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Twitter Spaces | Pranes en las Grandes Ligas: Casi todas las academias de beisbol en Venezuela pagan vacuna
El coordinador de Contenidos de Connectas, Juan David Olmos,  moderó el evento, que  contó con la participación de la periodista de investigación de Runrun.es, Ronna Rizquez, y el director de El Pitazo, César Batiz
Los autores del trabajo especial  “Pranes en las Grandes Ligas” contaron cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación, cómo fue la búsqueda de historias y la importancia de las alianzas periodísticas y el trabajo colaborativo
El asesinato de un entrenador, el atentado al dueño de una academia de beisbol, videos con amenazas de hombres armados y una decena de extorsiones a empresarios y figuras ligadas a la pelota oscurecen el proceso de firma de los prospectos venezolanos 
Reporteros de la Alianza Rebelde Investiga visitaron más de 25 academias de beisbol ubicadas en cinco estados venezolanos -Lara, Miranda, Anzoátegui, Carabobo y Aragua- para conocer cómo era el proceder del crimen organizado en el proceso de firmas de los prospectos venezolanos con los equipos de Estados Unidos
 La megabanda del Tren de Aragua es la principal que identificaron detrás de estas extorsiones a jugadores y academias del beisbol

 

En un país como Venezuela, que tiene presencia de grupos delictivos y megabandas, ni el deporte sale invicto. Ha sido el beisbol en el que líderes criminales han puesto el ojo para hacer crecer sus finanzas. Y el reportaje de investigación “Pranes en las Grandes Ligas” de Connectas y Alianza Rebelde Investiga (ARI) es una muestra de ello. 

El asesinato de un entrenador, el atentado al dueño de una academia de beisbol, videos con amenazas de hombres armados y una decena de extorsiones a empresarios y figuras ligadas a la pelota oscurecen el proceso de firma de los prospectos venezolanos contratados por los equipos de las mayores.

La investigación muestra cómo los pranes, jefes criminales que controlan las prisiones y las megabandas venezolanas, entraron por la fuerza en el negocio del beisbol, considerado el deporte nacional. 

Reporteros de la Alianza Rebelde Investiga visitaron más de 25 academias de beisbol ubicadas en cinco estados venezolanos -Lara, Miranda, Anzoátegui, Carabobo y Aragua– para conocer cómo era el proceder del crimen organizado en el proceso de firmas de los prospectos con los equipos de Estados Unidos. 

La noche de este jueves 17 de febrero se realizó un Twitter Spaces para que los autores del trabajo  “Pranes en las Grandes Ligas” contaran cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación, cómo fue la búsqueda de historias y la importancia de las alianzas periodísticas y el trabajo colaborativo. 

El evento fue moderado por el coordinador de Contenidos de Connectas, Juan David Olmos, y contó con la participación de la periodista de investigación de Runrun.es, Ronna Rizquez, y el director de El Pitazo, César Batiz.

«La investigación trata de denunciar lo que viene ocurriendo en un deporte tan atractivo para los jóvenes y para los criminales que realizan extorsiones a través de los pranes”, expresó la periodista venezolana. 

¿Cómo extorsionan? 

Ronna Rísquez explicó que en la investigación llevada a cabo por Connectas y ARI se identificaron, al menos, tres formas de extorsión utilizadas por los pranes para quedarse con parte del dinero que reciben las academias. 

  • Entrevistados contaron que casi todas las academias que hay en Venezuela pagan una “vacuna mensual” para poder funcionar y garantizar la seguridad de sus instalaciones y su personal. Los montos varían entre 50 y 100 mil dólares
  • Cobro por la firma de cada «pelotero». Otras academias deben entregar a los pranes del 3 al 10 % del monto que reciben cada vez que firman a un jugador
  • Los pranes tienen lo que parece un “servicio” de cobranza de deudas causadas en el contexto de esta actividad deportiva, que utilizan para manipular y amenazar.

La megabanda del Tren de Aragua es la principal que identificaron detrás de estas extorsiones a jugadores y academias del beisbol. 

Los inicios del negocio

César Batiz, director de El Pitazo, cuenta que en agosto de 2020 ocurrió lo que en periodismo se llama el “dato disparador” que los llevó a investigar y a profundizar en el tema. 

“Eso se unió a otros datos que estábamos recibiendo acerca de la penetración de la delincuencia en el deporte, específicamente en el beisbol. Así que nos organizamos en los equipos de El Pitazo, Runrun.es y TalCual”. 

Rísquez comenta que uno de los eventos que permitió empezar a conocer cómo el crimen fue tocando al beisbol, a pesar de no estar asociado con la figura de los pranes, fue el secuestro de la madre del pelotero Ugueth Urbina en el año 2004. 

“Pero fue a partir de 2009 cuando comienza a evidenciarse un efecto terrible de los pranes y de los grupos de crimen organizado sobre los beisbolistas”, señala. 

Vinieron más secuestros: entre ellos, la madre del exgrandeliga Víctor Zambrano, así como el hijo de Yorvit Torrealba. En 2011 también se conoció sobre el secuestro del pelotero Wilson Ramos. “Fueron hechos bastantes escandalosos y que conmovieron a la opinión pública”, dice Rísquez. 

En 2017 sucede un acontecimiento muy llamativo y que Rísquez lo señala como otro de los eventos que marca la entrada de los pranes en el beisbol. Y es que el principal pelotero venezolano en las ligas mayores, Miguel Cabrera, publicó un video en el que aseguraba estar  “cansado de pagar vacunas” y denunciaba que grupos, “no sé si son policías o malandros”, querían secuestrar a su madre. 

De los sucesos más recientes, Rísquez menciona el caso del expelotero Alexis Quiroz, quien en 2020 fue víctima de una extorsión, sus escoltas recibieron ataques directos y fueron amenazados en un video en el que aparecían hombres armados mencionando a los prospectos que su academia había firmado en esa temporada y amenazando a sus trabajadores. 

“Eso implicó que Alexis Quiroz tuviera que irse del país, sacar a 16 miembros de su familia y hasta hoy no ha podido volver. Su academia sigue operando, sigue siendo una de las academias más exitosas que hay en el país, pero fue objeto de estos eventos terribles que fueron los que pusieron en la mira de la audiencia y de los venezolanos la situación que estaba ocurriendo con los pranes en Venezuela y el beisbol”. 

 

 

Otro de los momentos importantes donde la figura de los pranes sacó provecho para crear una vinculación con el beisbol fue durante la etapa de profunda escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. Estos líderes delictivos se convirtieron en proveedores de alimentos.  “Por ejemplo, algunas de estas academias requerían apoyo de los ‘pranes’ para conseguir alimento, alimento que ellos consiguen de las cárceles”, dice Batiz. 

“Mientras los anaqueles estaban vacíos, no se conseguía comida, no se conseguía nada, los pranes dentro de Tocorón tenían un abastecimiento que era impresionante. Los vecinos de la zona cercana a esta prisión en el estado Aragua, en el centro del país, iban a la cárcel a hacer mercado, a comprar lo que no conseguían en la calle”, explica Rísquez. 

La periodista de Runrun.es también señala las famosas caimaneras (juegos amistosos de beisbol) como una de las situaciones que abrió la posibilidad del negocio de extorsiones en el deporte nacional. “Estas caimaneras se vienen dando desde hace seis años en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo. Son organizadas por el pran y a esas caimaneras asisten varios grandes ligas”. 

Desconocen si los peloteros que van a las caimaneras dentro de la prisión lo hacen por un asunto de labor social para apoyar a los presos o si lo hacen por presión o producto de amenazas. 

“El tema es que estos eventos se dan, los peloteros van y no se sabe bien por qué se dan este tipo de eventos, cuáles son las consecuencias y qué derivaciones tiene”, agrega Rísquez. 

El miedo a hablar

La penetración de los pranes en el deporte nacional venezolano es un “secreto a voces”, según contaron funcionarios policiales, entrenadores, periodistas, propietarios de academias, scouts, expeloteros y empleados de algunos clubes de beisbol. 

Es el miedo la razón por la que nadie habla al respecto. Y fue el miedo un aspecto que llamó la atención de los coordinadores y de todo el equipo de la investigación al momento de escribir y redactar el trabajo. 

«Trabajar en un país como Venezuela, implica tomar medidas de seguridad, no sólo para los reporteros sino para las fuentes, por el miedo a represalias, y así mismo llevar a cabo un proceso de verificación riguroso”, sostuvo Rísquez

Aunque es una situación que eventualmente ocurre en reportajes asociados a violencia o grupos armados, y no hubo inconvenientes, Rísquez afirma que en este caso el miedo fue “excesivo y generalizado”. 

“No hubo ni una persona que permitiera que publicaramos su nombre. Afortunadamente, varias de las entrevistas fueron grabadas y tenemos los testimonios, a pesar de que los nombres de las personas no salen en el reportaje”. 

Explica que los entrevistados para el trabajo especial tenían mucho miedo de ser víctima de los pranes, de que lo que dijeran pudiera afectar su academia, empresa o a sus familiares, su desempeño como entrenador o scout, e incluso miedo de afectar el negocio del béisbol. 

“El beisbol es el deporte nacional de Venezuela. Y es un deporte que es visto como pasaporte o visa al ascenso social, a salir de la pobreza, a lograr llegar a Estados Unidos. Y en la Venezuela actual, donde tenemos una emergencia humanitaria ompleja desde hace más de cinco años, esto tiene un valor muy significativo”, explica Rísquez. 

