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Jorge Canahuati, presidente del organismo, considera que «esta nueva acción tiene el claro objetivo de generar miedo y zozobra en los medios y periodistas independientes» 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de «persecución e intimidación» el allanamiento de la sede del portal de noticias Venepress y la confiscación de los equipos de trabajo por parte de agentes del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

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«Esta nueva acción tiene el claro objetivo de generar miedo y zozobra en los medios y periodistas independientes», señaló Jorge Canahuati, presidente de la SIP, con sede en Miami.

La organización indicó que los abogados de Venepress denunciaron «el robo» ocurrido ayer miércoles en la sede de Caracas por parte de oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que se llevaron todos lo equipos de la sala de redacción.

Canahuati condenó el «abuso sistemático del régimen que criminaliza la actividad periodística, acciones que siguen destruyendo la escasa democracia existente».

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, lamentó las presiones a periodistas y medios de comunicación adversos por parte del régimen venezolano.

«Venimos observando con gran preocupación que se profundiza la persecución como herramienta de amedrentamiento y censura en el país», dijo.

Subrayó que esta apreciación coincide con el resultado del estudio del Índice de Chapultepec que calificó a Venezuela como el peor país de la región para el ejercicio de las libertades de prensa y expresión.

La clausura de Venepress en 2019 estuvo motivada por el presunto delito de «legitimación de capitales, terrorismo y asociación para delinquir», acusación que, según el medio, pretende vincularlos con Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela.

En octubre pasado, funcionarios del Sebin allanaron en dos ocasiones la sede del diario Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

También intervinieron y confiscaron equipo en las oficinas del portal 15minutos.com, propiedad de David José Natera Biliangieri, recordó la SIP.

Dos periodistas asesinados, violencia, detenciones arbitrarias y amenazas en contra de periodistas venezolanos, denunció la SIP en una conferencia virtual 

“Las detenciones arbitrarias y la intimidación verbal a periodistas venezolanos tienen un carácter masivo e indiscriminado. Ocurren en cualquier parte del territorio y a cualquier hora”, recoge un informe presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que se celebra de forma virtual.

Además, el reporte destaca que “no hay dónde reclamar por esos atropellos porque los organismos oficiales están cerrados”.

El informe también alerta de que los militares y los policías “impiden la libre circulación de los periodistas”, por ello, las unidades móviles y los reporteros son secuestrados o atacados.

“Les amenazan, les roban sus teléfonos, les borran las imágenes o sonidos, los golpean y los detienen. Fueron decenas los periodistas que permanecieron secuestrados por días, sin que sus abogados o familiares reciban alguna información sobre su lugar de encierro y su condición de salud”, destaca el informe de la SIP.

Según el informe, la fuerza pública y los grupos paraestatales tiene como objetivo “crear miedo y zozobra entre los periodistas”.

“Hubo casos en que más de 20 encapuchados, portando armas largas y porras, golpearon a un periodista y lo despojaron de sus pertenencias” en este 2020, subrayan.

Dos periodistas asesinados, detenciones y amenazas

El reporte de la SIP recordó que el 21 de agosto “fueron asesinados Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV” en estado Zulia, fronterizo con Colombia, “durante un presunto operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”.

El 23 de agosto, el director de Guacamaya TV, Franklin Torres, aseguró al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que una comisión policial “entró a la sede el canal de forma violenta y luego de los asesinatos, decomisó todos los equipos de la planta televisiva”.

El “Informe Sombra” sobre libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, publicado en julio pasado e incluido en el reporte de la SIP, también “denuncia el abuso sistemático del poder del Estado, agresiones violentas, ataques y amenazas, desinformación, falta de transparencia y censura”.

El informe de la SIP recoge una serie de amenazas y detenciones a periodistas que se produjeron en los últimos meses en Venezuela.

Entre ellas están las recibidas por el periodista Luis Gonzalo Pérez, quien, el 1 de abril, “recibió amenazas en su teléfono de seis números distintos que mencionaban a su familia y su dirección”.

Otro periodista, Darvinson Rojas, fue detenido durante 12 días entre marzo y abril por informar sobre la pandemia y no revelar su fuente de las estadísticas de los casos de COVID-19. Posteriormente, fue liberado con medidas cautelares.

