.
Según sus cifras, la población más afectada por la violencia son niños y niñas de 5 a 11 años (51%), adolescentes entre 12 y 17 (42%) y por último, las niños y niñas de 0 a 4 años (6,7%).
Las niñas y adolescentes son las principales víctimas en un 64,9% de los casos. En 19,5% las víctimas fueron niños y adolescentes hombres.
Entre 2020 y 2021, encontraron una variación entre los principales victimarios. En 2020, 52,5% estaban vinculados al ámbito familiar; 41,7% eran personas desconocidas o del ámbito comunitario y 5,6% son docentes o líderes religiosos.
Mientras que en 2021 la situación se invirtió: 54% eran personas desconocidas, no vinculadas al medio íntimo familiar; 31% eran familiares (padres, padrastros, tíos) y 15% de los victimarios pasaron a ser docentes, médicos, funcionarios policiales, personas de grupos religiosos -iglesias católicas y evangélicas- y se encontraron algunos casos de situaciones violentas relacionadas con cultos de santería.
¿Cómo prevenir la violencia contra niños y jóvenes?
Los expertos presentes en la rueda de prensa virtual del OVV y Redhnna coinciden en que para prevenir la violencia contra la niñez y juventud, además de mitigar el daño y garantizar una adecuada atención a las víctimas, el foco debe estar en garantizar a toda población el derecho humano a un nivel de vida adecuado.
Esto pasa por asegurar el «acceso equitativo» de la población vulnerable a servicios y programas de alimentación, agua potable y otros servicios básicos.
Otras sugerencias son implementar protocolos especializados para proteger de manera inmediata e integral a las víctimas de violencia en servicios de salud y órganos de protección, así como también erradicar normativas y prácticas violatorias de DDHH por parte de funcionarios e instituciones públicas.
También, piden ejecutar programas «socioeducativos, inclusivos» y que garanticen el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