Es por esto que los entrevistados también sentían miedo de hablar por temor a perjudicarse, dañar una posible firma de algún muchacho o por estropear a alguno que hubiese sido recién firmado. “Había miedo en todas partes y eso fue muy particular y muy complejo al momento de, no solo investigar, sino también de verificar la información y escribirla”. 

El valor de las alianzas

“Pranes en las Grandes Ligas” reunió a periodistas de los tres medios venezolanos (Runrun.es, El Pitazo y TalCual) bajo un mismo nombre: la Alianza Rebelde Investiga (ARI).

César Batiz explica que desde los inicios de la alianza, hace un par de años, representantes de los tres medios reconocieron qué aspectos podían aportar cada uno a los trabajos y a las dinámicas de hacer periodismo en un contexto como el venezolano. 

“El hecho de saber que podíamos hacer mejores investigaciones y lograr una mayor difusión, sobre todo en un contexto de reducción de libertades democráticas y de censura como el que tenemos en Venezuela. De alguna forma los tres medios hemos sido afectados por acciones del gobierno de Nicolás Maduro. Demandas contra TalCual, bloqueos contra Runrun.es y El Pitazo, ataques cibernéticos a los tres medios. Nos unimos para investigar, divulgar y protegernos”, asegura Batiz. 

Para Rísquez, periodista de investigación de Runrun.es, uno de los principales valores de trabajar en alianza para una investigación como la de “Pranes en las Grandes Ligas” fue el poder contar con los corresponsales de El Pitazo que se encuentran en distintos estados del país. 

“Fueron quienes pudieron ir a las academias, hablar con los dueños, con los entrenadores, con los padres, mirar cómo era la dinámica. Ese es un valor que está asociado a las alianzas periodísticas, es un trabajo que una sola persona desde Caracas no puede hacer”. 

Explicó que también contaron con dos periodistas expertos en deportes, William Brito (El Pitazo) y Francisco Zambrano (Runrun.es), quienes  estuvieron en el acompañamiento y orientación en el proceso de investigación. 

Rísquez también destaca el trabajo hecho por el equipo de diseño. Considera que  para un reportaje de un tema tan complicado, contar con herramientas y una estética que resalte la investigación y la haga más “digerible” a la audiencia es importante. 

“Desde el principio se planteó hacer algo innovador con respecto al diseño, fue un equipo que se integró desde los comienzos de la investigación. No se improvisó ni salió de la nada. Es producto de un trabajo consciente para producir un especial como ‘Pranes en las Grandes Ligas’”, dice Batiz. 

Nadie se ha pronunciado

“Si algo padecemos los que hacemos periodismo de investigación en Venezuela es la falta de respuestas de las autoridades”, afirmó César Batiz, director de El Pitazo. 

Hasta la fecha, ningún representante o autoridad del gobierno de Nicolás Maduro se han pronunciado al respecto del reportaje de investigación, incluyendo el fiscal general o voceros del Ministerio Penitenciario. 

Batiz considera que es importante que los equipos de las Grandes Ligas entiendan la situación que muestran en la investigación de Connectas y ARI y también se pronuncien.

“La preocupación que debe quedar acá y que nos quedó a nosotros es que, de alguna forma, los equipos de las Grandes Ligas financian la delincuencia a través del pago que hacen por peloteros en Venezuela”. 

Asimismo, señaló que lo peor que pudiera hacer la Major League Baseball es quedarse callada. “Es como seguir ignorando otros tantos problemas que confrontan los jóvenes peloteros, que pueden firmar por muy poco dinero y después terminan saliendo del sistema de granjas de las Grandes Ligas y tampoco se han pronunciado. Este es un problema que está presente y que debería tener la atención”. 

Por su parte, ante la pregunta de un usuario de la audiencia sobre cómo el reportaje pudiera “cortar” la historia entre las Grandes Ligas y el beisbol en Venezuela, Rísquez señala que eso no implica un problema adicional. El problema ya existe. 

“La situación de los prospectos del beisbol venezolano, en lo que tiene que ver con la firma y los talentos, ha venido siendo afectada por los temas de los pranes y la criminalidad. La ida de las granjas de beisbol de los equipos de las Grandes Ligas está asociado con esto. El problema no es lo que hace el periodista ni lo que puede generar el trabajo periodístico, que ojalá genere alguna consecuencia positiva; sino que hay una situación de grupos armados que están operando en el territorio venezolano y que además han expandido  sus actividades y su economía  a diversos ámbitos y uno de ellos es el beisbol, lamentablemente”. 

 


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#NegociosCarcelarios: Escombros del retén de Cabimas sepultan años de control de los pranes
Un equipo de investigación de Runrunes ingresó al centro de detención meses antes de su demolición y constató la estructura de poder y crimen que instalaron los pranes dentro del centro de reclusión que era administrado por la Gobernación del Zulia
Los reclusos tomaron el control total del retén a finales de 2019, el recinto no tenía custodia interna y la vigilancia de los cuerpos de seguridad se limitaba a la instalación de alcabalas alrededor de la prisión y sobrevuelos ocasionales con un dron
Solo por el cobro de la causa, los pranes tenían ingresos anuales de al menos US$240.000. Sin incluir el cobro de las extorsiones a comerciantes, que variaba entre US$3.000 y US$50.000 por comercio 
Las bandas de “Adriancito” y “Yeiko Masacre”, aliadas de las megabandas de “Los Meleán” y “Los Leal”, respectivamente, controlaban desde el retén el cobro de vacuna y otros delitos. Se calcula que ocho de cada diez extorsiones que se registran en los municipios de la Costa Oriental del Lago eran coordinadas desde el retén

Ronna Rísquez, Karina Peraza y Liz Gascón

 

Foto Tal Cual: Entrada del Retén de Cabimas

 

Lo primero que llamaba la atención al llegar al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, mejor conocido como el Retén de Cabimas, era que no tenía cerca perimetral en la parte trasera y los portones están abiertos todo el día. Tampoco había custodios o funcionarios policiales que vigilaran. Los presos estaban de su cuenta y podían salir sin problemas, como el día en que tomaron la calle para protestar por falta de alimentos. La única razón por la que no se fugaban era por el terror que imponían los pranes.

El centro de reclusión estaba controlado por cuatro presos, uno por cada pabellón, que respondían a poderosas organizaciones criminales del estado. Así permaneció por casi cuatro años, desde 2017 cuando Omar Prieto asumió la gobernación del Zulia hasta que en octubre de 2021, justamente un mes antes de las elecciones regionales para un próximo período.

Después de varias promesas, que se remontan a 2019, finalmente el gobernador y aspirante a la reelección, decidió resolver el problema: Ordenó el desalojo e inició la demolición de la pequeña edificación, ante la imposibilidad de recuperar el control del recinto, que originalmente no era una prisión, sino una delegación policial.    

El retén de Cabimas,  era uno de los 25 centros de detención policial que había en Zulia. Construído en 1973, fue diseñado para una capacidad de 100 reclusos, pero de acuerdo con la investigación de campo para este perfil, en mayo existía una población de 1.028 privados de libertad. El hacinamiento era superior a 1.000%.

 

Estaba bajo la responsabilidad de la gobernación del estado Zulia, que en 2020 cerró con una tasa de 47,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, siendo los sicarios, miembros de bandas y funcionarios de seguridad los principales victimarios. Pese a los elevados índices delictivos, Zulia no tiene cárceles y por esa razón los centros de detención preventiva o retenes policiales son utilizados como prisiones.

La falta de reja perimetral en el retén de Cabimas era apenas una de las debilidades que mostraba el penal. Carlos Barrios, quien fungía como director provisional del retén desde comienzos de 2020, despachaba desde sus alrededores dos o tres veces a la semana. La falta de vehículo oficial y la escasez de gasolina conspiraban en contra del trabajo presencial del funcionario que reside en Maracaibo, así que la seguridad de los detenidos no estaba bajo su control. 

El resguardo de sus alrededores estaba a cargo únicamente de una patrulla con cinco policías que envía La Comandancia General del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) para hacer recorridos por las inmediaciones del retén, acompañados de otros dos funcionarios asignados a la custodia externa, reveló una fuente del organismo que prefirió no identificarse. 

En total, eran 14 funcionarios del CPBEZ, divididos en siete para cada turno. Los oficiales evitan estacionar la patrulla en la calle y observan desde afuera a los presos que caminan armados por la azotea y demás espacios del retén. La fuente admitió que no había suficiente personal para las labores de custodia externa y que sus actuaciones son limitadas por temor a las represalias que puedan tomar los delincuentes en contra de los policías o sus familiares. 

Un informante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) señaló que, ante la ausencia de custodia interna y el aumento de las denuncias de extorsión planificadas por presos, este organismo instaló dos puntos de control a menos de 300 metros de distancia de la prisión. Eran 12 los funcionarios del CONAS y la GNB asignados para la custodia externa en dos turnos. 

 

Entre policías y militares había un total de 26 funcionarios en labores de custodia externa. En la investigación se pudo constatar que el CONAS instaló cámaras de seguridad en las inmediaciones de la prisión para observar a los visitantes y detectar movimientos irregulares. También se cuenta ocasionalmente con un dron de vigilancia que sobrevuela el retén, según reveló una fuente oficial en condición de anonimato. 

El retén de Cabimas carecía de custodia interna desde finales de 2019. Solo una funcionaria del CPBEZ cuenta con la autorización de los pranes para ingresar: Nohelia Barrios, una empleada administrativa que servía de enlace entre los reclusos y las autoridades para gestionar, fundamentalmente, el traslado de los enfermos al médico forense o centros de salud. 