El informe de la SIP recuerda que, el 7 de abril, la periodista Mayerlin Villanueva y el fotógrafo Luis Cobaría, del diario La Prensa del estado Tachira, fueron detenidos durante cuatro horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) “cuando intentaban acceder al cuerpo de bomberos” en la localidad fronteriza de San Antonio.

El 15 de abril, el periodista Arnaldo Sumoza fue detenido en el céntrico estado Guárico cuando grababa una protesta por falta de agua. El 6 de mayo, tras cinco meses y 16 días detenida en la sede de la DGCIM, fue excarcelada Ana Belén Tovar, gerente de Venmedios.

También en junio, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los periodistas Mimi Arriaga, coordinadora del portal 800Noticias, y a Marco Antoima por “el supuesto manejo de cuentas anónimas en redes sociales”.

El último caso documentado es el del Correo del Caroní, un periódico regional del amazónico estado Bolívar, cuyo director, David Natera, fue arrestado durante horas el pasado 12 de octubre y su casa allanada.

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*Con información de EFE

El ministro Néstor Reverol indicó que «estos oficiales serán procesados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio»

La Justicia venezolana ordenó la detención de seis policías venezolanos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) -cuya disolución ha pedido la ONU- acusados del asesinato de dos periodistas, informaron este lunes fuentes oficiales.

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«Respaldamos la medida de orden de aprehensión emitida (…) contra los funcionarios José Salas, Néstor Olano, Nerio Álvarez, Andrés Díaz, José Moreno y José Contreras», detalló en un comunicado el ministro del Interior, Nestor Reverol.

«Estos oficiales serán procesados por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, uso indebido de armas, simulación de hecho punible, abuso de autoridad y violación de domicilio», añadió el ministro.

La orden fue emitida por el Tribunal Penal en Primera Instancia Estadal y Municipal del noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), donde fueron asesinados los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV.

Según aseguró Reverol, se ha designado la conformación de un equipo multidisciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) «para que realicen una investigación a fondo de los hechos y los funcionarios actuantes a fin de lograr el esclarecimiento de este suceso».

Los dos periodistas fueron asesinados durante un operativo de las FAES, un cuerpo cuya disolución ha pedido la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, puesto que están acusados de haber cometido miles de ejecuciones extrajudiciales.

El crimen fue denunciado este domingo por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que aseguró que «ocurrió durante un operativo de las FAES».

El director del canal, Franklin Torres, padre de uno de los asesinados, denunció que los agentes de la FAES irrumpieron en la estación de televisión donde se encontraban los dos periodistas.

Torres aseveró que fue manipulada la escena del crimen colocando armas sobre los cadáveres y fue decomisado todo el equipo del canal.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este mismo lunes el asesinato de los periodistas y urgió al Gobierno de Nicolás Maduro a esclarecer de manera urgente el incidente.

Los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV, en el estado Zulia, fueron asesinados el 21 de agosto en la sede del canal durante un presunto operativo de las FAES

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó los asesinatos de dos periodistas en Venezuela y urgió al Gobierno de Nicolás Maduro a esclarecer de manera urgente el incidente en que está involucrada la fuerza pública.

Los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, de Guacamaya TV, en el estado Zulia, fueron asesinados el 21 de agosto en la sede del canal durante un presunto operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

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El presidente de la SIP, Christopher Barnes y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, condenaron los asesinatos y se sumaron al reclamo de organizaciones locales para que se esclarezca de inmediato el crimen.

El director del canal, Franklin Torres, padre de uno de los asesinados, denunció que los agentes de la FAES irrumpieron en la estación.

Torres aseveró que fue manipulada la escena del crimen colocando armas sobre los cadáveres y fue decomisado todo el equipo del canal.

La versión oficial apunta a un enfrentamiento y acusa a Nieves Zacarías, militante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de pertenecer a una banda delictiva.

Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, de Kingston (Jamaica), y Rock, director del portal La Silla Rota, de Ciudad de México, expresaron su solidaridad con los familiares y colegas de los periodistas asesinados, y subrayaron la importancia de conocer la verdad sobre los crímenes y aplicar justicia.

La SIP, una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está compuesta por más de 1.300 publicaciones y tiene sede en Miami.

En este proyecto transfronterizo, Runrun.es participó contando las amenazas que han sufrido los indígenas pemones, representados por Lisa Henrito, a raíz de la minería ilegal que azota su territorio

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este 7 de agosto los ganadores del premio Excelencia Periodística 2020 en 14 categorías a periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

En el marco de esta premiación, recibió una mención honorífica «Tierra de resistentes«, un trabajo en el que participó Runrun.es y que expone la violencia contra líderes ambientales de la región.