Cada pabellón del retén tenía un pran o líder negativo que ejercía las funciones del Estado: seguridad, reglas y normas de convivencia. 

Felices los cuatro

El control del retén de Cabimas estaba repartido entre cuatro líderes que gobernaban los distintos anexos, la planta alta y el área de mujeres.

El que tenía el mayor poder de fuego y más hombres era Wilson Israel Valles Pérez, alias “Wilson”, el pran del pabellón B. Esta área llegó a albergar unos 400 reclusos de los cuales entre 50 y 100 pertenecían al “carro”. La mayoría eran delincuentes que operaban en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, principalmente, en los municipios Cabimas o Santa Rita, explicó un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que trabajó en la región.

“El Wilson” había sido el lugarteniente de dos exlíderes evadidos del retén de Cabimas en 2016: Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “Adriancito”, de 34 años de edad, quien se encuentra prófugo; y Sleiter José Leal de 36 años, alias “El Sleiter”, asesinado en junio del 2020. 

 

Por esta razón, a través de “Wilson” la banda de “Adriancito” era la que controlaba la prisión, pero además tiene el respaldo financiero de la megabanda de “Los Meleán”. El pran se encargaba de los negocios dentro del centro de detención y de otras extorsiones. “Adriancito”, entre tanto, dirigía las operaciones fuera del retén, reveló el funcionario del CONAS entrevistado para este perfil.

Los otros grupos de dominio en el retén era los de Yorman Rosendo, alias “Yormita”, quien tiene el mando del pabellón A; José Gregorio Gavidia, alias “Chiveco”, líder del pabellón C; un exguardia nacional apodado “El Conas”, quien regenta el área reservada para funcionarios de seguridad que están presos. 

Los grupos de alias “Yormita”, pabellón A; y alias “Chiveco”, pabellón C funcionaban como extensiones y aliados de la banda de Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre”, quien figura como financista de esos anexos, enemigos del pabellón B. No hay información sobre la cantidad de hombres que poseen, pero era inferior a la de sus rivales debido a que los pabellones que dominaban albergaban menos reclusos.

El área de mujeres también estaba dominada indirectamente por alias “Wilson”, pues la líder era su pareja sentimental Migdalia Fernández.

La cantidad de presos bajo el control de cada pran determinaba su grado de poder dentro de la prisión por dos razones: la cantidad de hombres que podían integrar la estructura criminal o carro y la cantidad de dinero que generaba el cobro de la causa a los pabellones con más hombres.  

 

Aunque la estructura del pranato se sostenía con diversos delitos y actividades, destacaba el cobro de causa, una especie de impuesto que cobra el pran al resto de la población penal por el derecho a estar en la prisión. La tarifa mínima de la causa semanal se ubicó en US$5 por recluso. Según una fuente, los pagos se hacían en efectivo obligatoriamente. 

Los insolventes eran expulsados de los pabellones como medida de castigo y llevados a las áreas donde permanecen los reclusos con tuberculosis o donde hay mayor hacinamiento. Si no pagan, se les niega tanto el agua como la entrega de alimentos.

Para comprender la magnitud de este negocio sólo hay que usar la aritmética: si 1.000 reclusos cancelan US$5 de causa, el ingreso de los pranes es de US$5.000 a la semana y US$20.000 por mes. Alias “Wilson” era quien obtenía la mayor parte de las ganancias porque su pabellón era el más poblado, con unos 400 presos. 

Por esa razón mantener un volumen de presos hacinados era justamente parte del negocio que defendían los pranes y sus aliados criminales.

Otras actividades delictivas dentro del retén incluían el microtráfico de droga. Si bien no se logró precisar cuáles son las sustancias que se trafican en el retén de Cabimas ni tampoco cuál es el tamaño de la ganancia de pranes y asociados, en septiembre de 2020, el CONAS derribó drones que transportaban al retén tanto drogas como armas. Por este hecho capturaron a cuatro hombres acusados de operarlos desde una vivienda cercana al recinto.

El pranato también llegó a controlar la distribución del combustible despachado en la estación de servicio que está justo al lado de la prisión. “Wilson” disponía de una cierta cantidad de gasolina para ofrecerla en venta en el mercado negro, de acuerdo con medios locales

 

De hecho, el control de este negocio originó en diciembre de 2019 una nueva reyerta entre las bandas de los anexos B y C. La operación con el combustible se vio limitada desde junio de 2020, debido a la polémica generada por un video de los reclusos caminando con armas largas, mientras vigilaban desde el techo cuando funcionarios de la GNB custodiaban la fila para la estación de gasolina

Luego de este episodio, la gobernación excluyó a la gasolinera del retén del cronograma de suministro.

Las armas vienen de las FANB

Las armas que están dentro del retén de Cabimas eran obtenidas “a través de funcionarios corruptos”, ya sean agentes policiales, del CICPC o miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 

Estos últimos son los principales proveedores tanto de las granadas como de las armas largas que circulan en ese retén, explicó un comisario del CICPC. “La potencia y el calibre del armamento aumenta dependiendo de la cercanía con los pranes. Los más cercanos al pran tienen armas largas. En la entrada de los pabellones los gariteros usan revólveres, en el interior se dejan ver una que otra pistola, y las armas largas y las granadas se exhiben mientras alguno de los líderes se pasea por el área”, detallan los reportes de Una Ventana a la Libertad sobre el tema. 

A los reclusos más apartados de los pranes –siempre y cuando pertenezcan a su estructura criminal– les permiten portar armas blancas como machetes y cuchillos.

Expertos de Una Ventana a La Libertad señalan que el pase de armas a las instalaciones se hace a través de familiares y conocidos que no son requisados por la custodia externa por orden de Wilson. 

 

Un inspector jefe del CICPC refirió que la mayoría de las granadas que utilizan estos grupos entran a través de cualquier línea fronteriza. “Las granadas las traen delincuentes de Colombia y pueden pagar por cada una 200.000 pesos colombianos o comprarlas por 100 dólares en Venezuela”.

Otro informante del organismo manifestó que las granadas con seriales de CAVIM, son extraídas de los entrenamientos militares. Los funcionarios de la FANB arrojan cinco explosivos en las prácticas pero reportan 25, las 20 restantes son desviadas ilegalmente a los grupos criminales.

El gran negocio es puertas afuera

Todo apunta a que la principal fuente de ingresos de los pranes del retén de Cabimas son las extorsiones a comerciantes y empresarios del municipio Cabimas y otras seis jurisdicciones de la Costa Oriental de Lago (COL): para el 2017 salían al menos tres llamadas diarias del retén y, de cada 10 empresarios o comerciantes de Cabimas, al menos seis recibían llamadas extorsivas, según reportes de prensa

Dos comerciantes y un sargento del CONAS de Cabimas entrevistados durante esta investigación coincidieron en que el retén es el mayor centro de operaciones para las extorsiones registradas en la subregión.. Actualmente, la banda delictiva puede cobrar entre US$3.000 y US$50.000 en efectivo por cada operación, precisaron dos comerciantes de Cabimas, que pidieron no revelar su identidad. Un agente del CONAS Zulia y varios representantes empresariales explicaron que el monto de la extorsión varía según el perfil de la víctima.

Según fuentes policiales, los extorsionadores incluso utilizan cuentas prestadas para cobrar transferencias a través del sistema de pago interbancario de Estados Unidos, Zelle. 

El modus operandi de estas bandas criminales del retén de Cabimas consiste en amenazar a las víctimas con atentados y luego ofrecerles una «protección» en sus negocios y/o propiedades. En las redes sociales sobran los videos y denuncias de amenazas con granadas y disparos a los empresarios y comerciantes que se nieguen a pagar vacuna.

Con el fin de que la víctima ceda, estudian e identifican a todo su núcleo familiar. Si se rehúsan a entregar el dinero, los sicarios de la organización los presionan disparando a las viviendas o lanzando explosivos contra alguno de sus negocios, según confirmaron por igual agentes del CONAS y del CICPC consultados. 

Un empresario relató que, fue en 2017 cuando comenzaron los atentados, en vista de que las llamadas intimidatorias se habían agotado como estrategia, pues las víctimas potenciales dejaron de atender a números desconocidos o ignoraban las solicitudes.

“Las bandas se van reinventando y fortaleciendo su estrategia a medida que las víctimas pierden el miedo”, reiteró, agregando que ahora envían videos por Whatsapp donde hombres con los rostros cubiertos exhiben granadas y armas para atemorizar a la víctima y que acceda a hacer el pago.

 

Un jefe del CICPC en Zulia indicó que los principales delitos que se registran en el estado son la extorsión y asesinatos que derivan de la extorsión. En el perfil de las víctimas de homicidios suelen encontrar la misma coincidencia: personas que cancelaron vacunas en alguna oportunidad y se rehusaron a pagar nuevamente. 

Según fuentes de la División de Antiextorsión y Secuestro del CICPC Zulia, solo 10 por ciento de las llamadas extorsivas logran que se haga el pago a los delincuentes, y apenas 25 por ciento de las víctimas denuncian. 

Comerciantes consultados en los municipios Cabimas y Santa Rita afirmaron que las víctimas desconfían de los cuerpos de seguridad porque muchos funcionarios trabajan para las bandas de extorsión. En reiteradas oportunidades los comerciantes han recibido mensajes intimidatorios de los delincuentes en los que se señala que saben que, en ese momento, se encuentran denunciando en la sede policial o en el comando militar. 

El CICPC en Zulia estima que al menos el 90 por ciento de los teléfonos que utilizan las bandas criminales tienen códigos de área de Colombia, Ecuador o incluso de Panamá. La mayoría contacta a las víctimas con números colombianos, pues para la compra de los chips, no se requiere documentación, precisó una fuente policial.

Este hecho también podría ser un indicador de la expansión de estas bandas fuera de Venezuela. “Los Meleán” y “Yeiko Masacre” tienen presencia en Colombia.

Comerciantes de la COL afirman que las organizaciones delictivas apuntan a grandes empresas prestadoras de servicios como clínicas o distribuidoras de insumos médicos, entre otros rubros, porque tienen más liquidez. En los últimos meses han aumentado los ataques a comercios e incluso a sedes de cuerpos de seguridad. Según reportes de prensa, hay indicios de que los atentados son ordenados desde la prisión

 

Una de las formas de conseguir la información de las víctimas son contactos laborales, datos de la vivienda o de amistades y, recientemente, empezaron a utilizar a damas de compañía o escorts para obtener información de quienes contratan sus servicios, reveló un funcionario del CONAS.

El sicariato es otro de los delitos que ha caracterizado a las bandas de “Los Meleán” y “Los Leal”. Eran conocidos en el mundo criminal como sicarios. Sus aliados del retén de Cabimas también se dedican a esta actividad. Y uno de los casos más emblemáticos que se les atribuye es el sicariato del comisario Benito Cobis.

El pranato gana con todo

Hasta el cierre del penal de Cabimas, Wilson Israel Valles Pérez, alias “Wilson” era el pran del pabellón B. Tiene 43 años, es natural de Ciudad Ojeda y fue condenado a 25 años de prisión –al igual que “Adriancito”– por el secuestro del presidente de una línea de transporte de Lagunillas, en 2013. Pese a su reclusión, planifica robos de vehículos, sicariatos, coordina la mayor red de extorsiones en la Costa Oriental del Lago y es el responsable de más de 90 % de los atentados con granadas, según informan medios locales. 

Migdalia Fernández es la pareja de “El Wilson” y también estaba detenida en el retén de Cabimas. Convivía con 14 mujeres en el anexo femenino. Otras 60 reclusas con menos privilegios se encontraban en un pabellón. Fernández es la líder de esas dos divisiones. No hay detalles sobre el delito por el cual está presa o sobre su vida personal, pero existen indicios de que apoya cada decisión del líder del pabellón B.

Foto tomada de Facebook:Migdalia Fernández, líder del anexo femenino del retén de Cabimas, junto a Wilson Valles, pran de pabellón B

Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “Adriancito”, tiene 34 años y es conocido como “Adriancito”. Ingresó al retén de Cabimas en 2013 por el secuestro del presidente de una línea de transporte de Lagunillas. En ese hecho actuó junto a alias “Wilson”. 

Desde que ingresó al retén de Cabimas, “Adriancito” era parte del anillo de seguridad de Legel Odelvis Enrique, apodado “El Tata”, quien fue el pran del pabellón B hasta su asesinato en el año 2014.

En 2015, “Adriancito” estableció una alianza con Sleiter José Leal, alias “El Sleiter”, quien entró al retén de Cabimas ese mismo año por homicidio calificado en grado de frustración. Leal tenía prontuario por homicidio, tráfico de drogas, extorsión, robo y secuestro, credenciales que lo convirtieron en el segundo al mando del pabellón B a los pocos meses de llegar. 

Rodríguez y Leal conformaron dentro del retén un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), como se califica en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

“Adriancitio” quedó a la cabeza de la organización criminal en 2020, luego del asesinato de “El Sleiter”. La banda opera en los siete municipios de la Costa Oriental del Lago en Zulia: Cabimas, Santa Rita, Lagunillas, Miranda, Baralt, Valmore Rodríguez y Simón Bolívar. En paralelo, los socios externos se dedicaban al robo de vehículos, con cobro del rescate de los mismos, según precisó un comisario del CICPC que trabajó en la región zuliana hasta el año 2016. 

“El Sleiter” era el enlace con la megabanda de “Los Meleán”, la organización criminal más poderosa y antigua del estado Zulia. Durante su estadía en la prisión, los miembros de este clan familiar sirvieron de proveedores de armas, reveló el comisario de la policía científica. 

El 14 de abril de 2016, “Adriancito”y “El Sleiter” se fugaron del retén junto a otros 17 reclusos. Ambos eran considerados los más poderosos del retén y con la fuga su influencia fuera de la prisión creció. “El Sleiter”, como miembro de “Los Melean”, mantenía comunicación con esa organización criminal. Una vez que “Adriancito” y “El Sleiter” escapan, continuaron con su carrera criminal y mantuvieron el liderazgo dentro del centro de detención a través de otros presos, como “Wilson”.  “El Sleiter”, socio de “Adriancito”, también había logrado llevar sus actividades delictivas a la capital colombiana. Autoridades venezolanas apuntan, además, que también “Adriancito” se encuentra en el vecino país

 

A esta pareja criminal le atribuyen los ataques con granadas y armas largas que se han registrado contra organismos de seguridad, centros médicos, locales comerciales y algunas viviendas en Zulia. Este es el modus operandi que utilizan para lograr que sus víctimas paguen extorsiones en dólares.

Pese a las bajas en las filas de subanda, producto en enfrentamientos con cuerpos de seguridad, detenciones en flagrancia y ajustes de cuentas de bandas rivales, el grupo sigue con sus actividades criminales en la COL y en Colombia, donde se radicó “Adriancito”.

Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre” lideró otro grupo que ejerció influencia dentro del retén de Cabimas. Figura en la lista de delincuentes más buscados por el Ministerio de Interior y Justicia por los delitos de homicidio, sicariato, robo de vehículo y desaparición forzada. Parra, quien tiene alerta roja de Interpol, estaría ocultándose en Chile y ha cobrado notoriedad desde 2018 por la publicación de videos y audios en redes sociales atribuyéndose homicidios y ataques. Funcionarios del CONAS Zulia presumen que alias “Yeico Masacre” es el financista de presos de los pabellones enemigos de “Adriancito”.

Su poder en el retén de Cabimas es menor al de “Adriancito” y “Wilson”, aún cuando los presos del centro de detención logran salir a realizar actos delictivos ordenados por él. 

Parra Mendoza es un exfuncionario de la GNB y recibió entrenamiento en operaciones de comando, inteligencia, manejo de explosivos y combate. Se dice que habría pertenecido a la banda de “Los Meleán”, de la cual fue jefe de seguridad y era conocido inicialmente como “Yeico Meleán”. 

Al tratar infructuosamente de convertirse en líder de esa organización en 2019, luego de la detención en Texas del cabecilla, Tirso Meleán, pasó a ser enemigo de todos los miembros de la banda, entre ellos “El Sleiter”, según declaró un comisario del CICPC. 

“Intentó apropiarse del manejo de la banda, lo que lo convirtió en rival de sus otrora patrones. En ese momento, adoptó el alias de ‘Yeico Masacre’ y echó a andar un plan de exterminio contra ‘Los Meleán’ que ya cuenta más de 30 muertos en Colombia y otros más en Venezuela”, reveló una investigación del diario colombiano El Tiempo

 

Las autoridades de ese país señalan que, tanto la banda de “Yeico Masacre” como a “Los Meleán”, están dedicadas a delitos como extorsión, sicariato, microtráfico de droga y la explotación sexual de migrantes. Igualmente afirman que estos grupos pelean el control de negocios ilícitos en Bogotá. De hecho, la PNC tendría reportes de las actividades de estas bandas venezolanas desde mediados de 2019, según declaraciones a El Tiempo.

Parra ahora tendría vínculos con la banda de “Los Leal”, enemigos de larga data de “Los Meleán” y  sería en realidad el jefe de los pranes de los pabellones A y C del retén, Yorman Rosendo, alias “Yormita” y José Gregorio Gavidia, alias “Chiveco”, respectivamente, informaron funcionarios policiales entrevistados para esta investigación.

Debajo de los pranes hay una organización que garantiza su seguridad y los negocios dentro del penal. Lugartenientes, luceros, gariteros formar parte del carro, que es el grupo  de personas que integran la pandilla o miembros directos de la organización que controla la prisión. 

Foto: Wilson Valles Pérez, pran del pabellón B

Socios en el delito

Los pranes en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la COL tienen nexos con bandas fuera de la cárcel. La principal alianza es la de “Wilson” con la banda de“Adriancito”, organización a la que representa en la prisión. 

“El Wilson”, a su vez, tiene miembros fuera de la prisión que hacen labores de investigación para identificar a víctimas de extorsiones y perpetrar distintas acciones delictivas.

El principal financista de la banda de “Adriancito” y “Wilson” es la megabanda de Los Melean”,que en definitiva son los verdaderos socios. Este es un clan familiar que opera desde hace más de 40 años en el estado Zulia. Han estado vinculados con contrabando de combustible, extorsiones, sicariatos y una variedad de delitos y está liderada en la actualidad por Jefferson José Nava Jiménez, apodado “Y. Nava” o “Jet Nava”, quien era lugarteniente de Willy Meleán, y Karinton José Soto Leal, conocido como «Karinton” quien es el segundo al mando del clan.

Otro de los líderes de la organización fue detenido en Estados Unidos en 2018 con gran cantidad de armas de fuego. Estaba solicitado por las autoridades venezolanas por sicariatos y otros crímenes.