En este proyecto transfronterizo, Runrun.es contó las amenazas que han sufrido los indígenas pemones, representados por Lisa Henrito, a raíz de la minería ilegal que azota su territorio.

«Tierra de resistentes», lanzado el 22 de abril de 2020 en ocasión del Día de la Tierra, fue coordinado por el Consejo de Redacción de Colombia y contó con el apoyo de la Deutsche Welle Akademie y la Agencia de Cooperación Alemana.

En un comunicado, la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero, expresó: «La prensa de las Américas sigue dando lo mejor de sí, encabezando la denuncia de los males sociales, reflejando nuestras tragedias cotidianas y destacando los avances en el mejoramiento de nuestras sociedades».

Mulero se mostró orgullosa de que en cada edición del concurso se hayan recibido más de 1.000 trabajos de parte de medios de comunicación grandes, medianos y pequeños que «fueron de excelente calidad y cada uno tuvo un fuerte impacto en la vida de sus comunidades».

La lista de premiados en 14 categorías es la siguiente:

-Caricatura (patrocinada por El Tiempo, Colombia)

Ganador: «El Peje», Gilberto Bobadilla de Anda, Eje Central, México.

-Cobertura de Noticias en Internet (patrocinado por TV Venezuela, de Miami, Florida, EE.UU.).

Carros-Fortes: Homes indefesos, Saulo Araújo, Metrópoles, Brasil.

-Cobertura Noticiosa (Grupo Opsa, San Pedro Sula,

Honduras).

«Tragedia mormones», Ramón Felipe Verdín Flores, Noel Vizcarra, Reynaldo Esquer, Armando Talavera, El Debate, México.

-Cobertura Informativa en dispositivo móvil, Premio Alejandro Miró Quesada Garland (El Comercio, Perú).

Mi casa se inunda, Redacción de Red/Acción, Argentina.

-Crónica (El Comercio, Ecuador, y McClatchy Newspapers, EE.UU.)

Dimar, el crimen al que quisieron echarle tierra, José Guarnizo, revista Semana, Colombia.

-Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad (El Comercio, Lima, Perú.)

Fosas del Silencio. Redacción de La Vida de Nos, Venezuela.

-Fotografía (La Prensa Gráfica, El Salvador)

Crisis en Bolivia, Ronaldo Andrés Schemidt Almeida, AFP, Argentina.

-Infografía (Clarín, Argentina)

APOLO 11: La misión que marcó la historia de la humanidad, Christian Fiol, El Mercurio, Chile.

-Opinión (El Mercurio, Chile)

Las Puertas Sagradas, Miguel Roth, Angular, Argentina.

-Periodismo de Datos (IE Business School, Madrid, España)

Simulação mostra quais crianças são adotadas (e quais não são) no Brasil. Augusto Fernandes Conconi, Vinicius Sueiro, Mariana Cunha Visual, Bruno Ponceano, Júlia Marques, O Estado de S. Paulo, Brasil.

-Periodismo en Profundidad (La República, Perú)

#DóndeEstán, Redacción revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica, El Salvador.

-Periodismo sobre Medioambiente Roberto Eisenmann (La Prensa, Panamá)

Colombia Subterránea, Nicolás Bustamante Hernández, Manuel Sebastián Alzate Vargas, Juan Carlos Higuera Triana, El Tiempo, Colombia.

-Periodismo Universitario (La Prensa, Nicaragua)

El peso del estigma: La amenaza contra los líderes ambientales del Meta, Paula Hernández, Óscar Parra Editor, Pilar Puentes Redactor, Richard Romero, Ricardo Sánchez, Rutas del conflicto, Universidad del Rosario, Colombia.

-Periodismo sobre Salud ((Patrocinado por Robert Stempel College of Public Health & Social Work, Universidad Internacional de la Florida, Miami, Florida.)

Vivir con malaria, Redacción de Prodavinci, Venezuela.

Los premios consisten en diplomas además de 2.000 dólares y se entregarán durante la Asamblea General de la SIP, que se celebrará de forma virtual del 19 al 23 de octubre.

Con información de EFE y SIP

El organismo exigió a las autoridades venezolanas «respeto al ejercicio periodístico y garantías a la seguridad de los periodistas

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este miércoles el allanamiento en Caracas (Venezuela) del medio digital Entorno Inteligente, en cuya sede irrumpieron efectivos policiales y detuvieron a un trabajador.

La SIP, con sede en Miami, exigió a las autoridades venezolanas «respeto al ejercicio periodístico y garantías a la seguridad de los periodistas», luego de que agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaran la sede del medio digital.

Tal como señala en un comunicado de prensa de la SIP, la tarde del martes agentes de la Dgcim ingresaron a la sede de Entorno Inteligente, decomisaron equipos de trabajo, como discos duros, teléfonos celulares y memorias USB (pendrives), y arrestaron a la gerente de Operaciones del medio, Belén Tovar.

El presidente de la SIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de este organismo, Roberto Rock, condenaron «de manera enérgica» la acción contra Entorno Inteligente.

También condenaron «la restricción a la cobertura periodística de otros medios», además de exigir la liberación de Tovar.

El organismo aludió a informes semestrales que han emitido en el pasado y que ponen de relieve el «deterioro del clima de libertad de prensa en Venezuela que pone en mayor situación de riesgo el trabajo periodístico».

Los agentes de la Dgcim se incautaron de servidores, computadoras y documentos, y retuvieron al personal, al que despojaron de sus teléfonos e identificaciones.

Según el director del medio, Hernán Porras Molina, el pasado 2 de noviembre efectivos de Contrainteligencia Militar interrogaron a Tovar y a otras dos personas del medio de prensa, sin que se conozcan las razones.

Periodistas de otros medios que cubrían la noticia del allanamiento fueron arrestados de manera temporal, informó la SIP.

Se trató de la periodista Andrea Espinoza, los técnicos Jhonatan Bello y Dangert Zorrilla y el conductor Jonathan Azuaje, del medio digital VPITV; así como el periodista Miguel Da Silva y el conductor Roger Castillo, estos del portal Caraota Digital.

LA ASAMBLEA DE LA SIP, en Salta, adoptó el pasado año una declaración complementaria de su Declaración de Chapultepec, fijando los Principios de la Libertad de Expresión en la Era digital. Allí leo lo siguiente: “El ecosistema digital ha generado nuevos espacios que empoderan a los usuarios para crear, difundir y compartir información. Todo ello contribuye a alcanzar las aspiraciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que la libertad de expresión se ejerza sin limitación de fronteras y exenta de amenazas y violencia”.

Dicho documento, a renglón seguido advierte que: “La diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados puede afectar la confianza pública. La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital. Los intermediarios tecnológicos deben adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación”.

Durante la reciente Asamblea del órgano del periodismo hemisférico, en Coral Gables, junto a los expresidentes Laura Chinchilla, de Costa Rica, y Jamil Mahuad Witt, de Ecuador, debatimos sobre la incidencia de las redes sociales en la experiencia de la democracia. A finales del mes, en el IV Diálogo Presidencial de IDEA, habremos de responder a una pregunta tautológica: Fake News, ¿atentan contra la democracia?

La Carta Democrática Interamericana prescribe la transparencia, es decir, la realidad públicamente ventilada sobre las cuestiones que interesan a todos y forman a la cosa pública, como uno de sus estándares. La mentira, de suyo conspira contra toda elección informada y competitiva.

El nazismo y el fascismo, durante la Segunda Gran Guerra, se afirman sobre el régimen de la mentira. Un prestigioso profesor italiano, Piero Calamandrei, lo describe como “corrupción y degeneración en los regímenes políticos”. La mentira es el instrumento normal y fisiológico del gobierno, al punto que la legalidad se simula, y ocurre su adulteración, “el engaño legalmente organizado de la legalidad”.

El asunto es más acuciante ahora, a la luz de dos neologismos que se abren espacio generoso sobre las autopistas digitales: la posdemocracia y la posverdad.

Sobre la primera tengo presente lo que señala en 2000 la literatura británica y, antes, en 1995, le plantea Norberto Ceresole al exgolpista y gobernante venezolano fallecido, Hugo Chávez Frías. En mi libro sobre la Calidad de la democracia (MDC, 2018), prologado por la presidenta Chinchilla, refiero que la posdemocracia es “un anti-modelo o modelo de corte neofascista que diluye el entramado institucional y lo pone al servicio de hombres o líderes providenciales, quienes establecen una relación directa y paternal con el pueblo auxiliados por el mismo tejido mediático de la globalización”.