Pese a la muerte de uno de sus líderes y la captura de otro, “Los Meleán” tienen ramificaciones en distintas ciudadades de Colombia y Panamá. Reportes de las autoridades colombianas señalan que los líderes de las bandas de “Yeico Masacre” y “Los Meleán” emigraron a Colombia entre 2018 y 2019. De hecho, células de ambas organizaciones ya están en siete ciudades colombianas: Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Ibagué, Soacha y Bogotá. 

“Se dedican especialmente al hurto, la extorsión y manejan redes de prostitución”, aseguraron fuentes policiales a la Revista Semana. En Fontibón, Chapinero y la capital, Santa Fe (Bogotá) se disputan el control de expendios de drogas y la trata de personas, según precisó a medios de comunicación el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero. 

 

Desde 2018, los líderes de los pabellones rivales al de Wilson Valles, reciben financiamiento de “Yeico Masacre” quien, a su vez, libra una guerra con “Los Meleán”.

La megabanda de “Los Leal” tiene una historia de rivalidad con el clan de Los Meleán por el control de rentas y territorios de los municipios alrededor del Lago de Maracaibo, tal como describe InSight Crime en su trabajo de enero de 2021. Yeico Masacre tendría vínculos con la banda “Los Leal”, rival de “Los Meleán”. Antonio Meleán, líder de esta última organización, fue asesinado por un grupo de sicarios frente a una barbería el 28 de diciembre de 2008. Su guardaespaldas, Daniel David Leal Prieto, fue acusado del homicidio. 

“La muerte del líder de ‘Los Meleán’ representaría el surgimiento de una organización liderada por un antiguo socio: José Luis Leal Rangel. Leal decidió articular una nueva estructura criminal bajo su mando y desafió el poderío de ‘Los Meleán’ en Zulia”, destaca InSightCrime.

Retén de Cabimas

Foto: Presos del retén de Cabimas hacen fila para buscar agua

La emergencia humanitaria en el retén 

Ricardo Lugo, secretario de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del Zulia, admitió que no enviaban alimentos según los requerimientos. Explicó que cada mes proporcionaban a los reclusos 400 bolsas con 15 kilos de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) que deberían consumir los prisioneros enfermos o con desnutrición.  

No obstante, estos alimentos se entregaban a los pranes para que ellos los distribuyeran en la población del penal. Por otra parte, los reclusos señalan que las autoridades incitan a la violencia para justificar intervenciones armadas de los cuerpos de seguridad puertas adentro.

A raíz de las confrontaciones entre los presos y funcionarios –que escalaron en 2019 y 2020– los controles externos de los cuerpos de seguridad aumentaron para compensar la ausencia de custodia interna. En ocasiones las autoridades han prohibido el ingreso de alimentos, medicinas y agua potable al retén. 

 

Por esta razón, los pranes promovieron una protesta y los prisioneros salieron de las instalaciones a exigir atención para los enfermos que estuvieron hasta 72 horas sin agua para beber

En una ocasión, se amotinaron y hasta detonaron seis granadas para ejercer presión sobre los militares que mantenían el acceso vehicular y peatonal restringido. El disturbio terminó con dos presos fallecidos

El centro de detención no contaba con sistema de cloacas o agua, según se pudo constatar en la visita realizada a estas instalaciones. Los reclusos cavaron dos pozos para obtener agua, pero no es apta para el consumo o aseo personal. Los reclusos pagaban US$0,2 o US$0,5 para llenar botellones de 20 litros de agua en las viviendas próximas al retén o reciben agua de sus familiares. El agua es una necesidad urgente, pues Cabimas tiene permanentemente temperaturas por encima de los 30°grados centígrados.

A principios de 2020, al menos 30 reclusas no recibieron atención adecuada. Además, dos de las cinco prisioneras embarazadas dieron a luz atendidas por sus compañeras, pues les negaron tanto el traslado a un hospital. 

Epicentro de la violencia

La violencia que se generó dentro del retén de Cabimas tuvo consecuencias que van mucho más allá del área del centro penitenciario. Las disputas por el dominio absoluto de la prisión desencadenaron motines de hasta ocho muertos en la última década. En una visita al retén se constató que los pranes utilizan a los reclusos enfermos para llamar la atención y obtener beneficios, como alimentos o medicinas. Los ajustes de cuentas entre las bandas del retén de Cabimas no solo ocurrían tras las rejas. Fuera de la prisión, los grupos aliados a los pranes también han librado una guerra. Estas bandas también se esparcieron por toda la zona oriental del país para alzarse con las rutas del microtráfico”, detalla un reportaje de El Heraldo.

En junio de 2020, “Yeico Masacre” encargó el sicariato de “El Sleiter”y su madre en Bogotá. Ese mismo mes, también se adjudicó el homicidio del abuelo de “El Sleiter” en Zulia y llegó a ofrecer hasta US$1.000 por el asesinato de cada familiar de su rival.

Otra consecuencia fue el aumento de la criminalidad tanto en La Misión como en las urbanizaciones del norte de Cabimas: muchos de los habitantes han abandonado sus casas o reforzado la seguridad para evitar la irrupción de delincuentes a sus propiedades. 

Retén de Cabimas

Foto: El retén de Cabimas se encuentra en una zona residencial

Entre 2018 y 2020 se contabilizaron al menos 46 ataques con explosivos en la región zuliana. De esta cifra, seis atentados se registraron en 2018, 13 en 2019 y 26 en 2020. Las continuas amenazas a comerciantes y empresarios han acelerado el cierre de muchos negocios. Según cifras de la Fedecámaras, en 2020 cerraron 800 empresas en el estado Zulia “por el acecho de las megabandas dedicadas a la extorsión”. Las acciones delictivas –en especial de la banda de Yeico Masacre— han causado el desplazamiento de comunidades enteras. 

Aunque los cuerpos de seguridad procuran limitar las acciones delictivas de las bandas que operan desde el retén de Cabimas con restricciones a la circulación nocturna de motocicletas en algunos municipios de la COL, estas medidas no han disminuido los índices delictivos, ni frenado las actividades de las bandas, lo cual genera problemas de gobernabilidad: el sicariato y el cobro de vacunas son comunes en los siete municipios que conforman la subregión. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, ha reconocido que las bandas delictivas del retén de Cabimas buscan imponerse en algunas jurisdicciones, sometiendo a los ciudadanos e incluso a los cuerpos de seguridad. 

Ante el incremento del cobro de extorsiones hasta en la puerta del retén de Cabimas, desde el 2019 instalaron alcabalas del CONAS para controlar lo que ingresa al penal. En uno de los procedimientos, los presos atacaron con granadas el puesto e hirieron a un funcionario.  

 

Las investigaciones señalan que los autores del sicariato del jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del CPBEZ, Benito Cobis, habrían salido del retén por petición de “Yeico Masacre”.

De la mano con el poder

Los grupos delictivos que operan tanto dentro como fuera del centro de detención han establecido alianzas con policías y militares de distintos organismos para adquirir armamento y municiones. Las bandas se apoyaba en sus relaciones con el poder político, militar y policial de la región para fortalecer su actividad. Ya sea por acción u omisión, permitieron el desarrollo y crecimiento de la estructura delictiva que creció dentro del retén de Cabimas.

En noviembre de 2020, el CICPC capturó a un funcionario de sus filas identificado como Kenny Miguel Guillén Cardozo, de 29 años de edad, junto a un agente del CPBEZ, identificado como Klostermad David Hernández, de 33 años, por suministrar “artefactos explosivos, armas de fuego y municiones de diferente calibre” a los integrantes de la banda de “Yeico Masacre”. 

Un jefe del CICPC en Zulia indicó que, al menos el 33 por ciento de los funcionarios de todos los cuerpos de seguridad del Zulia están involucrados con estas bandas criminales. El CICPC calcula que tres de cada diez integrantes de las bandas criminales que operan en el estado Zulia son funcionarios de cuerpos de seguridad. Dicho de otro modo: los organismos policiales y/o militares están infiltrados. 

Un funcionario del gabinete del gobernador de Zulia, Omar Prieto, confirmó la participación de funcionarios en las bandas y mencionó que estos utilizan las comunicaciones radiales para estar al tanto de los procedimientos y notificar a los delincuentes. Para no ser rastreados, los presos envían videos y notas de voz a través de WhatsApp con números internacionales. 

 

Las organizaciones criminales vinculadas con el retén de Cabimas tenían presencia en los municipios Cabimas, Santa Rita, Lagunillas, Miranda, Baralt, Valmore Rodríguez y Simón Bolívar. “Adriancito” y “El Wilson” se reparten los territorios. El primero opera en los municipios Cabimas, Simón Bolívar y Lagunillas. El segundo controla Cabimas y Santa Rita,  jurisdicción esta que ha sido despoblada por la delincuencia en los últimos seis años. 

Cabimas era administrado por la Gobernación del estado Zulia, por lo que las actividades y operaciones criminales que allí se realizan son posibles gracias a la inacción o la complicidad del gobernador Omar Prieto y su equipo de gestión que solo se decidió a actuar contra cumplir su promesa del cierre del retén a menos de un mes de las elecciones regionales.

Los detenidos del recién demolido retén de Cabimas  fueron trasladados principalmente a las cárceles de Sabaneta y El Marite luego de una supuesta negociación entre la gobernación del Zulia con las estructuras criminales del retén que fueron advertidas para que pudieran sacar sus pertenencias de valor. Todavía no hay certeza de cómo será la inserción de los presos de Cabimas en los penales señalados, qué facilidades ofreció la gobernación para evitar la violencia en la mudanza del penal y si podrán mantener sus operaciones delictivas en sus nuevos sitios de reclusión. 

Presos armados, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

El problema de los presos armados en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela no es asunto nuevo. Basta con recordar el homenaje que los reclusos del Internado Judicial de San Antonio en la isla de Margarita le rindieron al que por muchos años fue su pran, Teófilo Rodríguez Cazorla, alias el Conejo, cuando fue asesinado a finales de enero de 2016.

Podemos considerar la exhibición de armas de todo tipo, calibre y modelo en la azotea del mencionado penal, acompañadas de ráfagas de disparos por un buen tiempo, como la muestra más grande del poderío armamentista de los presos venezolanos en la historia penitenciaria venezolana.

Presos armados, por Carlos Nieto Palma
Captura de pantalla del video donde los presos del Internado Judicial de San Antonio, en la isla de Margarita, le rinden tributo a su pran, El Conejo, abatido en enero de 2016.

Los presos venezolanos siempre han estado armados. Anteriormente solo usaban armas de fabricación casera, como los chuzos y chopos. A finales del siglo pasado, de 1998 en adelante, se comenzaron a ver armas de otro tipo, cada vez más sofisticadas y modernas. Ello, sumado al surgimiento de los pranes, aproximadamente desde el 2005 en adelante, hizo que los presos estuvieran, en muchas ocasiones, mejor armados que los funcionarios encargados de su custodia.

Para no irnos muy lejos, el pasado fin de semana un motín arrojó un saldo de un recluso muerto y al menos once heridos en el Centro de Detención Preventiva, CDP, de la Coordinación Policial de la Policía del estado Mérida, ubicado en la población de El Vigía, municipio Alberto Adriani de esta entidad andina. En este motín algunos de los reclusos fueron heridos con armas de fuego. Igualmente, un muerto y 16 reclusos heridos, tres de ellos graves, fue el saldo que dejó la explosión de una granada en el calabozo C del centro de detención preventiva de la Policía del estado Monagas, al oriente de Venezuela. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, 7 de febrero. Y también dejó daños en la infraestructura del calabozo.

Como vemos, los reclusos de Venezuela siguen armados. Los eventos antes narrados son una prueba de ello; de hecho, lo ocurrido en la Policía del estado Monagas fue producto de la explosión de una granada, un arma de guerra que debería únicamente estar en poder de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero que aquí son usadas por los privados de libertad como si se tratara de juguetes de uso personal.

Podría narrar en este artículo infinidad de eventos similares que han ocurrido en nuestras cárceles y ahora en los centros de detención preventiva, las nuevas cárceles venezolanas. Acontecimientos donde los presos han demostrado el gran poderío armamentista que poseen. Lo que sí me costaría mucho recordar es en cuál de estos múltiples eventos las autoridades nacionales abrieron una investigación para determinar cómo ingresaron estas armas a los recintos carcelarios.

Las armas que ingresan a las cárceles y centros de detención preventiva no entran volando, alguien debe meterlas.

Y realmente dificulto que sean los familiares quienes lo hacen. No solo porque los visitantes, en su mayoría mujeres, son sometidas a fuertes requisas para su ingreso a estos recintos; sino que porque es imposible que estos puedan ingresar armas del calibre que poseen los reclusos.

Realmente el ingreso de armas a los recintos carcelarios y centros de detención preventiva que se encuentran en poder de los reclusos es otra de las tareas pendientes para darle una solución al problema penitenciario venezolano.

Es necesario que se investigue quiénes y cómo ingresan estas armas a los centros de reclusión. Y que se sancione a los responsables de estos delitos. Cuando eso ocurra podremos decir que hay algún interés de las autoridades en solucionar este grave problema.

cnietopalma@gmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Pranes, carros, causas y luceros: la realidad de las cárceles venezolanas

Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en cautiverio

En Venezuela, los presos pasan hambre, están hacinados, a la merced del COVID-19, la desnutrición y otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, pero sobre todo, dependen de una mafia cuyos tentáculos van hasta lo más alto del Gobierno y que hoy en día hacen un mejor trabajo que este a la hora de conseguir alimento para los reos: los pranes, como se conocen en venezuela a los criminales que tienen el poder y el control en las cárceles.

Así lo demuestra un incidente ocurrido en el penitenciario de Yare (San Francisco de Yare) el mes pasado, cuando un grupo de presos escaló uno de los muros de la cárcel en un intento desesperado para pasar al lado del complejo que es controlado por los pranes. El hambre los estaba matando, así como la desidia del Gobierno, que es el encargado de velar por la integridad de los presos en el lado de la prisión del cual trataban de escapar.

La cárcel de Yare, ubicada en el estado central de Miranda, la conforman dos complejos penitenciarios. Yare I, una “prisión de régimen abierto” o de “régimen externo” que está totalmente controlada por los “pranes” o jefes de la mafia carcelaria; y Yare II, que es una “máxima” con régimen “interno o cerrado” y está bajo el control del Gobierno.

Quizá las medidas más polémicas fueron las restricciones a las visitas de familiares a los presos, la principal fuente de alimentación de muchos reclusos. Y luego, la prohibición de no poder dejarles alimentos no perecederos en las visitas.

El caso de esta cárcel es el perfecto retrato de la crisis humanitaria que se vive en la mayoría de las prisiones venezolanas. Aquí, como en la mayor parte del país, una situación precaria que ya estaba a punto de colapsar terminó siendo mucho peor debido a la pandemia del COVID-19, y no precisamente porque el virus se haya tomado las prisiones -como amenazaba hacer- sino porque las medidas adoptadas para detener su propagación en los centros carcelarios fueron peores.

“No planeaban escaparse de la cárcel, querían saltar desde el penal con régimen penitenciario hacia el abierto porque tienen hambre, no les están dando comida”, le dijeron familiares de presos de Yare II a la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Los familiares denuncian que la autoridad carcelaria no alimenta a los presos, los cuales comen una vez en la mañana raciones pequeñas de pasta o arroz, y si tienen suerte reciben otra en la tarde.

Esta situación está siendo reportada en cárceles por todo el país, como el Centro Hombre Nuevo, en Carabobo; la prisión Rodeo II que también está en el estado de Miranda y en donde se han registrado casos graves de desnutrición, hepatitis y tuberculosis; o en los centros penitenciarios del estado de Amazonas donde tampoco cuentan con agua potable, poniendo en riesgo a más de 200 presos. Esto solo por citar algunos lugares donde la OVP ha hecho denuncias.

En contraparte a esto están los “pranes” y sus “cárceles de régimen abierto”, lo que significa que en ellas manda la mafia y no el Estado. Allí, estos grupos crecen en poder e influencia, logrando controlar todos los aspectos de la vida carcelaria y convirtiéndose de paso en una fuente mucho más confiable que el Gobierno a la hora de ser proveedores de alimentación para los reclusos.

¿Cómo surgen los pranes?

El fenómeno de los pranes no es algo nuevo en Venezuela, pero comenzó a fortalecerse progresivamente durante los años del chavismo en el poder, ya que fue después del ascenso de Hugo Chávez a la presidencia cuando sus estructuras adquirieron las características que tienen hoy en día.

En lo alto de la pirámide mafiosa está el “pran”, un acrónimo de “Preso Rematado Asesino Nato”, este es el mandamás de la cárcel, el que determina cómo son las reglas de la prisión. Él maneja “el carro”, que es como se le conoce a la organización, acompañado de los “luceros”, que sirven como los mandos medios de la estructura.

Uno de los primeros pranes, que sirvió para establecer estas estructuras criminales en las cárceles fue Wilmar José Brizuela, más conocido como “Wilmito”, un campeón de boxeo local.

Él empezó a ganar poder en la prisión de Vista Hermosa, donde primero tuvo control de una sección de la prisión desde la cual iba eliminando sistemáticamente a sus rivales. Para 2006, Wilmito tenía el control de casi todas las secciones de la cárcel y a medida que conquistaba una nueva, establecía allí un lugarteniente, un “lucero”.

Los luceros pueden ascender a pranes si el pran reinante sale de la cárcel o es asesinado en un “cambio de carro”, como se les llama a los golpes contra un pran.

Wilmito llegó a amasar tal poder que su “carro” movía para 2009 unos 3 millones de dólares al año en la prisión de Vista Hermosa. Ahí controlaban todo, prestaban servicios de seguridad, cobro de deudas e imponían impuestos extorsivos llamados “causas” a todas las actividades carcelarias.

En el ascenso de Wilmito y de otros pranes que imitaron su forma de controlar las prisiones, tuvieron un papel importante ciertos personajes del régimen chavista como Tareck El Aissami, actual ministro del Petróleo, e Iris Varela, hoy diputada de la Asamblea Nacional.
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El Aissami para 2008 era ministro del Interior y de Justicia, cargo desde el que introdujo cambios en las cáceles, como horarios de visita más laxos, y al tiempo que redujo los controles para el ingreso de visitantes y equipaje. Esto ayudó a aumentar el contrabando al interior de las prisiones y fortaleció las mafias que lo controlaba.

“Tareck El Aissami fue quien le dio reconocimiento a la figura del pran. Y le dio, de paso, la autorización para que los familiares pernoctaran dentro de las cárceles”, le explicó Humberto Prado al observatorio de crimen organizado InSight Crime para un especial sobre la mafia en el Estado venezolano.