Ahora sabemos, hasta la saciedad, que los gobernantes del siglo XXI, como lo fuera hasta hace poco Silvio Berlusconi, en Italia, gobiernan más como periodistas, una vez como logran reducir o someter a los medios de comunicación social para imponer sus “verdades”, lejos de todo debate o escrutinio colectivo.

Sobre la posverdad, como concepto que se cruza y retroalimenta con el anterior, ocurre algo más insidioso. Plantea lo que con pertinencia destaca Henrique Salas Römer en El futuro tiene su historia (2019), a saber, la guerra entre narrativas.

No se trata, efecto, de la confrontación sana de opiniones sobre la realidad o su encuadre conceptual antes de trasladarla a conocimiento del público o en cuanto a las formas distintas de presentarla, como es propio de la prensa libre. Se trata, antes bien, de la narrativa que falsifica la realidad con fines aviesos o de competencia por el poder, apelando a los símbolos o sensaciones mineralizadas en la gente; y que al multiplicársela a través de las redes deriva en dogma de fe, asumido no por pocos sino por centenares de miles de internautas feligreses. En otras palabras, la mentira muta o muda en “verdad” o realidad virtual desde que recibe su santificación por la ciudadanía digital. Y quien así lo logra obtiene la victoria, incluso fugaz.

Vayamos al ejemplo.

En las Américas hay coincidencia en que el régimen de Venezuela medra bajo secuestro de estructuras criminales coludidas con el narcotráfico y el terrorismo, a la manera de un holding, gestionado desde Cuba, que organiza sus negocios tras los bastidores de la política y para influir en toda la región devastando a sus democracias. Mientras tanto, los países europeos, con sus excepciones, insisten en que allí ocurre otra cosa, una controversia entre políticos por deficiencias democráticas que han de resolverse electoralmente, con asistencia internacional.

¿Dónde se encuentra, entonces, el umbral que separa lo veraz de lo mendaz, el cinismo de la vergüenza?

La noticia engañosa siempre ha existido, como la apelación a las emociones antes que la objetividad, nutrientes de los populismos de toda laya. Mas hoy estamos en presencia de un “círculo vicioso de desinformación”, obra de un periodismo silvestre, sin editores. Quienes reciben la información, la producen y circulan expandiendo, es verdad, la participación democrática, desafiando al poder arbitrario. Otros, a través de Bots, promueven con mayor éxito “fake news”, y destruyen a la confianza, el tejido social, las alternativas políticas.

¿Será posible afirmar el derecho a la verdad, por encima del manido derecho a la diferencia?

correoaustral@gmail.com

LA 75 ASAMBLEA GENERAL DE LA Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este lunes a la comunidad internacional impedir que el “régimen” de Venezuela ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En una resolución aprobada al término de la Asamblea General celebrada desde el pasado viernes en el Hotel Biltmore de Coral Gables, en Miami (EE.UU.), la SIP señala que el régimen de Nicolás Maduro “desconoce abiertamente el ejercicio de los derechos humanos en el país”.

El próximo 18 de octubre se elegirán los dos países que ocuparán puestos en el Consejo en representación de Latinoamérica.

Además de Venezuela y Brasil, se ha presentado como candidato Costa Rica, con el fin de impedir que Venezuela gane una de las vacantes.

La SIP rechaza la posible entrada de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos al considerar que el régimen de Nicolás Maduro tiene un “prontuario extenso de violación” de estos mismos derechos y de las libertades en el país.

En su resolución, recuerdan que el informe presentado este año ante el Consejo por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, contiene “contundentes denuncias” que evidencian la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro.

El pasado 27 de septiembre, el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para establecer una comisión de investigación independiente e internacional sobre posibles violaciones de derechos fundamentales en Venezuela, a solicitud del Grupo de Lima.

Venezuela aparece también en el documento de conclusiones de la Asamblea General de la SIP.

“En Venezuela la libertad de prensa continúa en franco deterioro”, dicen las conclusiones.

“Desaparición de periodistas, otros injustamente condenados por tribunales militares, amenazas y agresiones han creado un ambiente de extrema precariedad para ejercer la profesión”.

“A esto se suma el bloqueo sistemático de portales y paginas web”, dicen las conclusiones del encuentro.