Prado explica que cuando se dio el cambio, los visitantes pasaron de llevar una bolsa con comida y ropa limpia para la persona privada de la libertad, a maletas donde se contrabandeaban todo tipo de productos, incluso armas.

Con estas libertades los pranes de varios centros penitenciarios comenzaron a construir sus imperios. Traficaban con armas, con drogas, disponían de las acomodaciones más lujosas al interior de las prisiones, hacían fiestas extravagantes y distribuían a los presos a su antojo en las demás celdas. Si tenías dinero podías acceder a un mejor lugar, si estabas entre los afectos del pran podías tener una línea de negocio dentro de la prisión que podía ir desde una barbería hasta la venta de drogas, en todos los casos siempre había “causas” semanales que pagar, y de no hacerlo la consecuencia podía ser la muerte.

Gran parte de esta dinámica se mantiene hoy en día dentro de las prisiones. Hoy, todo lo que entra a la prisión tiene un impuesto, encareciendo su valor hasta diez veces lo que vale por fuera. En una cárcel como la de Tocorón en Aragua, que tiene unos 7.000 presos, se estima que la causa recoge más de 2 millones de dólares al mes.

El hambre, una fuente de poder

El otro hito para terminar de consolidar el poder de los pranes sucedió en 2011, cuando Hugo Chávez decidió crear el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en respuesta a un escándalo internacional causado por un “cambio de carro” en las cárceles de Rodeo I y Rodeo II, una verdadera guerra entre pranes que duró 27 días y dejó -según cifras oficiales- 27 muertos y 70 heridos.

Ese ministerio quedó en cabeza de Iris Varela, una política chavista que este año dejó el cargo para integrar las listas de la Asamblea Nacional en las últimas elecciones.

Ella fue la responsable de “pacificar” las matanzas en las prisiones venezolanas, las cuales estaban disparadas y lo hizo mediante al establecimiento de una “paz mafiosa” con la que pranes ganaron cada vez más y más poder.

Básicamente, el gobierno venezolano les entregó a estas mafias el control de las prisiones, los llamados “régimenes abiertos”, en los cuales son los pranes los amos y señores, incluso la policía y la GNB les tienen que pedir permiso para entrar a las cárceles que controlan. Esto los convirtió en actores políticos, los hizo una extensión de la revolución chavista, algo similar a los llamados “colectivos” y ciertos grupos criminales que operan en los barrios pobres.

Toda esta situación se exacerbó con la llegada de Nicolás Maduro al poder, la disparada de la inflación, la escasez de muchos alimentos básicos o sus precios exorbitantes y aún más grave, la pandemia.

Según las cifras del OVP para 2019 en el sistema penitenciario venezolano hay unos 43.992 reclusos distribuidos en 44 cárceles funcionales de los 52 recintos existentes, que tienen una capacidad real de 21.000 personas.

Además, hay otras 25.000 personas aproximadamente que están en calabozos policiales.

No hay comida para alimentarlos a todos, ya las familias no pueden llevar comida como lo hacían por las restricciones del COVID-19 y desde hace años existen denuncias de que la propia policía le quita a los reos el alimento que les llevan sus familiares. Durante el año 2019, por ejemplo, un total de 1.934 presos venezolanos hicieron huelga de hambre, protestando por la falta de alimentos en los penitenciarios, el retraso en los procesos y un hacinamiento que supera el 120% en todo el país.

Afuera la cosa no está mejor. El desabastecimiento en los almacenes está sucediendo hace años en Venezuela, y solo ha empeorado con la pandemia. Con este panorama, irónicamente, son los pranes los proveedores más confiables y eficientes.

Ellos parecen tener la capacidad de conseguir los alimentos necesarios y distribuirlos entre quienes pueden comprarlos, sea al interior de la prisión o afuera, como sucede en el estado de Aragua cuyos habitantes acuden a la prisión de Tocorón para conseguir provisiones.

“En las prisiones controladas por los pranes, hay menos escasez”, ha señalado Beatriz Carolina Girón, directora del OVP, en conversación con medios locales.

Todo este poder actualmente trasciende las paredes de los penitenciarios y hace de los pranes jefes no solo del “carro” al interior de la cárcel, sido de estructuras por fuera denominadas “trenes” o “megabandas”. Un andamiaje criminal que crece día a día y que hace de las cárceles venezolanas un epicentro de criminalidad y violencia.

Según cifras del OVP desde 1999 hasta 2019 han fallecido 7.374 personas en las cárceles venezolanas y otras 17.715 resultaron heridas, lo que da un total de 25.089 víctimas. Y aunque el año pasado las cifras parecieron bajar en cuanto a muertes violentas en las prisiones, solo tomó 9 meses de este año superar esas cifras.

Para septiembre de 2020 habían muerto 162 personas en las cárceles, 125 en calabozos, en total 287 muertes, muchas más que las 137 registradas durante el mismo período en 2019.

Las principales causas de esas muertes en las cárceles fueron por desnutrición (40 muertes), motines al interior de las prisiones (48 muertes), violencia entre reclusos (6 muertes) y tuberculosis (51 muertes). Cifras que muestran un claro deterioro de la situación de los presos en el país.

El motín que referencian las cifras sucedió a principios de la cuarentena, el pasado 1 de mayo en la cárcel Los Llanos del Guanare, en el estado de Portuguesa. Una cárcel con capacidad para 750 presos, pero con 2.500 reclusos.

En ese momento la versión oficial entregada por la entonces ministra del Servicio Penitenciario Iris Varela apuntaba a un motín promovido por el pran alias «Olivio» que había obligado a los presos mas débiles a promover un supuesto escape. Pero el OVP señaló que realmente se debía a una protesta por falta de alimentos que fue respondida con disparos por parte de la los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que produjeron 47 muertes.

Lo paradójico es que, por lo menos en las cifras recogidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y la ONG Una Ventana a la Libertad, solo se cuenta una muerte por COVID-19 de 109 contagios, algo que podría apuntar a una estrategia “exitosa” del Gobierno en el control de la infección.

La paradoja radica en que las medidas adoptadas para ello exacerbaron el hambre que dispararon las muertes en las cárceles, y el poder de las estructuras criminales que las controlan.

Diputado Freddy Valera alerta que el ELN controla minas en Bolívar

En un punto de información, el diputado Freddy Valera (AD-Bolívar) alertó que el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) está presente en el estado Bolívar y además controla algunas de las minas de oro, desplazando a los «pranes».

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, Valera aseguró que hasta hace poco los jefes de bandas delictivas estaban al mando de las minas en la entidad, que además se relacionaban con el gobernador, Justo Noguera Pietro y efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN).

Sin embargo señaló que eso ha cambiado y que los miembros de la guerrilla colombiana han empezado a tomar poder en algunos de estos puntos, que además le quitan un 10% de lo trabajado a los mineros, «mientras que los pranes les quitaban todo».

Igualmente alertó que esta nueva dinámica es peligrosa, pues se han registrado enfrentamientos entre el ELN y los pranes del estado Bolívar por el control de las mafias. Uno de ellos ocurrido el fin de semana pasado, donde también estaría involucrada la FAN.

El diputado también advirtió que estos «elenos», como le dicen en Bolívar, actúan bajo la mirada complaciente de los militares venezolanos y que de seguir la situación habrá que pedir permiso a la guerrilla para poder salir o entrar del estado.

Pranes, corrupción y violaciones de DD. HH. se replican en comisarías policiales de Venezuela

UNA NUEVA FORMA de “pranato” carcelario se estaría gestando dentro de los calabozos de las comisarías de policía en Venezuela. Motines, fugas, extorsiones y masacres serían la prueba de la disputa por el poder en esta improvisada subestructura el sistema carcelario, que involucra a funcionarios corruptos.

Un violento motín ocurrido el pasado 24 de mayo en los calabozos de la policía del municipio Páez, en el estado estado Portuguesa dejó como resultado 29 reclusos muertos y 14 uniformados heridos, y desnudó la sangrienta y criminal realidad que se vive en estos centros de reclusión preventiva en Venezuela.

Versiones publicadas en algunos medios de comunicación aseguran que el enfrentamiento entre policías y presos se originó porque los reclusos estarían haciendo una serie de peticiones “peculiares” que no fueron aceptadas por las autoridades.

De acuerdo con fuentes locales, los reos exigían la destitución del director de la comisaría, Guillermo López, pedían materiales para construir una piscina, el ingreso de mujeres, licor y cigarrillos. Se trata de beneficios, que han sido aceptados por las autoridades en muchas prisiones y centros de reclusión preventiva gobernados por “pranes”.

Luego del rechazo de las autoridades a la solicitud del pran de la comisaría, Wuilfredo José Ramos Ferrer, este preso tomó como rehenes a los familiares que visitaban a otros reos. Esta situación habría motivado la intervención de la fuerza pública, específicamente de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, considerado el escuadrón de la muerte del gobierno.

El resultado de la acción desproporcionada de las autoridades ha sido calificado como una masacre por algunas ONG, como Una Ventana a la Libertad.

No obstante, el secretario de seguridad ciudadana de Portuguesa, Óscar Valero, aseguró que se trató de un “intento de fuga” y una “riña entre bandos”.

Situaciones de violencia, con una responsabilidad poco clara de los funcionarios policiales, son frecuentes. Una semana antes del incidente en los calabozos de Polipáez, 13 reos escaparon de una delegación policial en el estado Lara, tras someter a varios funcionarios y asesinar a una oficial. De nuevo, las FAES y la policía de Lara intervinieron, ejecutando a siete de los fugados en medio de los operativos de recaptura.

Análisis de InSight Crime

Las escenas de fuga, motines y matanzas dentro de los calabozos policiales en Venezuela parecen evidenciar una falencia dentro del sistema de detención venezolano, que deja en evidencia la ausencia del Estado y las tensiones entre autoridades policiacas y los presos que se disputan el control de los rentas criminales que se generan desde estos recintos.

Las leyes venezolanas establecen que los detenidos en estaciones de policía, tan solo deberían permanecer por 48 horas en los calabozos policiales. Pero esta normativa no se cumple por una contraorden de la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, quien impide que los presos sean trasladados a las prisiones tradicionales.

Mientras que en las cárceles venezolanas hay aproximadamente 51.000 presos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Servicio Penitenciario, Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, estima que 55.000 reclusos están distribuidos en 500 calabozos policiales ubicados en todo el país.

Esta decisión gubernamental ha mudado las irregularidades de las cárceles (hacinamiento, violencia, corrupción, pranes) a estos reclusorios temporales. Organizándose bajo la figura del pranato carcelario; en los calabozos ya hay grupos estructurados que controlan economías criminales desde adentro hacia afuera de las prisiones. En la mayoría de las ocasiones, con complicidad de funcionarios.

Por otro lado, los bajos salarios de los policías los llevan a asociarse con los presos en algunas actividades criminales, a su vez se ven beneficiados por el cobro de tarifas para permitir el ingreso por de personas, comida, entre otros, de forma ilegal. El caso de la fuga en Lara mostró que la mayoría de estos policías son jóvenes recién graduados, con poca experiencia y mal remunerados.

Este tipo de relación entre la autoridad y los nacientes pranes dentro de las comisarías, sería uno de los detonantes de la disputa de poder entre el Estado y los privados de la libertad, que terminarían como motines dentro de las instalaciones. Una vez, los internos empiezan a hacer peticiones desproporcionadas, la policía responde reprimiendo las movilizaciones.

Con armas y granadas dentro de las comisarías, como se aprecia en el video del caso Portuguesa, y la acción de las autoridades, los resultados son todos, menos pacíficos.

Adicionalmente, ambos casos (Portuguesa y Lara) también podrían evidenciar como el Estado recurre al uso de la letalidad policial contra los líderes de estas nuevas estructuras de prisiones, ante la imposibilidad de controlarlas debido a sus presuntos vínculos entre funcionarios y líderes dentro los calabozos, hecho que habrían denunciado familiares de algunos de los internos.

El director del Observatorio Venezolano de Prisiones rechazó estas prácticas y recordó que el derecho a la vida es inviolable y está consagrado en la constitución venezolana.

Las nuevas prácticas criminales desde los centros de detención preventiva en Venezuela ratifican el fortalecimiento del crimen organizado no solo en las prisiones, sino también en estos espacios que se han consolidado como una suerte de cárceles paralelas, pese a que no cuentan con recursos ni con infraestructura carcelaria.

Enfrentamiento entre bandas provocó una masacre en Paria

ENTRE EL MARTES 25 Y MIÉRCOLES 26 de septiembre, habitantes de las parroquias San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, en el municipio Arismendi del estado Sucre, vivieron horas de tensión cuando dos grupos de hombres residentes en las dos zonas se enfrentaron por mantener el control del tráfico de droga por el Mar Caribe.

Un testigo informó a El Pitazo que como en una película vaquera fueron cayendo integrantes de las bandas que operan en la zona, al protagonizar la masacre que se escenificó entre los dos pueblos.

De acuerdo con la información recogida, la situación se generó luego de que la banda de San Juan de Unare le tumbara un cargamento de droga a los de San Juan de las Galdonas.

San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas se han convertido sitio de resguardo de pranes que se encontraban en cárceles como Tocorón, estado Aragua; y Puente Ayala, estado Anzoátegui, entre otras. Desde hace al menos 12 años, organismos de seguridad del Estado conocen que Paria funciona como un punto de embarque de cargamentos de drogas que son enviados a islas del Caribe, lo que ha hecho que el turismo se aleje de las playas y paisajes de esas localidades de la región oriental.

Estas zonas pesqueras ubicada en la zona Norte de la Península de Paria, están a cinco horas de Cumaná. Para acceder se debe pasar alrededor de dos horas por una carretera llenas de cráteres y montañas donde la vigilancia policial es la gran ausente. Solo se observa una alcabala de la Guardia Nacional, con cinco funcionarios que se encuentra ubicada en la salida de San Juan. Habitantes sostienen que los funcionarios negocian con las bandas delictivas.

20 hombres asesinados

Habitantes del sector pesquero, quienes prefieren omitir su nombre, relataron que más de 20 hombres fueron asesinados con pistolas, desmembrados y masacrados en la matanza. Solo dos cuerpos fueron sepultados en el cementerio de Río Caribe. Otros fueron lanzados en el mar o sus cuerpos desaparecieron sin explicación.

Las fotografías que circulan por las redes sociales y que por razones éticas no serán publicadas en El Pitazo, muestran cadáveres de hombres jóvenes desmembrados. Uno de los testigos confirmó que la imagen de un individuo con un agujero en la cabeza y la otra en la que se observa una un cuerpo descuartizado, son reales.

 

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Prisiones en Venezuela: pranes y criminalidad revolucionaria

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En mayo de 2011, el líder de 26 años de edad de una pandilla carcelaria dejó en jaque por varias semanas a 4.000 miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, respaldados por tanques y helicópteros. Aquella humillación a nivel nacional e internacional llevó al entonces presidente Hugo Chávez a asumir una posición diferente, pero que resultó desastrosa, frente al sistema penitenciario.

Escrito por Unidad Investigativa sobre Venezuela de InSight Crime

 

Con más de 4.700 presos, en el año 2011 la cárcel de El Rodeo era una de las más grandes del país. Los disturbios en mayo de ese año comenzaron como una riña entre pandillas carcelarias rivales. Los líderes de las pandillas, conocidos como los «pranes» de Rodeo II, destronaron a un pran de Rodeo I, las instalaciones vecinas. Se trataba entonces de un cambio de «carro», como se denomina a la estructura de gobierno criminal en las cárceles. Pero aquel no fue un simple motín con patadas y palizas; se trataba más bien de una verdadera batalla con armas automáticas y semiautomáticas.

Las autoridades penitenciarias pidieron refuerzos. En total, 3.000 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 400 paracaidistas y un contingente de la policía militar fueron desplegados en el caluroso estado de Miranda, a sólo 40 kilómetros al este de Caracas. El 17 de junio los soldados atacaron. Esto desató una batalla. Cuatro presos murieron y varios soldados resultaron heridos. El ejército logró tomar el control de Rodeo I, el edificio más cercano a la carretera principal. La devastación de las instalaciones penitenciarias parecía sacada del centro de Alepo.

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(Transmisión en televisión de la cárcel El Rodeo durante  los disturbios de 2011)

Al interior de Rodeo I, las autoridades encontraron 20 pistolas semiautomáticas, 7 rifles de asalto, 5 escopetas, 8 granadas, 5.000 balas, 45 kilos de cocaína y 12 kilos de marihuana.

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(Las autoridades venezolanas exhiben las armas incautadas tras el motín en El Rodeo en 2011)

Rodeo II —el bloque detrás de Rodeo I donde hay más de 1.200 presos— resultó ser mucho más difícil de controlar. Allí los presos estaban mejor organizados bajo la dirección de su pran, un hombre llamado Yorvis Valentín López Cortez, alias «Oriente», de sólo 26 años de edad. Las autoridades temían que continuara una batalla sin cuartel. Para entonces los medios de comunicación ya habían llegado y las cámaras mostraban los enfrentamientos desde todos los ángulos.

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(Yorvis Valentín López Cortez, alias «Oriente»)

Las negociaciones con los presos de Rodeo II comenzaron el 21 de junio. Oriente hablaría en representación de los presos. el gobierno envió al pastor evangélico José Argenis Sánchez (quien antes se dedicaba a vender autos de segunda), acompañado de Ronald Gregorio García Tesara, alias «Satanás», miembro de «La Piedrita», uno de los grupos patrocinados por el Estado que actuaban como brigadas de choque del régimen chavista. Se suponía que este par de agentes, «uno bueno y otro malo», haría a los presos entrar en razón. El agua y la electricidad de la prisión habían sido cortadas. El calor era insoportable. Después de dos días de conversaciones, lo único que las autoridades lograron obtener de los presos fueron cuatro cadáveres putrefactos que sacaron de la prisión. No se sabía exactamente qué era lo que querían; de lo que no había duda era de su tono agresivo.

«Nos engañan con líderes evangélicos que no conocemos. Nosotros no vamos a hablar con gente que no nos genere confianza. Esta es una guerra y vamos a luchar”, decía Oriente.[1]

Al gobierno le tomó 27 días restablecer el control de El Rodeo. Las cifras oficiales hablan de 23 muertos y 70 heridos —pero la realidad es quizá hayan sido muchos más—. Sólo se logró tomar control de la prisión después de que Oriente escapó, tal vez  logró cruzar la malla de acero que rodea la prisión. Según algunos rumores, el entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, quien actualmente es el vicepresidente del país, llegó a un trato para dejar a Oriente en libertad a cambio de que pusieran fin a los enfrentamientos. También hubo denuncias de que la GNB se retiró por órdenes de sus superiores.[2] Oriente fue recapturado posteriormente, pero luego escapó de otra prisión en diciembre de 2016.[3]